El gremio que encabeza Sergio Palazzo confirmó el pago de un bono extraordinario superior a los $1.700.000 para los trabajadores bancarios, en el marco de la celebración de su día este 6 de noviembre. Además, se acordó reabrir las paritarias en la segunda quincena del mes para actualizar salarios ante la inflación.

La Asociación Bancaria (AB) confirmó que los empleados del sector recibirán un súper bono de más de 1.700.000 pesos, que se abonará junto con los haberes de octubre y se imputará en concepto del Día del Bancario, celebrado este jueves 6 de noviembre. El acuerdo, firmado el 17 de octubre, se enmarca en la negociación paritaria continua que el gremio mantiene con las cámaras empresarias del sector.

Con este adicional, el sueldo inicial conformado para un trabajador bancario superará los 3.600.000 pesos, marcando un nuevo hito en la recomposición de ingresos dentro del sistema financiero. La medida fue resultado de una negociación que involucró al Banco Nación, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE).

En el mismo entendimiento, las partes acordaron reabrir la paritaria en la segunda quincena de noviembre, en línea con el esquema de revisión mensual que el gremio viene aplicando para resguardar el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el reconocimiento económico tiene un valor simbólico y político, al coincidir con una fecha que resume un siglo de conquistas laborales.

“Esta fecha es el símbolo de una lucha colectiva que durante un siglo ha conquistado innumerables derechos que mejoraron la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora”, expresaron desde el gremio en un comunicado oficial.

Asimismo, la entidad gremial subrayó avances recientes, como la incorporación de trabajadores de call centers bajo convenio bancario, los protocolos contra la violencia de género, el pago universal de guardería y la participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), entre otros beneficios.

El Día del Bancario se celebra en conmemoración a la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924. Desde entonces, el artículo 50 del convenio colectivo estipula que la jornada sea considerada feriado nacional para todos los trabajadores del sector financiero.

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió su nueva conducción en el Congreso Nacional Ordinario realizado en Obras Sanitarias. Con 1.604 votos a favor, la lista de unidad “Celeste y Blanca” ratificó un triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, que conducirá la central obrera durante el período 2025-2029. La jornada dejó tensiones, reacomodamientos y un delicado equilibrio entre los principales sectores del sindicalismo argentino.

La CGT cerró un capítulo clave de su historia reciente. En una jornada extensa y cargada de negociaciones, el Congreso Nacional Ordinario definió la nueva conducción del período 2025-2029. La lista de unidad “Celeste y Blanca” se impuso con 1.604 votos sobre 1.639 delegados, consolidando un triunvirato que buscará mantener la cohesión interna frente a un escenario político y económico en tensión.

El flamante esquema de poder estará encabezado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (SEIVARA) y Octavio Argüello (Camioneros). Cada uno representa un eje de la estructura cegetista: los “gordos” y “independientes”, la nueva generación sindical y el moyanismo, respectivamente. La presencia de Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario general adjunto refuerza la línea de continuidad institucional, aportando experiencia y capacidad de articulación política.

“Logramos sostener la unidad en la diversidad”, fue la frase que se escuchó repetirse en los pasillos del estadio de Obras Sanitarias, donde el acto tuvo lugar. Sin embargo, esa unidad tuvo un costo: largas horas de negociación, concesiones cruzadas y una delicada distribución de cargos en las secretarías más sensibles del Consejo Directivo Nacional.

Reacomodamientos y tensiones controladas

Entre los cambios de mayor peso, la Secretaría Gremial pasó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aunque no será conducida por su titular nacional Abel Furlán, sino por Osvaldo Lobato, referente de la seccional San Martín y actual secretario de Acción Social del gremio metalúrgico.

En la Secretaría del Interior, el experimentado Héctor Daer (Sanidad) asumirá la coordinación política interna, mientras que la Secretaría de Prensa y Comunicación quedará bajo la dupla Horacio Arreceygor y Susana Benítez (SATSAID), reemplazando a Sola, ahora en la conducción principal.

