La conducción renovada de la Confederación General del Trabajo inicia una semana decisiva, con una reunión exclusiva para analizar la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Tras un encuentro informal con el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera evalúa su estrategia política y sindical, y no descarta presionar a gobernadores para bloquear un proyecto que consideran regresivo.

El encuentro se da apenas días después de una conversación informal entre el triunvirato y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí, según deslizaron fuentes gremiales, el funcionario garantizó que el proyecto oficial “no incluirá los puntos más extremos” que circularon en borradores atribuidos al Ejecutivo y que generaron alarma en la CGT. Para la central obrera, esa señal fue recibida con cautela: celebran el gesto, pero sospechan que la Casa Rosada busca desactivar resistencias para avanzar con un texto que consideran riesgoso para la estructura sindical.

Un sindicalismo que busca anticiparse al Congreso

La reunión de hoy tiene un objetivo concreto: fijar una estrategia común antes de que el Gobierno formalice la convocatoria a negociación, algo que Santilli sugirió que ocurrirá antes de la presentación legislativa de la reforma. La CGT quiere llegar a esa mesa con una postura sólida y con propuestas propias, evitando quedar encorsetada en un diálogo que pueda ser usado como legitimación política del proyecto oficial.

Cristian Jerónimo, una de las nuevas caras del triunvirato, lo sintetizó con claridad: “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”. Sin embargo, advirtió que la conducción no permitirá que el Gobierno marque los tiempos sin abrir la discusión real: “No vamos a negociar a ciegas”.

La preocupación cegetista se concentra en dos ejes que consideran estructurales:

1. Ultractividad de los convenios colectivos

El Gobierno evaluaría limitar la vigencia automática de los convenios una vez vencidos. Para la CGT, esto implicaría poner en riesgo décadas de protección normativa y obligaría a renegociaciones permanentes, usualmente en escenarios desfavorables para los trabajadores.

2. Jerarquía entre convenios empresariales y sectoriales

Otro de los artículos en estudio favorecería acuerdos empresa por empresa por encima de los convenios sectoriales. La central obrera advierte que esto fragmentaría la negociación colectiva, debilitaría el poder de representación de los gremios y abriría la puerta a mayor precarización.

Ambos puntos son considerados “líneas rojas” por la conducción renovada.

Presión política: gobernadores en la mira

La estrategia no se agota en el diálogo con el Ejecutivo. Dirigentes de peso dentro de la CGT ya impulsan abrir conversaciones con gobernadores provinciales para evitar que sus legisladores acompañen una reforma que consideran “antisindical”. El mapa político del Congreso será clave, y la central entiende que cada voto podría definirse fuera de las fronteras del recinto.

Un clima de tensión en medio de una transición interna

La CGT encara esta discusión mientras todavía ordena su propia renovación. El nuevo triunvirato asume el desafío de sostener unidad interna en un escenario donde conviven expectativas de diálogo y un creciente malestar por la posibilidad de que el Gobierno mantenga artículos restrictivos sobre derechos laborales e institucionales.

Aunque la Casa Rosada busca mostrar voluntad de consenso al convocar a la central antes de presentar el proyecto, la dirigencia sindical sospecha que el Gobierno pretende avanzar con cambios estructurales que podrían alterar el equilibrio histórico de fuerzas entre el Estado, los empleadores y el movimiento obrero.

La CGT llega a esta etapa con un equilibrio delicado: abierta al diálogo, pero determinada a resistir modificaciones que afecten la negociación colectiva y la arquitectura sindical. El Gobierno, por su parte, necesita construir legitimidad política para una reforma que sabe conflictiva. La reunión de hoy será el primer test de cohesión interna para la nueva conducción cegetista y, al mismo tiempo, el punto de partida de una negociación que marcará el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) revela que el salario mínimo argentino cayó a 225 dólares, el valor más bajo de la región y por debajo del nivel previo al estallido de la convertibilidad. Entre 2023 y 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales en un contexto de ajuste fiscal, contención salarial y aceleración inflacionaria. La caída arrastra también a los salarios formales, que no logran empatar la evolución de precios.

