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Un estudio encargado por OSSE y certificado por Bureau Veritas concluyó que las tuberías instaladas no cumplen con los estándares para transporte de agua potable. La investigación ya está en manos de la Fiscalía y podría derivar en responsabilidades penales y en un millonario perjuicio económico.

La obra del Acueducto Gran Tulum, concebida como la solución estructural para garantizar el abastecimiento de agua potable a gran parte de la población de San Juan, quedó envuelta en un escándalo técnico, político y judicial tras la difusión de un informe que cuestiona la calidad de sus materiales centrales.

El estudio fue encargado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) a la consultora Interacción y certificado por Bureau Veritas, una firma internacional especializada en auditorías y control de calidad. Las conclusiones son contundentes: las cañerías instaladas por la empresa Krah “aplican para desagües pluviales y cloacales”, lo que las vuelve inadecuadas para el transporte de agua destinada al consumo humano.

El informe advierte, además, que estos tubos no están diseñados para soportar presión —condición esencial en sistemas de agua potable— y que podrían liberar partículas potencialmente tóxicas, lo que introduce un riesgo sanitario de magnitud. En términos técnicos, se trata de materiales que no cumplen con las normativas exigidas para redes de agua potable, lo que compromete la integridad de toda la obra.

La magnitud del problema es proporcional a la envergadura del proyecto. El Acueducto Gran Tulum fue impulsado como una infraestructura estratégica para abastecer a una población proyectada cercana al millón de habitantes. Su financiamiento se estructuró a partir de un crédito internacional de 100 millones de dólares, que la provincia ya comenzó a amortizar.

Derivaciones judiciales y responsabilidades en la mira

El caso ya tiene impacto en el plano judicial. La investigación está en manos del Ministerio Público Fiscal, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, que apunta a presuntas irregularidades en la licitación, posible malversación de fondos y deficiencias en los controles de calidad.

La causa es llevada adelante por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya cuentan con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE. A esto se suman inspecciones oculares en distintos tramos del acueducto —incluyendo el ramal que conecta el dique Punta Negra con la planta potabilizadora de Marquesado— para verificar tanto la calidad como la correcta instalación de las tuberías.

En consecuencia, el Estado provincial decidió constituirse como querellante, lo que refuerza la dimensión institucional del conflicto. No se descartan nuevas medidas, como pedidos de información a empresas privadas involucradas e incluso allanamientos.

Una licitación bajo cuestionamiento

Las cañerías fueron provistas por la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones clave entre 2015 y 2017, durante las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. En total, el Estado desembolsó más de 1.300 millones de pesos por estos materiales.

Desde el inicio del proceso licitatorio existieron advertencias. Una empresa competidora, General Plastics, había cuestionado el carácter “experimental” de las tuberías ofrecidas por Krah, así como el hecho de que la oferta económica superaba el presupuesto oficial.

El apoderado de la firma era Gustavo Monti —primo del entonces gobernador—, un dato que ahora vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación judicial.

Impacto económico y futuro incierto

El escenario que se abre es crítico. Si un segundo estudio independiente, encargado al INTI, confirma las conclusiones del informe de Interacción, la provincia podría verse obligada a retirar las cañerías instaladas. Esto implicaría no sólo la paralización total de la obra, sino también un impacto económico severo: continuar pagando el crédito internacional sin contar con una infraestructura operativa.

A ello se suma la incertidumbre sobre el financiamiento futuro, ya que no existen actualmente recursos asignados para una eventual reposición completa del sistema.

El informe técnico sobre el Acueducto Gran Tulum no sólo pone en duda la calidad de una obra pública emblemática, sino que expone posibles fallas estructurales en los mecanismos de control estatal. Entre riesgos sanitarios, perjuicios económicos y responsabilidades políticas en evaluación, el caso se perfila como uno de los mayores escándalos de infraestructura reciente en la provincia.

La confirmación —o refutación— de estos hallazgos por parte del INTI será determinante para definir si se trata de una falla técnica grave o de un caso de negligencia con consecuencias institucionales profundas. Mientras tanto, la obra permanece bajo una sombra de incertidumbre que compromete tanto su viabilidad como la confianza pública.

