La fábrica de galletitas ubicada en el departamento Albardón decidió detener su producción durante una semana debido a la acumulación de mercadería sin salida comercial. La medida alcanza a todo el personal y expone el impacto que la caída del consumo masivo comienza a provocar en la industria alimenticia regional. Desde el gremio descartan despidos y aseguran que el freno busca evitar un panorama más crítico mientras la nueva conducción intenta estabilizar la empresa tras una profunda crisis.

La retracción del consumo interno volvió a encender señales de alarma en la industria sanjuanina. Esta vez, el impacto se hizo visible en una de las plantas alimenticias más importantes de la provincia, que resolvió paralizar completamente su producción durante una semana ante un contexto inédito de sobrestock y falta de espacio físico para almacenar mercadería terminada.

La fábrica emplea a más de 290 trabajadores, y comenzó este lunes un esquema de vacaciones anticipadas para todo el personal luego de que los depósitos quedaran saturados de productos sin comercialización. La decisión, aunque presentada como transitoria, refleja con crudeza el deterioro que atraviesa el mercado interno y la creciente dificultad de las empresas para sostener niveles normales de actividad.

Desde el Sindicato de la Alimentación confirmaron que la medida responde exclusivamente a la acumulación de producción sin salida comercial. “No pueden seguir produciendo porque no tienen lugar dentro del establecimiento para almacenar más mercadería”, explicaron fuentes gremiales, describiendo una situación que sintetiza el complejo momento económico que golpea a distintos sectores fabriles del país.

El secretario general del gremio, Gabriel Manrique, buscó transmitir tranquilidad respecto a la continuidad laboral y sostuvo que no existen riesgos inmediatos de despidos. Según explicó, la empresa optó por un esquema preventivo para intentar descomprimir los depósitos mientras espera reactivar las ventas y recuperar el ritmo habitual de producción.

“Se ha dado una semana de vacaciones para ver si puede salir esa mercadería terminada y así reapuntar otra vez”, señaló el dirigente, quien además confirmó que durante el receso se realizarán tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de maquinaria, trabajos que resultaban difíciles de ejecutar con la planta operando a pleno.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por el antecedente reciente de la empresa. La planta pertenecía originalmente a Dilexis y atravesó meses de fuerte incertidumbre hasta ser adquirida en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, tras la salida de Tía Maruca y Argensan Food. La nueva conducción inició desde entonces un proceso de reorganización financiera y operativa orientado a evitar el cierre definitivo de la planta.

En ese sentido, el secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, aseguró que la compañía logró regularizar obligaciones pendientes, especialmente vinculadas al pago de salarios atrasados, y consideró que la firma atraviesa una etapa de “reingeniería” destinada a recuperar estabilidad después de varios años de administración deficiente.

En San Juan, donde el entramado industrial tiene un peso decisivo en la economía regional, cualquier interrupción productiva genera preocupación inmediata. Por eso, tanto el gremio como el Gobierno provincial observan con expectativa la evolución de los próximos días y apuestan a que el freno temporal permita descomprimir los depósitos y normalizar la cadena comercial.

Si el escenario acompaña y parte del stock logra ingresar nuevamente al circuito de ventas, la planta retomaría su funcionamiento habitual la próxima semana. Mientras tanto, el caso se convierte en otro síntoma visible de un mercado interno debilitado, donde incluso empresas que lograron evitar el cierre todavía deben enfrentar el desafío más complejo: volver a vender.

Las prolongadas interrupciones del suministro eléctrico registradas luego de los fuertes vientos que afectaron a San Juan quedaron bajo análisis del Ente Provincial Regulador de la Electricidad. El organismo estudia posibles sanciones a Naturgy por las demoras en la restitución del servicio, mientras crece el malestar entre usuarios que permanecieron más de dos días sin energía.

Los intensos fenómenos meteorológicos que atravesaron San Juan durante la última semana dejaron algo más que árboles caídos, daños materiales y complicaciones en la circulación. También expusieron nuevamente la fragilidad de la infraestructura eléctrica frente a contingencias climáticas severas y encendieron cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de la empresa distribuidora ante emergencias de gran escala.

El situación comenzó a configurarse el miércoles, cuando el viento Zonda descendió con ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia. La violencia del fenómeno provocó interrupciones en distintas líneas de suministro y generó los primeros inconvenientes para miles de usuarios. Sin embargo, cuando todavía persistían zonas afectadas y cuadrillas trabajando para recomponer el servicio, un nuevo temporal volvió a golpear el viernes por la noche. Esta vez fue el viento Sur el que agravó la situación, afectando instalaciones que ya se encontraban resentidas.

La combinación de ambos episodios climáticos derivó en un cuadro complejo para numerosos barrios y localidades, especialmente en departamentos como Pocito, donde vecinos denunciaron haber permanecido más de 48 horas sin electricidad. El malestar escaló durante el fin de semana y derivó incluso en protestas y amenazas de cortes de calle por parte de residentes que reclamaban respuestas inmediatas.

Bajo esa circunstancia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) confirmó que la actuación de la distribuidora será sometida a evaluación técnica y administrativa, tal como ocurre ante cada denuncia vinculada a interrupciones prolongadas del servicio.