Mientras Costa Rica encabeza la lista con un piso salarial de 729 dólares, seguida por Uruguay (593), Chile (567) y Ecuador (470), la Argentina se hunde en el extremo inferior con un monto que se asemeja más a niveles de emergencia social que a un estándar regional. Incluso Paraguay (411) y Bolivia (395) —dos países con estructuras productivas y mercados laborales más reducidos— exhiben ingresos mínimos considerablemente superiores.

Un deterioro que atraviesa dos años y varias administraciones

La debilidad del SMVM no se explica únicamente por las políticas de ingresos del actual gobierno. En realidad, refleja una trayectoria de erosión persistente acelerada desde 2023 por la combinación de inflación elevada, devaluación abrupta y ausencia de actualizaciones que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo registró en septiembre una caída del 2%, encadenando tres meses consecutivos de retrocesos luego de los descensos de julio (-0,5%) y agosto.

Pero los golpes más severos se concentraron en el inicio del ciclo inflacionario de la actual administración:

Diciembre 2023: desplome del 15% del salario real.

Enero 2024: caída del 17%, la más profunda desde 2002.

A pesar de algunos incrementos nominales posteriores, la inflación los neutralizó de inmediato. Como resultado, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% de su valor real, y solo en 2025 acumula una merma del 5,6%.

Uno de los datos más alarmantes es que el salario mínimo actual es inferior al de 2001, el año previo al colapso de la convertibilidad. Además, se ubica 63% por debajo del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, un indicador del deterioro acumulado en más de una década.

Un mercado laboral bajo presión: los salarios formales tampoco resisten

El derrumbe del salario mínimo no es un fenómeno aislado: acompaña una dinámica generalizada de atraso salarial en el mercado laboral argentino.

En septiembre, el INDEC informó subas salariales que volvieron a quedar rezagadas frente a la inflación del 2,1%:

Sector privado registrado: +1,4%

Sector público: +1,1%

Promedio general: 2,2%, sostenido exclusivamente por un salto del 5,7% en los trabajadores no registrados, un grupo con alta volatilidad y escasa protección laboral.

La comparación interanual es todavía más preocupante:

Total general: 46%

Privado registrado: 32,9%

Público: 35%

No registrado: 120,2% (rebote por recomposiciones parciales tras fuertes rezagos)

Desde diciembre de 2024, los salarios acumulan avances heterogéneos, pero todos con pérdida real:

Total: 30,4%

Privado registrado: 20,4%

Público: 23,9%

No registrado: 77%

En el sector público, las disparidades internas también son significativas:

En septiembre, el subsector nacional ajustó 1,3%, mientras que el provincial solo 1,1%.

La comparación interanual arroja incrementos del 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde diciembre, las subas acumuladas son del 16% (nacional) y 27,1% (provincial).

Un salario mínimo que ya perdió su razón de ser

El SMVM nació como instrumento para asegurar un piso de ingresos capaz de garantizar necesidades básicas y operar como referencia para sectores sin negociación colectiva robusta. Pero su deterioro actual lo dejó muy lejos de cumplir esa función.

Hoy, el salario mínimo argentino no cubre ni una fracción de la canasta básica total y ha dejado de ser un parámetro útil para buena parte del mercado laboral. Esta caída estructural reabre un debate de fondo: su rol dentro del modelo económico, la periodicidad de sus actualizaciones y su capacidad para incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El derrumbe del salario mínimo argentino a niveles inéditos —el más bajo de Latinoamérica y por debajo incluso de 2001— se ha convertido en uno de los indicadores más nítidos de la crisis del ingreso que atraviesa el país. La combinación de inflación persistente, políticas de contención salarial y ausencia de actualizaciones significativas configuró un panorama crítico que abarca tanto a trabajadores registrados como informales. En un mercado laboral cada vez más fragmentado y asimétrico, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a ocupar un lugar central: no solo como medida económica, sino como señal política sobre el rumbo social del país.

Mientras la discusión pública se concentra en la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei impulsa en reserva un ambicioso proyecto de reforma impositiva. La propuesta —elaborada por el equipo económico de Luis Caputo con aval del FMI y el empresariado— contempla la eliminación del monotributo y una ampliación drástica de los trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El resultado inmediato: más presión fiscal sobre sectores ya golpeados, caída de ingresos reales y un cambio estructural en la matriz tributaria argentina.

