CONÉCTATE CON NOSOTROS

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares y plantea reforzar la autonomía de las provincias en el control de los recursos naturales. En San Juan, una provincia clave para la minería, el avance legislativo fue celebrado por el Gobierno y el sector empresario, mientras crecen los interrogantes sobre el impacto ambiental y los límites de la reforma.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre uno de los marcos normativos más sensibles en materia ambiental y productiva. Este lunes por la noche, la Oficina de la Presidencia confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, sancionada en 2010, una norma que desde su origen ha sido objeto de disputas políticas, judiciales y económicas.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo cuestionó con dureza la legislación vigente, al sostener que presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”. Según la Casa Rosada, la iniciativa apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.

La propuesta reaviva un debate estructural: hasta dónde llega la protección ambiental de carácter nacional y cuál es el margen real de decisión de las provincias sobre sus recursos naturales. En ese punto, San Juan emerge como un actor central, tanto por su peso minero como por el posicionamiento político de su gobierno.

El gobernador Marcelo Orrego defendió públicamente el avance legislativo y subrayó el rol provincial en la administración de los recursos. “Los recursos naturales, por Constitución, son de las provincias”, afirmó durante una visita al departamento Iglesia, donde calificó el proyecto como un paso institucional relevante tras años de falta de consensos.

Orrego remarcó que la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación, y destacó que la autoridad de aplicación debe ser provincial. “Eso es federal”, sostuvo, al tiempo que señaló que San Juan ya cuenta con procedimientos técnicos, como la declaración de impacto ambiental, para evaluar los proyectos productivos.

El mandatario vinculó la reforma a una estrategia más amplia de desarrollo minero y energético, en línea con su rol como presidente de la Mesa del Cobre, y defendió a la minería como eje de la matriz productiva provincial. “El 83% de nuestro territorio son montañas. La minería y las energías renovables son parte del futuro productivo”, afirmó, resaltando la demanda global de minerales como el cobre y el litio.

Sin embargo, detrás del discurso del federalismo y el desarrollo, la reforma despierta cuestionamientos de fondo. La Ley de Glaciares fue concebida como una norma de presupuestos mínimos, justamente para fijar límites uniformes en todo el país ante actividades de alto impacto ambiental. La posibilidad de delegar mayor margen de interpretación a las provincias plantea el interrogante sobre asimetrías en los controles, especialmente en contextos donde la presión económica y la necesidad de inversiones pueden condicionar las decisiones.

Desde el sector minero, la iniciativa fue recibida con entusiasmo. La Cámara Minera de San Juan sostuvo que la reforma era largamente reclamada para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica. Su presidente, Iván Grgic, celebró el envío del anteproyecto y aseguró que “era necesaria una herramienta aclaratoria” para destrabar proyectos que, según las empresas, quedaron limitados por interpretaciones restrictivas de la ley vigente.

Grgic destacó que la industria minera “cuida los glaciares” y que la intención no es avanzar sobre áreas protegidas, sino contar con criterios técnicos claros que permitan distinguir entre formaciones glaciares activas y otras estructuras rocosas sin aporte hídrico significativo. En ese marco, uno de los cambios centrales del proyecto sería que las provincias elaboren inventarios propios, con equipos técnicos locales, para definir caso por caso.

El planteo, sin embargo, no está exento de controversia. Especialistas y organizaciones ambientales advierten desde hace años que fragmentar los criterios de evaluación puede debilitar la protección de las fuentes de agua, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente. La discusión ya no se limita a la minería, sino que atraviesa el modelo de desarrollo y la relación entre economía, ambiente y poder político.

La reforma de la Ley de Glaciares reabre un debate que la Argentina nunca terminó de saldar: cómo compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental sin vaciar de contenido ninguno de los dos objetivos. El Gobierno apuesta a un enfoque federal y a destrabar inversiones estratégicas, mientras provincias como San Juan ven una oportunidad para consolidar su perfil minero.

Pero el desafío será evitar que la búsqueda de competitividad derive en una flexibilización encubierta de los estándares ambientales, especialmente en territorios donde los glaciares cumplen un rol clave como reserva de agua. El debate legislativo que se abre en el Congreso no será meramente técnico: pondrá en juego el equilibrio entre federalismo, sustentabilidad y el rumbo productivo del país.

Departamentales

Sebastián López reclamó diálogo político y reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa del trabajo

El dirigente de Judiciales Provinciales y referente de la CGT Regional San Juan valoró el mensaje social del papa León XIV y sostuvo que sus definiciones deben trascender el ámbito religioso para promover consensos, combatir la informalidad y recuperar una agenda centrada en el empleo.

Recomponer los canales de diálogo, darle más fuerza a la representación gremial y poner la creación de empleo en el centro de la agenda pública. Esos fueron los ejes principales que trazó Sebastián López, referente de Judiciales Provinciales y miembro de la Secretaría de Prensa de la CGT Regional San Juan, en una entrevista con Mundo Laboral San Juan.

