
Docentes con preocupación por el decreto que redefine servicios esenciales y limita derechos laborales
El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, advirtió sobre las graves implicancias del Decreto 340/2025 emitido por el Gobierno nacional. Asegura que no solo vulnera el derecho constitucional a huelga, sino que también elimina herramientas clave para garantizar la calidad educativa y la equidad salarial en todo el país.
En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), expresó su fuerte rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual redefine qué actividades son consideradas servicios esenciales en el país. Según el gremialista, esta medida no solo limita el derecho a huelga, sino que también representa un claro retroceso en derechos laborales, educativos y democráticos.
«Repudiamos profundamente esta actitud unilateral del gobierno. No solo cercena el derecho a huelga, sino que suspende la ley de financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica», manifestó Quiroga. «Es una decisión que revela desinterés por la educación pública y una preocupante tendencia autoritaria».
Un golpe a la educación pública y al federalismo educativo
Quiroga señaló que uno de los impactos más graves del decreto es la eliminación de la paritaria nacional docente. Esta herramienta era clave para establecer un piso salarial igualitario para los docentes de todo el país. “Ahora ya no habrá un salario mínimo nacional para la docencia, lo que implica que habrá provincias con sueldos mucho más bajos que otras, generando desigualdad entre colegas que cumplen la misma función”, explicó.
La desaparición del piso salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo nacional son interpretados por el gremio como señales de una estrategia para provincializar completamente la educación, trasladando responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar fondos o criterios unificados.
El derecho a huelga, en riesgo
El Decreto 340 amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera directa la posibilidad de que los trabajadores se expresen mediante medidas de fuerza. “Al definir como esencial todo lo que el gobierno quiera y al impedir el ejercicio del derecho a huelga, se vulneran principios básicos de la democracia”, advirtió Quiroga.
Además, cuestionó que el Estado nacional se reserve la potestad de vetar acuerdos paritarios, incluso cuando estos hayan sido consensuados entre partes. “Ya no se podrá negociar con libertad. Habrá techo salarial, pero ningún piso. ¿Dónde queda el principio de negociación colectiva?”, se preguntó.
Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en el abandono de políticas públicas que garanticen empleo joven y de calidad, y criticó el uso sistemático de decretos por parte del Ejecutivo, esquivando la discusión legislativa.
“Estamos retrocediendo. Estas decisiones nos recuerdan a épocas autoritarias. Se gobierna por decreto, ignorando leyes que fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y que representaban avances en materia educativa y social”, remarcó.
Asimismo, denunció demoras crónicas en los pagos a docentes en varias provincias, como San Juan, donde los trabajadores pasan meses sin cobrar sus salarios. “¿Eso es ser esencial? ¿Eso es valorar el trabajo docente?”, cuestionó.
Para Quiroga, el Decreto 340 representa mucho más que un cambio administrativo: simboliza un retroceso institucional que atenta contra el espíritu democrático del país. “Estamos volviendo a discutir derechos que habíamos conquistado con años de lucha. Lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro de la educación pública y la calidad democrática de la República Argentina”, concluyó.
Desde AMET y otras organizaciones gremiales ya se iniciaron presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Mientras tanto, el sector docente se mantiene en estado de alerta, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino también el derecho de todos los argentinos a una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades.
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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.
Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.
El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.
El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.
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Los residentes del Garrahan levantaron el paro tras la advertencia del Gobierno

Los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron retomar sus actividades laborales después de que el Gobierno les advirtiera que les aplicarían sanciones si continuaban con la medida de fuerza. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del hospital y la amenaza de despidos y sanciones.
El Gobierno había advertido a los residentes que si no cesaban las protestas, se tomarían medidas. En un mail enviado por el Consejo de Administración del hospital, se les informó que si no retoman sus actividades laborales, se les aplicarían sanciones que podrían incluir el descuento del día del salario, la pérdida de la regularidad en el programa de residencia y hasta la desvinculación del hospital.
La justificación de Salud
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio de reforzar el ingreso con un bono de $500.000. Según el Ministerio, el aumento informado el fin de semana «es un hecho», por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo.
La reacción de los residentes
Después de una reunión con autoridades del hospital, los residentes decidieron retomar sus actividades laborales. En un comunicado oficial, los médicos informaron que «por este medio queremos informar que en el día de la fecha la residencia de pediatría y articuladas del hospital retoma su actividad laboral de forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha».

La posición de ATE
Mientras tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para este jueves. «Nada de nada», sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. «Es una vergüenza», continuó.
La decisión de los residentes del Hospital Garrahan de levantar el paro después de la advertencia del Gobierno es un claro ejemplo de la presión que existe entre los trabajadores de la salud y el Gobierno. Mientras que los residentes decidieron retomar sus actividades laborales, ATE y otros gremios siguen firme en su posición de lucha por mejores condiciones laborales y salariales.
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El Congreso se convirtió en el epicentro de una gran movilización de sectores sociales

En un miércoles especial, el Congreso y sus alrededores se convirtieron en el epicentro de una gran movilización que reunió a diversos sectores sociales afectados por las políticas del Gobierno. Puertas adentro, se estaba tratando el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, mientras que afuera, miles de personas se congregaron para reclamar la sanción de una ley que ponga un freno a los recortes llevados a cabo por la gestión de Javier Milei.
La manifestación fue pacífica y contó con la participación de jubilados, científicos, médicos y discapacitados, todos vulnerados y pisoteados en sus derechos por parte de un Ejecutivo nacional. Acompañados también por el colectivo ‘Ni una menos’, los manifestantes alzaron la voz para hacer oír sus demandas.
Las demandas
Atrasos salariales, condiciones de trabajo precarias, ajustes de personal, quita de medicamentos y condiciones de vida indignas son algunas de las causas que motivaron esta marcha multitudinaria. Los jubilados vienen manifestándose frente al Congreso todos los miércoles, y en las últimas movilizaciones, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a los manifestantes.
La represión
Nuevamente, como ocurre todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaron un extenso y exagerado operativo en la zona del Congreso. La ministra de Seguridad amenazó con violentar a los manifestantes en caso de agresión contra personal policial, lo que es un claro ejemplo de violencia institucional con el aparato de la fuerza del Estado.
La unión de las luchas
Bajo la consigna «Contra la crueldad, el hambre y el saqueo, ni una jubilada menos», miles de personas se congregaron frente al Parlamento, donde se reunieron con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales. El movimiento feminista decidió unirse este año a la lucha de cada miércoles de los jubilados y jubiladas, de las universidades, ciencia, migrantes y personal de salud.
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