La reforma tributaria que diseña el Ministerio de Economía emerge como la pieza central de la llamada “segunda generación de reformas”, pensada para aplicarse tras la recomposición parlamentaria de diciembre. El documento —titulado “Una reforma para formalizar la economía, impulsar el mercado de capitales y resolver la sustentabilidad previsional”— traza una reconfiguración profunda del sistema impositivo con impactos directos sobre trabajadores independientes y en relación de dependencia.

El espíritu del proyecto es claro: aumentar la recaudación sobre la base imponible de la clase media, reducir costos empresariales y satisfacer exigencias del FMI en torno a la formalización y la sostenibilidad fiscal. Nada se comunica de manera oficial, pero las filtraciones dejan ver un cambio estructural que desplaza la presión tributaria hacia los sectores que menos margen de maniobra tienen.

El fin del monotributo: un giro histórico con impacto masivo

El Gobierno analiza eliminar por completo el régimen del monotributo, vigente desde 1998 y utilizado por más de 4 millones de trabajadores, pequeños comerciantes y cuentapropistas. La propuesta implica migrar a estos contribuyentes al régimen de autónomos, combinando aportes previsionales más elevados, IVA pleno e Impuesto a las Ganancias.

Lo que se presenta como un avance hacia la “formalidad” supone, en los hechos, un incremento abrupto de la carga fiscal:

Hoy, un monotributista que factura $1 millón mensuales paga poco más de $42.000.

Uno que factura cerca de $2 millones abona alrededor de $63.000.

Con el nuevo esquema, esos mismos contribuyentes pasarían a una escala de autónomos cuyo aporte arranca en $57.000 y que el Gobierno evalúa elevar hasta los $100.000 como piso, pudiendo llegar a los $500.000 para categorías superiores.

A eso se sumaría:

pago de IVA,

Impuesto a las Ganancias,

y el costo adicional del servicio contable obligatorio.

El salto tributario podría triplicar o cuadriplicar la carga mensual de millones de trabajadores independientes, muchos de los cuales hoy sostienen actividades de bajo volumen o trabajos intermitentes.

Riesgo de exclusión y mayor informalidad

La eliminación del monotributo no solo afecta la economía de los contribuyentes: afecta su existencia dentro del sistema.

Desde el punto de vista socioeconómico, miles de trabajadores quedarían fuera de cualquier esquema formal, obligados a elegir entre informalizar su actividad o directamente dejar de facturar.

Paradójicamente, una reforma presentada como herramienta de formalización podría generar el efecto contrario: un aumento de la informalidad y una mayor fragmentación del mercado laboral.

Ganancias: más trabajadores alcanzados, salario real más bajo

El proyecto propone fijar un Mínimo No Imponible equivalente al salario promedio proyectado para 2025, es decir, unos $1,7 millones.

Esto representa una caída del 40% respecto del piso actual para un trabajador soltero sin hijos, hoy ubicado en $2.843.180 brutos.

La consecuencia es directa:

millones de trabajadores que habían quedado fuera de Ganancias volverán a pagarlo, con un descuento que se sentirá como una baja salarial.

El propio Ministerio de Economía estima que 3 millones de empleados adicionales deberán presentar facturación y quedarían alcanzados por el impuesto.

Deducciones ampliadas: un beneficio insuficiente

La reforma prevé elevar el tope de deducciones anuales de $4,2 millones a $5 millones, aplicables a gastos laborales, educación, salud y vivienda.
Sin embargo, el incremento del 16% en deducciones no compensa la ampliación del universo alcanzado por el tributo ni la pérdida de ingresos reales provocada por el nuevo piso.

Rebaja de aportes patronales y estímulo al “blanqueo”

Mientras se incrementan impuestos para trabajadores, el proyecto propone:

Reducir aportes patronales del 25,5% al 17%,

Bajar aportes personales del 17% al 13%,

Aplicar un “blanqueo a costo cero” para regularizar relaciones laborales informales.

La reforma, en su conjunto, muestra un sesgo evidente: más presión sobre los trabajadores y alivio sobre los costos empresariales. La coherencia del plan económico del Gobierno se mantiene intacta: ajuste fiscal sobre los sectores medios y reducción de cargas para el capital.