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La segunda reunión de conciliación obligatoria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes se llevó a cabo en un clima de expectativa y cautela. Con una oferta de $100.000 a pagar en dos tramos, la administración provincial de Orrego busca destrabar un conflicto salarial que mantiene en vilo a la comunidad educativa. Sin embargo, los gremios no han dado una respuesta definitiva y el escepticismo persiste.

La propuesta oficial contempla, entere otros puntos, el desembolso de $50.000 el primer fin de semana de abril y el resto a finales de ese mes. Este esquema de pago, lejos de representar una solución estructural, parece más una medida paliativa que no logra satisfacer las demandas de los sindicatos.

El trasfondo económico agrega complejidad a la discusión. Según el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, la coparticipación federal ha caído un 7% en febrero y se proyecta una merma del 10% para marzo. Este panorama es utilizado como argumento por la administración provincial para justificar la oferta limitada. Sin embargo, desde los gremios docentes se plantea una visión opuesta: afirman que la inflación del 200% en 2023 y la recaudación con un aumento del 150% deberían haber generado mayor margen para mejorar los salarios.

La falta de actualización presupuestaria es otro punto de conflicto. Durante todo 2024, el Gobierno de San Juan ha operado con el presupuesto de 2023, un esquema que los sindicatos consideran obsoleto e inadecuado para enfrentar la escalada inflacionaria.

La conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo llevó a los gremios a suspender las medidas de fuerza, aunque no sin reparos. Desde UDAP, UDA y AMET se ha manifestado desconfianza en la imparcialidad de la autoridad de aplicación, dado que esta depende del mismo Gobierno con el que negocian. Aun así, los dirigentes sindicales asistieron a la reunión para «demostrar buena fe negocial».

En este marco, el hecho de que el Gobierno haya decidido no descontar los días de paro se presenta como una concesión menor en una negociación que sigue sin avances significativos. La tensión entre ambas partes sigue latente, y los docentes exigen garantías de una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo.

Con la oferta sobre la mesa, ahora la decisión recae en las bases. Los representantes gremiales se comprometieron a someter la propuesta a la evaluación de los docentes y dar una respuesta en un plazo no superior a dos semanas. Mientras tanto, el Gobierno confía en que su oferta resulte suficiente para evitar nuevos paros, aunque la incertidumbre persiste.

El punto clave será si la suma ofrecida se percibe como una mejora real o como un intento de desactivar el conflicto sin atender el reclamo de fondo. La inflación descontrolada, la falta de previsibilidad en los ingresos y la precarización de las condiciones laborales siguen siendo los ejes de una disputa que, lejos de resolverse, parece estar en una tregua momentánea.

La respuesta de los gremios en las próximos días será clave para determinar el rumbo del conflicto. Si la oferta es rechazada, el Gobierno deberá reformular su estrategia o enfrentar un escenario de protestas que podría poner en jaque el normal desarrollo del ciclo lectivo.

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La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras y reabrió el debate judicial

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y busca evitar eventuales daños ambientales mientras la Justicia define si corresponde admitir el reclamo.

La medida cautelar interina fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto: mantendrá suspendidos sus efectos hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y el pedido de protección judicial.

La causa se inició a fines de diciembre de 2023, cuando Árbol de Pie y otros particulares promovieron un amparo colectivo. Sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 podía comprometer el derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y afectar la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

El expediente pasó por distintas instancias judiciales sin que se resolvieran esos planteos. El juzgado de Bariloche lo había remitido a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa relacionada con la misma disposición, antes de que llegara al máximo tribunal.

La diferencia con el caso CECIM

La Corte distinguió este reclamo del presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), cuya demanda contra la derogación fue rechazada el 29 de septiembre de 2026 por falta de legitimación activa. En aquel expediente, el planteo se centraba en una presunta afectación de la soberanía nacional; el de Árbol de Pie, en cambio, invoca la protección ambiental.

Ante la falta de una respuesta judicial sobre su presentación, la asociación pidió que se aclarara el alcance del fallo anterior y reiteró la solicitud cautelar. La mayoría entendió que correspondía adoptar una protección provisoria para resguardar el acceso efectivo a la Justicia y prevenir posibles daños irreparables.

Rosenkrantz sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar esa medida en el expediente y consideró que la causa debía regresar a la Justicia federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto.

