La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.

Si el proyecto de reforma laboral logra su aprobación definitiva en Diputados, su destino inmediato será la judicialización. Magistrados laborales, gremios y trabajadores individuales preparan planteos de inconstitucionalidad en un escenario donde la Corte Suprema ya dio señales coincidentes con varios ejes de la iniciativa.

La reforma laboral no sólo divide al arco sindical y político. También abrió un frente institucional que promete trasladar el conflicto desde el Congreso hacia los tribunales. En el Poder Judicial dan por descontado que, si la norma se convierte en ley, comenzará una etapa de litigiosidad intensa que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia.

El núcleo de la controversia es la disolución del fuero laboral nacional y el traspaso de sus competencias a la órbita porteña. La semana pasada, el Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio que formaliza esa transferencia. En un plazo de 180 días, diez juzgados laborales de la Ciudad deberán comenzar a tramitar los nuevos casos y ejecutar sentencias antiguas bajo los parámetros de la eventual nueva ley. Los juzgados nacionales del trabajo conservarán únicamente las causas iniciadas antes de la reforma.

El rediseño implica, además, el cierre de 30 de los 80 juzgados laborales nacionales —todos vacantes— y la supresión de una sala de la Cámara del Trabajo que también carece de titular.

La incertidumbre sobre el destino de empleados y funcionarios alimenta la tensión interna. En grupos de mensajería privada, magistrados laborales intercambian diagnósticos y evalúan estrategias ante lo que consideran una amenaza directa a la existencia misma del fuero.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, confirmó que analizan “todas las alternativas y vías de acción posibles”, aunque reconocen que el escenario no les resulta favorable. La dificultad radica en que la propia Corte Suprema abrió el camino hacia la autonomía plena de la Ciudad y avaló la transferencia de competencias, lo que debilita cualquier planteo que pretenda frenar el proceso en su origen.

El antecedente clave es el fallo “Levinas”, que estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño actúa como instancia de revisión en causas nacionales, consolidando el rol de la Ciudad como órgano de control jurisdiccional. A partir de ese precedente, un eventual reclamo contra el traspaso tendría escasas probabilidades de prosperar ante el máximo tribunal.

La reforma, sin embargo, no se agota en la cuestión orgánica. También redefine criterios sustantivos que impactan en la dinámica de los litigios laborales. En materia de indemnizaciones, la ley fija que los nuevos juicios deberán ajustarse por el índice de precios al consumidor (IPC) más un 3% anual. Para las causas en trámite se aplicará la tasa pasiva del Banco Nación, aunque con el límite de no reducir el IPC más ese 3%.

El debate sobre intereses no es menor. En los últimos dos años, la Corte dictó una serie de fallos —entre ellos “Oliva”, “Fontaine”, “Lacuadra” y “M. Décima”— que limitaron la capitalización sucesiva de intereses en indemnizaciones laborales. Con esas decisiones, el tribunal buscó frenar montos que consideró desproporcionados y enviar una señal a la Cámara del Trabajo, históricamente proclive a criterios más amplios. La nueva ley recoge esa línea y la consolida en texto normativo.

Pero el frente judicial no termina allí. Abogados laboralistas anticipan controversias en torno a la definición de salario. La norma excluye ciertos beneficios —como el uso de celular o automóvil corporativo— del cálculo indemnizatorio. No obstante, la Corte sostuvo en precedentes como “Pérez”, “González” y “Díaz” que el salario debe interpretarse en sentido amplio, abarcando toda contraprestación evaluable en dinero derivada del vínculo laboral. La tensión entre ley y jurisprudencia podría reavivar el debate constitucional.

Otro punto sensible es la previsión de abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. La medida rompe con la lógica tradicional de pago único y abre interrogantes sobre la razonabilidad de imponer unilateralmente condiciones de cancelación al acreedor. Asimismo, la reducción salarial en casos de enfermedad inculpable —como lesiones producidas fuera del ámbito laboral— ya genera cuestionamientos basados en tratados internacionales de derechos humanos que protegen la integridad del salario durante la licencia médica.

En consecuencia, la reforma introduce una cláusula inédita: establece que los fallos de la Corte serán obligatorios en esta materia. La disposición tensiona el principio de independencia judicial y podría generar un escenario paradójico en el que jueces deban optar entre aplicar un precedente del máximo tribunal o atenerse a la literalidad de la nueva norma.

El gremio judicial, encabezado por Julio Piumato, también anticipó medidas de fuerza ante la eventual pérdida de puestos de trabajo. Jueces laborales, incluso algunos con afinidad política diversa, evalúan acompañar esas manifestaciones. El conflicto, así, combina defensa corporativa, discusión constitucional y redefinición del modelo laboral.

La reforma laboral, si se convierte en ley, no encontrará reposo tras su sanción. Por el contrario, abrirá un ciclo de litigios que podría prolongarse durante años. El nuevo esquema traslada la disputa a la justicia porteña y, en última instancia, a la Corte Suprema, que ya delineó criterios que coinciden parcialmente con el espíritu de la norma.

En ese cruce entre política y jurisdicción se juega algo más que un debate técnico. Está en discusión la arquitectura institucional del derecho laboral argentino y el equilibrio entre protección del trabajador, seguridad jurídica y sostenibilidad económica. El Congreso definirá la ley; los tribunales, su alcance y sus límites.