El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

La actividad aérea en Argentina se mantuvo en vilo en los últimos días debido a un conflicto laboral entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.). La situación se volvió crítica cuando ATEPSA anunció medidas de fuerza que afectarían vuelos programados entre el 11 y el 30 de julio, generando alarma entre usuarios y operadores del sector.

Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, obligando tanto al gremio como a EANA a retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. Esto incluye dejar sin efecto las medidas de fuerza por parte de los trabajadores y también suspender los despidos ejecutados por la empresa estatal durante el período conciliatorio.

Sin embargo, la conciliación no resuelve el conflicto laboral de fondo. ATEPSA insiste en que los despidos son injustificados y que las condiciones laborales deben ser mejoradas. Los trabajadores denuncian presiones internas para frenar los reclamos y aseguran que no van a bajar los brazos. La situación sigue siendo tensa y podría generar nuevos conflictos en el futuro.

La intervención del Gobierno busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva. Sin embargo, la pregunta es si esta medida será suficiente para resolver el conflicto laboral y evitar futuras interrupciones en la actividad aérea.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un contundente rechazo al cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), anunciado por el Gobierno nacional como parte de una reestructuración del Estado. La central obrera expresó su repudio a la medida y se puso a disposición para respaldar acciones en defensa de los trabajadores y la seguridad de las rutas argentinas.

El cierre de Vialidad Nacional es una medida que causó un amplio rechazo en el sector sindical y en la sociedad en general. La CGT calificó las decisiones del Ejecutivo como «intempestivas e improvisadas» y advirtió que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo y transforman las carreteras en un «espacio de abandono», con potenciales consecuencias fatales para los millones de personas que las transitan diariamente.

La Confederación General del Trabajo se ha mostrado firme en su rechazo al cierre este organismo y expresó su disposición a respaldar acciones en defensa de los trabajadores y la seguridad de las rutas argentinas. La central obrera denunció que el recorte prioriza la incertidumbre laboral sobre la infraestructura y la prevención de accidentes, una de las principales causas de mortalidad en el país.

El cierre de Vialidad Nacional podría tener graves consecuencias para la seguridad vial en Argentina. La falta de mantenimiento y supervisión de las rutas podría generar un aumento en la tasa de accidentes y mortalidad en las carreteras. La CGT advirtió que la medida podría transformar las ruta en un «espacio de abandono» y llamó a la reflexión al Gobierno sobre los posibles efectos de sus decisiones.

En este sentido, el Gobierno defendió la medida argumentando que es necesaria para reducir el gasto público y eliminar duplicaciones en la gestión vial. Sin embargo, la central obrera cuestionó la falta de debate y consulta en la implementación de esta medida y alertando que el recorte prioriza la incertidumbre laboral sobre la infraestructura y la prevención de accidentes.