Cristian Pelusso, gerente general del organismo, explicó que el contrato de concesión establece parámetros concretos respecto de la continuidad del suministro y prevé penalidades cuando se superan determinados límites de afectación para los usuarios.

“Por un lado, la distribuidora tiene la obligación de otorgar suministro de manera continua y, en caso de incumplimiento, el contrato contempla sanciones. Cada situación se analiza dentro de los semestres de control para determinar cuánto tiempo permaneció sin servicio cada usuario y, en función de ese nivel de afectación, se calcula la penalidad correspondiente”, expresó a medios locales.

No obstante, el procedimiento administrativo demanda tiempos específicos. El EPRE debe recopilar información técnica, verificar los períodos de interrupción, evaluar las condiciones en las que se produjo la contingencia y otorgar a la distribuidora la posibilidad de efectuar su descargo antes de resolver si corresponde aplicar penalidades.

Más allá de las explicaciones formales, el episodio volvió a poner en discusión un aspecto sensible para la provincia: la capacidad de resiliencia de la red eléctrica frente a eventos climáticos cada vez más agresivos e impredecibles. San Juan convive históricamente con el Zonda y con fuertes ráfagas de viento Sur, aunque especialistas admiten que la frecuencia y la intensidad observadas durante los últimos días resultaron inusuales incluso para parámetros locales.

La situación también deja al descubierto un desafío estructural para el sistema energético provincial: la necesidad de fortalecer inversiones en mantenimiento, modernización y capacidad operativa para responder ante contingencias extraordinarias sin que los usuarios queden expuestos durante períodos tan extensos.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y administrativas, en el EPRE estiman que el servicio podría quedar completamente normalizado en las próximas horas. Sin embargo, el episodio ya dejó instalada una discusión de fondo sobre la calidad del suministro, la respuesta empresarial frente a emergencias y el rol del Estado en el control de concesiones estratégicas.

La resolución que adopte finalmente el ente regulador no sólo tendrá impacto económico para la distribuidora, sino también un fuerte componente institucional: marcará hasta qué punto el sistema de control provincial está dispuesto a exigir responsabilidades cuando la prestación de un servicio esencial queda por debajo de los estándares comprometidos.

El Ejecutivo nacional puso en marcha un programa piloto que transforma el perfil de los inspectores laborales y reemplaza el enfoque sancionatorio por un esquema de “acompañamiento” empresarial. La iniciativa contempla hasta cuatro visitas de cortesía antes de aplicar multas por irregularidades y busca difundir las “bondades” de la reforma laboral entre comerciantes y pymes. Sindicatos y especialistas advierten sobre un fuerte debilitamiento de los mecanismos de control y un avance de la precarización.

El Gobierno nacional avanza en una transformación profunda del sistema de inspecciones laborales en Argentina. Bajo el argumento de construir un “Estado amigable” con el sector privado y fomentar la formalización, la administración de Javier Milei implentó un esquema piloto que reduce el peso de las sanciones, flexibiliza los controles y redefine el rol histórico de los inspectores de trabajo.

La nueva orientación oficial implica un cambio conceptual de gran magnitud: cerca de 300 funcionarios de la Secretaría de Trabajo y de distintas agencias territoriales dejarán atrás el tradicional perfil fiscalizador para asumir una tarea más cercana a la asistencia y el acompañamiento empresarial. En la práctica, el objetivo ya no será detectar y sancionar rápidamente irregularidades laborales, sino establecer vínculos “cordiales” con los empleadores y difundir las ventajas de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

La iniciativa fue formalizada bajo el nombre de Programa de Fomento del Empleo y Buenas Prácticas, mecanismo que reemplazó al histórico Plan Nacional de Regularización del Trabajo, vigente desde 2003. Aquel esquema articulaba verificaciones entre las áreas de Trabajo, Seguridad Social y la entonces AFIP, con facultades para aplicar multas, promover acciones judiciales y registrar públicamente a las empresas infractoras.

El nuevo programa, en cambio, modifica sustancialmente esa lógica. Según trascendió, los inspectores deberán realizar al menos cuatro visitas antes de avanzar hacia una eventual sanción por empleo irregular. Incluso, durante los primeros contactos ni siquiera tendrían autorización para indagar sobre la cantidad de trabajadores empleados en cada establecimiento. La prioridad será generar un acercamiento “amistoso”, brindar información y persuadir a los empresarios sobre las “bondades” de la reforma laboral y los beneficios del blanqueo.

La discusión, de fondo, excede el funcionamiento administrativo de las inspecciones. Lo que está en debate es el modelo de relaciones laborales que busca consolidar el Gobierno: uno con menor intervención estatal, menos penalidades para el incumplimiento y una presencia más limitada del Estado en los conflictos entre capital y trabajo.

Mientras el oficialismo sostiene que la flexibilización permitirá fomentar el empleo privado y aliviar la presión sobre las pymes, sectores gremiales denuncian que la nueva política termina trasladando el costo del ajuste hacia los trabajadores y debilitando conquistas históricas vinculadas a la registración, la estabilidad y la protección laboral.