El Gobierno de San Juan reglamentó la Ley Provincial N.º 2799-A, que reorganiza integralmente el sistema de transporte de pasajeros y cargas. La normativa crea un registro digital obligatorio para empresas, conductores y vehículos, incorpora nuevas herramientas de fiscalización, endurece los requisitos para operar y establece mayores estándares de seguridad, trazabilidad y control sobre la prestación de los servicios.

San Juan dio un paso decisivo hacia la modernización del sistema de transporte con la reglamentación de la Ley N.º 2799-A, una norma que redefine las condiciones de funcionamiento del transporte público de pasajeros, taxis, remises, servicios especiales, transporte escolar y de cargas dentro del territorio provincial.

La reglamentación, publicada en el Boletín Oficial, busca concentrar en un único régimen jurídico las obligaciones de empresas, prestadores y conductores, incorporando procedimientos digitales destinados a fortalecer el control estatal y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

Uno de los pilares de la nueva normativa es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una plataforma digital que reunirá toda la información vinculada con la actividad. Allí deberán inscribirse obligatoriamente las empresas habilitadas, los vehículos afectados a los distintos servicios y los conductores autorizados.

Cada operador contará con un legajo electrónico que concentrará licencias, pólizas de seguro, revisiones técnicas, habilitaciones, antecedentes administrativos y toda la documentación necesaria para el ejercicio de la actividad. La digitalización permitirá a la autoridad de aplicación verificar en tiempo real el cumplimiento de las exigencias legales y agilizar los procedimientos de fiscalización.

Para acceder a una habilitación, las empresas deberán acreditar domicilio legal en San Juan, CUIT activo, inscripción tributaria y especificar la modalidad de transporte que desarrollan. También estarán obligadas a informar la nómina de vehículos y choferes afectados al servicio, quienes deberán poseer las licencias profesionales correspondientes y cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas por la legislación vigente.

En el caso del transporte público regular de pasajeros, las concesionarias deberán respetar estrictamente los recorridos, frecuencias, horarios y cuadros tarifarios autorizados por la autoridad provincial. Asimismo, el Gobierno tendrá acceso permanente a información operativa vinculada con la cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos, niveles de cumplimiento y demás indicadores que permitan evaluar el desempeño de cada empresa.

Esos datos no sólo servirán para supervisar la prestación del servicio, sino también para respaldar futuros análisis sobre la distribución de subsidios y compensaciones económicas, una herramienta cada vez más utilizada por las jurisdicciones para optimizar la asignación de recursos públicos destinados al transporte.

La reglamentación también incorpora nuevas exigencias vinculadas con la seguridad y la transparencia. Las unidades deberán mantener condiciones adecuadas de higiene, accesibilidad y mantenimiento mecánico, además de exhibir sistemas de identificación que permitan a los usuarios consultar información del vehículo, verificar su habilitación y canalizar reclamos mediante herramientas digitales.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización para los servicios no regulares de pasajeros. Estos dispositivos deberán permanecer activos durante toda la prestación y transmitir la información que determine la autoridad de aplicación, fortaleciendo la capacidad de control sobre los recorridos y la trazabilidad de cada viaje.

Aunque la reglamentación no hace referencia expresa a plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi, la incorporación de una regulación específica para los servicios no regulares podría constituir un instrumento normativo que permita ordenar futuras modalidades de movilidad bajo parámetros comunes de habilitación y fiscalización.

En materia de transporte de cargas, la legislación establece que todos los transportistas que operen dentro de la provincia deberán inscribirse en el registro oficial e informar las unidades utilizadas. Los vehículos deberán acreditar la documentación obligatoria, cobertura de seguros, revisiones técnicas y el cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones fijadas por la legislación nacional y provincial.

El Ejecutivo también quedó facultada para establecer corredores específicos, restricciones horarias y limitaciones de circulación para determinados tipos de cargas, en función del estado de la infraestructura vial, la seguridad del tránsito y la preservación de las rutas provinciales.

El nuevo régimen amplía además las facultades de fiscalización mediante auditorías, inspecciones y controles permanentes. Las sanciones previstas abarcan apercibimientos, multas económicas, suspensión de habilitaciones e incluso la retención preventiva de vehículos cuando se detecten infracciones graves.

En cuanto al régimen tarifario, la autoridad provincial conservará la potestad exclusiva para aprobar los cuadros de tarifas del transporte público. Cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos de costos y las empresas tendrán prohibido aplicar valores distintos de los oficialmente autorizados.

