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Mientras el Ejecutivo celebra aumentos por debajo de la inflación como señal de «responsabilidad», sindicatos con mayor autonomía logran mejoras sustanciales sin homologación oficial. En un escenario de ajuste estructural, la pulseada salarial revela la fragilidad del modelo libertario frente al músculo sindical.

La negociación salarial en la Argentina de Javier Milei se ha transformado en un tablero de ajedrez donde el Gobierno busca mover las piezas a su favor limitando la autonomía sindical, mientras gremios más combativos burlan las restricciones con acuerdos que, aunque no homologados, ganan terreno en el bolsillo de los trabajadores. Esta disputa, que combina retórica oficialista con maniobras gremiales por debajo del radar, expone una fractura profunda en el esquema laboral del país.

Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se celebró como un logro que el gremio petrolero de Vaca Muerta aceptara un aumento de apenas 4,3% para el primer trimestre del año. El acuerdo fue destacado por ubicarse “por debajo de la inflación estimada”, según palabras de la cartera. A primera vista, se trata de un mensaje de disciplina salarial, funcional al plan de estabilización del Ejecutivo. Sin embargo, bajo esa aparente moderación se esconde una realidad más porosa: otros sindicatos, sin esperar la venia oficial, acordaron subas muy por encima de la pauta deseada por la administración libertaria.

La Federación de Aceiteros y los desmotadores de algodón, por caso, firmaron un incremento del 21% sobre los básicos de diciembre. Aunque estos pactos no fueron homologados por el Estado, el empresariado comenzó a abonarlos, reconociendo la presión de los trabajadores organizados y la necesidad de evitar conflictos. El contraste es nítido: mientras el oficialismo intenta contener expectativas, sectores con mayor fortaleza sindical las elevan por encima del techo inflacionario impuesto desde las usinas del poder.

El caso del gremio de Comercio ilustra el limbo jurídico-laboral en el que se encuentran miles de trabajadores. Con un convenio acordado pero no convalidado por la Secretaría de Trabajo, los empleados siguen cobrando aumentos gracias a la voluntad empresaria de evitar un conflicto masivo. Es una paritaria de hecho, sin legitimidad formal, pero con ejecución práctica. En este juego de equilibrios precarios, los empresarios se ven obligados a actuar con pragmatismo, incluso cuando el marco normativo les ofrece ambigüedad como escudo.

Los datos duros no acompañan el optimismo oficial. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario real privado todavía no logra recomponerse del retroceso sufrido desde noviembre de 2023. La recuperación se ha estancado y, en algunos casos, continúa en caída. El índice RIPTE —utilizado por el Gobierno para mostrar mejoras— resulta engañoso, ya que no discrimina entre remuneraciones por jornada habitual y las infladas por horas extras, reflejando más una estrategia de supervivencia que una mejora estructural del ingreso.

La fragmentación del mapa paritario refleja el cambio de época. Bajo el paraguas ideológico de la “libertad de mercado”, el Gobierno intenta instaurar un nuevo paradigma donde los convenios colectivos pierdan peso, reemplazados por acuerdos individuales o sectoriales alineados con su lógica. Sin embargo, esta ingeniería laboral no se impone sin resistencias. Camioneros, Sanidad, Alimentación y la UOM, entre otros, se encuentran en etapas decisivas de negociación, y no se vislumbra una rendición incondicional ante los lineamientos libertarios.

Resulta sintomático que, en el afán de celebrar paritarias “austera y responsables”, el Gobierno haya convertido el acta de Vaca Muerta en una bandera. La paradoja es evidente: se aplaude un incremento que condena al salario a perder poder adquisitivo, mientras se condena el accionar de sindicatos que logran preservar el ingreso de sus representados. El mensaje es claro: se premia la subordinación, no el bienestar de los trabajadores.

Las paritarias de 2025 no solo están definiendo ajustes salariales, sino que configuran un nuevo campo de disputa ideológica en la Argentina. Frente a un modelo que busca disciplinar a los sindicatos desde el poder político, los gremios con mayor capacidad de acción no solo resisten, sino que marcan el ritmo de la negociación. En este pulso entre institucionalidad formal y realidad efectiva, el Gobierno enfrenta un dilema central: cómo sostener su programa económico sin erosionar por completo el contrato social del trabajo. La incógnita aún no tiene desenlace, pero los indicios revelan que la disputa salarial será, quizás, el escenario más tangible donde se mida el verdadero alcance del experimento libertario.

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Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional: ¿Qué se espera?

El presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional este lunes a las 21 horas, en una situación de creciente expectativa y debate sobre la política económica del Gobierno. El mensaje, que se espera sea breve y conciso, será grabado a las 17 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada y se centrará en la ratificación de la reducción del gasto como política central de su gestión.  

La presentación del Presupuesto 2026 es un momento clave en la gestión de Milei, quien ha hecho de la austeridad y el déficit cero una de sus principales banderas políticas. En un contexto de creciente presión económica y social, el Gobierno busca enviar un mensaje de estabilidad y previsibilidad a los mercados y a la sociedad en general.

El presupuesto será presentado bajo el formato de déficit cero, lo que implica un ajuste significativo en el gasto público y una reducción de la deuda. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca alcanzar un superávit fiscal primario del 2,2% para 2026, acorde al compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la oposición legislativa ya anunció que impugnará el presupuesto, argumentando que no refleja las necesidades reales del país y que es un intento del Gobierno de imponer su política económica sin considerar las voces disidentes. La oposición también comunicó que presentará un presupuesto alternativo, que refleje las necesidades y prioridades de la sociedad argentina.

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Universitarios convocan a la tercera Marcha Federal el 17 de septiembre

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a una nueva movilización en defensa de la universidad pública y la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La tercera Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 17 de septiembre en el Congreso de la Nación, con el objetivo de expresar el rechazo al veto presidencial y exigir un mayor presupuesto para las universidades nacionales.

La universidad pública argentina se encuentra en una situación crítica, con un futuro incierto que depende en gran medida de la decisión del Gobierno nacional de asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. La falta de financiamiento adecuado ocasionado una serie de problemas que afectan directamente a la calidad de la educación y la investigación en las universidades nacionales.

En este escenario, la FATUN ha sido una de las principales voces en defensa de la educación pública, y ahora convoca a una nueva movilización para exigir un cambio en la política educativa del Gobierno. La marcha del 17 de septiembre será una oportunidad para que la comunidad universitaria exprese su rechazo al veto presidencial y exija un mayor compromiso del Ejecutivo nacional con la educación pública.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó un amplio rechazo entre los sectores académicos y estudiantiles, que ven en esta medida un golpe significativo a la estabilidad del sistema universitario. Los reclamos de la FATUN incluyen un aumento en el presupuesto para las universidades, mejoras en los salarios de los docentes y no docentes, y la garantía de continuidad de los programas de becas estudiantiles.

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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.

En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.

El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.

La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.

El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.

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