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La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta una crisis sin precedentes a raíz de los anuncios del gobierno nacional que implican una profunda reestructuración del organismo. Carlos Ordóñez, titular de Vialidad Nacional en San Juan, manifestó su gran preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en el empleo, la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura del país.

Recortes de Personal y Pérdida de Autonomía

Uno de los cambios más alarmantes es la eliminación del carácter autárquico de Vialidad Nacional, lo que significaría que la entidad dejaría de manejar su propio presupuesto y pasaría a depender directamente del gobierno central. Esta modificación restringiría drásticamente la capacidad operativa del organismo, ya que su financiamiento quedaría supeditado a las decisiones del Poder Ejecutivo, sin la posibilidad de administrar de manera independiente los recursos destinados a la conservación de rutas y caminos.

Además, se prevé una reducción del 30 % del personal, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 1.500 puestos de trabajo en todo el país. Esta drástica disminución del plantel afectaría la operatividad de Vialidad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad laboral de cientos de familias, sino también la capacidad del organismo para garantizar el mantenimiento y la seguridad en las rutas nacionales y provinciales.

Fondos Desviados y Falta de Inversión en Infraestructura

Carlos Ordóñez desestimó el argumento oficial de que los recortes responden a la falta de financiamiento. En este sentido, recordó que existe un impuesto específico sobre los combustibles líquidos, cuyo destino es precisamente el mantenimiento y desarrollo de las rutas del país. Sin embargo, denunció que en 2023 se recaudaron 300.000 millones de pesos por este concepto, pero esos fondos no fueron dirigidos a la infraestructura vial, lo que ha profundizado el deterioro de las rutas y caminos.

El impacto de esta falta de inversión no solo se refleja en el desgaste acelerado de la red vial, sino también en el incremento de costos para el sector del transporte. Las malas condiciones de las rutas provocan daños recurrentes en vehículos de carga y particulares, generando gastos adicionales en reparación de neumáticos, suspensión y otros componentes esenciales. A largo plazo, este deterioro se traduce en un encarecimiento del transporte de bienes y servicios, afectando directamente a la economía de los ciudadanos.

Otro aspecto crítico señalado por el dirigente es el aumento de la siniestralidad vial. La falta de mantenimiento y la presencia de rutas en condiciones deficientes han incrementado el número de accidentes de tránsito en todo el país, con consecuencias fatales en muchos casos. Según Ordóñez, esta realidad no es solo una cuestión de infraestructura, sino de seguridad pública, ya que el estado de las rutas impacta directamente en la vida de quienes las transitan a diario.

Negociaciones y el Rechazo del Sector

El descontento entre los trabajadores de Vialidad Nacional y los gremios del transporte es evidente. En una reciente reunión entre el administrador general del organismo, Marcelo Campoy, y representantes sindicales, se confirmó la inminente publicación del decreto de reestructuración. A pesar de las advertencias sobre los efectos negativos de estas medidas, el gobierno nacional mantiene firme su postura de avanzar con los cambios, lo que ha generado una fuerte resistencia dentro del sector.

Los sindicatos han comenzado a evaluar medidas de protesta y estrategias para visibilizar el impacto de estas decisiones. Mientras tanto, los trabajadores se mantienen en estado de alerta ante la incertidumbre sobre sus empleos y el futuro de la institución.

El Escándalo Escándalo cripto y las Críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Ordóñez también se refirió a la polémica en torno al revuelo $Libra, remarcando que fue un escándalo que ha alcanzado al Ejecutivo nacional. En sus declaraciones, criticó la postura del presidente Javier Milei, quien intentó desligarse del caso argumentando que se trata de un asunto privado. Según Ordóñez, un presidente no puede desentenderse de estos temas, ya que su responsabilidad es permanente y no está limitada a horarios de oficina.

En un tono irónico, el dirigente comparó el caso con la construcción de una “pirámide fraudulenta”, haciendo alusión al esquema financiero bajo sospecha. Esta controversia ha generado aún más incertidumbre sobre la gestión del gobierno y ha puesto en duda su capacidad para garantizar la transparencia en la administración de fondos públicos.

Defensa de la Labor de Vialidad Nacional y la Importancia del Trabajo en las Rutas

Ordóñez enfatizó la importancia del trabajo que realizan los empleados de Vialidad Nacional, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, donde muchas veces su labor pasa desapercibida. Destacó la dedicación de los trabajadores, quienes, a pesar de contar con escasos recursos y maquinaria en mal estado, han garantizado la conectividad en momentos críticos, como las intensas lluvias que afectaron recientemente a la provincia de San Juan.

En este contexto, se están impulsando campañas de concientización para informar a la ciudadanía sobre la relevancia de Vialidad Nacional y el impacto que tendrán los recortes en la calidad y seguridad de la infraestructura vial.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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