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La educación pública atraviesa un momento crítico, y los docentes universitarios decidieron hacer oír su voz con un paro nacional de 48 horas en demanda de mejoras salariales y financiamiento adecuado para el sistema. En una entrevista exclusiva, Jaime Barcelona De ADICUS, explicó la gravedad de la situación y el impacto de las medidas de fuerza que han sido ampliamente acatadas en todo el país.

La medida de fuerza ha logrado una adhesión superior al 80 %, tanto entre docentes como personal no docente, lo que refleja la profundidad del descontento en el sector. Según Barcelona, la huelga responde a un “combo completo de ajuste” por parte del gobierno, que ha sometido a las universidades a un desfinanciamiento constante y a un deterioro progresivo de los salarios mediante incrementos por decreto que están muy por debajo de la inflación.

Este contexto ha generado una pérdida alarmante del poder adquisitivo del sector universitario. En los últimos meses, los aumentos salariales fueron del 1,5 % en enero y del 1,2 % en febrero, cifras que ni siquiera alcanzan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial. En consecuencia, la caída del salario real acumulada desde el año pasado asciende a un 35 %, dejando a los trabajadores universitarios en una situación de extrema precariedad.

Pero el problema no se reduce solo a la cuestión salarial. Jaime Barcelona enfatizó que el gobierno también ha reducido el presupuesto operativo de las universidades, asignando montos incluso inferiores a los del año pasado. Esto ha llevado a muchas instituciones a operar con severas restricciones, afectando desde el mantenimiento de infraestructura hasta la provisión de insumos básicos para la enseñanza e investigación.

Medidas de Protesta y Próximas Acciones

Las jornadas de paro no son el único recurso que los docentes han decidido implementar en su plan de lucha. En San Juan, por ejemplo, se llevará a cabo una movilización en conjunto con sectores de jubilados, con el fin de visibilizar la crítica situación de la educación pública y exigir respuestas del gobierno. Además, el 8 de abril se sumarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), marcando un nuevo hito en la escalada del conflicto.

El próximo viernes, en un plenario de docentes universitarios, se analizarán los pasos a seguir y se evaluará la posibilidad de extender las medidas de fuerza si el gobierno no da señales de diálogo. La falta de convocatoria a negociaciones paritarias ha sido uno de los puntos más críticos en el conflicto, ya que hasta el momento no ha habido ninguna instancia de discusión que permita encontrar una solución consensuada.

El Riesgo de la Educación Pública

Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es el impacto que puede tener en la continuidad y calidad de la educación pública. El referente de ADICUS, alertó que el sistema universitario se encuentra operando con el presupuesto de 2023, ya que el Ejecutivo no ha presentado una nueva asignación de recursos en los últimos dos años. Esto coloca a las instituciones en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolas a funcionar con fondos insuficientes y poniendo en riesgo tanto la enseñanza como la investigación.

El deterioro de la educación pública no es solo una problemática económica, sino también una amenaza al derecho de acceso al conocimiento y la formación académica de miles de estudiantes. Si la crisis continúa profundizándose, muchas universidades podrían enfrentar serias dificultades para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, afectando a toda la comunidad educativa y a las futuras generaciones.

A pesar de las reiteradas advertencias del sector universitario, el gobierno nacional no ha dado señales de diálogo ni ha mostrado intención de revertir el ajuste. El silencio oficial y la falta de respuestas agravan aún más el conflicto, dejando a los docentes en una situación de incertidumbre y malestar, completó.

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Los bancarios actualizaron sus salarios y el inicial llegó a casi $2,6 millones

La Asociación Bancaria aplicó una actualización del 1,7% correspondiente a agosto y llevó la remuneración inicial a $2.505.061,24. Con $72.413,50 de participación en ganancias, el ingreso alcanza $2.577.474,74. El incremento acumulado en los primeros ocho meses de 2026 igualó la inflación registrada por el INDEC.

La actualización impacta sobre los distintos componentes contemplados en el acuerdo paritario, incluidos conceptos remunerativos y no remunerativos, adicionales convencionales y otros adicionales que forman parte de los ingresos de los trabajadores.

Con este movimiento, los salarios bancarios acumularon un 21,3% de incremento entre enero y agosto de 2026, tomando como referencia los valores de diciembre del año pasado. El porcentaje coincide con la inflación acumulada durante el mismo período, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

La comparación adquiere relevancia porque el mecanismo acordado por el gremio y las cámaras empresariales busca que las remuneraciones acompañen la evolución de los precios mediante revisiones periódicas. En agosto, el IPC avanzó 1,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

La organización sindical también actualizó la compensación correspondiente al Día del Bancario. El monto mínimo quedó establecido en $2.233.175,44, con la previsión de que sea recalculado en las próximas revisiones de acuerdo con la evolución de los precios.

