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La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. El fallo, que conmociona al país, abre un nuevo capítulo de tensión política y movilización social, en un contexto de profunda polarización y desconfianza institucional.

El máximo tribunal del país emitió un dictamen de alto voltaje político e institucional: la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la asignación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. El pronunciamiento, avalado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo ratifica la pena de prisión efectiva por seis años, sino que también sella su exclusión definitiva de cualquier cargo público.

Este veredicto, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una saga judicial que ha acompañado la vida política de la ex mandataria desde que dejó la presidencia. La Corte, en su resolución, rechazó todos los recursos presentados por la defensa, sosteniendo que el proceso se desenvolvió con las garantías del debido proceso y una sólida base probatoria. Asimismo, desestimó el pedido del Ministerio Público Fiscal para revisar la absolución por asociación ilícita, en base al artículo 280 del Código Procesal, decisión que también levanta suspicacias dentro del espectro judicial.

Pero lo jurídico es apenas una cara de la moneda. La política, como telón de fondo permanente, se vuelve ineludible. Tras el anuncio, comenzaron a gestarse reacciones masivas entre sindicatos, organizaciones sociales y sectores del peronismo más combativo. La narrativa del “lawfare”, esa idea de una persecución sistemática mediante el aparato judicial, volvió a instalarse con fuerza en las calles, en los discursos y en las redes. Las marchas que se avecinan no serán simples manifestaciones: prometen ser un punto de inflexión en un país que se asoma peligrosamente al abismo de la deslegitimación de sus instituciones fundamentales.

La justicia en la encrucijada

El fallo de la Corte no puede analizarse sin tomar en cuenta su impacto sobre el entramado republicano. Si bien es crucial que las máximas autoridades rindan cuentas ante la ley, también lo es que la percepción pública no vea en este acto una revancha política disfrazada de justicia. La desconfianza hacia el Poder Judicial es, en muchos sectores, estructural. Y decisiones de esta envergadura, por más fundadas que estén en la letra jurídica, adquieren inevitablemente una dimensión simbólica.

La legitimidad del sistema judicial no se construye únicamente sobre la pulcritud procesal, sino también en la percepción de imparcialidad que logre proyectar. La grieta argentina —más emocional que ideológica— encuentra así un nuevo combustible: para unos, se trata de la consagración de la impunidad; para otros, de un montaje institucional con fines persecutorios. La verdad, como casi siempre en política, probablemente habite en algún pliegue intermedio, donde conviven los intereses, las omisiones y las conveniencias.

Una nación fracturada ante un fallo ineludible

Más allá de la figura de Cristina Fernández, lo que está en juego es la capacidad de la Argentina para reconfigurar un consenso democrático donde las instituciones sean respetadas por todos los sectores, más allá de sus simpatías políticas. La condena no solo afecta a una persona, sino que interpela al sistema político en su conjunto, obligándolo a replantear los límites entre justicia, poder y representación popular.

Con el fallo firme, el país ingresa en un territorio inédito: una ex presidenta condenada por corrupción y potencialmente detenida, en medio de un clima social inflamable y con una dirigencia política deslegitimada por su inacción o complicidad. En los próximos días, el termómetro social medirá el alcance de esta decisión, no solo en las calles, sino también en el seno de la ciudadanía desencantada, que asiste perpleja a un espectáculo de decadencia institucional que parece no tener fin.


La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner representa un hito judicial de proporciones históricas, pero también una fractura más en la ya resquebrajada arquitectura institucional del país. La justicia ha hablado; ahora la política y la sociedad deberán responder, no con eslóganes ni consignas, sino con la madurez de quienes entienden que la democracia no se sostiene solo en los veredictos, sino en la legitimidad del conjunto. El desafío, enorme y urgente, será reconstruir la confianza en los pilares republicanos sin caer en el precipicio de la revancha o la victimización. Porque lo que está en juego no es sólo el futuro de una dirigente, sino el alma misma de la república.

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional: ¿Qué se espera?

El presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional este lunes a las 21 horas, en una situación de creciente expectativa y debate sobre la política económica del Gobierno. El mensaje, que se espera sea breve y conciso, será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada y se centrará en la ratificación de la reducción del gasto como política central de su gestión.  

La presentación del Presupuesto 2026 es un momento clave en la gestión de Milei, quien ha hecho de la austeridad y el déficit cero una de sus principales banderas políticas. En un contexto de creciente presión económica y social, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y previsibilidad a los mercados y a la sociedad en general.

El presupuesto será presentado bajo el formato de déficit cero, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público y una reducción de la deuda. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca alcanzar un superávit fiscal primario del 2,2% para 2026, acorde al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición legislativa ya anunció que impugnará el presupuesto, argumentando que no refleja las necesidades reales del país y que es un intento del Gobierno de imponer su política económica sin considerar las voces disidentes. La oposición también comunicó que presentará un presupuesto alternativo, que refleje las necesidades y prioridades de la sociedad argentina.

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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

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La OIT llama a reducir la jornada laboral en América Latina

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó un llamado a los países de América Latina para que reconsideren sus actuales horarios semanales de 48 horas y avancen hacia una reducción, según su más reciente informe. La OIT sostiene que esta modificación podría tener efectos beneficiosos en la salud y el bienestar de los trabajadores, así como en los niveles de productividad y empleo digno.

La OIT analizó experiencias en distintos países y llegaron a la conclusión de que la reducción de la jornada laboral puede ser beneficiosa para los trabajadores y la sociedad en general. Sin embargo, el informe también advierte que los resultados positivos dependen en gran medida del diseño de la política, las condiciones institucionales y las medidas complementarias.

La OIT insta a que cualquier cambio se efectúe mediante un diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales, para que la ordenación del tiempo de trabajo promueva políticas sostenibles y equilibradas. Esto implica que los países deben considerar cuidadosamente las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados en el proceso.

Beneficios de la reducción de la jornada laboral:

  • Mejora de la salud y el bienestar: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a reducir el estrés y la fatiga en el lugar de trabajo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y el bienestar de los trabajadores.
  • Aumento de la productividad: La reducción de la jornada laboral también puede ayudar a aumentar la productividad, ya que los trabajadores pueden ser más eficientes y enfocados durante sus horas de trabajo.
  • Promoción del empleo digno: La reducción de la jornada laboral puede ayudar a promover el empleo digno y a reducir la desigualdad en el lugar de trabajo.

Aunque algunos países ya comenzaron reformas escalonadas o debates legislativos en esta dirección, en muchos lugares la jornada de 48 horas permanece vigente. La OIT considera que esto representa una deuda pendiente en materia laboral y que es necesario abordar este tema de manera prioritaria.

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