Los salarios del empleo privado registrado exhibieron en marzo una marcada dispersión territorial. Impulsadas por la actividad hidrocarburífera y extractiva, las provincias patagónicas volvieron a concentrar las remuneraciones más elevadas del país, mientras gran parte del norte argentino permaneció en los últimos puestos del ranking. Aunque el promedio nacional superó los $2,2 millones, apenas tres jurisdicciones lograron mejorar el poder adquisitivo respecto del año anterior.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una estructura profundamente desigual, donde el lugar de residencia y la matriz productiva de cada provincia condicionan de manera determinante el nivel de ingresos de los trabajadores registrados.

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, a partir de estadísticas del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, confirma que las economías vinculadas a la explotación de recursos energéticos y mineros mantienen una ventaja salarial ampliamente superior al resto del país.

Durante marzo, el salario bruto promedio nacional del sector privado registrado alcanzó los $2.207.129. Sin embargo, esa referencia esconde diferencias de enorme magnitud entre jurisdicciones.

Neuquén volvió a ocupar el primer lugar con una remuneración promedio de $3.808.627, seguida muy de cerca por Santa Cruz, con $3.768.615. Ambas fueron las únicas provincias que superaron el umbral de los $3 millones mensuales. El podio se completó con Chubut, cuyos trabajadores registrados percibieron en promedio $2.958.750.

Detrás se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2.722.942, y Tierra del Fuego, con $2.715.173, consolidando nuevamente el predominio de la Patagonia y del principal centro financiero del país en la franja de mayores remuneraciones.

En un segundo escalón aparecen Río Negro ($2.132.808), el Gran Buenos Aires ($2.085.471) y el resto de la provincia de Buenos Aires ($2.053.172). Más abajo se posicionan Santa Fe ($1.978.080), Catamarca ($1.826.270), La Pampa ($1.801.357) y San Juan ($1.798.580), que quedó apenas por debajo de la barrera de los $1,8 millones. El lote intermedio se completa con Salta ($1.786.369), Jujuy ($1.780.179), San Luis ($1.767.492), Córdoba ($1.749.108), Entre Ríos ($1.640.337) y Mendoza ($1.628.096).

Entre las remuneraciones más reducidas aparecen Formosa ($1.525.717), Chaco ($1.448.454), Corrientes ($1.437.891), Misiones ($1.410.385), Tucumán ($1.391.999), Santiago del Estero ($1.353.059) y La Rioja ($1.308.235), que cerró el ranking nacional.

La comparación refleja la magnitud de las disparidades existentes: el salario promedio registrado de Neuquén prácticamente triplica al observado en La Rioja, una diferencia que evidencia el peso que tienen la estructura productiva, la especialización económica y la composición sectorial del empleo sobre los niveles de remuneración.

Poder adquisitivo: pocas provincias lograron avanzar

El estudio también aporta una lectura menos favorable al analizar la evolución real de los ingresos, es decir, descontando el efecto de la inflación.
Durante el primer trimestre del año, el salario promedio registró una caída real interanual de 0,9% a nivel nacional, confirmando que la recuperación nominal todavía no alcanza para consolidar una mejora generalizada del poder de compra.

En ese sentido, únicamente Catamarca, con un incremento real del 5%, San Juan, con una mejora del 0,8%, y Formosa, con un 0,3%, consiguieron cerrar el período con variaciones positivas.

El resto de las jurisdicciones exhibió retrocesos de distinta intensidad. La mayoría registró bajas inferiores al 4% real, mientras que Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut fueron las provincias con las pérdidas más pronunciadas.

Energía, minería y finanzas continúan marcando la diferencia

La distribución de los salarios también responde al perfil productivo de cada economía regional.

Las actividades vinculadas con la explotación de minas y canteras, el sector de electricidad, gas y agua y la intermediación financiera volvieron a encabezar el ranking de remuneraciones promedio, impulsadas por elevados niveles de productividad, mayor calificación laboral y convenios colectivos con escalas superiores.

No obstante, el informe advierte que estos sectores concentran una participación relativamente reducida dentro del empleo privado total de cada provincia, por lo que su elevada remuneración no alcanza para modificar la estructura general del mercado laboral.

En el extremo opuesto se ubicaron la enseñanza, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, junto con hoteles y restaurantes, actividades que continúan registrando los ingresos promedio más bajos del empleo formal privado.

La radiografía salarial confirma así una constante de la economía argentina: la recuperación de los ingresos continúa siendo heterogénea y profundamente condicionada por la localización geográfica y el perfil productivo de cada región. Mientras las provincias impulsadas por la energía y los recursos naturales sostienen remuneraciones significativamente superiores al promedio nacional, amplias zonas del país mantienen salarios considerablemente más bajos, consolidando una brecha territorial que sigue siendo uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral argentino.

El organismo internacional propone que el impuesto a las Ganancias alcance al 20% de los trabajadores registrados, frente al 8,2% actual. Para cumplir ese objetivo deberían incorporarse más de 1,5 millones de asalariados al tributo. Sindicatos y entidades pyme advierten que la medida reduciría el poder adquisitivo y profundizaría la desaceleración del consumo.

La negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional volvió a colocar en el centro del debate una de las reformas con mayor impacto político y social: la ampliación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. En su último Staff Report, el organismo planteó que, antes de finalizar el año, el gravamen debería alcanzar al 20% de los asalariados formales, más del doble del universo actual, que representa el 8,2% de los empleados registrados.

Los números reflejan la magnitud del cambio. Hoy tributan 1.055.431 trabajadores. Para cumplir con la meta fijada por el FMI deberían incorporarse más de 1,5 millones de nuevos contribuyentes, acercándose nuevamente a los niveles registrados en 2020, cuando el impuesto alcanzaba a 2.425.880 asalariados.