El fallo posterga la decisión sobre si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no, dejando el debate abierto. Ahora, el juzgado federal tendrá que resolver si los demandantes tienen legitimación y si se debe mantener la medida cautelar durante la tramitación del amparo.

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San Juan puso a prueba sus protocolos sísmicos en 1.380 escuelas

El ejercicio provincial comenzó durante el turno mañana y abarca a instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades. La práctica involucra a más de 243.000 estudiantes y permite evaluar los 2.400 planes de evacuación elaborados por las comunidades educativas.

La Provincia puso en marcha este viernes un simulacro de evacuación que alcanza a 1.380 establecimientos educativos y más de 243.000 estudiantes, con el objetivo de evaluar los protocolos de actuación ante emergencias y fortalecer la preparación frente al riesgo sísmico.

La práctica comenzó durante el turno mañana y, según el Ministerio de Educación, se desarrolló con normalidad. Tras completar la evacuación, las escuelas verificaron la asistencia, revisaron sus edificios y retomaron las clases. El operativo continuará durante la jornada con ejercicios previstos a las 16, 19 y 21, de acuerdo con los horarios de funcionamiento de cada institución.

La iniciativa es coordinada por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil. El alcance comprende establecimientos de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, supervisó el desarrollo desde el CISEM junto con el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, el director de Protección Civil, Diego Morales, y otras autoridades. Fuentes remarcó que la prevención sísmica exige práctica sostenida para que estudiantes, docentes y personal escolar sepan cómo actuar ante una emergencia.

Delgado, en tanto, destacó la importancia de extender la capacitación preventiva a toda la comunidad, más allá de los organismos de seguridad.

Evaluación de los protocolos

El simulacro forma parte del proceso de formación desarrollado durante 2026 y pone a prueba 2.400 planes de evacuación elaborados en las jornadas de capacitación. Al finalizar, cada establecimiento deberá completar un formulario de autoanálisis para identificar dificultades y determinar posibles mejoras en sus procedimientos.

La dimensión del operativo supera la experiencia del año pasado, cuando el primer simulacro provincial simultáneo involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios. En esta edición, la convocatoria alcanza al total de los establecimientos educativos de San Juan.

Más allá de validar los tiempos de respuesta y las rutas de evacuación, este ejercicio permite examinar la articulación interna de cada organismo y detectar oportunidades de mejora. La evaluación subsiguiente resultará crucial para traducir las lecciones aprendidas en medidas efectivas ante un eventual escenario de crisis.

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Descuentos, regalos y premios: la apuesta comercial para el Día de la Madre

Comerciantes Unidos impulsará una campaña con seis premios de $50.000 para quienes compren por más de $30.000, además de descuentos y regalos en locales adheridos. La iniciativa busca fortalecer las ventas tras las fuertes pérdidas que dejó la interrupción del transporte público.

Con las ventas golpeadas por el reciente paro de colectivos, el comercio sanjuanino concentra sus expectativas en el Día de la Madre y prepara una campaña de promociones y premios para incentivar las compras, especialmente en el microcentro de Capital y la Peatonal.

La propuesta de Comerciantes Unidos contempla $300.000 en premios, distribuidos en seis vouchers de $50.000 cada uno. Según explicó Carlos Iramain, referente de la entidad, quienes realicen compras superiores a $30.000 podrán obtener un cupón para participar de una ruleta. Los premios no serán canjeables por efectivo y deberán utilizarse para adquirir mercadería en los negocios adheridos.

La iniciativa también permitirá que cada local sume descuentos, bonificaciones o regalos propios. El objetivo es ampliar los incentivos para los consumidores y favorecer que el gasto permanezca dentro del circuito comercial local.

La promoción llega después de dos jornadas especialmente adversas para los negocios. como fue la falta de transporte público que provocó caídas de hasta el 70% en las ventas, con establecimientos que incluso cerraron el día sin concretar operaciones. La recuperación de la circulación será determinante para aprovechar el movimiento previo a la celebración.

Entre los rubros que suelen concentrar las compras aparecen perfumería, calzado, indumentaria y marroquinería. También se espera movimiento en electrónica y telefonía, aunque las operaciones pueden extenderse a otros comercios a medida que se acerque la fecha.

Por ahora, la mayoría de los establecimientos mantiene su horario habitual, de 9 a 13 y de 17 a 21. Sin embargo, algunos podrían abrir de corrido durante los días de mayor demanda.

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