Durante la charla, el dirigente también resaltó la mirada humanista del papa León XIV y afirmó que sus reflexiones sobre la dignidad del trabajo y la justicia social tienen que reflejarse en el rumbo político y económico de la Argentina.

Para López, las definiciones del pontífice exceden ampliamente la dimensión religiosa. Su relevancia reside, fundamentalmente, en la concepción de una economía al servicio de las personas y en la reivindicación de principios que, a su entender, resultan indispensables para afrontar las dificultades sociales y laborales. En ese sentido, subrayó que la justicia social forma parte de la doctrina social de la Iglesia y no debería quedar reducida a una identificación partidaria o a una consigna de disputa política.

El dirigente también puso de relieve la referencia papal a las organizaciones sindicales, en momentos en que el movimiento obrero enfrenta cuestionamientos y una creciente deslegitimación en distintos ámbitos. Consideró que reconocer la función de los gremios supone comprender su responsabilidad en la defensa de los derechos laborales y en la representación colectiva de quienes dependen de su trabajo. No obstante, admitió que las propias organizaciones deben revisar y fortalecer su desempeño. “Tenemos nuestras virtudes, pero debemos revalorizar nuestra tarea sindical, que consiste en representar los derechos de los trabajadores”, expresó.

Esa exigencia, sostuvo, debe ir acompañada de una actitud capaz de superar la confrontación permanente y abrir instancias de entendimiento. López defendió una participación sindical activa en la búsqueda de respuestas, con propuestas que permitan abordar las dificultades del mercado laboral y no se limiten a expresar desacuerdos. Entre los asuntos que requieren atención prioritaria mencionó la informalidad, la creación de nuevos puestos de trabajo y las demandas que llegan a diario a las entidades gremiales.

Desde esa perspectiva, propuso conformar mesas de trabajo con representación de los distintos actores políticos, económicos y sociales. El objetivo sería identificar los problemas, debatir alternativas y alcanzar acuerdos que puedan convertirse en medidas concretas. También advirtió que el llamado al entendimiento no debe dirigirse exclusivamente al Gobierno nacional: alcanza al conjunto de las fuerzas políticas, cuya responsabilidad institucional resulta decisiva para construir respuestas duraderas.

En el plano provincial, López destacó las recorridas territoriales que la CGT Regional San Juan comenzó a impulsar mediante su Secretaría de Interior, junto con la conducción de la central obrera. La iniciativa busca estrechar el vínculo con las distintas comunidades, conocer las condiciones en las que viven y trabajan sus integrantes y recoger de manera directa las inquietudes que, muchas veces, no llegan a expresarse en los ámbitos formales de representación.

El contacto cotidiano con los trabajadores, remarcó, constituye una condición necesaria para que la acción gremial conserve legitimidad y capacidad de respuesta. “Es muy importante poder bajar a los sectores y estar en contacto permanente con la gente”, señaló, al defender una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial y la escucha activa.

Para López, el futuro del sindicalismo exige dos metas urgentes: recuperar el respaldo de la sociedad y volver a apostar por el diálogo frente a las crisis laborales. Advirtió que el valor del trabajo, la formalización y los derechos laborales requieren decisiones reales y no solo buenas intenciones. En este escenario, propuso un sindicalismo con iniciativa propia, capaz de aportar soluciones concretas sin descuidar su rol histórico de proteger a los trabajadores.

Continúe Leyendo

destacada

El desempleo lidera las preocupaciones en Argentina y cae la aprobación del Gobierno

Según el relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg, la falta de trabajo lidera las preocupaciones con el 50,2% de las menciones, superando a la corrupción por diez puntos en un contexto de 15 meses de caída del empleo privado registrado y mayor desaprobación al gobierno de Javier Milei.

La pérdida de empleo escaló al primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad argentina. Por primera vez en lo que va de 2026, la desocupación desplazó a la corrupción y encabezó el ranking de los principales problemas del país, según el último relevamiento de Atlas Intel para Bloomberg. El dato refleja un cambio significativo en las inquietudes de la población, en un período atravesado por dificultades para sostener el empleo formal y expectativas económicas que continúan bajo presión.

La encuesta, cuyos datos fueron recopilados entre el 5 y el 11 de noviembre, asignó al desempleo el 50,2% de las menciones, con un incremento de 6,2 puntos respecto de septiembre. La corrupción quedó en segundo lugar, con el 40,2%, luego de retroceder 10,1 puntos. Detrás se ubicaron la situación económica, con el 34,5%, y los altos precios y la inflación, con el 32,4%. Los encuestados podían seleccionar hasta tres respuestas, por lo que los porcentajes no son excluyentes.

El cambio en las percepciones encuentra un correlato en las estadísticas laborales. El INDEC ubicó la tasa de desocupación en el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,8% del período anterior y el 7,6% registrado en igual trimestre de 2025. Aunque la variación interanual no fue considerada estadísticamente significativa, el indicador confirma la persistencia de dificultades en el mercado de trabajo.

