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La educación pública atraviesa un momento crítico, y los docentes universitarios decidieron hacer oír su voz con un paro nacional de 48 horas en demanda de mejoras salariales y financiamiento adecuado para el sistema. En una entrevista exclusiva, Jaime Barcelona De ADICUS, explicó la gravedad de la situación y el impacto de las medidas de fuerza que han sido ampliamente acatadas en todo el país.

La medida de fuerza ha logrado una adhesión superior al 80 %, tanto entre docentes como personal no docente, lo que refleja la profundidad del descontento en el sector. Según Barcelona, la huelga responde a un “combo completo de ajuste” por parte del gobierno, que ha sometido a las universidades a un desfinanciamiento constante y a un deterioro progresivo de los salarios mediante incrementos por decreto que están muy por debajo de la inflación.

Este contexto ha generado una pérdida alarmante del poder adquisitivo del sector universitario. En los últimos meses, los aumentos salariales fueron del 1,5 % en enero y del 1,2 % en febrero, cifras que ni siquiera alcanzan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial. En consecuencia, la caída del salario real acumulada desde el año pasado asciende a un 35 %, dejando a los trabajadores universitarios en una situación de extrema precariedad.

Pero el problema no se reduce solo a la cuestión salarial. Jaime Barcelona enfatizó que el gobierno también ha reducido el presupuesto operativo de las universidades, asignando montos incluso inferiores a los del año pasado. Esto ha llevado a muchas instituciones a operar con severas restricciones, afectando desde el mantenimiento de infraestructura hasta la provisión de insumos básicos para la enseñanza e investigación.

Medidas de Protesta y Próximas Acciones

Las jornadas de paro no son el único recurso que los docentes han decidido implementar en su plan de lucha. En San Juan, por ejemplo, se llevará a cabo una movilización en conjunto con sectores de jubilados, con el fin de visibilizar la crítica situación de la educación pública y exigir respuestas del gobierno. Además, el 8 de abril se sumarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), marcando un nuevo hito en la escalada del conflicto.

El próximo viernes, en un plenario de docentes universitarios, se analizarán los pasos a seguir y se evaluará la posibilidad de extender las medidas de fuerza si el gobierno no da señales de diálogo. La falta de convocatoria a negociaciones paritarias ha sido uno de los puntos más críticos en el conflicto, ya que hasta el momento no ha habido ninguna instancia de discusión que permita encontrar una solución consensuada.

El Riesgo de la Educación Pública

Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es el impacto que puede tener en la continuidad y calidad de la educación pública. El referente de ADICUS, alertó que el sistema universitario se encuentra operando con el presupuesto de 2023, ya que el Ejecutivo no ha presentado una nueva asignación de recursos en los últimos dos años. Esto coloca a las instituciones en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolas a funcionar con fondos insuficientes y poniendo en riesgo tanto la enseñanza como la investigación.

El deterioro de la educación pública no es solo una problemática económica, sino también una amenaza al derecho de acceso al conocimiento y la formación académica de miles de estudiantes. Si la crisis continúa profundizándose, muchas universidades podrían enfrentar serias dificultades para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, afectando a toda la comunidad educativa y a las futuras generaciones.

A pesar de las reiteradas advertencias del sector universitario, el gobierno nacional no ha dado señales de diálogo ni ha mostrado intención de revertir el ajuste. El silencio oficial y la falta de respuestas agravan aún más el conflicto, dejando a los docentes en una situación de incertidumbre y malestar, completó.

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CTA de los Trabajadores: Carla Costabile encabeza la Lista 26 de Julio en San Juan

La secretaria adjunta nacional de ASIJEMIN, Carla Costabile, encabeza la Lista 26 de Julio para las elecciones de la CTA de los Trabajadores del 3 de noviembre. El espacio reúne a referentes sindicales y organizaciones sociales y plantea una central con mayor participación interna, autonomía respecto de los gobiernos y articulación entre trabajadores registrados, estatales, industriales e informales. La conducción nacional de la central oficializó la convocatoria para ese día, con elecciones en los distintos niveles de la organización para el período 2026-2030.

Entre los espacios que, según la presentación de la lista, participan del armado aparecen dirigentes y referentes de SUTEPA (Sindicato de trabajadores de PAMI), ASIJEMIN (Sindicato de supervisores, técnicos y profesionales de la minería), AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) Alternativa Docente (docentes provinciales), FETIA (Federación de trabajadores de la industria, la energía, servicios y afines) referentes de ATE (Asociación de Trabajadores del estado), y de organizaciones sociales formadas por trabajadores y trabajadoras informales que se contienen y organizan cada día en los territorios. De acá en adelante, es necesario que estén a disposición pública los padrones, para que cada trabajador/a pueda saber si está habilitado para votar. Y se hagan públicos los lugares de votación para comenzar a organizar la campaña electoral.

Costabile, sostuvo que la propuesta busca integrar realidades laborales diferentes, desde trabajadores industriales y estatales hasta quienes desarrollan tareas en la economía informal. La lista también plantea fortalecer la articulación entre organizaciones para abordar reclamos vinculados con salarios, empleo, jubilaciones, salud y educación.

Cuando una familia debe elegir qué gasto pagar y cuál postergar, cuando los servicios aumentan y el salario pierde poder adquisitivo, no hay discurso que pueda ocultar esa situación. Necesitamos una organización que mire la realidad de frente, escuche a los/as trabajadores/as y tenga el coraje de decir lo que otros prefieren callar. Nuestra responsabilidad es transformar esa realidad en una lucha concreta por mejores condiciones de vida para todos los trabajadores y trabajadoras sanjuaninas.

