La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. El fallo, que conmociona al país, abre un nuevo capítulo de tensión política y movilización social, en un contexto de profunda polarización y desconfianza institucional.

El máximo tribunal del país emitió un dictamen de alto voltaje político e institucional: la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la asignación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El pronunciamiento, avalado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo ratifica la pena de prisión efectiva por seis años, sino que también sella su exclusión definitiva de cualquier cargo público.

Este veredicto, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una saga judicial que ha acompañado la vida política de la ex mandataria desde que dejó la presidencia. La Corte, en su resolución, rechazó todos los recursos presentados por la defensa, sosteniendo que el proceso se desenvolvió con las garantías del debido proceso y una sólida base probatoria. Asimismo, desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal para revisar la absolución por asociación ilícita, en base al artículo 280 del Código Procesal, decisión que también levanta suspicacias dentro del espectro judicial.

Pero lo jurídico es apenas una cara de la moneda. La política, como telón de fondo permanente, se vuelve ineludible. Tras el anuncio, comenzaron a gestarse reacciones masivas entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo más combativo. La narrativa del “lawfare”, esa idea de una persecución sistemática mediante el aparato judicial, volvió a instalarse con fuerza en las calles, en los discursos y en las redes. Las marchas que se avecinan no serán simples manifestaciones: prometen ser un punto de inflexión en un país que se asoma peligrosamente al abismo de la deslegitimación de sus instituciones fundamentales.

La justicia en la encrucijada

El fallo de la Corte no puede analizarse sin tomar en cuenta su impacto sobre el entramado republicano. Si bien es crucial que las máximas autoridades rindan cuentas ante la ley, también lo es que la percepción pública no vea en este acto una revancha política disfrazada de justicia. La desconfianza hacia el Poder Judicial es, en muchos sectores, estructural. Y decisiones de esta envergadura, por más fundadas que estén en la letra jurídica, adquieren inevitablemente una dimensión simbólica.

La legitimidad del sistema judicial no se construye únicamente sobre la pulcritud procesal, sino también en la percepción de imparcialidad que logre proyectar. La grieta argentina —más emocional que ideológica— encuentra así un nuevo combustible: para unos, se trata de la consagración de la impunidad; para otros, de un montaje institucional con fines persecutorios. La verdad, como casi siempre en política, probablemente habite en algún pliegue intermedio, donde conviven los intereses, las omisiones y las conveniencias.

Una nación fracturada ante un fallo ineludible

Más allá de la figura de Cristina Fernández, lo que está en juego es la capacidad de la Argentina para reconfigurar un consenso democrático donde las instituciones sean respetadas por todos los sectores, más allá de sus simpatías políticas. La condena no solo afecta a una persona, sino que interpela al sistema político en su conjunto, obligándolo a replantear los límites entre justicia, poder y representación popular.

Con el fallo firme, el país ingresa en un territorio inédito: una ex presidenta condenada por corrupción y potencialmente detenida, en medio de un clima social inflamable y con una dirigencia política deslegitimada por su inacción o complicidad. En los próximos días, el termómetro social medirá el alcance de esta decisión, no solo en las calles, sino también en el seno de la ciudadanía desencantada, que asiste perpleja a un espectáculo de decadencia institucional que parece no tener fin.

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner representa un hito judicial de proporciones históricas, pero también una fractura más en la ya resquebrajada arquitectura institucional del país. La justicia ha hablado; ahora la política y la sociedad deberán responder, no con eslóganes ni consignas, sino con la madurez de quienes entienden que la democracia no se sostiene solo en los veredictos, sino en la legitimidad del conjunto. El desafío, enorme y urgente, será reconstruir la confianza en los pilares republicanos sin caer en el precipicio de la revancha o la victimización. Porque lo que está en juego no es sólo el futuro de una dirigente, sino el alma misma de la república.