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, fue la única organización de peso que decidió apartarse de la estructura, en desacuerdo con el nuevo esquema tripartito. Pese a ello, otros sectores históricamente críticos —como los alineados con Luis Barrionuevo y Omar Maturano— optaron por mantenerse dentro de la central, conservando posiciones relevantes: Argentino “Tito” Geneiro (UTHGRA) seguirá al frente de Capacitación Profesional y Sebastián Maturano (La Fraternidad) continuará al mando de Juventud.

En paralelo, se consolidaron figuras con proyección dentro del movimiento obrero. Carla Gaudensi (FATPREN) asumirá la Secretaría de Género; José Voytenco (UATRE) la de Protección a la Niñez; y Nahuel Chancel (SUPEH) la de Salud Laboral. Estas incorporaciones reflejan una búsqueda de renovación generacional y de apertura hacia agendas vinculadas a derechos, inclusión y políticas sociales.

Estructura del nuevo Consejo Directivo Nacional (2025–2029)

Secretaría General: Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (SEIVARA), Octavio Argüello (Camioneros)
Secretaría General Adjunta: Andrés Rodríguez (UPCN)
Secretaría Gremial: Osvaldo Lobato (UOM)
Relaciones Internacionales: Gerardo Martínez (UOCRA)
Interior: Héctor Daer (Sanidad)
Relaciones Institucionales: Daniel Lovera y Romina Santana (Comercio)
Prensa y Comunicación: Horacio Arreceygor y Susana Benítez (SATSAID)
Seguridad Social: Hugo Benítez (Textiles)
Cultura: Miguel Paniagua y María Belén Ratto (SUTEP)
Ciencia y Técnica: Marina Jaureguiberry y Hernán Escudero (SADOP)
Administrativa: Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Lamas (La Bancaria)
Vivienda: Sergio Sasia (Unión Ferroviaria)
Turismo: Carlos Acuña (Estaciones de Servicios)
Acción Social: José Luis Lingeri y Karina Navone (FENTOS)
Actas: Enrique Lorenzo y Laura Fernández (Cerveceros)
Finanzas: Gastón Frutos (Panaderos)
Derechos Humanos: Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales)
Igualdad de Oportunidades: Luna Villar (Guardavidas)
Género: Carla Gaudensi (FATPREN)
Asuntos Legislativos: Norberto Di Próspero y Elena Ferreyra (APL)
Políticas Económicas y Sociales: Oscar Rojas (Maestranza)
Estadísticas y Registros: Víctor Santa María (Encargados de edificios)
Defensa del Consumidor: Pablo Flores y María Lorena Attinese (AEFIP)
Empleo: Juan Carlos Schmid y Yesica Gesteiro (Dragado y Balizamiento)
Capacitación Profesional: Argentino Geneiro (UTHGRA)
Juventud: Sebastián Maturano (La Fraternidad)
Protección de la Niñez: José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui (UATRE)
Salud Laboral: Nahuel Chancel (SUPEH)
Medio Ambiente: Jorge Mancini (AGOEC)
Políticas Educativas: Sergio Romero (UDA)
Industria y Producción: Rodolfo Daer (Alimentación)
Asuntos Municipales: Amadeo Genta (COEMA)
Asuntos Energéticos: Guillermo Moser (Luz y Fuerza)
Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour y Vanesa Núñez (UTEDYC)
Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone (Gas)
Deportes: Juan Pablo Brey (Aeronavegantes)

La renovación del Consejo Directivo marca un punto de inflexión en la CGT. El nuevo triunvirato Sola–Jerónimo–Argüello asume con la promesa de preservar la unidad en medio de un clima social y político desafiante, donde el movimiento obrero enfrenta la doble tarea de resistir reformas regresivas y redefinir su papel en el debate público.

