El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso concentra una parte significativa de los recursos previstos para infraestructura en un reducido grupo de grandes emprendimientos. Sobre una partida total de aproximadamente $1,3 billones para obra pública, las diez iniciativas con mayores asignaciones reúnen unos $585.000 millones, cerca del 45% del total.

La propuesta oficial contempla más de 435 obras distribuidas entre rutas, ferrocarriles, represas, edificios públicos, infraestructura tecnológica y otros proyectos. La inversión en infraestructura representa alrededor del 0,7% de los $202,1 billones que conforman el gasto total proyectado para el próximo ejercicio.

La distribución territorial presenta diferencias marcadas. Buenos Aires concentra unos $321.000 millones, mientras que San Luis aparece con aproximadamente $4.200 millones. En el caso de las obras interprovinciales, el proyecto contempla unos $151.000 millones; para emprendimientos de alcance nacional, $110.000 millones, y para infraestructura en el exterior, incluidos edificios diplomáticos, otros $2.400 millones.

Las diez obras con mayores partidas

1. Ferrocarril General Roca — Constitución-La Plata: $126.000 millones.
   La mejora integral del ramal, vinculada a financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, encabeza el listado con una asignación de $126.000 millones.
2. Aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz: $82.000 millones.
   El proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz ocupa el segundo lugar entre las mayores partidas previstas para 2027, con $82.000 millones.
3. Autopista Ruta Nacional 9/34, Salta: $69.000 millones.
   Se trata del tramo comprendido entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, en la sección que parte del kilómetro 1.422 de la RN 9 y llega hasta el kilómetro 1.449,5.
4. Misiones satelitales – Etapa III: $67.000 millones.
   El programa nacional de misiones satelitales figura entre las iniciativas con mayor financiamiento, con una partida de $67.000 millones.
5. Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $64.000 millones.
   La obra localizada en Buenos Aires recibe $64.000 millones y ocupa el quinto lugar del listado.
6. Reactor RA-10: $40.000 millones.
   El proyecto para la construcción del reactor experimental RA-10, también localizado en la provincia de Buenos Aires, contempla $40.000 millones.
7. Complejo Federal de Condenados de Agote: $39.000 millones.
   La construcción del complejo penitenciario de Agote, en territorio bonaerense, cuenta con una previsión de $39.000 millones.
8. Cuatro helicópteros navales livianos: $38.000 millones.
   El presupuesto incorpora $38.000 millones para la incorporación de cuatro helicópteros destinados a la Base Naval Puerto Belgrano.
9. Autopista Ruta Nacional 9/34, Jujuy: $34.000 millones.
   La continuidad del corredor hacia el límite provincial aparece nuevamente entre las diez mayores partidas, esta vez con $34.000 millones asignados al tramo correspondiente a Jujuy.
10. Satélites SARE II A: $26.000 millones.
    Cierra el listado el proyecto para el diseño, fabricación, integración y ensayo de cuatro satélites, con una asignación de $26.000 millones.

El conjunto de estas diez iniciativas muestra una combinación de infraestructura ferroviaria y vial, generación hidroeléctrica, desarrollos tecnológicos, equipamiento para la defensa y construcción penitenciaria. Cuatro de ellas corresponden a la provincia de Buenos Aires, que además es el distrito con la mayor asignación global para obras dentro del proyecto.

La concentración de recursos también permite observar una característica del Presupuesto 2027: la inversión física nacional no se distribuye de manera uniforme entre jurisdicciones ni responde únicamente a obras tradicionales. Junto con rutas, ferrocarriles y represas aparecen proyectos vinculados con tecnología espacial, energía nuclear y equipamiento militar.

El primer examen del concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan dejó 1.209 aspirantes habilitados para continuar en la selección, después de una semana en la que 1.997 personas rindieron la prueba de dactilografía. De ese total, 788 no alcanzaron el requisito establecido. El concurso se prolongará hasta el 6 de octubre y contempla cinco instancias eliminatorias.

Un dato clave en el arranque de la jornada fue la diferencia entre la convocatoria y la presentación efectiva. La tasa de ausentismo se situó en el 38,36%, dado que 1.243 de los 3.240 postulantes convocados no se presentaron. En consecuencia, el nivel de asistencia alcanzó el 61,64%.

Seis de cada diez personas que asistieron lograron aprobar, lo que se traduce en 1.209 aprobados (un 37,31% del total de convocados en esta primera semana). Al tratarse de resultados parciales de esta tanda, todavía no es posible proyectar un balance definitivo del concurso.

La evaluación constituye el primer filtro de un proceso compuesto por cinco instancias eliminatorias. Los postulantes deben transcribir un texto de contenido jurídico de 100 palabras en un plazo máximo de cuatro minutos, con el cumplimiento de los parámetros fijados por el Poder Judicial.

La proceso se organiza en turnos de unas 40 personas. Cada grupo recibe una inducción previa de 10 a 15 minutos sobre el funcionamiento de la prueba y cuenta con dos minutos para familiarizarse con la plataforma. De este modo, la organización prevé evaluar a cerca de 720 participantes por jornada.

Los postulantes que superaron la prueba de dactilografía avanzarán ahora a la evaluación de ortografía, en el inicio de un proceso de selección estrictamente eliminatorio. Como novedad en esta convocatoria, los aspirantes deberán completar un curso virtual, asincrónico y autogestionado antes de acceder a la instancia de conocimientos teóricos.

El circuito concluirá con una entrevista personal para quienes superen todos los filtros previos. Dado el carácter excluyente de cada etapa, cualquier resultado insuficiente o inasistencia interrumpirá de forma definitiva la participación en el concurso.

El cronograma de convocatorias se desarrollará de manera escalonada hasta el próximo 6 de octubre, por lo que los resultados de esta primera semana representan apenas el corte inicial de un proceso evaluativo que aún tiene por delante sus fases más determinantes.

Con este esquema, la Justicia sanjuanina busca conformar un nuevo registro de aspirantes a partir de un mecanismo progresivo de selección, que combina destrezas técnicas, conocimientos, formación específica y una instancia final de evaluación personal.

La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.