
La UOM denuncia trabas del gobierno nacional y presión empresarial en plena negociación paritaria
El titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, Martín Solazzo, expuso la compleja situación del sector en medio de una disputa salarial estancada. Denunció falta de voluntad empresaria, intervención del gobierno y una pérdida acumulada del poder adquisitivo que golpea de lleno a los trabajadores.
En una entrevista reciente, Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la provincia de San Juan, compartió detalles sobre la tensa y prolongada negociación paritaria que atraviesa el sector.
Durante la jornada de este martes se desarrolló una reunión entre el gremio a nivel nacional y las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo, donde, según el dirigente, no se logró avanzar en ninguna dirección.
«Ambas partes sostuvieron sus posturas. Desde la UOM seguimos exigiendo una recomposición real del salario perdido, mientras que las empresas insisten con una propuesta que consideramos irrisoria», manifestó el Solazzo. La oferta empresarial consiste en un aumento del 2% en abril, 1% en mayo y otro 1% en junio, porcentajes que calificó como “totalmente insuficientes” frente al impacto de la inflación.
El sindicalista detalló que durante la última paritaria se perdió casi un 6% del poder adquisitivo y que ni siquiera se ha discutido aún una propuesta sólida hacia adelante. «Primero queremos que se reconozca y compense lo perdido, y luego avanzar en una nueva negociación», remarcó.
El malestar crece en la base trabajadora
Según el titular de la UOM, los trabajadores metalúrgicos sanjuaninos aún no han percibido un aumento salarial correspondiente a abril y continúan cobrando con valores de marzo. Esto ha generado un malestar generalizado entre los empleados, en un contexto donde la suba del costo de vida no da tregua.
«Es entendible la bronca de los compañeros. Seguimos estancados con salarios bajos, sin respuestas claras y con un gobierno nocional que, lejos de mediar, parece colaborar con el sector empresarial para dilatar todo», enfatizó Solazo. Además, denunció la existencia de “trabas constantes” y maniobras desde el gobierno para evitar homologar cualquier mejora que pudiera surgir, incluso si hay acuerdo entre las partes.
Esta actitud, aseguró, empuja a la organización a considerar medidas de fuerza. “Nos están dejando sin alternativas. La protesta en la calle podría volverse inevitable porque el reclamo es justo y urgente», advirtió.
El conflicto en el sector siderúrgico: un año sin mejoras
Una de las situaciones más críticas se da en el ámbito siderúrgico, donde, según el gremialista, los trabajadores llevan diez meses sin acuerdo en los salarios. “Tienen prácticamente congelado el sueldo desde hace un año. Es insostenible», afirmó.
Solazo denunció la concentración del poder económico y político en este sector, acusando directamente al empresario Paolo Rocca, titular del Grupo Techint. «Estamos frente a un monopolio que impone condiciones. Tiene gente de su equipo en la Secretaría de Trabajo y eso bloquea cualquier posibilidad de avance», señaló con dureza.
La falta de negociación, el freno a las manifestaciones gremiales y la presión del grupo empresario configuran, según Solazo, un escenario extremadamente complejo para la representación sindical. “Nos sentimos atados de manos. Este poder económico maneja la agenda laboral y condiciona al gobierno», sostuvo.
El sindicalista informó que este jueves se llevará a cabo una nueva reunión entre el gremio y la cámara empresarial del sector siderúrgico. Aunque las expectativas son cautas, desde la UOM insisten en la necesidad de respuestas concretas y urgentes.
«Vamos a seguir defendiendo el salario de los compañeros. No pedimos privilegios, exigimos lo que corresponde para vivir con dignidad», concluyó Solazo.
El conflicto entre la UOM y las cámaras empresarias refleja una problemática que se repite en distintos sectores del país: salarios desactualizados, pérdida del poder adquisitivo y negociaciones estancadas. En este caso, la situación se agrava por la injerencia del poder económico y la falta de respuestas del gobierno, lo que pone en jaque la estabilidad de miles de trabajadores metalúrgicos que hoy luchan por una recomposición urgente y justa.
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Gobernadores vs. Vialidad Nacional: un conflicto por la gestión de los fondos

