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Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.

Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.

«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.

Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan

El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.

Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.

Miedo a perder el empleo: una sensación que crece

En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.

Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.

Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza

Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.

“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.

“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.

Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.

La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.

“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.

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Ciencia y universidades vuelven a la calle contra el ajuste del Gobierno nacional


La Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología convocó para este miércoles 12 de agosto a una movilización nacional. La concentración central será a las 16 en el Obelisco y habrá réplicas en universidades, plazas y centros de investigación de todo el país. El reclamo se produce tras la baja de 374 becarios posdoctorales del Conicet y por el fuerte deterioro presupuestario y salarial del sistema científico.

La movilización adquirió mayor intensidad luego de que el Gobierno dejara sin renovación a 374 becarios posdoctorales del Conicet, cuyos contratos finalizaron el 31 de julio. Los gremios consideran que la decisión no representa solamente una reducción de puestos de trabajo, sino también la interrupción de investigaciones que demandaron años de formación y financiamiento público.

Juan Manuel Sueiro, delegado de ATE en el organismo, calificó la medida como un “cientificidio” y advirtió que las bajas afectan líneas de investigación vinculadas con nanotecnología, ciencias biológicas, ciencias médicas e ingeniería.

El reclamo también apunta al deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según cálculos difundidos por Chequeado, el presupuesto correspondiente a esa función acumuló entre 2023 y 2026 una caída del 50,2% en términos reales, mientras que el Gobierno reconoció ante el Congreso una reducción de al menos el 40%.

A ese retroceso se suma la pérdida del poder adquisitivo. Los salarios de investigadores y personal de apoyo del Conicet acumulan una disminución real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores científicos comprendidos en el SINEP registran una merma del 32,2%.

Otra de las demandas apunta a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, que no abrió nuevas convocatorias desde diciembre de 2023, según las organizaciones del sector.

La reducción de recursos también alcanzó a otros organismos científicos y tecnológicos, entre ellos la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los gremios denuncian interrupciones de proyectos y advierten sobre la pérdida de capacidades acumuladas durante años.

En este sentido, investigadores y especialistas alertaron por una nueva salida de profesionales hacia otros países de la región, entre ellos Brasil, Chile y Uruguay. La comparación con la emigración de científicos registrada durante la década de 1990 volvió a instalarse en el debate sobre las consecuencias de la falta de financiamiento y de perspectivas laborales.

La jornada de este miércoles se inscribe en una sucesión de protestas protagonizadas durante 2026 por universidades, docentes, investigadores y trabajadores científicos. Entre ellas se encuentra la cuarta Marcha Universitaria Federal realizada en mayo, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025.

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La crisis laboral golpea a las obras sociales y deja a más de un millón de beneficiarios sin cobertura

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.

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La CGT moviliza a Economía por las deudas de millones de familias

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse el jueves 20 de agosto y esta vez llevará al Ministerio de Economía un reclamo centrado en el endeudamiento de los trabajadores y sus familias. La medida fue resuelta por la mesa de conducción de la central durante una reunión realizada en la sede de Azopardo, donde se analizaron informes sobre el deterioro de los ingresos y las dificultades crecientes para afrontar gastos cotidianos.

Los datos evaluados por la conducción cegetista estiman que alrededor de 5,3 millones de personas tienen problemas para pagar sus deudas, contraídas en numerosos casos para cubrir consumos básicos. La central sostiene que el financiamiento dejó de ser utilizado únicamente para compras extraordinarias y pasó a convertirse, para una parte de los hogares, en una herramienta para sostener el consumo esencial.

A esa advertencia se suma un relevamiento de Management & Fit citado por la CGT, según el cual más de la mitad de las familias argentinas declara atravesar dificultades vinculadas con sus ingresos. En más de la mitad de esos hogares, esa pérdida de capacidad económica se traduce en problemas para llegar a fin de mes. El mismo estudio señala que el 71,9% de esas familias recurre al endeudamiento, ya sea mediante entidades financieras o mecanismos informales.

La protesta será encabezada por la conducción nacional de la CGT, integrada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, y forma parte del esquema de movilizaciones escalonadas que la central comenzó a desplegar para llevar distintos reclamos a organismos públicos y ámbitos institucionales.

La marcha del 20 de agosto tendrá además como antecedente inmediato otras acciones acompañadas por la central, entre ellas la movilización del 7 de agosto bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo y las concentraciones de jubilados que se realizan cada miércoles frente al Congreso.

La CGT también proyecta nuevas intervenciones para las próximas semanas. Entre ellas figura una eventual movilización durante la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, cuya fecha todavía no fue definida, además de su participación en la Semana Social de la Iglesia y una protesta prevista para el 2 de septiembre, Día de la Industria.

La agenda sindical podría extenderse hasta noviembre, cuando la central prevé acompañar las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina. La conducción cegetista anticipó su participación en la misa prevista en Luján y buscará mantener una audiencia privada con el pontífice.

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