Con una estructura amplia, que combina experiencia, juventud y representación territorial, la CGT apuesta a mostrarse como un bloque cohesionado frente a un gobierno que impulsa transformaciones profundas en el mundo del trabajo. Pero la verdadera prueba comenzará ahora: sostener la unidad en la acción, evitar fracturas internas y traducir la legitimidad del Congreso en poder efectivo en la calle y en la negociación política.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 15% de los asalariados del país padece inseguridad alimentaria, es decir, dificultades para acceder de forma estable y suficiente a los alimentos. La incidencia alcanza al 24% de los trabajadores informales, al 9,8% de los empleados registrados y al 14,1% del sector público. El estudio expone que el fenómeno ya no distingue entre empleo y exclusión, y refleja el deterioro estructural del poder adquisitivo y las condiciones de vida en la Argentina.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundió un informe que enciende luces de alarma sobre una problemática que crece incluso entre quienes tienen trabajo: la inseguridad alimentaria. Según los datos relevados, el 15% de los asalariados no logra garantizar una alimentación adecuada para sí o para su familia.

El dato es particularmente preocupante porque incluye a empleados formales, que hasta hace pocos años constituían un segmento relativamente protegido del deterioro social. Entre ellos, el 9,8% padece inseguridad alimentaria, mientras que en el sector público la incidencia trepa al 14,1%. En el sector informal, en tanto, el porcentaje asciende al 24%, lo que demuestra la profundidad del fenómeno entre quienes carecen de protección laboral y social.

“La afectación entre trabajadores formales y públicos refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral”, advierte el informe, que analiza el impacto del deterioro salarial, la inflación persistente y la informalidad creciente.

Educación, pobreza y región: las brechas más marcadas

El estudio identifica tres factores centrales que amplifican la vulnerabilidad: el nivel educativo, la condición de pobreza y la región geográfica.

Entre quienes no completaron el nivel secundario, la inseguridad alimentaria alcanza un 34%, mientras que entre los trabajadores con formación universitaria o superior apenas llega al 4,6%.

En los trabajadores pobres, el impacto es abrumador: el 38,6% sufre inseguridad alimentaria, frente a un 6,9% entre los no pobres.

En el Conurbano bonaerense, el fenómeno registra los valores más altos del país (18,9%), seguido por el interior (14,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (7,1%).

El factor tiempo: los subocupados, los más golpeados

El informe también detecta una correlación entre las horas trabajadas y la capacidad de acceso a los alimentos. Los subocupados —personas con menos de 35 horas semanales— son los más afectados (21,1%), por encima incluso de los sobreocupados (13,3%) y quienes trabajan jornada completa (12%). Esto sugiere que la cantidad de horas no garantiza estabilidad económica cuando los ingresos son bajos o irregulares.

Género, edad y sindicalización

Otras variables también fueron consideradas. La diferencia por género resulta mínima: 15,5% de las mujeres frente a 15% de los hombres. En cambio, la edad sí marca una tendencia: los trabajadores de entre 35 y 54 años —en plena etapa productiva— son los más afectados (17,1%).
Un dato positivo lo aporta la sindicalización: el ODSA detecta que los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a presentar mayor seguridad alimentaria, probablemente por mejores convenios y capacidad de negociación salarial.

El informe de la UCA vuelve a exponer una realidad estructural: en la Argentina actual, tener empleo no garantiza escapar de la pobreza ni del hambre. La erosión del poder adquisitivo, la inflación alimentaria y la precarización del mercado laboral profundizan la distancia entre ocupación y bienestar.
En este contexto, el trabajo dejó de ser un escudo contra la exclusión y se convirtió, para millones, en una condición insuficiente para vivir dignamente. El desafío, advierten los especialistas, es reconstruir un modelo económico que restituya al empleo su función social: la de asegurar no sólo ingresos, sino también seguridad alimentaria y calidad de vida.