Contra el desguace de todo el patrimonio nacional y de los bienes comunes que sólo fortalece a Trump, el FMI y enriquece a sus socios locales. Creemos que la deuda a saldar es con las trabajadoras y trabajadores. Hay que luchar por un aumento de los salarios y de las jubilaciones. Como también por un aumento del presupuesto en salud y educación. Se tienen que generar puestos de trabajo genuino para todos/as. Llamamos a defender el derecho a la huelga, a la protesta, y todos los derechos consagrados avasallados por la reforma laboral esclavista.Uno de los pedidos formulados por el espacio apunta al proceso electoral. La Lista 26 de Julio reclama que los padrones y los lugares de votación tengan difusión pública, de manera que los afiliados puedan verificar su habilitación y conocer dónde deberán concurrir el día de los comicios. La CTA-T, por su parte, informó oficialmente que ya publicó la convocatoria y el listado federal de mesas, domicilios y horarios de votación.

La disputa por la conducción de la CTA-T en San Juan se inscribe en un año de renovación de las principales estructuras sindicales provinciales. En septiembre, la CGT San Juan renovó autoridades con Eduardo Cabello al frente de una lista única respaldada por 54 organizaciones gremiales; ahora la CTA llegará a las urnas con competencia entre dos listas y con el desafío de definir su conducción para el próximo período.

La elección del 3 de noviembre definirá así la nueva conducción de la central en San Juan y pondrá en juego dos concepciones sobre su funcionamiento, representación y relación con el poder político, en una etapa marcada por reclamos salariales, cambios en el mercado laboral y una fuerte discusión dentro del movimiento sindical.

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En el Día del Empleado de Comercio, Hermes Rodríguez alertó por la caída del consumo y el cierre de locales

El comercio de San Juan atraviesa meses de menor nivel de ventas y cierre de locales, de acuerdo con el diagnóstico planteado por Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de la provincia. El dirigente empresario vinculó la contracción con el momento económico que atraviesan los negocios y advirtió que sus efectos alcanzan tanto a empleadores como a trabajadores.

La preocupación quedó expuesta en el Día del Empleado de Comercio, una fecha que Rodríguez aprovechó para reconocer el desempeño de quienes sostienen diariamente la atención de los establecimientos. Según señaló, muchos trabajadores mantienen su compromiso incluso frente a dificultades para trasladarse o cuando deben prestar tareas durante jornadas especiales.

El dirigente destacó que este compromiso diario ayuda a sostener los comercios. Asimismo, afirmó que las empresas intentan respaldar a su personal según los recursos de cada negocio, especialmente ahora que la caída en los ingresos presiona la estructura de costos.

Rodríguez resumió el momento con una definición contundente: hay “poco para festejar” desde el punto de vista económico. La expresión refleja la preocupación de la entidad por la evolución de las ventas y por la continuidad de establecimientos que no logran sostener el nivel de operaciones necesario para afrontar sus gastos.

El cierre de locales constituye una de las consecuencias más visibles señaladas por la Cámara. Cada baja supone no solo la desaparición de un punto comercial, sino también la pérdida potencial de puestos de trabajo y de una fuente de ingresos para proveedores y otros servicios vinculados al consumo.

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El EPRE prepara la red eléctrica ante el impacto del “Super Niño”

El EPRE reunió a Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy San Juan para preparar la respuesta ante posibles contingencias durante el verano 2026/2027. Las distribuidoras deberán garantizar enlaces operativos las 24 horas y contar con equipamiento crítico para restablecer rápidamente el suministro.

El organismo puso en marcha una mesa de coordinación para reforzar la continuidad del servicio eléctrico durante el verano 2026/2027, período en el que San Juan prevé mayores riesgos asociados a tormentas severas y a los efectos del fenómeno El Niño.

La reunión se realizó dentro del Plan Operativo de Emergencia del Comité de Crisis Provincial y convocó a representantes del Departamento de Hidráulica, Protección Civil, Policía de San Juan, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Naturgy San Juan y el propio organismo regulador.

La prioridad definida es acortar los tiempos de respuesta frente a eventuales cortes o daños en la infraestructura. Para ello, el EPRE estableció que las distribuidoras deberán disponer de enlaces operativos las 24 horas, los siete días de la semana, que permitan una comunicación inmediata entre los organismos que deban intervenir ante una emergencia.

El dispositivo también contempla la disponibilidad inmediata de equipamiento crítico, entre ellos hidroelevadores, torres de iluminación para trabajos nocturnos y grupos electrógenos de respaldo. La preparación busca evitar que una contingencia climática derive en interrupciones prolongadas o dificulte las tareas de recuperación.

Uno de los puntos centrales será además el restablecimiento prioritario del suministro en hospitales y centros de salud, instalaciones de bombeo de agua potable y domicilios de personas electrodependientes. Estos servicios fueron incorporados como destinos críticos dentro de los esquemas de recuperación.

La coordinación adquiere especial relevancia ante el pronóstico de una temporada con mayor disponibilidad hídrica en la cordillera y la posibilidad de episodios meteorológicos severos. El fenómeno El Niño puede modificar las condiciones hidrológicas y atmosféricas, aunque su evolución concreta dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones y del deshielo.

El operativo busca que esa mayor variabilidad climática encuentre a los organismos con protocolos de comunicación, recursos técnicos y responsabilidades previamente definidos. La preparación se extenderá durante toda la temporada estival, con la meta de preservar la seguridad y la capacidad de recuperación de la red eléctrica provincial.

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