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El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, advirtió sobre las graves implicancias del Decreto 340/2025 emitido por el Gobierno nacional. Asegura que no solo vulnera el derecho constitucional a huelga, sino que también elimina herramientas clave para garantizar la calidad educativa y la equidad salarial en todo el país.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), expresó su fuerte rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual redefine qué actividades son consideradas servicios esenciales en el país. Según el gremialista, esta medida no solo limita el derecho a huelga, sino que también representa un claro retroceso en derechos laborales, educativos y democráticos.

«Repudiamos profundamente esta actitud unilateral del gobierno. No solo cercena el derecho a huelga, sino que suspende la ley de financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica», manifestó Quiroga. «Es una decisión que revela desinterés por la educación pública y una preocupante tendencia autoritaria».

Un golpe a la educación pública y al federalismo educativo

Quiroga señaló que uno de los impactos más graves del decreto es la eliminación de la paritaria nacional docente. Esta herramienta era clave para establecer un piso salarial igualitario para los docentes de todo el país. “Ahora ya no habrá un salario mínimo nacional para la docencia, lo que implica que habrá provincias con sueldos mucho más bajos que otras, generando desigualdad entre colegas que cumplen la misma función”, explicó.

La desaparición del piso salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo nacional son interpretados por el gremio como señales de una estrategia para provincializar completamente la educación, trasladando responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar fondos o criterios unificados.

El derecho a huelga, en riesgo

El Decreto 340 amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera directa la posibilidad de que los trabajadores se expresen mediante medidas de fuerza. “Al definir como esencial todo lo que el gobierno quiera y al impedir el ejercicio del derecho a huelga, se vulneran principios básicos de la democracia”, advirtió Quiroga.

Además, cuestionó que el Estado nacional se reserve la potestad de vetar acuerdos paritarios, incluso cuando estos hayan sido consensuados entre partes. “Ya no se podrá negociar con libertad. Habrá techo salarial, pero ningún piso. ¿Dónde queda el principio de negociación colectiva?”, se preguntó.

Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en el abandono de políticas públicas que garanticen empleo joven y de calidad, y criticó el uso sistemático de decretos por parte del Ejecutivo, esquivando la discusión legislativa.

“Estamos retrocediendo. Estas decisiones nos recuerdan a épocas autoritarias. Se gobierna por decreto, ignorando leyes que fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y que representaban avances en materia educativa y social”, remarcó.

Asimismo, denunció demoras crónicas en los pagos a docentes en varias provincias, como San Juan, donde los trabajadores pasan meses sin cobrar sus salarios. “¿Eso es ser esencial? ¿Eso es valorar el trabajo docente?”, cuestionó.

Para Quiroga, el Decreto 340 representa mucho más que un cambio administrativo: simboliza un retroceso institucional que atenta contra el espíritu democrático del país. “Estamos volviendo a discutir derechos que habíamos conquistado con años de lucha. Lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro de la educación pública y la calidad democrática de la República Argentina”, concluyó.

Desde AMET y otras organizaciones gremiales ya se iniciaron presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Mientras tanto, el sector docente se mantiene en estado de alerta, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino también el derecho de todos los argentinos a una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades.

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Diputados aprobó el aumento del 7,2% a jubilados, pero el Gobierno amenaza con vetarlo

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.

El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.

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Unir las luchas es la tarea: masiva marcha frente al Congreso

Médicos y residentes del Hospital Garrahan, investigadores del Conicet, el colectivo feminista #NiUnaMenos y jubilados se unirán en una sola protesta para exigir mejoras salariales, condiciones laborales dignas y políticas públicas que protejan sus derechos.

La lucha de los jubilados

Los jubilados volverán a exigir una recomposición de sus haberes y la actualización del bono de $70.000, congelado desde hace más de un año. A pesar de que el Congreso sigue sin destrabar ningún dictamen que avance en una reforma, el Gobierno ya anticipó su intención de vetar cualquier modificación en el sistema previsional. Los jubilados han mantenido una presencia sostenida todos los miércoles desde marzo, y seguirán luchando por sus derechos.

El conflicto en el Hospital Garrahan

Médicos y residentes del Hospital Garrahan siguen en paro y denuncian que la mejora salarial propuesta excluye a otros sectores del hospital. La disputa sigue abierta, y los trabajadores del hospital exigirán mejoras salariales y condiciones laborales dignas en la marcha.

El sector científico en alerta

Investigadores del Conicet denunciaron un «cientificidio» por el desfinanciamiento sistemático del sistema nacional de ciencia y técnica. En un reciente video, advierten sobre «un ataque sin precedentes» que «ha sumido a la ciencia argentina en la oscuridad y el silencio». Los investigadores se unirán a la marcha para exigir políticas públicas que apoyen la ciencia y la tecnología.

El feminismo se suma a la lucha

A diez años de la histórica primera marcha, el colectivo feminista #NiUnaMenos decidió trasladar su movilización al 4 de junio para confluir con el resto de las luchas. Bajo la consigna «Unir las luchas es la tarea», el feminismo se suma a la protesta en Plaza Congreso, denunciando el desmantelamiento de políticas públicas y el avance de discursos de odio por parte del actual gobierno.

La masiva marcha frente al Congreso es un claro ejemplo de la unión de las luchas y la exigencia de derechos y mejoras para todos los sectores. Los participantes en la marcha exigirán políticas públicas que protejan sus derechos y mejoren sus condiciones laborales y salariales. La unión de las luchas es la tarea, y juntos pueden lograr cambios significativos.

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El Gobierno nacional prepara un ajuste que podría vaciar al INTA

El Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo clave en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario. La medida podría tener graves consecuencias para la investigación agropecuaria y la economía del país.

En un contexto de ajuste y reestructuración, el Gobierno nacional prepara un decreto que podría vaciar al INTA, un organismo que ha sido fundamental en la generación de tecnología y conocimiento para el sector agropecuario argentino. La medida, impulsada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, implicaría la salida inmediata de entre 800 y 850 trabajadores que no forman parte de la planta permanente, con la intención de alcanzar los 1.500 desvinculados en una segunda etapa mediante retiros voluntarios.

El impacto en la investigación agropecuaria

El INTA es un organismo que ha desarrollado tecnologías y conocimientos que han permitido mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario argentino. El vaciamiento del INTA podría afectar la capacidad del país para producir alimentos y materias primas de manera eficiente y sostenible.

Ante esta situación, se convocó a una asamblea urgente en el INTA Castelar para este jueves, con el objetivo de organizar una movilización nacional en defensa del organismo. Los trabajadores y delegados están decididos a resistir lo que consideran el mayor ataque al INTA en su historia. «Este decreto apunta a vaciar al INTA y dejarlo en manos del negocio inmobiliario rural y urbano», alertó José Perea, delegado de ATE en Castelar.

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