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El PJ sanjuanino apeló a la unidad, pero la celebración del 17 de octubre mostró sus diferencias

El peronismo de San Juan conmemoró el Día de la Lealtad con tres convocatorias separadas y ausencias que alimentaron las señales de fragmentación interna. Mientras la conducción del Partido Justicialista (PJ) encabezó homenajes en su sede central y en Chimbas, la CGT organizó un acto propio, con Eduardo Cabello como principal referente. La jornada volvió a exponer las diferencias entre la dirigencia partidaria y el movimiento obrero en un momento en que ambos espacios buscan recuperar competitividad electoral.

La ausencia más significativa fue la del senador nacional Sergio Uñac, quien no participó de ninguna de las convocatorias y envió una nota para disculparse. Tampoco estuvieron el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ni Fabián Gramajo, presidente de San Juan Te Quiero. En el homenaje realizado en la sede partidaria faltaron, además, intendentes de ocho departamentos: Rawson, Caucete, Albardón, 25 de Mayo, Jáchal, Valle Fértil, Calingasta y San Martín. Desde el PJ señalaron que algunos jefes comunales organizaron actos en sus respectivas juntas departamentales.

Las actividades partidarias fueron encabezadas por el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, la vicepresidenta primera, Graciela Seva, y el vicepresidente segundo, Fabián Aballay. También participaron el exgobernador José Luis Gioja, el diputado nacional Cristian Andino, Facundo Perrone, Matías Sotomayor y los legisladores provinciales Mario Herrero y Marisa López.

La segunda convocatoria se trasladó a la avenida Costanera Juan Domingo Perón, en Chimbas, donde la intendenta Daniela Rodríguez encabezó la reinauguración del busto de Juan Domingo Perón, restaurado después de sufrir daños por vandalismo. Allí también estuvo Jorge «Koki» Chica, ausente en la ceremonia de la sede central. La elección del departamento no fue menor: Chimbas concentra un caudal electoral relevante para las aspiraciones del peronismo de cara a 2027.

Ante la dispersión de los homenajes, Quiroga Moyano recurrió reiteradamente al término «diversificación» para describir la organización de la jornada. La expresión buscó presentar como una distribución de actos lo que también dejó a la vista la falta de una convocatoria común, especialmente por la decisión de la CGT de celebrar por separado.

Aballay, en tanto, vinculó el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con las dificultades que atraviesa el justicialismo. Aunque reconoció las diferencias internas, sostuvo su expectativa de que una eventual unidad permita al partido volver a competir con posibilidades en las elecciones de 2027.

La mirada sindical fue más crítica. Desde la CGT, Eduardo Cabello reivindicó el papel del movimiento obrero en la identidad peronista y cuestionó las divisiones de la dirigencia política, a las que atribuyó parte de la responsabilidad por la pérdida de los gobiernos provincial y municipales. Su planteo ubicó a los sindicatos como actores centrales de una eventual reconstrucción partidaria y marcó diferencias con la lectura de la conducción del PJ.

A 81 años de la movilización que reclamó la liberación de Perón y se convirtió en una fecha fundacional del movimiento, la conmemoración sanjuanina dejó una señal política concreta: la unidad continúa siendo una aspiración compartida, pero todavía no se traduce en una conducción capaz de reunir a sus principales referentes. La disputa por el protagonismo y la reconstrucción electoral seguirá condicionando la relación entre el partido, los intendentes y el sindicalismo.

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La CGT de San Juan celebró el Día de la Lealtad y reclamó recuperar la identidad peronista

La división del peronismo sanjuanino quedó expuesta este17 de octubre y tuvo una de sus expresiones más directas en la sede de la CGT. Allí, Eduardo Cabello, cuestionó la falta de entendimiento entre los dirigentes políticos y reivindicó al sindicalismo como garante de la identidad histórica del movimiento.

“La política hoy no se pudo poner de acuerdo”, afirmó Cabello durante el acto realizado pasadas las 12.00, en alusión a la multiplicación de convocatorias por el Día de la Lealtad. La ceremonia se desarrolló sin representantes de la actual conducción del Partido Justicialista sanjuanino, mientras el PJ organizó su propia celebración y hubo otra convocatoria en Chimbas.

La dispersión de los encuentros volvió visible una fractura que excede las diferencias de organización. En una fecha central para el peronismo, los distintos espacios no confluyeron en una celebración común, una ausencia de unidad que el referente sindical convirtió en el centro de su discurso.

