
Docentes con preocupación por el decreto que redefine servicios esenciales y limita derechos laborales
El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, advirtió sobre las graves implicancias del Decreto 340/2025 emitido por el Gobierno nacional. Asegura que no solo vulnera el derecho constitucional a huelga, sino que también elimina herramientas clave para garantizar la calidad educativa y la equidad salarial en todo el país.
En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Daniel Quiroga, titular de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), expresó su fuerte rechazo al Decreto 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual redefine qué actividades son consideradas servicios esenciales en el país. Según el gremialista, esta medida no solo limita el derecho a huelga, sino que también representa un claro retroceso en derechos laborales, educativos y democráticos.
«Repudiamos profundamente esta actitud unilateral del gobierno. No solo cercena el derecho a huelga, sino que suspende la ley de financiamiento educativo, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica», manifestó Quiroga. «Es una decisión que revela desinterés por la educación pública y una preocupante tendencia autoritaria».
Un golpe a la educación pública y al federalismo educativo
Quiroga señaló que uno de los impactos más graves del decreto es la eliminación de la paritaria nacional docente. Esta herramienta era clave para establecer un piso salarial igualitario para los docentes de todo el país. “Ahora ya no habrá un salario mínimo nacional para la docencia, lo que implica que habrá provincias con sueldos mucho más bajos que otras, generando desigualdad entre colegas que cumplen la misma función”, explicó.
La desaparición del piso salarial y el desfinanciamiento del sistema educativo nacional son interpretados por el gremio como señales de una estrategia para provincializar completamente la educación, trasladando responsabilidades a las jurisdicciones sin garantizar fondos o criterios unificados.
El derecho a huelga, en riesgo
El Decreto 340 amplía el alcance de las actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera directa la posibilidad de que los trabajadores se expresen mediante medidas de fuerza. “Al definir como esencial todo lo que el gobierno quiera y al impedir el ejercicio del derecho a huelga, se vulneran principios básicos de la democracia”, advirtió Quiroga.
Además, cuestionó que el Estado nacional se reserve la potestad de vetar acuerdos paritarios, incluso cuando estos hayan sido consensuados entre partes. “Ya no se podrá negociar con libertad. Habrá techo salarial, pero ningún piso. ¿Dónde queda el principio de negociación colectiva?”, se preguntó.
Durante la entrevista, el dirigente también hizo hincapié en el abandono de políticas públicas que garanticen empleo joven y de calidad, y criticó el uso sistemático de decretos por parte del Ejecutivo, esquivando la discusión legislativa.
“Estamos retrocediendo. Estas decisiones nos recuerdan a épocas autoritarias. Se gobierna por decreto, ignorando leyes que fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso y que representaban avances en materia educativa y social”, remarcó.
Asimismo, denunció demoras crónicas en los pagos a docentes en varias provincias, como San Juan, donde los trabajadores pasan meses sin cobrar sus salarios. “¿Eso es ser esencial? ¿Eso es valorar el trabajo docente?”, cuestionó.
Para Quiroga, el Decreto 340 representa mucho más que un cambio administrativo: simboliza un retroceso institucional que atenta contra el espíritu democrático del país. “Estamos volviendo a discutir derechos que habíamos conquistado con años de lucha. Lo que está en juego no es solo el salario docente, sino el futuro de la educación pública y la calidad democrática de la República Argentina”, concluyó.
Desde AMET y otras organizaciones gremiales ya se iniciaron presentaciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad del decreto. Mientras tanto, el sector docente se mantiene en estado de alerta, defendiendo no solo sus derechos laborales, sino también el derecho de todos los argentinos a una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades.
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La Justicia frenó el intento de disolución del INTI

La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía.
La Justicia dio un paso importante en la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La jueza Martina Forns ordenó suspender los efectos del Decreto 462/2025, que pretendía reestructurar profundamente el INTI y eliminar su autarquía.
El Decreto 462/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, buscaba transformar el INTI y eliminar su autarquía. Sin embargo, la jueza Forns consideró que esta medida es inconstitucional y ordenó suspender sus efectos. La medida cautelar tendrá vigencia por seis meses.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la medida judicial, considerándola un triunfo para la defensa de los derechos laborales. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha criticado duramente al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por intentar aplicar decretos que calificó de «truchos».

La medida judicial es un paso clave en la defensa de la institucionalidad del INTI y los derechos laborales. Con este fallo, La Justicia demuestra su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y los convenios de la OIT con jerarquía constitucional.
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Fusiones, salarios y el desafío de la IA: los trabajadores de las telecomunicaciones entre incertidumbre y adaptación

