Una investigación periodística estimó en $20.477 millones el costo de ocho contrataciones directas realizadas para organizar las actividades vinculadas con la visita de León XIV. La cifra equivale, según el cálculo difundido, a los ingresos anuales de 788 investigadores asistentes del CONICET. El contraste volvió a poner bajo discusión las prioridades del gasto público en medio de los reclamos por el financiamiento de la ciencia y las universidades.

El costo de la organización de las actividades oficiales por la visita del papa León XIV quedó en el centro de la controversia luego de que una investigación periodística estimara en más de $20.477 millones el monto comprometido por el Gobierno nacional mediante ocho contrataciones directas. Una parte de esos recursos estuvo destinada a montar un espacio VIP para autoridades, empresarios, figuras del espectáculo e invitados especiales durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La dimensión del desembolso adquirió mayor repercusión al compararse con los ingresos del sistema científico nacional. De acuerdo con los cálculos difundidos, la suma total representa el equivalente al salario anual de aproximadamente 788 investigadores asistentes del CONICET o de unos 392 profesionales ubicados en la categoría de investigadores superiores, tomando como referencia las escalas salariales consideradas en el relevamiento y doce meses de remuneraciones, sin incluir el aguinaldo.

La comparación también permite dimensionar el volumen de recursos involucrados: el monto global equivale a más de 6.400 salarios mensuales si se utiliza el promedio de las cinco categorías salariales tomadas como referencia. El contraste se produce mientras investigadores, becarios y trabajadores de universidades públicas advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos para investigación y las dificultades para sostener programas científicos.

Según la investigación publicada por el El Disenso, la Jefatura de Gabinete habría instrumentado ocho procedimientos de contratación directa para cubrir distintos servicios vinculados con la organización de las actividades papales. El expediente de mayor cuantía correspondió a DF Entertainment, con una contratación de $8.690 millones para la producción general del evento, que incluyó el montaje del sector VIP y una carpa acondicionada para alrededor de 250 personas, con climatización, alfombras y servicio de catering.

El resto de las adjudicaciones comprendió prestaciones indispensables para el desarrollo del acto, aunque sus montos también reflejan la magnitud del operativo. Nuevos Aires Producciones SRL recibió una contratación por $4.547,7 millones para estructuras y vallados; Recordvision SA, que opera como MediaHub, por $3.090 millones para servicios de transmisión; PRG Argentina SRL, por $1.979,3 millones para sonido e iluminación; y Fidias Energía SRL, por $1.736 millones para el suministro eléctrico.

A esas cifras se sumaron $225 millones para pantallas LED, contratados a VMG Video Tech SA; $128,08 millones para alfombras y cortinas, a Alfombra Mágica SRL; y otros $81,2 millones por prestaciones similares, adjudicados a Tetramon. La suma de los ocho procedimientos asciende a $20.477.334.664,75, de acuerdo con el detalle publicado.

La polémica no se limita al volumen económico de las contrataciones. También se concentra en las condiciones de acceso al espacio reservado para invitados especiales y en el contraste con la experiencia de miles de fieles que asistieron a la celebración. Mientras personalidades del espectáculo, dirigentes políticos, empresarios y representantes del Poder Judicial contaron con un área cubierta y acondicionada, asistentes y voluntarios señalaron que parte del público debió permanecer al aire libre, expuesto al sol y a considerable distancia del altar. También trascendieron cuestionamientos por las condiciones en las que algunas religiosas, sacerdotes y personas mayores habrían seguido la ceremonia.

Entre los invitados que habrían ocupado el espacio VIP figuraron reconocidas personalidades del espectáculo y los medios, como Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Analía Franchín, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Zulemita Menem. También participaron periodistas, empresarios, dirigentes políticos, funcionarios nacionales y representantes de la Justicia.

La nómina incluyó, entre otros, a Jorge Macri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. En el ámbito empresarial se mencionó a Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, Daniel Vila, José Luis Manzano, Hugo Sigman y Nicolás Caputo. Por el Poder Judicial estuvieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además de Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño.

La organización del espacio reservado y la convocatoria de invitados habrían involucrado gestiones tanto del Gobierno nacional como de la administración porteña. En ese marco, el debate público se desplazó desde los aspectos protocolares de la visita hacia la utilización de fondos estatales y los criterios aplicados para distribuir los recursos destinados al acontecimiento.

El contraste con la situación del CONICET y las universidades constituye uno de los aspectos más sensibles de la discusión. El sistema científico atraviesa reclamos por la recomposición salarial, el financiamiento de proyectos, la continuidad de becas y las condiciones materiales para desarrollar investigaciones. La pérdida de ingresos y las restricciones presupuestarias también alimentan la preocupación por la emigración de profesionales y el deterioro de las capacidades científicas construidas durante décadas.

La comparación entre el costo del operativo y los salarios de los investigadores no significa que ambos gastos correspondan a partidas presupuestarias intercambiables, pero sí permite dimensionar la escala de los recursos públicos comprometidos. La pregunta que emerge es política y presupuestaria: cuáles son las prioridades que orientan el gasto estatal y qué lugar ocupan la educación, la investigación y el desarrollo en la asignación de fondos.

En un país que necesita fortalecer su capacidad tecnológica, productiva y científica, la magnitud de las contrataciones para un acontecimiento institucional de estas características exige explicaciones sobre sus costos, procedimientos y criterios de ejecución. La discusión no pasa por cuestionar la organización de una celebración religiosa de alcance internacional, sino por establecer si el uso de los recursos públicos respondió a parámetros de austeridad, transparencia y proporcionalidad. Esa es, en definitiva, la dimensión institucional que convierte al operativo VIP en un asunto que excede la polémica por una carpa y pone bajo examen las prioridades del Estado.

La compañía mendocina, dedicada a la elaboración de sidras, vinos y cervezas, solicitó la apertura del proceso tras declararse en cesación de pagos. Registra 812 cheques rechazados por $2.542 millones. La resolución judicial dispuso, además, que un representante de los empleados integre el comité de control.

Una de las empresas familiares tradicionales de la industria vitivinícola y de bebidas de Mendoza quedó bajo supervisión judicial tras ingresar en concurso preventivo. Se trata de Rama Caída S.A., fabricante de sidras, vinos y cervezas fundada en 1949, que enfrenta un severo deterioro financiero: registra 812 cheques rechazados por un total de $2.542 millones, de los cuales permanecen impagos 727 por $2.188 millones.

La apertura del proceso fue dispuesta por la jueza Mariela Selvaggio, titular del Juzgado de Procesos Concursales de la Segunda Circunscripción Judicial, luego de la presentación realizada por Marcos Martínez, presidente de la sociedad, quien reconoció la cesación de pagos de la compañía.

Entre las decisiones adoptadas sobresale la incorporación de un representante de los trabajadores al comité de control, instancia que tendrá a su cargo el seguimiento del procedimiento y permitirá que los empleados participen de la supervisión de una etapa determinante para la continuidad de la firma.

La resolución también ordenó el sorteo de tres síndicos y estableció el 2 de febrero de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación de créditos, acompañadas por la documentación correspondiente. Asimismo, exigió a la empresa un inventario de las marcas comerciales que elabora en su establecimiento, con el propósito de identificar el alcance de sus operaciones.

El cuadro financiero encuentra una de sus expresiones más contundentes en los registros de la Central de Cheques Rechazados del Banco Central. De los 812 documentos informados, 85 fueron abonados por $354 millones, mientras que otros 727 continúan sin cancelar. La magnitud de los compromisos impagos refleja las dificultades de liquidez que llevaron a la compañía a recurrir al mecanismo concursal.

La magistrada también dispuso restricciones para el presidente de la sociedad: deberá informar previamente cualquier salida del país y precisar el período de ausencia, que no podrá superar los 40 días corridos sin autorización judicial.

Una trayectoria de más de siete décadas

Fundada en 1949, Rama Caída construyó su identidad empresarial alrededor de la elaboración de sidra y posteriormente amplió su catálogo con bebidas frutadas, vinos y cerveza. Su desarrollo estuvo ligado a la producción regional, con cultivos en áreas de Valle de Uco y Rama Caída.

Con el paso de los años incorporó distintas etiquetas comerciales, entre ellas La Salomera, Los Grillos y Cepas de Rama Caída en el rubro vitivinícola, además de Del Pico en el mercado cervecero.

Sin embargo, la actual presentación concursal tiene antecedentes societarios que agregan complejidad a la historia de la compañía. Según informó el diario Los Andes, una sociedad vinculada a la familia Martínez, que operaba anteriormente bajo la denominación Martínez Hermanos S.A. y con otro CUIT, había solicitado su propio concurso preventivo en abril de 2016. Ese expediente continuaba en trámite y registraba un movimiento judicial el 19 de junio de 2026.

La apertura del nuevo proceso permitirá a Rama Caída negociar sus obligaciones con los acreedores bajo supervisión judicial y procurar una reorganización financiera. No obstante, el concurso no garantiza por sí mismo la continuidad productiva ni despeja las incertidumbres sobre el futuro de la empresa.

La incorporación de los trabajadores al comité de control adquiere especial relevancia en una compañía con una extensa trayectoria industrial y comercial. Mientras se desarrolla la verificación de las acreencias y se examinan las alternativas para afrontar los compromisos pendientes, la prioridad estará puesta en determinar si la firma puede recuperar condiciones de funcionamiento y preservar su estructura laboral.

Confederaciones Rurales Argentinas envió una carta a Nicolás Pino para exigir explicaciones por las declaraciones de un director de la Sociedad Rural sobre la plataforma VISEC. El enfrentamiento expone diferencias sobre las exigencias ambientales del comercio internacional y quién debe asumir sus costos, aunque todavía no existe un planteo formal de ruptura.

La histórica unidad de la Mesa de Enlace enfrenta una nueva prueba. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó explicaciones formales a la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las declaraciones de uno de sus directores, Andrés Costamagna, quien cuestionó públicamente la posición de la entidad frente a la plataforma de trazabilidad VISEC. El episodio abrió una disputa institucional entre dos organizaciones fundadoras del espacio y dejó al descubierto diferencias que exceden el intercambio de declaraciones.

El conflicto quedó formalizado el 6 de noviembre, cuando el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario de la entidad, Adrián Luna Vázquez, enviaron una carta a Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural. En el documento calificaron los dichos de Costamagna como agraviantes y reclamaron que la conducción de la SRA precise si el dirigente se expresó a título personal o si sus declaraciones representan la posición institucional.

El malestar se originó en una entrevista realizada por Silvio Baiocco en Canal Rural. Según la comunicación de CRA, Costamagna acusó a la organización de desinformar, comunicar de manera errónea y sostener una postura de negacionismo extremo frente al sistema de trazabilidad. Para la entidad, las expresiones excedieron el intercambio legítimo de argumentos y afectaron el respeto que debe regir entre organizaciones representativas del agro.

CRA pidió que, si la Sociedad Rural no comparte esas afirmaciones, lo manifieste públicamente y reclame una rectificación por los mismos canales en los que se difundieron. Aunque la carta no plantea abandonar la Mesa de Enlace, advierte sobre el deterioro de los vínculos institucionales y traslada a la conducción de Pino la responsabilidad de responder al reclamo.

La trazabilidad, en el centro de la disputa

Detrás del enfrentamiento aparece una discusión de creciente importancia para las cadenas agroexportadoras. VISEC es una plataforma destinada a documentar la trazabilidad de productos y acreditar el cumplimiento de requisitos ambientales exigidos por los mercados internacionales, particularmente las disposiciones europeas vinculadas con la comercialización de productos libres de deforestación.

El disentimiento no se limitan a la conveniencia de implementar estos mecanismos. También involucran la administración de la información, los procedimientos de verificación y, fundamentalmente, la distribución de los costos entre productores, industrias y exportadores.

CRA viene expresando su preocupación por la posibilidad de que las nuevas exigencias terminen trasladando mayores obligaciones económicas y administrativas a los establecimientos productivos, mientras los beneficios comerciales alcanzan al conjunto de la cadena. La discusión, por lo tanto, compromete tanto la competitividad de las empresas como las condiciones en las que los productores deberán acreditar el origen de sus mercancías.

La discrepancia adquiere mayor dimensión porque las entidades rurales comparten reclamos vinculados con la presión impositiva, las retenciones y la necesidad de mejorar las condiciones de competencia frente a otros países productores de la región. Sin embargo, las diferencias sobre cómo afrontar las regulaciones ambientales internacionales amenazan con debilitar la posición común que históricamente procuraron sostener.

Una unidad que deberá demostrar su fortaleza

La Sociedad Rural y CRA integran la Mesa de Enlace junto con Federación Agraria Argentina y Coninagro, una articulación que adquirió protagonismo como representación conjunta del campo frente a las distintas administraciones nacionales.

El enfrentamiento actual vuelve a poner a prueba esa construcción. La respuesta de Pino será determinante para establecer si el episodio queda circunscripto a un desacuerdo entre dirigentes o si deriva en un distanciamiento institucional de mayor alcance.

Por ahora, no hay una ruptura formal, pero sí una señal de desgaste en una alianza que necesita consensos para intervenir en las discusiones sobre producción, exportaciones y regulaciones internacionales. La divergencia por VISEC dejó expuesta una cuestión de fondo: la unidad de las entidades rurales depende no solo de sus reclamos compartidos, sino también de su capacidad para resolver diferencias sobre el rumbo que debe adoptar el sector.