El mecanismo permite que el adicional no quede congelado frente a nuevas variaciones inflacionarias y mantiene vinculada su actualización a la misma pauta utilizada para las remuneraciones de la actividad.

Desde la Asociación Bancaria destacaron que el esquema busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar que los incrementos salariales queden rezagados frente al costo de vida.

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Departamentales

Preocupación en el agro sanjuanino por heladas tardías en 5 departamentos

Una nueva caída de temperaturas durante la madrugada del domingo provocó daños en áreas productivas de Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. El Gobierno provincial inició un nuevo relevamiento para establecer la superficie afectada y determinar si las pérdidas se suman a las registradas días atrás.

Una nueva helada tardía volvió a castigar a la producción de San Juan y encendió la preocupación entre los productores, particularmente en zonas del noreste, este y sudeste provincial. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo y ya existen reportes de daños en distintos cultivos, aunque todavía no se conoce la magnitud de las pérdidas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, confirmó que entre las áreas con afectación inicial figuran Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento. El relevamiento continuará durante los próximos días para determinar tanto la superficie comprometida como el grado de daño en cada plantación.

La nueva contingencia adquiere mayor relevancia porque se produjo apenas días después de otro episodio de bajas temperaturas que ya había generado una fuerte cantidad de reclamos. Hasta el viernes, la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro Productor había recibido 400 denuncias, con 6.318 hectáreas afectadas en 12 departamentos.

Aquel primer relevamiento comprendió 25 de Mayo, Caucete, San Martín, 9 de Julio, Angaco, Pocito, Ullum, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Zonda y Chimbas. La reiteración del fenómeno obliga ahora a determinar si las nuevas pérdidas corresponden a superficies que ya habían sufrido daños o si alcanzaron plantaciones que permanecían indemnes.

El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, había señalado que, una vez concluidas las inspecciones y peritajes, la provincia analizaría las medidas de asistencia disponibles y la eventual declaración de emergencia agropecuaria para las producciones alcanzadas.

Ese proceso deberá incorporar ahora la información del segundo episodio. La diferencia será relevante para establecer el perjuicio acumulado sobre cada cultivo y definir la respuesta que pueda adoptar el Gobierno provincial frente a los productores afectados.

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destacada

Crisis textil: cerraron 750 establecimientos y se perdieron más de 26.000 empleos desde diciembre de 2023

La producción textil cayó 15,9% interanual en junio y acumuló una contracción del 24,4% en el primer semestre de 2026. Desde diciembre de 2023 desaparecieron 26.851 puestos formales y 750 establecimientos, mientras las fábricas operan al 46,6% de su capacidad.

El deterioro también se refleja en la estructura laboral. En mayo, el complejo que comprende textiles, confección, cuero y calzado registró 93.952 trabajadores formales, 1.229 menos que en abril y 16.244 por debajo del nivel de un año atrás. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada llega a 26.851 empleos registrados.

La contracción productiva tuvo además un correlato empresarial: durante el mismo período dejaron de operar 750 establecimientos vinculados con la cadena, un promedio cercano a 30 cierres mensuales. La pérdida no se limita, por lo tanto, a puestos laborales sino también a unidades productivas y capacidad instalada.

Ese último indicador exhibe otra de las dimensiones de la crisis. En junio, las fábricas textiles utilizaron apenas 46,6% de su capacidad, casi 13 puntos porcentuales por debajo del promedio de la industria manufacturera, que alcanzó el 59,1%. FITA sostiene que el deterioro dejó de responder a fluctuaciones transitorias y comenzó a afectar la capacidad de producción del entramado fabril.

Luis Tendlarz, presidente de la federación, advirtió que la industria lleva más de dos años atravesando una reducción sostenida de producción, empleo, empresas e inversión. Según explicó, el cierre de una fábrica supone además la pérdida de una capacidad productiva cuya recuperación puede demandar años.

La evolución de las plantas permite dimensionar ese proceso. Durante 2023, las fábricas textiles operaban habitualmente entre el 50% y el 60% de su capacidad; desde 2024, el indicador pasó a ubicarse generalmente entre el 30% y el 50%, con registros cercanos al 30% hacia fines de 2025.

El frente externo presenta señales contrapuestas. En junio, las importaciones de productos textiles disminuyeron 45,6% en volumen, mientras las exportaciones crecieron 56,5% en cantidades y 46% en valor. FITA, sin embargo, señala que la mejora exportadora se concentra principalmente en hilados y resulta insuficiente para compensar la debilidad del mercado doméstico.

A la vez, el ingreso de prendas terminadas mantiene una presión creciente sobre los fabricantes locales. Durante el primer semestre, las importaciones de indumentaria aumentaron 60,1%, en un período caracterizado por un consumo interno todavía retraído.

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