“El 17 de octubre también fue por los derechos y la dignidad”

Cabello llamó a revisar el sentido de la conmemoración y advirtió sobre el riesgo de reducirla a una evocación del pasado. “¿Vamos a ser fanáticos y vivir de nostalgias o vamos a tener valores?”, planteó ante los presentes.

Para el dirigente, la movilización del 17 de octubre de 1945, que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón, dejó una enseñanza que trasciende el recuerdo histórico. “El 17 no fue solamente para que dejen a Perón libre, fue decir que hay derechos, que hay dignidad”, sostuvo.

También definió aquella jornada como una expresión colectiva que debe traducirse en representación para quienes no encuentran canales para hacer oír sus reclamos. Habló de un “calor que se puede y debe transformar en una cualidad para llegar a los que no tienen voz”, en una reivindicación del compromiso social que atribuye a los orígenes del movimiento.

El sindicalismo, en el centro de la identidad peronista

El titular de la Regional San Juan reafirmó la pertenencia doctrinaria del movimiento obrero y defendió el papel de los gremios en la representación de los trabajadores. “Tenemos la doctrina escrita en el corazón. No nos equivoquemos. Los sindicatos vamos a ser la luz y la sal de cada trabajador sanjuanino”, expresó.

La jornada incluyó un llamado a los afiliados y trabajadores, con choripanes y gaseosas, en una celebración que combinó el homenaje histórico con un mensaje político hacia la dirigencia justicialista.

El acto de la CGT dejó así una doble señal: la voluntad sindical de reivindicar su protagonismo dentro del peronismo y el cuestionamiento a una dirigencia que, al menos en esta conmemoración, no logró compartir una convocatoria. La discusión por la unidad vuelve a instalarse con una pregunta de fondo: qué lugar ocupará el movimiento obrero en la reorganización política del justicialismo.

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Paritarias: los bancarios elevaron el salario inicial a $2,63 millones

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresarias del sistema financiero una actualización salarial del 1,9% para septiembre, con la que el ingreso inicial de los trabajadores bancarios pasó a superar los $2,6 millones. El entendimiento, encabezado por el gremio que conduce Sergio Palazzo, contempla además un bono mínimo superior a $2,2 millones y la continuidad de las revisiones salariales durante el último trimestre del año.

La nueva escala fija un salario inicial de $2.552.560,34, al que se suma un concepto de Participación en las Ganancias (ROE) de $73.786,55. De esta manera, la remuneración inicial global alcanza los $2.626.346,89 para septiembre.

El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, habituales y normales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales establecidos en el convenio colectivo y aquellos otorgados por fuera de sus disposiciones.

Con esta actualización, La Bancaria informó que la recomposición acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanza el 23,6%, tomando como referencia las escalas salariales vigentes en diciembre de 2025.

Bono por el Día del Bancario

El enetendimiento también establece el monto mínimo de la gratificación correspondiente al Día del Bancario, que tendrá un piso de $2.275.519,25.

Las entidades financieras deberán depositar ese concepto como fecha límite el 6 de noviembre, jornada en la que tradicionalmente no hay atención bancaria al público en todo el país por la celebración del día de los trabajadores de la actividad.

El monto funciona como un piso garantizado, por lo que la cifra final puede variar de acuerdo con las condiciones salariales y los adicionales correspondientes a cada trabajador.

Revisiones hasta diciembre y nueva negociación en enero

El pacto no se agota en la actualización de septiembre. Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mismo mecanismo de revisión periódica utilizado hasta ahora, con idénticos alcances sobre las remuneraciones y adicionales.

Además, la representación sindical y las cámaras empresarias establecieron que volverán a reunirse formalmente para discutir la paritaria durante la segunda quincena de enero de 2027.

La continuidad de las revisiones permite que la negociación permanezca abierta frente a la evolución de los precios y evita que la escala salarial quede congelada durante varios meses. Para La Bancaria, el mecanismo constituye una herramienta para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.

El acuerdo vuelve a colocar a la paritaria bancaria entre las negociaciones salariales de mayor magnitud nominal: con un ingreso inicial que ya supera los $2,6 millones, un bono anual con piso de $2,27 millones y revisiones previstas hasta fin de año, el gremio mantiene una política de actualización frecuente que tendrá una nueva instancia formal en enero de 2027.

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