En dialogo mantenido desde Mundo Laboral SJ con Jaime Barcelona, titular de ADICUS brindó detalles sobre la presentación del proyecto de ley de financiamiento universitario, impulsado por distintos sectores del ámbito educativo, representantes gremiales y presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la entrevista, Barcelona explicó que esta iniciativa fue elaborada de forma conjunta por federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como por la Federación Universitaria Argentina (FUA). El proyecto tiene como eje central establecer presupuestos mínimos para el funcionamiento de la educación universitaria pública, así como obligar al Gobierno nacional a convocar a paritarias, una deuda que –según explicó– se mantiene desde octubre del año pasado.

Actualmente, los aumentos salariales se están aplicando por decreto y representan apenas un 1,3% mensual, lo que ha causado una pérdida del poder adquisitivo de más del 70% frente a la inflación, señaló. A esto se suma el hecho de que las universidades continúan funcionando con el presupuesto 2023, aprobado en 2022, lo que agrava aún más el panorama.

“El gobierno se está desentendiendo totalmente de lo que es la educación superior”, afirmó dirigente gremial, y detalló que el presupuesto operativo actual depende exclusivamente de lo que el Gobierno decide enviar, sin criterios claros ni previsibilidad, lo que pone en riesgo el funcionamiento integral de las instituciones universitarias.

Barcelona destacó además que la inversión educativa cayó del 0,8% al 0,2% del PBI, en contraposición con el 2% que destinan países de la región y el 6% en países desarrollados. Frente a este escenario, remarcó la urgencia de aprobar una ley que garantice no solo el presupuesto sino también las condiciones salariales mínimas.

Respecto a la recepción del proyecto en el Congreso, informó que se logró consensuar una iniciativa unificada entre tres propuestas y que ya existe un compromiso para comenzar su tratamiento en comisiones la próxima semana, con la posibilidad de que se vote en el recinto durante el próximo 18 de junio. De concretarse esta fecha, advirtió que el movimiento universitario adelantaría la tercera marcha federal, originalmente prevista para el 23 de julio.

Jaime Barcelona concluyó asegurando que, por el momento, se apuesta al diálogo legislativo y al tratamiento formal en comisiones. No obstante, advirtió que si el oficialismo bloquea el avance del proyecto, no se descartan nuevas acciones de visibilización y fuerza por parte del movimiento universitario.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decretó el Estado de Alerta y Movilización y anunció un plan de lucha que podría incluir medidas de fuerza escalonadas a partir de junio, en respuesta a la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga impuesta por el Gobierno.

La CATT, conducida por Juan Carlos Schmid, anunció que llevará a cabo un plan de lucha en respuesta al «Decreto de desregulación de la Marina Mercante, la desregulación del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y un nuevo intento de cercenar el derecho de huelga». El gremio aseguró que las medidas de desregulación forman parte de «un plan criminal llevado adelante por Federico Sturzenegger» y que no van a resignar su capacidad de libertad sindical.

El plan de lucha

La CATT anunció que el plan de lucha podría incluir paros sectoriales, asambleas sorpresivas y una gran movilización en junio. El Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, aseguró que «este gobierno se maneja de manera autoritaria, sacando y firmando decretos sin consultar ni dialogar con nadie» y que el plan de lucha es para «ponerle un freno a las medidas autoritarias para silenciar a los trabajadores y trabajadoras».

La defensa de la industria nacional

La CATT también defendió la industria nacional y aseguró que la desregulación del sector del transporte y la limitación al derecho a huelga ponen en riesgo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia. El gremio instó a las autoridades a mostrar voluntad de diálogo ante los reclamos y agregó que evaluarán medidas adicionales y otras acciones de protesta en caso de que no suceda.

La voz de los trabajadores

Los trabajadores del transporte se mostraron unidos en su lucha contra la desregulación y la limitación al derecho a huelga. Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA), hizo un llamamiento a defender la Dirección Nacional de Vialidad y aseguró que «hace tres meses nos vienen atacando con que va a salir un decreto que primero nos iba a fusionar, después que nos querían sacar el convenio colectivo y ahora es directamente que cierran», concluyó.

El gobernador Marcelo Orrego anunció la implementación de un protocolo antipiquetes en la provincia de San Juan, luego de una masiva protesta de taxistas y remiseros que paralizó las calles del microcentro provincial. La medida busca garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos y evitar interrupciones del tránsito como forma de protesta.

Orrego defendió la aplicación de la ley y aseguró que quienes la infrinjan tendrán sus consecuencias. «La gente tiene que tener libertad para circular, para llegar a su trabajo o a un hospital», afirmó el mandatario. Además, anunció el envío de un proyecto a la Cámara de Diputados para regular el transporte público en San Juan.

“El protocolo antipiquetes es fundamental. La gente tiene que ser libre para circular, para transitar, para llegar al trabajo, para llegar a un hospital. Así que en San Juan vamos a aplicar la ley”, sostuvo Orrego, quien advirtió que quienes incumplan las normas “tendrán sus consecuencias”.

“Las plataformas tecnológicas han llegado para quedarse. Se bajan las aplicaciones y funcionan. No hay forma de controlar eso”. Además, reconoció que el verdadero problema no radica en las apps, sino en un sistema de licencias que, según expresó, favorece intereses particulares.

“Tenemos que terminar con un negocio que tienen dos o tres personas que les alquilan las licencias a mucha gente. Eso no puede continuar”, afirmó el mandatario sanjuanino.

El secretario de Seguridad se suma al anuncio

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó la implementación inmediata del protocolo antipiquetes y aseguró que no se permitirán más cortes de calles en San Juan. Delgado explicó que la nueva medida se basa en un protocolo provincial que tiene como objetivo garantizar el libre tránsito de todos los ciudadanos.

La protesta de taxistas y remiseros

La protesta de taxistas y remiseros se debió a la competencia desleal de las aplicaciones de transporte y la falta de regulación en el sector. Los manifestantes exigieron una mayor intervención del Estado provincial para regularizar la situación.