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En un fallo histórico, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 ordenó al Estado Nacional proteger a los trabajadores y a las instituciones destinadas a combatir la violencia de género, en medio de un ajuste estatal que amenazaba con desmantelar las políticas de género en el país.

La resolución judicial, que surge en respuesta a un reclamo presentado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y otras organizaciones, obliga al Estado a mantener recursos humanos e infraestructura para la protección contra la violencia de género. También exige que se sostenga la producción y publicación de estadísticas y evidencias que respalden las políticas públicas vigentes.

El fallo reconoce el principio de progresividad de derechos y subraya la obligación estatal de garantizar un umbral mínimo de protección. Sin embargo, desestima el pedido de reincorporación de trabajadores despedidos, argumentando que ello requeriría analizar cada situación contractual en particular.

La sentencia se produce en un contexto de incertidumbre respecto al futuro de programas clave, como el Programa Acompañar y la Línea 144, que han sufrido una reducción drástica de presupuesto y alcance en 2024. Además, de los 109 Centros de Acceso a la Justicia operativos en 2023, solo 77 permanecen activos según datos recientes.

La Justicia consideró que el Gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar cómo la reorganización garantizaría los derechos del colectivo afectado. El fallo marca un precedente importante en la defensa de los derechos de las mujeres y niños, reforzando la obligación del Estado de priorizar su protección, incluso en el marco de ajustes o reorganizaciones administrativas.

En conclusión, la intervención de la Justicia Federal es un paso crucial para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que el Estado Nacional cumpla con la resolución judicial y mantenga los recursos humanos e infraestructura necesarios para combatir la violencia de género.

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Persecución antisindical en ANSES: la justicia dice NO

En un golpe directo a las políticas de ajuste y persecución, el Juzgado Nacional del Trabajo N°6 dictaminó que los despidos masivos en ANSES fueron discriminatorios y antisindicales. Esta decisión judicial es un triunfo para los trabajadores y un llamado a la unidad para resistir las embestidas del poder.

El magistrado a cargo sentenció que «no existen dudas de que el accionar de la ANSES resultó discriminatorio y violatorio de los derechos de libertad sindical». La resolución judicial no deja lugar a interpretaciones ambiguas: los despidos no fueron el resultado de una supuesta reestructuración técnica, sino la ejecución de una estrategia política perversa destinada a amedrentar y perseguir a la legítima organización de los trabajadores.

La contundencia del fallo es innegable. El 84,6% de las personas injustamente despedidas ostentaban su legítima afiliación al SECASFPI, dejando al descubierto una operación planificada para asfixiar financieramente al gremio y socavar su capacidad de defensa de los derechos de las y los trabajadores.

El secretario general del SECASFPI, Carlos Ortega, afirmó que «celebramos este fallo que confirma nuestra denuncia de persecución ideológica y antisindical». La lucha sindical ha sido fundamental para defender los derechos de los trabajadores y resistir las embestidas del poder.

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Trabajadores de Comercio en estado de movilización por la falta de homologación del acuerdo salarial

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) declaró el estado de alerta en todo el país y comenzó a realizar asambleas en los lugares de trabajo tras rechazar la intromisión del gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres. La medida se tomó luego de que la Secretaría de Trabajo no homologara el último acuerdo salarial firmado entre el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo salarial firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) establece un aumento acumulativo del 5,4% para el trimestre abril-junio, distribuido en tres tramos. El salario básico con presentismo trepará a $1.123.000. Además, se pactaron sumas fijas que se incorporarán al básico a partir de julio.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo no homologó el acuerdo, lo que generó la reacción del sindicato. «Nos quieren meter la mano en la negociación colectiva y eso no lo vamos a permitir», lanzó un delegado durante la asamblea encabezada por el histórico líder Armando Cavalieri.

El sindicato enfatizó que el acuerdo está vigente y que no aceptarán que no se respeten los derechos de los trabajadores. «Este convenio está vigente. No vamos a aceptar que no se respeten los derechos de los trabajadores», subrayaron fuentes sindicales.

La no homologación del pacto salarial amenaza con impactar de lleno en los bolsillos de los trabajadores, en un contexto en el que la inflación sigue presionando fuerte sobre los salarios. El gremio continuará en estado de alerta y no descarta endurecer las medidas si no se destraba la situación.

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Alerta: Docentes universitarios confirman nuevas medidas de fuerza

Jaime Barcelona, representante de Adicus, expresó su preocupación por el congelamiento de las negociaciones salariales en el ámbito universitario. Denunció que el gobierno impone aumentos del 1% sin discusión y anunció nuevas medidas de fuerza para el 14, 19 y 20 de mayo.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Jaime Barcelona, referente de Adicus, confirmó que el conflicto docente en el ámbito universitario continúa profundizándose. Sin respuestas por parte del gobierno nacional, el gremio resolvió convocar a una jornada de lucha el 14 de mayo y un paro nacional de 48 horas los días 19 y 20 de mayo, con suspensión total de actividades.

“La administración de Javier Milei sigue sin convocar a paritarias y pretende imponer aumentos del 1,3% y luego del 1%, sin ningún tipo de discusión. Por eso la única salida que nos dejan es la protesta organizada”, explicó Barcelona.

Retraso salarial histórico

El dirigente denunció una pérdida salarial significativa desde el inicio de la actual gestión. “En lo que va del gobierno nacional, la inflación superó el 200%, mientras que los aumentos salariales en el sector apenas alcanzaron el 120%. Es decir, los docentes universitarios perdimos más del 70% de nuestro poder adquisitivo”, sostuvo con preocupación.

Barcelona también se refirió a los trascendidos sobre la decisión oficial de no homologar acuerdos paritarios que superen el 1%: “Es muy grave. Esto es parte de un ajuste profundo. La plata no alcanza, y en lugar de buscar consensos, profundizan la desigualdad con bonos y aumentos en negro. Eso no es salario real”.

El enojo crece entre los docentes, y la situación genera un clima de tensión en las universidades de todo el país. Desde Adicus, instan a mantener la unidad y continuar con las medidas para visibilizar la problemática. “Si no hay respuestas, no habrá clases. Es así de simple. Esta lucha no es sólo por salario, es por el futuro de la universidad pública”, concluyó Barcelona.

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