En un comunicado de prensa, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su solidaridad con el actor Ricardo Darín luego de los ataques que recibió por parte de funcionarios del gobierno de Javier Milei tras sus declaraciones en el programa de Mirtha Legrand sobre la situación social y económica del país.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su preocupación por la creciente tendencia del gobierno a silenciar las voces disidentes. La entidad gremial considera que los ataques a Darín son un claro ejemplo de esta estrategia y advierte que la libertad de expresión se encuentra en peligro.

Según la Asociación, el gobierno adoptó una postura agresiva hacia aquellos que se expresan públicamente en contra de sus políticas. «La falta de respeto, la agresión explícita y la burla se han convertido en una constante en el discurso oficial», señala el comunicado. Esta actitud, según la entidad, busca generar miedo y autocensura en la comunidad artística y en la sociedad en general.

La Importancia de la Libertad de Expresión en la Democracia

La Asociación Argentina de Actores y Actrices destaca la importancia fundamental de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Considera que la capacidad de expresarse libremente es esencial para el funcionamiento de la democracia y que cualquier intento de silenciar las voces disidentes es un ataque directo a este principio.

En este sentido, la entidad gremial enfatiza que la defensa de la libertad de expresión no es solo una cuestión de interés para los artistas, sino que es un tema que concierne a toda la sociedad. «La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido por todos», subraya el comunicado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo sindical ante el Juzgado Laboral N°3 para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que limita el derecho a huelga. El DNU establece restricciones a las actividades consideradas esenciales y impone niveles mínimos de prestación en caso de medidas de fuerza.

La CGT dio un paso importante en defensa del derecho a huelga al presentar una acción de amparo sindical ante el Juzgado Laboral N°3. El DNU del Gobierno, que busca ampliar las actividades consideradas esenciales y limitar el derecho a huelga, ha generado un fuerte rechazo en la central obrera.

Según la CGT, el DNU reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas «servicios esenciales» e imponiendo niveles mínimos de prestación que, en la práctica, imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza. La central obrera argumenta que esta medida viola la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.

Análisis crítico del DNU

El DNU del Gobierno fue objeto de críticas por parte de la CGT y otros sectores sindicales. La medida establece restricciones a las actividades consideradas esenciales, incluyendo el transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones. Además, impone niveles mínimos de prestación del 75% al 50% en caso de medidas de fuerza, lo que, según la CGT, limita severamente el derecho a huelga.

La CGT también cuestiona la utilización del DNU como instrumento para implementar esta medida. Según la central obrera, el DNU fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, argumenta la CGT.

Impacto en las relaciones laborales

La limitación del derecho a huelga puede tener un impacto significativo en las relaciones laborales. La CGT argumenta que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva. Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales.

La presentación de la acción de amparo sindical por parte de la CGT es un paso importante en defensa del derecho a huelga. La central obrera ha demostrado que el DNU del Gobierno es inconstitucional y viola los tratados internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga. La Justicia deberá decidir si admite el amparo y suspende la aplicación del DNU.

El dirigente sindical sanjuanino, y referente de la CGT en la provincia, analizó el complejo escenario laboral en Argentina. Cuestionó las restricciones a las negociaciones paritarias, criticó al Gobierno nacional por su política económica y valoró el esfuerzo de San Juan por mantener activa la obra pública.

En diálogo con «Mundo Laboral SJ», Eduardo Cabello, histórico dirigente sindical sanjuanino, expresó su preocupación ante la falta de libertad para negociar salarios en el país. Denunció que el Gobierno nacional “no permite paritarias libres, pero tampoco facilita el diálogo entre trabajadores y empleadores”.

Según Cabello, esta situación provoca un escenario de desequilibrio que atenta contra los derechos laborales. Recordó el antecedente de Vaca Muerta como un ejemplo positivo de lo que puede lograrse cuando el Estado se mantiene al margen de las negociaciones entre gremios y empresas. Sin embargo, contrastó ese hecho con la realidad actual, en la que los acuerdos salariales son sistemáticamente condicionados. “El Estado te pone un techo, mientras la inflación sigue escalando”, afirmó.

“El salario se destruye en cada frente”

El dirigente fue contundente al describir el impacto del modelo económico vigente sobre el poder adquisitivo: “El salario se destruye en paritarias, se destruye con impuestos y con la suba constante de tarifas”. Consideró que las políticas públicas actuales “protegen los negocios de los sectores más ricos y castigan a los trabajadores que sostienen la economía con su esfuerzo diario”.

Asimismo, Cabello cuestionó el discurso oficial sobre la inflación, al que calificó como alejado de la realidad cotidiana: “Dicen que no hay inflación, pero la gente lo ve en el colectivo, en la nafta, en el gas, en todo lo que consume”.

Una esperanza sostenida en la obra pública provincial

Pese al contexto nacional, el dirigente reconoció con optimismo el compromiso del gobierno de San Juan con la reactivación de la obra pública. Destacó la voluntad de la gestión provincial de impulsar proyectos con fondos propios, sobre todo en vivienda y caminos, y resaltó el papel de la minería como motor económico. “Vamos de a poco, pero la construcción no se ha detenido”, remarcó.

En este sentido, subrayó la importancia de que los programas como Procrear sean administrados por las provincias para evitar que queden paralizados. “Lo que se deja tirado después cuesta el doble reactivarlo”, advirtió.

Actualmente, el sector de la construcción en San Juan emplea entre 6.000 y 7.000 trabajadores, una cifra que si bien está lejos de los picos históricos, representa un alivio en un panorama nacional incierto. “El gobierno con lo que tiene hace obra pública. Y eso suma”, concluyó.

La voz de Eduardo Cabello refleja la tensión creciente entre las necesidades del movimiento obrero y las políticas económicas impulsadas desde el poder central. En un país donde la inflación devora los salarios y las restricciones ahogan el diálogo, el dirigente sanjuanino plantea la necesidad de recuperar la autonomía gremial y fortalecer el trabajo conjunto con los gobiernos provinciales. Su mensaje es claro: la dignidad del trabajador no puede seguir siendo la variable de ajuste.