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) criticó el proyecto de los gobernadores provinciales para recibir directamente los fondos del impuesto a los combustibles, argumentando que podría desmantelar el sistema vial nacional y comprometer la coherencia territorial.
La posición del sindicato
Graciela Aleñá, líder del STVyARA, cuestionó técnicamente el proyecto y sostuvo que la administración de los fondos por parte de Vialidad Nacional es esencial para garantizar la coherencia territorial y la planificación estratégica nacional. «La provincialización de los fondos puede tener una motivación legítima desde las necesidades locales, pero puede comprometer la planificación estratégica nacional», afirmó.
Aleñá destacó la importancia de la planificación estratégica nacional para garantizar la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país. «La red vial argentina requiere una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales», afirmó.
La dirigente gremial advirtió que la desarticulación del sistema vial nacional tendría consecuencias graves, incluyendo la pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada.
Aleñá destacó también la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con lo que mandan las leyes vigentes y garantice que los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados. «No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa», concluyó.
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Trabajadores del Garrahan denuncian abandono oficial y lanzan un paro

La situación en el Hospital Garrahan es crítica. Los trabajadores del hospital, incluyendo médicos y personal no médico, se encuentran en una lucha constante por mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, el Gobierno nacional ha demostrado una falta de interés en resolver el conflicto, lo que ha llevado a una profundización de la crisis.
Con este panorama, en una Asamblea de trabajadores del Hospital Garrahan se determinó convocar a un paro de 24 horas y a una movilización a Plaza de Mayo para exigir respuestas al Gobierno nacional sobre el congelamiento presupuestario, la falta de insumos y el deterioro salarial que afecta a los trabajadores del nosocomio.
El escenario en el Hospital Garrahan ha alcanzado una situación crucial. Los trabajadores del nosocomio, respaldados por la Junta Interna de ATE, anunciaron medidas de fuerza con un paro de 24 horas para el 10 de julio y una movilización a Plaza de Mayo el 17 de julio. La medida se enmarca en un plan de lucha contra el congelamiento presupuestario, la falta de insumos y el deterioro salarial que ha llevado a los trabajadores a estar por debajo de la línea de pobreza.
El impacto en la atención médica
La falta de insumos y el deterioro salarial han tenido un impacto directo en la atención médica que se brinda en el hospital. Los trabajadores advirtieron que, si no se toman medidas urgentes, la situación puede empeorar aún más. En los últimos 40 días, se han presentado 20 renuncias, lo que generó una gran preocupación entre los trabajadores y la comunidad.
La movilización
Alejandro Lipcovich, trabajador del nosocomio y secretario general de ATE Garrahan, explicó que «por tercera vez consecutiva la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo quedó en la nada». Los trabajadores están decididos a no dar marcha atrás y exigen respuestas concretas del Gobierno nacional.
La Asamblea del Garrahan convocó a diversos sectores de la población a sumarse a la movilización del 17 de julio para mostrar el apoyo a la lucha de los trabajadores del hospital. La movilización partirá desde el Congreso a Plaza de Mayo a las 16:30 horas y se espera que sea una muestra de la fuerza y la unidad de los trabajadores y la comunidad.
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Julio llega con una ola de aumentos en nafta, alquileres, telefonía, prepagas y más

Un nuevo mes trae consigo una nueva ola de aumentos en diversos rubros, que afectarán a los bolsillos de los argentinos. Combustibles, telefonía celular, alquileres, prepagas y servicios básicos son algunos de los sectores que sufrirán incrementos de entre el 4% y el 66%.
La llegada de julio trae consigo una serie de ajustes en diferentes sectores que impactarán directamente en la economía de los argentinos. Uno de los rubros que sufrirá un incremento significativo es el de los combustibles, con un aumento que podría rondar el 5% en la nafta y el gasoil. Esto se debe a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono establecida por el Gobierno nacional.
Alquileres: un aumento del 66%
Los alquileres serán otro rubro que tendrá un incremento significativo, con una suba anual del 66,1% para julio. Esto impactará a los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado. En los últimos meses, los alquileres experimentaron aumentos significativos, con un 80,6% en junio, 95,24% en mayo y 116,85% en abril.
Telefonía y telecomunicaciones
Las compañías de telefonía celular y cable también aplicarán nuevos aumentos este mes, que rondan el 5%. Esto se debe a la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.
Servicios públicos y prepagas
Las tarifas de servicios públicos, como la electricidad, el gas natural y el agua, seguirán con sus actualizaciones mensuales tomando como referencia la inflación. En materia de salud, los planes de las prepagas tendrán una suba que rondará entre el 1,2% y el 2,6%, dependiendo de la empresa.
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