El Gobierno anunció planes para reducir a la mitad la cantidad de empleados en la TV Pública y Radio Nacional, además de prever una reducción del 50% en la dotación de RTA y en la agencia Apesau (exTélam).

Las nuevas autoridades designadas en el área de medios públicos, Carlos Curci y Bárbara Pintelos, deberán «dar el cambio de timón» y avanzar en el ajuste y desprendimiento de los diferentes medios. Los planes para cada área varían según lineamientos legales y legislativos. La exContenidos Públicos, ahora Contenidos Artísticos e Informativos SAU, podría ser cerrada. Señales como Paka Paka podrían ser derivadas a otras áreas, privatizadas o cerradas.

Para Radio y Televisión Argentina (RTA), con más de 2200 empleados, el plan es reducir la dotación «a casi la mitad». La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), exTélam, también sufrirá bajas en su dotación. La TV Pública y Radio Nacional, con cerca de 900 y 1169 empleados respectivamente, verán reducciones significativas, pudiendo llegar a la mitad en el caso de Radio Nacional en todo el país.

El Gobierno evalúa la posibilidad de privatizar o cerrar parte de los medios públicos «de no haber alternativa», considerando que el esquema de medios públicos está «sobredimensionado» según fuentes libertarias. Se priorizaría la oferta de retiros voluntarios antes de avanzar con despidos.

El panorama para los medios públicos es muy incierto. Mientras el Gobierno avanza con sus planes de ajuste y reestructuración, la comunidad vinculada a estos medios aguarda definiciones que podrían impactar en la oferta de contenidos públicos y en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores. La implementación de estas medidas estará en manos de las nuevas autoridades designadas en el área.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del CONICET convocó a un paro nacional de 48 horas para este miércoles 6 y jueves 7 de agosto en reclamo por el desfinanciamiento del organismo y en defensa de la ciencia nacional.

La medida de fuerza busca denunciar la crítica coyuntura que atraviesa el CONICET, caracterizado por una drástica reducción presupuestaria, remuneraciones por debajo del umbral de pobreza y la merma de numerosos puestos laborales. La protesta se llevará a cabo en las distintas sedes del país y tendrá su epicentro frente al Polo Científico-Tecnológico en el barrio porteño de Palermo.

Los trabajadores y becarios del CONICET solicitan la divulgación de los resultados de la convocatoria 2023 para la Carrera de Investigador (CIC) y personal de apoyo (CPA), cuyos resultados permanecen inéditos, afectando a miles de becarios que aguardan por su continuidad. También exigen la publicación de la convocatoria 2024 y la incorporación de los cargos pendientes de años anteriores.

Desde ATE-CONICET denuncian que las remuneraciones perdieron más del 40% de capacidad adquisitiva, dejando a muchos profesionales bajo la línea de pobreza. El gremio indicó que, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el CONICET perdió 1.091 puestos laborales. En el contexto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), la disminución fue del 5,4% solo en el primer semestre de 2025.

Resulta paradójico que, mientras el gobierno reduce la financiación del organismo, el CONICET sigue demostrando su relevancia social. Recientemente, una expedición científica en las costas de Mar del Plata atrajo a más de 80.000 espectadores simultáneos en una transmisión en vivo, evidenciando el interés de la sociedad por la ciencia pública.

Los gremios argentinos cierran paritarias al ritmo del 1% mensual, sumando bonos y sumas no remunerativas para sostener el salario en un contexto de inflación creciente.

La escena sindical argentina se encuentra en un momento crítico, donde los gremios están siendo forzados a aceptar una pauta salarial del 1% mensual, impuesta por el Gobierno nacional. Esta medida, que se ha convertido en un techo para los aumentos salariales, ha generado una ola de protestas y reclamos por parte de los trabajadores, quienes ven cómo su poder adquisitivo se desvanece ante la inflación descontrolada.

