El Poder Ejecutivo emitió una resolución que delega en la Jefatura de Gabinete la facultad de suscribir convenios con universidades nacionales. La resolución se enmarca en una estrategia más amplia de control y ajuste sobre las casas de altos estudios, que incluye la realización de auditorías y la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de fondos. Sin embargo, esta estrategia no contempla la solución a los problemas estructurales que afectan a las universidades, como la falta de financiamiento y la caída de los salarios de los docentes y no docentes.

Impacto en la autonomía universitaria

La decisión causó preocupación en la comunidad universitaria, que teme que la mayor centralización del control de los gastos afecte la capacidad de las universidades para llevar a cabo proyectos y programas de investigación y extensión. La autonomía universitaria, principio fundamental de la educación superior, se ve amenazada por la creciente intervención gubernamental.

Repercusiones políticas y sociales

Esta nueva disposición generó grandes repercusiones con algunos sectores políticos y sociales expresando su apoyo a la medida y otros criticándola duramente. La oposición política ha acusado al Gobierno de intentar controlar la educación pública y de no priorizar la inversión en la educación superior.

La resolución gubernamental plantea interrogantes sobre la política educativa del Gobierno y su compromiso con la educación pública. La iniciativa puede tener consecuencias negativas en la calidad de la educación superior y en la capacidad de las universidades para cumplir con su misión de formar profesionales y generar conocimiento.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que los supermercados y comercios del país comenzarán a abonar esta semana los incrementos salariales correspondientes al acuerdo paritario del trimestre abril-junio.

La FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, confirmó que los incrementos salariales serán liquidados esta semana, pese a la demora del gobierno en homologar la paritaria. El acuerdo alcanzado contempla un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, lo que implica un ajuste significativo en las remuneraciones de los trabajadores mercantiles.

El salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000, mientras que se pactaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir del mes de julio, lo que representa una mejora sustancial en las condiciones laborales de los empleados de comercio.

La FAECYS destacó que esta decisión refuerza la plena vigencia del convenio colectivo y brinda certidumbre a los trabajadores en un contexto económico complejo. La entidad sindical recordó que el acta del acuerdo incluye una cláusula específica que garantiza la aplicación de los aumentos, incluso ante una demora en la homologación administrativa por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El Colegio Médico de San Juan anunció el cierre total del Sanatorio CIMyN debido a la falta de pagos y atrasos por parte de la Obra Social Provincia, que supera los $1.200 millones. La medida afecta a más de 130 empleados que están en riesgo de perder su trabajo.

La crisis en el CIMyN es el resultado de una deuda millonaria con la Obra Social Provincia (OSP) que supera los $1.200 millones. Según el Colegio Médico, la OSP paga las prestaciones un 30% por debajo de lo que deberían, lo que hace inviable la continuidad económica del establecimiento. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, señaló que la situación es crítica y que la salud privada está a punto de colapsar.

«Antes había un aporte nacional que era el FESCAS, que pagaba el 30% del sueldo de los empleados. Con la llegada de este Gobierno Nacional, esto desapareció y en ese mismo momento se aumentó un 50% el sueldo del personal de salud. Eso quedó, pero no se compensó nunca ese porcentaje que se estaba pagando por debajo», expresó Bordes.

Sin embargo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, aseguró que la responsabilidad del cierre no es de la obra social, sino de un mal manejo de los propietarios del CIMyN. Fasoli destacó que la OSP es uno de los principales pagadores de la provincia y que sus valores prestacionales no son tan bajos como para generar pérdidas.

«Ellos han manifestado que no pueden manejarlo administrativamente. Necesita pasos de corrección y ajuste, porque con los mismos valores prestacionales otras instituciones no están en crisis e incluso algunas crecen formando más camas y prestando más servicios. El motivo por el que no ocurre en el CIMyN tiene que ver con muchas cosas, pero no con la OSP», contestó Fasoli.

La voz de los trabajadores:

Los empleados del CIMyN se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la intervención del Estado y lograr la conciliación obligatoria. Mariana Bravo, delegada de los trabajadores, expresó que la situación es crítica y que el personal está muy preocupado por su futuro laboral.

«Hemos sido recibidos y se declaró la conciliación obligatoria. Eso es lo que conseguimos hasta ahora», señaló Bravo. «Actualmente, 136 empleados en relación de dependencia atraviesan una situación crítica: en abril sólo cobraron el 50% de sus haberes. Lo de los vouchers fue en otra ocasión. Ahora lo que estamos tratando de conseguir es que se nos pague el otro 50%», aclaró.

El cierre del CIMyN tendrá un impacto significativo en la comunidad de San Juan, ya que es un centro de salud de alta complejidad que atiende a una gran cantidad de pacientes. La pérdida de empleos y la falta de atención médica especializada serán algunos de los efectos más graves de esta crisis.