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La segunda reunión de conciliación obligatoria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes se llevó a cabo en un clima de expectativa y cautela. Con una oferta de $100.000 a pagar en dos tramos, la administración provincial de Orrego busca destrabar un conflicto salarial que mantiene en vilo a la comunidad educativa. Sin embargo, los gremios no han dado una respuesta definitiva y el escepticismo persiste.

La propuesta oficial contempla, entere otros puntos, el desembolso de $50.000 el primer fin de semana de abril y el resto a finales de ese mes. Este esquema de pago, lejos de representar una solución estructural, parece más una medida paliativa que no logra satisfacer las demandas de los sindicatos.

El trasfondo económico agrega complejidad a la discusión. Según el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, la coparticipación federal ha caído un 7% en febrero y se proyecta una merma del 10% para marzo. Este panorama es utilizado como argumento por la administración provincial para justificar la oferta limitada. Sin embargo, desde los gremios docentes se plantea una visión opuesta: afirman que la inflación del 200% en 2023 y la recaudación con un aumento del 150% deberían haber generado mayor margen para mejorar los salarios.

La falta de actualización presupuestaria es otro punto de conflicto. Durante todo 2024, el Gobierno de San Juan ha operado con el presupuesto de 2023, un esquema que los sindicatos consideran obsoleto e inadecuado para enfrentar la escalada inflacionaria.

La conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo llevó a los gremios a suspender las medidas de fuerza, aunque no sin reparos. Desde UDAP, UDA y AMET se ha manifestado desconfianza en la imparcialidad de la autoridad de aplicación, dado que esta depende del mismo Gobierno con el que negocian. Aun así, los dirigentes sindicales asistieron a la reunión para «demostrar buena fe negocial».

En este marco, el hecho de que el Gobierno haya decidido no descontar los días de paro se presenta como una concesión menor en una negociación que sigue sin avances significativos. La tensión entre ambas partes sigue latente, y los docentes exigen garantías de una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo.

Con la oferta sobre la mesa, ahora la decisión recae en las bases. Los representantes gremiales se comprometieron a someter la propuesta a la evaluación de los docentes y dar una respuesta en un plazo no superior a dos semanas. Mientras tanto, el Gobierno confía en que su oferta resulte suficiente para evitar nuevos paros, aunque la incertidumbre persiste.

El punto clave será si la suma ofrecida se percibe como una mejora real o como un intento de desactivar el conflicto sin atender el reclamo de fondo. La inflación descontrolada, la falta de previsibilidad en los ingresos y la precarización de las condiciones laborales siguen siendo los ejes de una disputa que, lejos de resolverse, parece estar en una tregua momentánea.

La respuesta de los gremios en las próximos días será clave para determinar el rumbo del conflicto. Si la oferta es rechazada, el Gobierno deberá reformular su estrategia o enfrentar un escenario de protestas que podría poner en jaque el normal desarrollo del ciclo lectivo.

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La Corte de San Juan notificó seis vacantes al Consejo de la Magistratura

La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.

Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.

Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.

El origen de las vacantes

No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.

La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.

En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.

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Movistar, Claro y Personal acordaron una nueva suba salarial para sus trabajadores

La CONSITEL acordó con Movistar, Claro y Personal dos pagos únicos equivalentes al 2,10% de las escalas de julio y una actualización salarial del mismo porcentaje desde octubre. Las partes retomarán la negociación a mediados de septiembre.

Los trabajadores de las telecomunicaciones tendrán nuevos incrementos en los próximos meses luego del acuerdo alcanzado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con Movistar, Claro y Personal. El entendimiento contempla pagos extraordinarios durante agosto y septiembre y una suba del 2,10% sobre las escalas salariales a partir de octubre de 2026.

El primer pago será abonado en agosto y equivaldrá al 2,10% de las escalas conformadas correspondientes a julio. En septiembre se repetirá el mismo porcentaje, calculado sobre las escalas de julio, aunque en este caso se incorporará además el impacto asociado a la productividad.

