
Paro Nacional Universitario: Un Grito de Alerta ante la Crisis del Sistema Educativo
La educación pública atraviesa un momento crítico, y los docentes universitarios decidieron hacer oír su voz con un paro nacional de 48 horas en demanda de mejoras salariales y financiamiento adecuado para el sistema. En una entrevista exclusiva, Jaime Barcelona De ADICUS, explicó la gravedad de la situación y el impacto de las medidas de fuerza que han sido ampliamente acatadas en todo el país.
La medida de fuerza ha logrado una adhesión superior al 80 %, tanto entre docentes como personal no docente, lo que refleja la profundidad del descontento en el sector. Según Barcelona, la huelga responde a un “combo completo de ajuste” por parte del gobierno, que ha sometido a las universidades a un desfinanciamiento constante y a un deterioro progresivo de los salarios mediante incrementos por decreto que están muy por debajo de la inflación.
Este contexto ha generado una pérdida alarmante del poder adquisitivo del sector universitario. En los últimos meses, los aumentos salariales fueron del 1,5 % en enero y del 1,2 % en febrero, cifras que ni siquiera alcanzan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial. En consecuencia, la caída del salario real acumulada desde el año pasado asciende a un 35 %, dejando a los trabajadores universitarios en una situación de extrema precariedad.
Pero el problema no se reduce solo a la cuestión salarial. Jaime Barcelona enfatizó que el gobierno también ha reducido el presupuesto operativo de las universidades, asignando montos incluso inferiores a los del año pasado. Esto ha llevado a muchas instituciones a operar con severas restricciones, afectando desde el mantenimiento de infraestructura hasta la provisión de insumos básicos para la enseñanza e investigación.
Medidas de Protesta y Próximas Acciones
Las jornadas de paro no son el único recurso que los docentes han decidido implementar en su plan de lucha. En San Juan, por ejemplo, se llevará a cabo una movilización en conjunto con sectores de jubilados, con el fin de visibilizar la crítica situación de la educación pública y exigir respuestas del gobierno. Además, el 8 de abril se sumarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), marcando un nuevo hito en la escalada del conflicto.
El próximo viernes, en un plenario de docentes universitarios, se analizarán los pasos a seguir y se evaluará la posibilidad de extender las medidas de fuerza si el gobierno no da señales de diálogo. La falta de convocatoria a negociaciones paritarias ha sido uno de los puntos más críticos en el conflicto, ya que hasta el momento no ha habido ninguna instancia de discusión que permita encontrar una solución consensuada.
El Riesgo de la Educación Pública
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es el impacto que puede tener en la continuidad y calidad de la educación pública. El referente de ADICUS, alertó que el sistema universitario se encuentra operando con el presupuesto de 2023, ya que el Ejecutivo no ha presentado una nueva asignación de recursos en los últimos dos años. Esto coloca a las instituciones en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolas a funcionar con fondos insuficientes y poniendo en riesgo tanto la enseñanza como la investigación.
El deterioro de la educación pública no es solo una problemática económica, sino también una amenaza al derecho de acceso al conocimiento y la formación académica de miles de estudiantes. Si la crisis continúa profundizándose, muchas universidades podrían enfrentar serias dificultades para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, afectando a toda la comunidad educativa y a las futuras generaciones.
A pesar de las reiteradas advertencias del sector universitario, el gobierno nacional no ha dado señales de diálogo ni ha mostrado intención de revertir el ajuste. El silencio oficial y la falta de respuestas agravan aún más el conflicto, dejando a los docentes en una situación de incertidumbre y malestar, completó.
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Alerta: Docentes universitarios confirman nuevas medidas de fuerza

Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.
En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.
“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.
Retraso salarial histórico
El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.
Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.
El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.
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Marcha atrás del gobierno: el INTA no se fusionará con el INTI»