El planteo forma parte del compromiso asumido por el Gobierno de avanzar hacia una reforma tributaria integral antes de fines de 2026. Sin embargo, la administración de Javier Milei procura dilatar cualquier modificación de alto costo político en un año atravesado por el calendario electoral, especialmente cuando la recuperación del salario real continúa siendo uno de los principales reclamos del mercado laboral.

La evolución reciente del tributo explica parte de la discusión. En 2023, la modificación impulsada por Sergio Massa redujo drásticamente el universo alcanzado, que cayó hasta unos 129.000 trabajadores. Un año más tarde, el Gobierno restituyó la cuarta categoría y amplió nuevamente la base imponible, aunque para el FMI ese nivel continúa siendo insuficiente frente al promedio regional.

Actualmente comienzan a tributar quienes perciben alrededor de $3 millones brutos mensuales si son solteros, o cerca de $4 millones en el caso de un trabajador con cónyuge y dos hijos. Ambos valores se ubican por encima del RIPTE, que en febrero de 2026 alcanzó un salario promedio de $1.734.357.

Las simulaciones incluidas en los análisis técnicos muestran con mayor claridad el eventual alcance de la reforma. Un trabajador soltero con ingresos equivalentes a 1,5 veces el RIPTE —unos $2.601.536 brutos— comenzaría a tributar con una carga anual estimada de entre $70.000 y $150.000, mientras que quien perciba el equivalente a dos RIPTE —aproximadamente $3.468.714 brutos— afrontaría una obligación cercana a $1,5 millones anuales. En los hogares con mayores deducciones familiares, el impacto sería sensiblemente menor.

La eventual ampliación del impuesto despertó un rechazo que trasciende al movimiento sindical. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) cuestionó la propuesta del Fondo y sostuvo que profundizar la presión sobre los salarios registrados no resolverá los problemas estructurales del sistema tributario argentino. La entidad advirtió que, junto con la ampliación de Ganancias, el organismo también impulsa extender la base del IVA y reformular el Monotributo, concentrando el esfuerzo fiscal sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumo interno.

Para CAME, el verdadero problema reside en la elevada carga impositiva provincial y municipal. Según sus estimaciones, tributos como Ingresos Brutos y distintas tasas locales representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su rentabilidad. Por ello propuso avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios que permita revisar integralmente la estructura tributaria en lugar de incrementar la presión sobre los ingresos laborales.

La discusión también comenzó a instalarse en el ámbito gremial. Diversas organizaciones sindicales sostienen que ampliar el universo alcanzado por Ganancias implicaría reducir el ingreso disponible de trabajadores registrados que ya acumulan varios años de deterioro del poder adquisitivo, afectando además el consumo y la actividad económica.

La reforma que promueve el FMI enfrenta dos modelos contrapuestos de política fiscal: uno que privilegia elevar la recaudación mediante la ampliación de la base tributaria y otro que plantea revisar la estructura impositiva sin trasladar una mayor carga sobre los asalariados y las pequeñas empresas. Con cifras que involucran a más de 1,5 millones de potenciales nuevos contribuyentes, el impuesto a las Ganancias se perfila como uno de los ejes más sensibles de la agenda económica y laboral del segundo semestre.

El Ministerio de Gobierno difundió el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización previa de la Inspección General de Personería Jurídica. El trámite, obligatorio para garantizar la legalidad de las decisiones institucionales, exige presentar la documentación con al menos ocho días de anticipación e incluye requisitos estatutarios, administrativos y de fiscalización.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Gobierno recordó el procedimiento que deben cumplir las asociaciones civiles para obtener la autorización de una Asamblea General Extraordinaria ante la Inspección General de Personería Jurídica, requisito indispensable para otorgar plena validez a las resoluciones que adopten sus órganos de conducción.

La autorización previa constituye uno de los principales mecanismos de fiscalización del Estado sobre las entidades civiles, ya que permite verificar que la convocatoria respete las disposiciones estatutarias y que las decisiones se adopten bajo condiciones de legalidad, representación y participación de los asociados.

El trámite comienza con la presentación de una nota dirigida al inspector o inspectora general solicitando la autorización para celebrar la asamblea. La documentación debe consignar el domicilio legal de la institución, la fecha prevista para la reunión, el horario de la primera y segunda convocatoria, el lugar de realización y el orden del día que será sometido a consideración de los asociados. Asimismo, la solicitud debe estar suscripta por el presidente y el secretario de la entidad.

Entre los requisitos exigidos también figura la presentación de la convocatoria confeccionada conforme a las previsiones del estatuto social y el Libro de Registro de Asociados debidamente actualizado al mes inmediato anterior a la asamblea, documentación que permite constatar la legitimidad del padrón habilitado para participar de las deliberaciones.

Otro aspecto central del procedimiento es el plazo de presentación. La solicitud deberá ingresarse con una anticipación mínima de ocho días corridos, requisito que posibilita a la autoridad de control analizar la documentación y autorizar formalmente la realización del acto institucional.

Las asociaciones también deberán abonar el derecho de inspección correspondiente, cuyo monto se determina de acuerdo con el patrimonio neto de cada institución. No obstante, la normativa vigente contempla la exención de ese arancel para las bibliotecas populares y las uniones vecinales, en reconocimiento de la función social que desarrollan dentro de sus comunidades.

Toda la documentación debe presentarse en la Mesa de Entradas de la Inspección General de Personería Jurídica, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, segundo piso, ala sur, donde se realiza el control administrativo previo a la emisión de la autorización.

Desde el organismo recordaron que la gestión reviste carácter exclusivo para la entidad interesada, por lo que la responsabilidad de iniciar el trámite, aportar la documentación exigida y cumplir los plazos establecidos recae íntegramente sobre las autoridades de cada asociación.