El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, la Mesa Sindical —que nuclea a más de medio centenar de organizaciones gremiales— denunció que el Gobierno nacional se niega a actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor para evitar mostrar un nivel inflacionario más elevado. Aseguran que trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 23% por el uso de datos desactualizados.

Según denunciaron, Lavagna había anunciado la actualización de los criterios de ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. Sin embargo, esa iniciativa habría chocado con la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente Javier Milei. La razón, sostienen desde el arco sindical, es política: con una canasta actualizada, la inflación de enero habría alcanzado el 3,4%, un dato incompatible con el relato oficial de desaceleración sostenida.

En ese marco, la Mesa Sindical advirtió que el Ejecutivo continuará utilizando un índice construido sobre patrones de consumo que datan de 2004, a pesar de los profundos cambios económicos y sociales registrados en las últimas dos décadas. “El nuevo método reflejaría un índice mayor y no es conveniente que esos datos se conozcan públicamente”, señalaron, al tiempo que alertaron que esta distorsión seguirá ampliándose mes a mes.

El cuestionamiento no se limita a una discusión técnica. Para los gremios, el uso de una inflación subestimada tiene consecuencias concretas y directas sobre los ingresos. Según sus cálculos, trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida cercana al 23% como resultado de la “mala praxis gubernamental” en la medición del IPC, una brecha que impacta en salarios, haberes previsionales, paritarias y actualizaciones contractuales.

La crítica sindical se apoya además en la experiencia cotidiana. “El Gobierno quiere tapar el sol con las manos, pero la realidad lo deja desnudo”, afirmaron. Enumeraron aumentos en tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones, subas pronunciadas en alquileres, incrementos persistentes en alimentos y un fuerte encarecimiento de los útiles escolares. “Son hechos, no opiniones”, remarcaron.

Incluso la metodología que proponía Lavagna fue considerada insuficiente por el colectivo gremial. A su entender, la actualización hubiera reflejado patrones de consumo de 2017, una referencia que también quedó desfasada tras años de crisis, inflación elevada y cambios en la estructura del gasto de los hogares. Por eso, reclaman un nuevo índice construido con participación de trabajadores y consumidores, quienes —subrayan— son los principales afectados por la distorsión estadística.

Para la Mesa Sindical, la disputa por el IPC excede la figura de un funcionario o una metodología puntual: expone una decisión política de negar la realidad económica. “Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos”, concluye el comunicado firmado por más de 50 organizaciones gremiales.

En un momento de gran pérdida sostenida del poder adquisitivo, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a quedar bajo sospecha y se transforma en un eje central del conflicto social y laboral que atraviesa el país.

La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.