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En un escenario de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores, los sindicatos UDAP, UDA y AMET confirmaron su adhesión al paro general convocado por la CGT. A pesar de la conciliación obligatoria a nivel provincial, las organizaciones docentes priorizan la defensa de la educación pública, los salarios dignos y el financiamiento para las escuelas técnicas.

La jornada del jueves 10 de abril se perfila como un hito de alto voltaje político y social, con el paro nacional encabezado por la CGT y acompañado por múltiples gremios del arco educativo. En San Juan, UDAP, UDA y AMET —las tres principales entidades representativas del sector docente— anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, que se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo. La decisión se produce en el marco de un creciente malestar sindical por la pérdida del poder adquisitivo, el congelamiento salarial, la precarización laboral y el vaciamiento presupuestario de la educación técnica.

La protesta se gestó en simultáneo con las disputas derivadas de la conciliación obligatoria vigente en la provincia, dictada por la Subsecretaría de Trabajo local desde el pasado 11 de marzo. Sin embargo, los gremios insisten en que se trata de dos escenarios jurídicamente diferenciados: una conciliación de alcance provincial frente a una huelga de escala nacional. La estrategia gremial se ampara en la legalidad de la convocatoria general dispuesta por la CGT, lo que permitiría a los sindicatos adherirse sin incurrir en sanciones formales. La lectura que subyace es política: el conflicto supera los márgenes del ámbito local para situarse en un plano más amplio de confrontación con las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El trasfondo: salarios de indigencia y financiamiento en crisis

El núcleo del reclamo docente gira en torno a una agenda urgente y profundamente estructural: salarios que rozan la línea de la indigencia, jubilaciones empobrecidas, incumplimiento de paritarias y recortes en el envío de fondos para las escuelas técnicas. Desde la AMET, reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (N.º 26.058), que exige un financiamiento específico para estas instituciones. Su incumplimiento no solo compromete el funcionamiento cotidiano de los establecimientos, sino que también debilita el desarrollo productivo y tecnológico del país.

Por su parte, UDA alertó sobre la existencia de un piso salarial docente que, con cifras cercanas a los $500.000, se ubica peligrosamente por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, desde el gremio, resaltaron que la situación de los trabajadores de la educación y de los jubilados refleja un deterioro constante, que se agrava con la desactualización de las paritarias y la política de despidos en el sector público.

Desde UDAP, su secretaria general, Patricia Quiroga, enfatizó que la adhesión al paro está enmarcada dentro de la ley, en tanto se trata de una convocatoria nacional. En declaraciones a medios locales, remarcó que la medida responde a un cuadro de profunda injusticia social, donde los trabajadores son los principales perjudicados por un modelo económico excluyente.

Un paro que interpela a la sociedad

La dimensión del paro del 10 de abril trasciende lo meramente gremial. Se trata de una interpelación directa a la sociedad sobre el modelo de país que se está construyendo: uno donde la educación, lejos de ser una prioridad, aparece relegada a un rol marginal. La protesta convoca no sólo a los docentes, sino también a las familias, los estudiantes y la ciudadanía en general, quienes deberán preguntarse si el rumbo actual garantiza derechos o los desmantela.

Cabe recordar que, si bien la mayoría del personal docente sanjuanino se plegará a la huelga, algunos educadores podrían optar por dictar clases, lo que generará una situación dispar y confusa en las aulas. En ese contexto, muchas familias se ven obligadas a consultar con las instituciones educativas para confirmar si habrá actividad escolar el jueves.

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Paritarias: Qué gremios cobrarán aumentos salariales en septiembre

Con un panorama preocupante de inflación persistente, varios gremios lograron cerrar paritarias y avanzar con mejoras salariales para este mes de septiembre.

A continuación, te presentamos un resumen de los acuerdos alcanzados por sector:

  • Estatales (Provincia de Buenos Aires): Cobrarán un aumento del 2,5% sobre los haberes de julio, más un 7,5% en viáticos.
  • Construcción (UOCRA): Se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio.
  • Empleadas Domésticas: Percibirán un 1% de aumento y la última cuota de un bono no remunerativo (de $4.000 a $9.500 según las horas).
  • Comercio (General, Call Centers y Turismo): Cobrarán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000.
  • Bancarios: El sueldo inicial alcanzará $1.895.421.
  • Metalúrgicos (UOM): Recibirán un 1% correspondiente a agosto más 25.000 no remunerativos. El ingreso mínimo global de referencias se ubica en 909.114.
  • Camioneros: Cobrarán un 1% de agosto más una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano ya reclama una revisión.
  • Sanidad (FATSA): Percibirán un 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000.
  • Playeros (Estaciones de Servicio): El salario básico de un operador de playa será de $1.025.576.
  • Colectiveros (UTA – AMBA): El salario total a percibir (incluyendo viáticos) será de $1.600.000.
  • Vigiladores Privados: Tendrán un aumento del 0,9%, llevando el básico a $808.600.
  • Encargados de Edificio: Recibirán un aumento sobre los básicos de julio más una suma fija de $50.000.
  • Trabajadores Rurales: Tendrán un 1,5% de incremento más un bono de $20.000.

El panorama refleja una negociación paritaria compleja, donde la mayoría de los sindicatos lucha por no quedar rezagado frente a una inflación que continúa erosionando el poder de compra de los salarios. Los acuerdos alcanzados varían según el sector y el gremio, pero en general, buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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