Tras un año sin aumentos salariales, los gremios de las telecomunicaciones y la empresa ARSAT llegaron a un acuerdo paritario que establece un incremento del 10,99% aplicable en cuotas escalonadas desde agosto hasta noviembre. El entendimiento también contempla el reconocimiento de los días de huelga y permitió suspender las medidas de fuerza que afectaban el servicio.

El entendimiento alcanzado entre la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) y ARSAT es un paso importante hacia la recomposición de salarios de los trabajadores del sector. Según el acta firmada, las escalas salariales se actualizarán con un 1,2% adicional en septiembre, un 1,1% en octubre y otro 1,1% en noviembre. Estos aumentos serán acumulativos y se computarán en el pago correspondiente al «Día del Trabajador Telefónico».

Los gremios destacaron que no habrá descuentos salariales por los días de huelga y remarcaron que las mejoras pactadas son «a cuenta» de los reclamos más amplios que se mantienen en discusión. En ese sentido, adelantaron que continuarán impulsando demandas en los ámbitos sindical, judicial y administrativo.

El acuerdo fue rubricado por la CONSITEL y las principales organizaciones del sector, incluyendo FATTEL, FOEESITRA, CePETel, UPJET y FOMMTRA. La dirigencia gremial resaltó que el acuerdo se alcanzó gracias a la «participación y lucha» de los trabajadores en todo el país.

Lo conseguido entre ARSAT y los gremios de las telecomunicaciones es un paso importante hacia la normalización de las relaciones laborales en el sector. Sin embargo, los sindicatos subrayaron que el objetivo sigue siendo alcanzar una recomposición integral de los haberes en línea con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La pérdida salarial en el país se profundiza y las proyecciones privadas advierten que, si el Indec aplicara la nueva canasta de consumo para medir la inflación, la pérdida salarial sería casi el doble de la registrada actualmente. Ante esta situación, y faltando solo unos diás para las elecciones en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional enfrenta un panorama económico adverso.

Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) revela que el salario mínimo se contrajo un 32,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que las remuneraciones promedio retrocedieron un 5%. Sin embargo, si se aplicara la nueva metodología de inflación pendiente de implementación por parte del INDEC, el retroceso treparía al 9,1%. La fuerte devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, sumada a la aceleración inflacionaria, impactó de lleno en los bolsillos de los trabajadores.

Según el estudio de CIFRA, tras una recuperación parcial hacia finales de 2024, los salarios volvieron a estancarse. «Desde noviembre pasado, la menor inflación no se tradujo en mejoras: el desempleo debilitó las negociaciones colectivas y el Gobierno buscó limitar los aumentos salariales por debajo del alza de precios», señalaron desde el centro de estudios. Como resultado, en junio de 2025 el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La situación es aún más grave en el sector público: mientras que los privados acumulan una pérdida de 0,6% según el IPC actual (4,4% con la canasta actualizada), los estatales retrocedieron 14,3% y 17,6% respectivamente.

Actualmente, el INDEC mide la inflación con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2003/2004. Si bien en 2017-2018 se llevó adelante una actualización, el nuevo índice aún no fue publicado, pese a que el trabajo técnico está concluido desde fines de 2024.

El propio FMI advirtió en su último staff report que espera que el organismo argentino implemente la nueva metodología hacia finales de 2025, lo que permitiría reflejar mejor los patrones actuales de consumo y precios relativos.

Más allá de la discusión metodológica, la realidad de los hogares muestra un deterioro constante. El ingreso disponible promedio en el AMBA cayó 0,4% en junio, acumulando tres bajas en cuatro meses, según Empiria. En comparación con noviembre de 2023, la merma llega al 7%.

En paralelo, crece el endeudamiento: un estudio del Banco Provincia señala que los préstamos a familias aumentaron más de 60% real entre noviembre de 2023 y julio de 2025, pasando de representar el 5% al 8% de los recursos de los hogares.

A esto se suma la multiplicación de empleos: durante el primer trimestre de 2025, casi 1 de cada 10 trabajadores tuvo más de un trabajo, un nivel superior al promedio de 2017-2019 y bastante por encima del registrado entre 2021 y 2023.

La foto del salario mínimo sintetiza el panorama: su valor real hoy es inferior al que rigió durante gran parte de la década del 90 y en la crisis de la Convertibilidad. Según cálculos de CIFRA, si no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de la última década, debería ubicarse por encima de los $740.000.

Con elecciones inminentes y la Provincia de Buenos Aires como distrito clave, la caída de los ingresos aparece como un desafío político y social central para el Gobierno, en un escenario donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el principal termómetro de malestar.

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso reactivar un régimen de contribuciones patronales diferencial que permita a las empresas del interior del país abaratar el costo de contratación de empleados. El planteo se enmarca en una agenda de cinco ejes que incluye reforma tributaria, modernización laboral e inversión en infraestructura.

La UIA, liderada por Martín Rappallini, busca recuperar el esquema del Decreto 814/2001, que fijaba una alícuota única del 16% en contribuciones patronales y otorgaba a las empresas la posibilidad de imputar parte del IVA a cuenta de esas cargas. La proporción que podían descontar dependía de la distancia de cada provincia respecto de los puertos, lo que beneficiaba particularmente a las regiones del NOA y el NEA.

Según la UIA, este régimen fue clave para el desarrollo de numerosas pymes y atrajo inversiones de grandes empresas en el norte del país, al permitirles compensar los mayores costos logísticos. La entidad sostiene que la reactivación de este régimen sería fundamental para mejorar la competitividad del sector industrial en el interior del país.

La Unión Industrial Argentina también presentó una agenda de cinco puntos para mejorar la competitividad del sector, que incluye:

• Reforma tributaria, para simplificar cargas y eliminar distorsiones.
• Modernización laboral, orientada a marcos más flexibles e inclusivos.
• Inversión en infraestructura, con el fin de reducir costos logísticos y conectar regiones.
• Financiamiento productivo, accesible y previsible para pymes e industrias innovadoras.
• Educación técnica, articulada con la demanda productiva para potenciar el talento industrial.

En este sentido, Martín Rappallini expresó. «Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo. La macro es importante, pero hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino», completó Rappallini .