Para el servicio de colectivos se ratifican exigencias vinculadas con la revisión técnica obligatoria, seguros, condiciones mecánicas y estándares mínimos de funcionamiento. La reglamentación mantiene una antigüedad máxima de diez años para las unidades, aunque contempla excepciones expresamente previstas por la normativa para casos particulares.

Otro aspecto de relevancia institucional es la continuidad del servicio. Si una empresa concesionaria decide cesar sus operaciones o pierde la concesión, la Provincia podrá ordenar la prestación transitoria hasta concretar una nueva adjudicación, evitando interrupciones que afecten a miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público.

La entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley N.º 2799-A marca una transformación significativa en la política de movilidad de San Juan. La incorporación de herramientas digitales, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la actualización de los requisitos para operar buscan adecuar el sistema provincial a los nuevos desafíos del transporte moderno, privilegiando la seguridad, la transparencia y la eficiencia en la prestación de un servicio esencial para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia.

El Gobierno nacional volvió a poner sobre la mesa una de las reformas tributarias más sensibles para trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La iniciativa, impulsada en el ámbito del Consejo de Mayo y alineada con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, propone restringir el Monotributo a las categorías de menor facturación y trasladar al resto de los profesionales hacia un nuevo régimen impositivo. La discusión abre interrogantes sobre la carga fiscal, los aportes previsionales, la cobertura de salud y el impacto sobre la formalidad laboral.

La reforma del sistema tributario volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica del Gobierno de Javier Milei. Entre las iniciativas que analiza el Ministerio de Economía figura una profunda modificación del Monotributo, régimen que desde hace casi tres décadas constituye la principal herramienta de formalización para millones de trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

La propuesta comenzó a tomar forma dentro del Consejo de Mayo, el ámbito de diálogo político creado por el Poder Ejecutivo para avanzar en reformas estructurales y que reúne a representantes del Gobierno, gobernadores, empresarios y organizaciones sindicales. Entre las recomendaciones elaboradas por ese organismo aparece la reducción del universo de monotributistas como uno de los capítulos centrales de la futura reforma impositiva.

El esquema en estudio contempla mantener únicamente el Monotributo Social y las categorías A, B y C, mientras que quienes superen esos niveles de facturación deberían abandonar el régimen simplificado para incorporarse a un sistema de transición que desembocaría posteriormente en el Régimen General.

Como alternativa al salto directo hacia las obligaciones tributarias tradicionales, el proyecto prevé recrear una figura prácticamente desaparecida del sistema argentino: el Responsable No Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado. Ese régimen fue eliminado en 2004 debido a las distorsiones que generaba tanto para los contribuyentes como para las operaciones comerciales.

Más obligaciones y mayores costos administrativos

Uno de los principales cambios recaería sobre la estructura de costos de los trabajadores independientes. Al dejar el Monotributo desaparecería el sistema de pago unificado que actualmente concentra impuestos nacionales, aportes jubilatorios y obra social en una sola cuota mensual.

Los contribuyentes alcanzados deberían comenzar a tributar como autónomos, efectuar aportes previsionales independientes, afrontar liquidaciones impositivas más complejas y, en la mayoría de los casos, contratar servicios profesionales de contabilidad para cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

A ello se suma otra modificación relevante: la pérdida de la cobertura médica vinculada al Monotributo. Quienes abandonen el régimen deberían gestionar su incorporación a una obra social habilitada o contratar una empresa de medicina prepaga, incrementando significativamente sus gastos mensuales.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

La propuesta incorpora un sistema simplificado para el Impuesto a las Ganancias destinado exclusivamente a quienes migren desde el Monotributo. La idea consiste en aplicar una alícuota fija del 25%, evitando que esos contribuyentes deban presentar las tradicionales declaraciones juradas mensuales del IVA.

Sin embargo, detrás de esa simplificación aparece uno de los aspectos que genera mayores cuestionamientos entre especialistas tributarios: el eventual regreso del mecanismo conocido históricamente como «IVA por acrecentamiento».

Durante la vigencia del antiguo régimen de Responsables No Inscriptos, los proveedores aplicaban el IVA correspondiente y adicionaban un recargo equivalente al 50% del impuesto.