La actualización permanente llegará en octubre, cuando las escalas salariales se incrementen un 2,10%. La distribución será diferente según se trate de trabajadores de telecomunicaciones fijas o móviles.

Para quienes se desempeñan en la telefonía fija, el 1,85% se aplicará sobre las remuneraciones: el 60% se incorporará al salario básico y el 40% al Adicional Especial. El 0,25% restante se trasladará al viático convencional no sujeto a rendición, con los efectos correspondientes sobre los adicionales.

En la telefonía móvil, en cambio, la totalidad del incremento del 2,10% se incorporará al salario básico.

El acuerdo establece además que esta actualización de las escalas será considerada para determinar el pago correspondiente al Día del Trabajador Telefónico de 2027.

La negociación continuará en septiembre

El entendimiento no cierra la discusión paritaria anual. CONSITEL y las empresas acordaron volver a reunirse a mediados de septiembre para evaluar la evolución de los salarios y continuar con la negociación.

El nuevo acuerdo llega después del entendimiento alcanzado en julio, cuando las organizaciones sindicales habían conseguido una actualización del 6,74% sobre las escalas correspondientes a mayo de 2026, aplicada a partir de los salarios de ese mes.

En aquella oportunidad, la distribución también contempló diferencias entre las ramas fija y móvil. Para los trabajadores móviles, el incremento se incorporó íntegramente al básico. En la telefonía fija, el 6% se distribuyó entre el salario básico y el Adicional Especial, mientras que el 0,74% restante se destinó al viático convencional no sujeto a rendición.

CONSITEL había señalado entonces que aquella recomposición buscaba compensar la inflación acumulada del 33,55% correspondiente al período paritario comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Con el nuevo pacto, la negociación incorpora dos pagos extraordinarios y una nueva actualización de las escalas, mientras las partes mantienen abierta la discusión para septiembre. La evolución de los precios y del poder adquisitivo será, nuevamente, uno de los factores centrales para la próxima instancia paritaria.

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La Ruta 40 norte suma obras para sostener el tránsito minero

Vialidad Nacional intensificó el mantenimiento del tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja. Las tareas incluyen defensas aluvionales, limpieza de cauces, señalización y preparación de equipos para emergencias, en un corredor que concentra tránsito minero y conecta a San Juan con el norte del país.

El corredor adquirió mayor relevancia por el crecimiento del transporte vinculado con los emprendimientos mineros del norte sanjuanino, además de su importancia para la circulación comercial, social y turística entre ambas provincias.

El 9° Distrito San Juan del organismo nacional indicó que las intervenciones apuntan a preservar la transitabilidad y elevar las condiciones de seguridad para vehículos particulares y transporte pesado. Entre los trabajos se encuentran la ejecución y mantenimiento de defensas aluvionales, limpieza de cauces, acondicionamiento de la calzada y refuerzo de la señalización.

La preparación adquiere especial importancia por las características del trazado. Este tramo concentra la mayor cantidad de badenes de la red troncal nacional, una particularidad que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre los puntos de escurrimiento y las condiciones de circulación.

La proximidad con la precordillera también expone a la ruta a episodios de lluvias intensas durante el verano. En períodos de precipitaciones extraordinarias, cauces habitualmente secos pueden activarse de manera repentina y transportar grandes volúmenes de agua, barro y material de arrastre hacia la calzada.

Frente a ese riesgo, Vialidad concentra parte de las tareas preventivas antes de la temporada de mayores precipitaciones. La limpieza de cauces y el acondicionamiento de las defensas buscan disminuir las interrupciones y permitir una respuesta más rápida ante eventuales cortes.

A estas intervenciones se suma la disponibilidad de equipos preparados para actuar frente a emergencias, un aspecto especialmente relevante en una ruta utilizada por camiones y vehículos asociados al movimiento minero. La continuidad del corredor resulta determinante para el traslado de insumos, maquinaria y producción hacia otros puntos del país.

La Ruta 40 también cumple una función de integración territorial. Su conexión con La Rioja permite sostener desplazamientos de residentes, transporte de cargas y circulación turística, por lo que las obras exceden las necesidades específicas de la minería.

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