La evolución del empleo privado registrado aporta otra señal. En agosto se perdieron 7.573 puestos asalariados formales y el sector acumuló 15 meses consecutivos de retroceso. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) analizados por Luis Campos, investigador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la comparación con agosto de 2023 arroja una pérdida de 309.882 empleos privados registrados.

El deterioro laboral también aparece en la evaluación que los ciudadanos realizan de la administración nacional. En la medición de noviembre de Atlas Intel, la aprobación de Javier Milei se ubicó en el 36,2%, mientras que la desaprobación alcanzó el 60,6%. La valoración general de la gestión tampoco resultó favorable: el 28,9% la calificó como buena o excelente y el 55,7% como mala o muy mala. En el ranking de imagen positiva, el Presidente quedó en el quinto puesto, detrás de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Patricia Bullrich.

La preocupación por la falta de trabajo también tuvo presencia en el mensaje del papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. Allí definió la desocupación como un «auténtico drama en la vida de quien lo padece» y puso el acento en las personas que buscan una oportunidad laboral. Su reflexión coincidió con una semana en la que el empleo pasó a ocupar el centro de las inquietudes relevadas por la consultora.

El desplazamiento de la corrupción por el desempleo en el ranking de preocupaciones constituye una señal relevante sobre las prioridades de la sociedad. La posibilidad de conseguir trabajo, conservar los ingresos y proyectar estabilidad económica adquiere mayor centralidad en la vida cotidiana, mientras los indicadores de empleo formal continúan mostrando retrocesos. La evolución del mercado laboral se consolida así como uno de los principales desafíos económicos y sociales para el Gobierno nacional.

Continúe Leyendo

destacada

Ir al dentista se vuelve un privilegio: el 65% de los argentinos tiene caries sin tratar

El encarecimiento de los tratamientos y las dificultades para acceder a coberturas médicas alejan a miles de personas de los consultorios odontológicos. Una consulta inicial ronda los $60.000, una restauración simple cuesta $95.000 y un implante puede alcanzar los $700.000.

La atención odontológica comienza a convertirse en un gasto difícil de afrontar para una parte creciente de la población argentina. El costo de los tratamientos, la reducción de las coberturas privadas y las dificultades económicas de los hogares están modificando los hábitos de cuidado bucal: cada vez más personas postergan los controles preventivos y recurren al profesional cuando el dolor o una infección ya no permiten seguir esperando.

Las cifras del sector reflejan la dimensión del problema. Más del 65% de los argentinos convive con caries sin tratar o enfermedades en las encías, mientras que apenas cuatro de cada diez concurren al odontólogo al menos una vez al año. La atención preventiva pierde terreno frente a las urgencias, una tendencia que incrementa el riesgo de complicaciones y tratamientos de mayor complejidad.

Los valores de la atención privada permiten dimensionar las barreras económicas. Una consulta inicial con control y fichado ronda los $60.000; una restauración por una caries simple alcanza los $95.000 y una limpieza dental se ubica en torno a los $120.000. Cuando se requieren intervenciones más complejas, los importes aumentan considerablemente: una extracción simple cuesta aproximadamente $137.500, un tratamiento de conducto llega a $280.000 y un implante dental puede demandar $700.000 por pieza. El conjunto de perno y corona alcanza los $750.000.

La ortodoncia también representa un desembolso significativo. Los tratamientos con alineadores invisibles se cotizan alrededor de los 1.100 dólares para la primera etapa, mientras que los brackets metálicos rondan los 1.300 dólares. Son montos que quedan fuera del alcance de numerosos presupuestos familiares, especialmente cuando deben afrontarse sin reintegros ni cobertura médica.

Detrás de estos valores existe una estructura de costos que también presiona sobre los profesionales. Los insumos descartables, los materiales odontológicos y buena parte del equipamiento dependen de componentes importados, mientras que el mantenimiento de los consultorios exige gastos permanentes. Según las entidades del sector, el valor de referencia de la hora odontológica supera los $71.000, una cifra que refleja el esfuerzo económico necesario para sostener la atención.

A esa dificultad se suma el desfasaje entre los aranceles reconocidos por obras sociales y empresas de medicina prepaga y los costos reales de cada prestación. Las organizaciones profesionales advierten que numerosos convenios dejaron de resultar sostenibles, lo que llevó a odontólogos a interrumpir acuerdos, establecer copagos o limitar la atención a determinados planes. Entre las coberturas afectadas por estas dificultades aparecen PAMI e IOMA.

La pérdida de capacidad de pago de los pacientes también profundiza el problema. Los aumentos de las cuotas de medicina prepaga llevaron a numerosos usuarios a modificar sus planes o abandonar esas prestaciones, mientras que otros debieron recurrir a obras sociales con dificultades para garantizar turnos y servicios. El resultado es una mayor demanda sobre los establecimientos públicos y universitarios.

En hospitales-escuela y centros municipales de atención primaria, las consultas y las filas para conseguir asistencia evidencian la presión sobre el sistema. Sin embargo, la atención de guardia tiene alcances limitados: permite aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero no necesariamente resolver la enfermedad que originó el cuadro.

Continúe Leyendo

Tendencias