Docentes con preocupación por el decreto que redefine servicios esenciales y limita derechos laborales

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, advirtió sobre las graves implicancias del Decreto 340/2025 emitido por el Gobierno nacional. Asegura que no solo vulnera el derecho constitucional a huelga, sino que también elimina herramientas clave para garantizar la calidad educativa y la equidad salarial en todo el país.

En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), expresó su fuerte rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual redefine qué actividades son consideradas servicios esenciales en el país. Según el gremialista, esta medida no solo limita el derecho a huelga, sino que también representa un claro retroceso en derechos laborales, educativos y democráticos.

«Repudiamos profundamente esta actitud unilateral del gobierno. No solo cercena el derecho a huelga, sino que suspende la ley de financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica», manifestó Quiroga. «Es una decisión que revela desinterés por la educación pública y una preocupante tendencia autoritaria».

Un golpe a la educación pública y al federalismo educativo

Quiroga señaló que uno de los impactos más graves del decreto es la eliminación de la paritaria nacional docente. Esta herramienta era clave para establecer un piso salarial igualitario para los docentes de todo el país. “Ahora ya no habrá un salario mínimo nacional para la docencia, lo que implica que habrá provincias con sueldos mucho más bajos que otras, generando desigualdad entre colegas que cumplen la misma función”, explicó.

La desaparición del piso salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo nacional son interpretados por el gremio como señales de una estrategia para provincializar completamente la educación, trasladando responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar fondos o criterios unificados.

El derecho a huelga, en riesgo

El Decreto 340 amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera directa la posibilidad de que los trabajadores se expresen mediante medidas de fuerza. “Al definir como esencial todo lo que el gobierno quiera y al impedir el ejercicio del derecho a huelga, se vulneran principios básicos de la democracia”, advirtió Quiroga.

Además, cuestionó que el Estado nacional se reserve la potestad de vetar acuerdos paritarios, incluso cuando estos hayan sido consensuados entre partes. “Ya no se podrá negociar con libertad. Habrá techo salarial, pero ningún piso. ¿Dónde queda el principio de negociación colectiva?”, se preguntó.

Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en el abandono de políticas públicas que garanticen empleo joven y de calidad, y criticó el uso sistemático de decretos por parte del Ejecutivo, esquivando la discusión legislativa.

“Estamos retrocediendo. Estas decisiones nos recuerdan a épocas autoritarias. Se gobierna por decreto, ignorando leyes que fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y que representaban avances en materia educativa y social”, remarcó.

Asimismo, denunció demoras crónicas en los pagos a docentes en varias provincias, como San Juan, donde los trabajadores pasan meses sin cobrar sus salarios. “¿Eso es ser esencial? ¿Eso es valorar el trabajo docente?”, cuestionó.

Para Quiroga, el Decreto 340 representa mucho más que un cambio administrativo: simboliza un retroceso institucional que atenta contra el espíritu democrático del país. “Estamos volviendo a discutir derechos que habíamos conquistado con años de lucha. Lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro de la educación pública y la calidad democrática de la República Argentina”, concluyó.

Desde AMET y otras organizaciones gremiales ya se iniciaron presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Mientras tanto, el sector docente se mantiene en estado de alerta, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino también el derecho de todos los argentinos a una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades.