Reforma laboral y telecomunicaciones: advertencias sindicales ante un escenario regresivo
En diálogo con Mundo Laboral SJ, Marcelo Trujillo, dirigente de los trabajadores de las telecomunicaciones e integrante de la CGT San Juan, delineó un balance crítico del año que termina y encendió señales de alerta sobre el impacto del avance tecnológico, la caída del empleo y una reforma laboral que, advierte, amenaza con profundizar la desigualdad y debilitar derechos históricos.
El cierre de año suele ser un tiempo propicio para los balances, pero también para anticipar los desafíos que se avecinan. En el caso del sector de las telecomunicaciones, el diagnóstico que plantea Marcelo Trujillo dista de ser alentador. Según explicó, el proceso de transformación tecnológica que atraviesa la actividad —con el paso definitivo del cobre a la fibra óptica y la expansión del universo TIC— convive con una silenciosa pero persistente reducción del empleo formal.
“La fibra hoy transporta toda la información que consumimos a diario, pero ese avance no se tradujo en más puestos de trabajo”, señaló. Por el contrario, el dirigente remarcó que en los últimos años se acumularon bajas de personal, mayoritariamente a través de retiros voluntarios que luego no fueron reemplazados. El resultado es una doble afectación: menos trabajadores en actividad y una merma sostenida tanto en los ingresos familiares como en la capacidad económica de los propios sindicatos.
En ese marco, Trujillo advirtió sobre un fenómeno que comienza a hacerse sentir con mayor crudeza: la crisis de ingresos y el creciente endeudamiento de los hogares. Aunque los indicadores oficiales insistan en una desaceleración inflacionaria, el impacto cotidiano se mide, según ironizó, en el “IPG, el índice de precios en góndola”, el que golpea directamente a trabajadores y jubilados. “Eso todavía no terminó de reflejarse, pero inevitablemente va a impactar”, anticipó.
El panorama se vuelve aún más complejo al proyectar el escenario político y gremial de 2026. Para el dirigente sanjuanino, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no sólo genera incertidumbre, sino que encierra un claro sesgo regresivo. “No es una actualización, es una regresión”, afirmó, al advertir que la iniciativa avanza sin un debate serio y tripartito entre trabajadores, empresarios y Estado.
Trujillo cuestionó además el modo en que se discute la iniciativa en el Congreso y no descartó que se repitan prácticas del pasado, como la compra de voluntades legislativas. En ese sentido, recordó la experiencia de la denominada “ley Banelco” y expresó su preocupación ante la falta de instancias formales de diálogo.
Uno de los puntos más críticos, explicó, es el tratamiento de los trabajadores de plataformas y aplicaciones. Lejos de regularizar el sector, la reforma dejaría a amplios segmentos fuera del sistema, alimentando el empleo informal y el mercado negro. “No se entiende dónde está la mejora”, sostuvo.
También puso el foco en el nuevo esquema de fondo de cese laboral, donde el aporte empresario sería mínimo, mientras que el Estado y el propio trabajador terminarían asumiendo el costo de las indemnizaciones. A eso se suma, advirtió, un horizonte aún más incierto con los anuncios de futuras reformas tributarias y previsionales, que podrían desembocar en sistemas híbridos similares a las antiguas AFJP.
“El trabajador no ve futuro. Ni para jubilarse, ni para pensar una nueva etapa después del trabajo”, sintetizó, al describir un panorama que definió como “muy negro”.
El balance que deja el testimonio de Marcelo Trujillo es el de un sector atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, pero también por decisiones políticas que amenazan con debilitar el entramado laboral y social. Frente a un discurso oficial que señala a los sindicatos como un obstáculo, el dirigente reivindica el rol histórico del movimiento obrero y plantea una pregunta de fondo: si los empresarios han podido crecer, incluso en contextos críticos como la pandemia, ¿por qué el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores?
En un contexto de incertidumbre creciente, el reclamo es claro: discutir en serio, con transparencia y equilibrio, un modelo de desarrollo que no sacrifique derechos en nombre de una modernización que, hasta ahora, parece beneficiar a unos pocos y profundizar las desigualdades.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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