Marcelo Trujillo, referente del gremio Soeesit, advirtió sobre los riesgos laborales y sociales que implican las fusiones empresariales, el deterioro económico y el avance de la inteligencia artificial. En diálogo con este medio, analizó el complejo escenario que enfrentan los trabajadores frente a las transformaciones del mercado y la falta de respuestas gubernamentales.
Trujillo, con trayectoria en el ámbito de las telecomunicaciones, abordó en una entrevista con Mundo Laboral un escenario cargado de tensión y expectativas: la fusión entre Telecom (Grupo Clarín) y Telefónica, recientemente autorizada por las autoridades regulatorias. Según explicó, este proceso generará una fuerte concentración empresarial en el sector, con efectos colaterales preocupantes tanto para los usuarios como para los trabajadores.
«Estamos ante una situación parecida a la que vivimos en los años 90, durante la privatización de ENTEL. Ahora se repite la historia, pero con un formato diferente», señaló Trujillo. Uno de los principales focos de preocupación es la posible reducción de puestos de trabajo tras la unificación de estructuras operativas y administrativas. A esto se suma el uso extendido de contratistas y agencias tercerizadas, una modalidad que —según denunció— se emplea para recortar costos laborales sin mejorar necesariamente la calidad del servicio.
Paritarias bajo presión y aumentos que no alcanzan
El dirigente también hizo mención a la reciente negociación paritaria que involucra a los trabajadores de Claro, Telecom y Movistar. Si bien se lograron algunos aumentos salariales, remarcó que estos debieron ser “dibujados” a través de sumas fijas y complementos no remunerativos para no superar los límites porcentuales que el Gobierno intenta imponer según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
«Estamos intentando sostener los aumentos dentro de una lógica que nos permita homologarlos, pero el margen es mínimo. Nos exigen no pasar del 1,2 o 1,3% mensual, cifras que están totalmente desconectadas de la realidad inflacionaria», advirtió.
Trujillo cuestionó duramente esta tendencia a reemplazar las paritarias por aumentos discrecionales decretados desde el Ejecutivo. “Ningún trabajador ni representante debería aceptar esa lógica. Es una imposición que elimina el diálogo y deteriora aún más la ya difícil situación de los asalariados”, enfatizó.
Miedo a perder el empleo: una sensación que crece
En este contexto de incertidumbre económica, los temores se profundizan. Según una encuesta reciente citada en la entrevista, más del 50% de los trabajadores consultados manifestó tener miedo a perder su empleo o ver reducidos sus ingresos. Para Trujillo, este dato no sorprende. “No es una sensación aislada, es algo que se respira en todos los sectores. No solo acá. También está pasando en países centrales como Estados Unidos y en Europa, donde el empleo tradicional está en crisis por múltiples factores”, explicó.
Asimismo, mencionó que la llegada de nuevos flujos migratorios y el avance tecnológico están reconfigurando el mercado laboral, alimentando tensiones, desigualdades y desafíos que los sindicatos deben encarar con urgencia.
Inteligencia artificial: entre la oportunidad y la amenaza
Uno de los puntos más significativos de la charla fue el análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mundo del trabajo. Trujillo reconoció que estas tecnologías traerán consigo mejoras en eficiencia y productividad, pero también alertó sobre el riesgo de un desplazamiento masivo de trabajadores, especialmente en áreas técnicas y administrativas.
“La IA no es algo que viene de afuera, es algo que nosotros mismos alimentamos durante años. Es una herramienta muy poderosa, pero que también puede acentuar desigualdades si no se regula a tiempo”, sostuvo. En ese sentido, reclamó un debate urgente y profundo sobre el uso responsable de estas tecnologías, su regulación legal y la necesidad de una reconversión laboral que no deje a nadie atrás.
“Podemos convivir con la IA, pero no a costa de perder el valor humano. No se trata de frenar el progreso, sino de acompañarlo con políticas inclusivas y con representación real en todos los sectores”, agregó.
Finalmente, Trujillo planteó la necesidad de fortalecer la organización sindical en todos los oficios, con representación legal y activa, especialmente frente al avance de nuevas formas de trabajo. “Si no nos sentamos ya mismo a discutir estas transformaciones, vamos a seguir viendo cómo la tecnología avanza mientras los trabajadores retroceden”, alertó.
La entrevista dejó en claro que los desafíos del mundo laboral actual no pueden resolverse con recetas del pasado. La concentración empresarial, el congelamiento salarial, el miedo a perder el empleo y el avance de la inteligencia artificial son piezas de una misma tensión estructural. Para Marcelo Trujillo, la salida debe ser colectiva, organizada y con un firme compromiso por parte del Estado y de los representantes gremiales.
“El progreso no puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores”, sentenció. Su llamado, más vigente que nunca, interpela tanto a quienes diseñan políticas públicas como a quienes, día a día, sostienen los servicios esenciales en medio de un país en transformación.
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La industria del juguete enfrenta una temporada crítica ante el aumento de importaciones

Con ventas en baja por segundo año consecutivo, la industria del juguete argentino se prepara para el Día del Niño con fuerte preocupación por el aumento de importaciones baratas y su impacto en la producción nacional y la seguridad infantil
La industria del juguete en el país atraviesa un escenario complejo en la antesala del Día del Niño, que se celebrará el próximo 17 de agosto. Dos años consecutivos de caída en las ventas y un aumento sustancial de las importaciones de bajo costo han generado preocupación en el sector.
Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el primer semestre de 2025 las importaciones crecieron un 79% en valor y 108,7% en volumen respecto al mismo período de 2024 alcanzando las 10.500 toneladas por un total de USD 58,3 millones FOB. Además, se duplicó la cantidad de empresas importadoras: de 265 en 2024 a 501 en lo que va del año. Esto representa un riesgo para la seguridad infantil y una competencia desleal para la industria nacional.
La industria en Argentina comprende unas 180 pymes y emprendimientos locales que generan cerca de 8.000 empleos, apuesta a una leve mejora durante la temporada gracias a acciones promocionales como la Noche de las Jugueterías. Sin embargo, es necesario tomar medidas para proteger la industria nacional y promover el consumo responsable.
La CAIJ sostiene que la industria nacional es competitiva en varias categorías —como juegos de mesa, didácticos, masas, pelotas o triciclos—, y que su participación en el mercado local, actualmente del 30%, podría incrementarse si se redujeran cargas impositivas, costos laborales no salariales y se mejorara la logística. Al mismo tiempo, redobla su campaña para promover el consumo responsable, con juguetes certificados y seguros, adquiridos en comercios habilitados, para evitar productos de baja calidad o sin controles.
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