Cuando la alícuota general era del 18%, el efecto económico representaba una carga del 27%. Con el IVA vigente del 21%, distintos tributaristas estiman que la incidencia teórica alcanzaría el 31,5%, aunque la propuesta oficial procura reemplazar ese mecanismo por una tasa fija del 25% dentro del Impuesto a las Ganancias Simplificado.

El riesgo de incentivar la informalidad

Diversos especialistas advierten que una mayor presión tributaria y administrativa sobre los pequeños contribuyentes podría generar un efecto contrario al buscado por la reforma: aumentar la informalidad.

El Monotributo fue creado en 1998, durante la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía, con el objetivo de facilitar la incorporación de pequeños contribuyentes al sistema formal mediante un régimen simple, previsible y de bajo costo administrativo. La unificación de impuestos nacionales, aportes jubilatorios y cobertura de salud permitió ampliar considerablemente la base de contribuyentes registrados durante las últimas décadas.

Desde entonces, el régimen se consolidó como una herramienta central para profesionales, comerciantes, emprendedores, trabajadores de oficios y prestadores de servicios, reduciendo barreras de ingreso a la formalidad.

La eventual reducción de su alcance reabre un debate que trasciende lo estrictamente tributario. Mientras el Gobierno sostiene que busca disminuir las distorsiones entre el régimen simplificado y el general, distintos analistas sostienen que un incremento de las obligaciones fiscales podría desalentar la registración de miles de pequeños contribuyentes cuyos ingresos reales ya muestran un deterioro frente al costo de vida.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias una actualización del 1,9% correspondiente a junio, equivalente a la inflación del mes, y llevó el salario inicial conformado a $2.481.855,32. El convenio acumuló una mejora del 16,8% en el primer semestre de 2026, ratificó el mecanismo de actualización automática para julio y agosto y elevó el bono del Día del Bancario por encima de los $2,15 millones.

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, volvió a cerrar una negociación salarial alineada con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y mantuvo el esquema de recomposición automática que viene aplicando desde comienzos de año. El entendimiento con las entidades financieras otorgó un incremento del 1,9% para junio, porcentaje que se trasladará a todos los conceptos salariales, tanto remunerativos como no remunerativos.

Con esta actualización, el ingreso inicial conformado de la actividad alcanzó los $2.481.855,32, integrado por un salario básico de $2.412.128,22 y $69.727,10 correspondientes a la Participación en las Ganancias (ROE). De esta manera, la actividad continúa entre las de mayores remuneraciones del país dentro del empleo registrado.

Desde el sindicato precisaron que el aumento impactará sobre la totalidad de la estructura salarial, incluidos los adicionales convencionales y aquellos pactados por fuera del convenio colectivo, garantizando que ningún componente del salario quede excluido de la recomposición.

El nuevo entendimiento elevó al 16,8% la mejora acumulada durante el primer semestre de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes a diciembre de 2025. La metodología adoptada por la organización sindical permitió que las remuneraciones acompañaran mensualmente la evolución de la inflación, evitando un deterioro significativo del poder adquisitivo en un año que continúa marcado por ajustes periódicos de precios.

Otro de los puntos centrales de la negociación fue la actualización del tradicional bono por el Día del Bancario, que se abona cada 6 de noviembre. El piso quedó establecido en $2.150.328,87, aunque el monto continuará incrementándose si se producen nuevas recomposiciones salariales antes de esa fecha, preservando así su valor real.

Además, las partes acordaron extender durante julio y agosto el mismo mecanismo de actualización automática utilizado hasta ahora. En consecuencia, las remuneraciones volverán a ajustarse siguiendo la variación mensual del IPC elaborado por el INDEC, consolidando uno de los pocos convenios colectivos del país que mantiene una indexación prácticamente inmediata frente al comportamiento de la inflación.

La negociación prevé una nueva instancia de revisión durante la segunda quincena de septiembre. Allí, el sindicato y las cámaras empresarias evaluarán la evolución de los indicadores económicos y definirán la continuidad de la política salarial para el último tramo del año.

En un presente donde numerosas actividades todavía negocian incrementos por debajo del ritmo de los precios o buscan recuperar parte del poder adquisitivo perdido en años anteriores, la paritaria bancaria vuelve a posicionarse como una de las referencias del movimiento sindical argentino. El esquema de actualización permanente, sumado a remuneraciones que superan ampliamente el promedio del empleo formal, fortalece la capacidad de negociación de La Bancaria y consolida un modelo paritario que otros gremios observan como parámetro en la discusión salarial de 2026