En una reunión con la Mesa de Enlace, funcionarios del gobierno confirmaron que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se fusionará con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), como se había rumoreado. La medida había generado preocupación entre los trabajadores de ambos organismos y las entidades agropecuarias.
La posible fusión del INTA y el INTI generó una fuerte resistencia entre los trabajadores y las entidades agropecuarias, que argumentaban que la medida implicaría despidos masivos y cierre de áreas específicas de investigación. Sin embargo, en una reunión con la Mesa de Enlace, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmaron que la fusión no se llevará a cabo.
En su lugar, se prevé que algunas áreas de investigación del INTI que tienen relación directa con el agro pasen a formar parte de la estructura del INTA. Entre ellas, se mencionaron los trabajos en vitivinicultura, foresto-industria y carnes. La reestructuración del INTA saldrá por decreto y se espera que mejore el funcionamiento del organismo.
Importancia del INTA y el INTI:
El INTA y el INTI son organismos clave para la generación de innovación en los sectores agropecuario e industrial, respectivamente. Ambos organismos son fundamentales para el control de calidad de productos de exportación y para la asistencia técnica a las pymes.
Aunque se descartó la fusión, se anticipó que el INTA será objeto de una reestructuración que busca mejorar su funcionamiento. La medida será tratada por el Consejo Directivo del INTA y se espera que se implementen cambios que permitan una mayor eficiencia en el organismo.
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La minería desde adentro: Marcelo Mena destacó la necesidad de una jubilación diferencial

El titular de ASIJEMIN, Marcelo Mena, participó de la celebración del Día Nacional de la Minería en la mina Veladero, San Juan, acompañado por una amplia comitiva del gobierno provincial. En diálogo exclusivo con Mundo Laboral SJ, reflexionó sobre el valor de visibilizar la actividad minera, la urgencia de una ley de jubilación acorde a las condiciones laborales extremas y el rol social que debe asumir el Estado en las comunidades.
Un Día del Minero en las alturas
Marcelo Mena, referente del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos de la Minería (ASIJEMIN), compartió su experiencia al conmemorar el Día Nacional de la Minería en un lugar emblemático: la mina Veladero, ubicada a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de San Juan. Esta celebración no fue una más. Por primera vez, una comitiva numerosa de funcionarios, entre ellos el gobernador provincial y diputados nacionales, acompañó a los trabajadores en su propio terreno.
“Fue un día significativo, no sólo por la fecha, sino porque se vivenció en carne propia lo que implica trabajar en estas condiciones extremas. La altura, el viento, el frío… Son factores que no se explican, se sienten”, relató Mena.
Para Mena, este acercamiento del poder político a los yacimientos marca un precedente importante: “Esto permite visibilizar nuestra realidad. No alcanza con discursos, hay que estar ahí, vivirlo. Ver al gobernador y a los legisladores palpar lo que se siente en lugar, es una prueba contundente de que nuestra actividad requiere un tratamiento diferenciado”.
En ese sentido, el dirigente insistió en la necesidad urgente de una ley de jubilación minera. “No es posible que un trabajador siga en actividad a los 75 años, a más de 4.000 metros de altura. Necesitamos que quienes toman decisiones comprendan, desde la vivencia, por qué exigimos condiciones acordes a nuestra realidad”, enfatizó.
Salarios, acuerdos y proyección comunitaria
Consultado sobre la situación sindical y salarial, Mena destacó los avances logrados en paritarias, convenios colectivos y estabilidad laboral. “Hemos tenido buenos acuerdos, sin conflictos, gracias al compromiso del cuerpo de delegados y de toda la estructura sindical”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que el desafío actual va más allá de lo económico: “Queremos que la minería también impulse el desarrollo local. Un yacimiento necesita alimentos, logística, planificación. El Estado debe articular para que productores locales puedan abastecer estas demandas, generando así un impacto positivo en la comunidad”.
La jornada del 7 de mayo en Veladero dejó más que una celebración: permitió estrechar vínculos entre los actores del sector, reafirmó la necesidad de políticas públicas específicas para los trabajadores mineros y abrió la puerta a un debate postergado sobre jubilación, condiciones laborales y desarrollo regional.
“Esto no es sólo minería, es vida cotidiana. Es la realidad de cientos de trabajadores que sostienen la actividad desde hace décadas. Que se los escuche, se los vea y se legisle en consecuencia, es el paso que sigue”, concluyó Marcelo Mena.
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