Conflicto docente: El Gobierno ofreció $100.000 en dos cuotas, pero los gremios aún no responden

La segunda reunión de conciliación obligatoria entre el Gobierno de San Juan y los sindicatos docentes se llevó a cabo en un clima de expectativa y cautela. Con una oferta de $100.000 a pagar en dos tramos, la administración provincial de Orrego busca destrabar un conflicto salarial que mantiene en vilo a la comunidad educativa. Sin embargo, los gremios no han dado una respuesta definitiva y el escepticismo persiste.

La propuesta oficial contempla, entere otros puntos, el desembolso de $50.000 el primer fin de semana de abril y el resto a finales de ese mes. Este esquema de pago, lejos de representar una solución estructural, parece más una medida paliativa que no logra satisfacer las demandas de los sindicatos.

El trasfondo económico agrega complejidad a la discusión. Según el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, la coparticipación federal ha caído un 7% en febrero y se proyecta una merma del 10% para marzo. Este panorama es utilizado como argumento por la administración provincial para justificar la oferta limitada. Sin embargo, desde los gremios docentes se plantea una visión opuesta: afirman que la inflación del 200% en 2023 y la recaudación con un aumento del 150% deberían haber generado mayor margen para mejorar los salarios.

La falta de actualización presupuestaria es otro punto de conflicto. Durante todo 2024, el Gobierno de San Juan ha operado con el presupuesto de 2023, un esquema que los sindicatos consideran obsoleto e inadecuado para enfrentar la escalada inflacionaria.

La conciliación obligatoria impuesta por la Subsecretaría de Trabajo llevó a los gremios a suspender las medidas de fuerza, aunque no sin reparos. Desde UDAP, UDA y AMET se ha manifestado desconfianza en la imparcialidad de la autoridad de aplicación, dado que esta depende del mismo Gobierno con el que negocian. Aun así, los dirigentes sindicales asistieron a la reunión para «demostrar buena fe negocial».

En este marco, el hecho de que el Gobierno haya decidido no descontar los días de paro se presenta como una concesión menor en una negociación que sigue sin avances significativos. La tensión entre ambas partes sigue latente, y los docentes exigen garantías de una recomposición salarial acorde a la pérdida del poder adquisitivo.

Con la oferta sobre la mesa, ahora la decisión recae en las bases. Los representantes gremiales se comprometieron a someter la propuesta a la evaluación de los docentes y dar una respuesta en un plazo no superior a dos semanas. Mientras tanto, el Gobierno confía en que su oferta resulte suficiente para evitar nuevos paros, aunque la incertidumbre persiste.

El punto clave será si la suma ofrecida se percibe como una mejora real o como un intento de desactivar el conflicto sin atender el reclamo de fondo. La inflación descontrolada, la falta de previsibilidad en los ingresos y la precarización de las condiciones laborales siguen siendo los ejes de una disputa que, lejos de resolverse, parece estar en una tregua momentánea.

La respuesta de los gremios en las próximos días será clave para determinar el rumbo del conflicto. Si la oferta es rechazada, el Gobierno deberá reformular su estrategia o enfrentar un escenario de protestas que podría poner en jaque el normal desarrollo del ciclo lectivo.