En julio, la mayoría de los gremios terminó de adaptarse a esta pauta salarial, pero muchos sindicatos acordaron sumas no remunerativas por única vez, bonos especiales y revisiones periódicas para evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo.

La medida responde a que el Ejecutivo no homologa acuerdos que superen ese 1%, aunque la inflación de junio fue del 1,6%, según el INDEC. 

Uno de los casos más visibles fue el del empleo público nacional. El Gobierno ofreció un incremento escalonado del 7,5% hasta noviembre, con una suba mensual de apenas entre 1,1% y 1,3%, pero con sumas fijas de $25.000 hasta agosto y $20.000 desde septiembre. UPCN aceptó la propuesta, pero ATE la rechazó. «No alcanza para cubrir ni la mitad de la inflación», denunció el gremio estatal.

En Comercio, la FAECyS selló un aumento del 6% semestral (1% por mes hasta diciembre) y una asignación mensual de $40.000 no remunerativa que en enero de 2026 pasará al básico.

Los gastronómicos de UTHGRA acordaron escalas que elevarán el básico a $819.527 en junio, más una suma no remunerativa de $24.342.

Las trabajadoras de casas particulares lograron su primer aumento desde febrero: un 3,5% sobre los sueldos de enero más un 1% adicional mensual y una suma extra, según la carga horaria.

La UOCRA y UECARA también se ajustaron al 1,1% mensual, pero con bonos que van de $40.000 a $48.000, dependiendo del rol. El acuerdo fue homologado por el Gobierno.

El transporte público también cerró nuevos números: los colectiveros del AMBA cobrarán en agosto $1.600.000 en promedio, mientras que los ferroviarios pactaron aumentos del 4,1% y 5,7%, más un bono por el Día del Ferroviario.

En sanidad, FATSA cobró un 1,5% en julio más un bono de $60.000, y cerró un nuevo aumento del 5,98% en farmacéutica. Los farmacéuticos sindicalizados en SAFyB, por su parte, pasaron a tener salarios iniciales de $2.775.000 en julio y $2.850.000 en agosto, más adicionales.

Los bancarios mantuvieron el acuerdo atado al IPC y percibirán un 1,6% de suba con salarios iniciales que rozan los $1.873.000.

La UOM y los metalúrgicos acordaron aumentos del 1% mensual más $25.000 en julio y agosto, con revisión en septiembre. SMATA cerró un aumento trimestral del 6%, más un plus de eficiencia.

En alimentación, la FTIA cerró subas del 1% entre mayo y julio, más un bono de $85.000 en tres cuotas, mientras que para la rama avícola se acordó un 3,5% adicional desde julio.

Los aceiteros de San Lorenzo todavía deben cobrar un 20% en julio, mientras que los desmotadores de algodón percibirán una mejora del 21% con nuevos salarios base de $1.309.770.

En el sector seguro, los aumentos van del 10,38% (capitalización y ahorro) al 13,67% (seguros generales y ART) entre junio y octubre. Cada rama definió escalonamientos específicos.

En telecomunicaciones, los gremios lograron una mejora del 3,15% en julio y un bono extraordinario del 1,28%. También el plástico cerró subas del 1% mensual, con bono de $45.000 en agosto.

En seguridad privada, UPSRA acordó subas del 1% en julio, 0,9% en agosto y 0,8% en septiembre, mientras que en televisión, SATSAID cerró un aumento del 10% para el trimestre julio-septiembre, y un 39,4% para las señales estatales.

Los trabajadores rurales verán mejoras del 3,9% en julio y 3,7% en agosto. En comida rápida, los aumentos serán del 1% mensual más bonos similares que luego pasarán al salario básico.

Los trabajadores de estaciones de servicio, químicos, mineros, perfumistas, marítimos, empleados de entidades deportivas, del caucho, del plástico y de la construcción también adaptaron sus acuerdos al límite oficial, pero sumaron bonos para amortiguar la caída del poder adquisitivo.