El capítulo tributario de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo encendió la alarma en las provincias. Los cambios en Ganancias y la eliminación de impuestos internos amenazan con recortar recursos coparticipables clave, en un marco de finanzas provinciales ya tensionadas y una distribución desigual de beneficios fiscales.

La reforma laboral que el Gobierno nacional busca aprobar en las próximas semanas abrió un nuevo y delicado frente de conflicto político. Esta vez, el foco no está puesto en los sindicatos ni en el Congreso, sino en las provincias, que advierten que el proyecto incluye modificaciones tributarias con impacto directo sobre la coparticipación federal y denuncian una transferencia de costos hacia los distritos subnacionales.

El núcleo de la preocupación reside en los cambios propuestos al impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la masa coparticipable. Según el proyecto de “modernización laboral”, se plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda. Para los gobernadores, estas medidas implican una caída automática de recursos sin ningún mecanismo de compensación.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial de estas modificaciones alcanzaría el 0,22% del PBI, equivalente a $1,9 billones anuales. De ese total, $1,12 billones impactarían de manera directa en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que verían reducidos sus ingresos coparticipables.

Impacto desigual y beneficios concentrados

La pérdida de recursos no sería homogénea. La provincia de Buenos Aires aparece como la más afectada, con un recorte estimado en $238.558 millones, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza. En todos los casos, se trata de distritos con estructuras fiscales frágiles y fuertes compromisos en materia de educación, salud y asistencia social.

Desde el Gobierno, la defensa oficial se apoya en el argumento de que la baja de Ganancias busca mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión privada. Sin embargo, en las provincias cuestionan con dureza el reparto de costos y beneficios. El senador Jorge Capitanich fue uno de los más explícitos al calificar la iniciativa como “una reforma tributaria encubierta” que favorece a un grupo reducido de grandes empresas.

Los números refuerzan esa crítica: el tramo más alto del impuesto a las Ganancias, que concentra el 76% de la recaudación, alcanza apenas a 1.856 sociedades, alrededor del 1% del total. La reducción de alícuotas, sostienen los detractores del proyecto, beneficia a ese universo acotado mientras traslada el ajuste al conjunto de las provincias.

Impuestos internos y otro golpe a la coparticipación

A los cambios en Ganancias se suma la eliminación de impuestos internos que gravan rubros como seguros, telefonía celular, artículos suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y aeronaves. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esta decisión tendría un costo fiscal cercano a los 334 millones de dólares anuales, aunque Capitanich eleva esa cifra a 548 millones.

Se trata, además, de tributos coparticipables desde 1996, por lo que su eliminación representa otro recorte directo a las finanzas provinciales. La preocupación se agrava si se considera que, en paralelo, el Estado nacional continúa trasladando responsabilidades a los distritos —como en el caso de la educación— sin garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.

El malestar provincial se potencia por las asimetrías en la distribución de transferencias automáticas. Un informe de Politikon Chaco revela que las provincias alineadas con el oficialismo registraron incrementos superiores al 200%, mientras que los distritos más críticos del Gobierno no alcanzaron el 50%, profundizando las tensiones políticas y fiscales.

Con el dictamen ya firmado, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, se preparan para una ronda de negociaciones que promete ser intensa. El objetivo oficial es llevar el proyecto al recinto en la segunda semana de febrero, aunque el desenlace permanece abierto.

El interrogante central no es solo si la reforma laboral logrará los votos necesarios, sino si el Gobierno estará dispuesto a revisar su capítulo tributario para evitar una ruptura más profunda con las provincias. En un contexto de ajuste fiscal, recursos escasos y creciente desigualdad territorial, la discusión expone una rigidez estructural: quién paga el costo de las reformas y quién se queda con sus beneficios.

Las ventas por Reyes Magos mostraron un crecimiento leve a nivel nacional y una recuperación sobre el final en San Juan. El uso intensivo de cuotas sin interés fue decisivo para sostener el consumo, en un contexto de ingresos ajustados y decisiones de compra cada vez más racionales.

El balance comercial de los Reyes Magos 2026 dejó una postal conocida, pero no por eso menos reveladora: consumo contenido durante la previa, compras concentradas en las últimas horas y una fuerte dependencia de la financiación para concretar operaciones. Así lo reflejaron los datos difundidos por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

En San Juan, la actividad comercial comenzó con un ritmo lento durante los días previos al 6 de enero, pero el escenario cambió de manera abrupta el lunes 5. Desde las primeras horas de la mañana, el microcentro registró una afluencia masiva de clientes que obligó a muchos locales a extender su horario habitual, algunos hasta las 14:00 y otros incluso en jornada corrida hasta las 22:00 horas.

El gasto promedio por regalo en la provincia alcanzó los $40.000, una cifra que duplicó ampliamente la media nacional de las jugueterías de barrio, estimada en $20.500. Sin embargo, ese mayor ticket no se tradujo en un aumento del volumen de ventas: la cantidad de unidades comercializadas fue similar a la de 2025, lo que confirma un patrón de consumo más selectivo y focalizado.

A nivel país, la CAIJ informó una mejora interanual del 0,9%, un crecimiento moderado que estuvo lejos de marcar un despegue contundente. La demanda se concentró, una vez más, en los productos destinados a la primera infancia, que explicaron más del 80% de las ventas, con especial protagonismo de juguetes de aire libre —como inflables, piletas y lanza aguas— y juegos de mesa en formatos reducidos, pensados para regalos accesibles.

La financiación, factor decisivo

Si hubo un denominador común en esta campaña de Reyes, fue el peso determinante de la financiación. Más del 70% de las operaciones se concretaron mediante tarjetas de crédito, billeteras virtuales o créditos personales, relegando al efectivo a compras de bajo valor.

En San Juan, el uso de 3 y 6 cuotas sin interés fue el principal motor del repunte comercial. Comerciantes del sector coincidieron en que, sin estas herramientas, gran parte de las ventas simplemente no se habría concretado. El consumidor, cada vez más cauteloso, priorizó estirar pagos antes que resignar el regalo, en un contexto donde los ingresos reales siguen tensionados.

En este escenario, los precios de los juguetes de producción nacional se mantuvieron relativamente estables, con aumentos por debajo de la inflación, lo que ayudó a sostener cierta competitividad frente a un mercado sensible a cualquier variación de valores.

Los Reyes Magos 2026 dejaron un balance que combina alivio y advertencia para el comercio. Si bien el repunte de último momento permitió cerrar la fecha sin caídas abruptas, el crecimiento fue moderado y altamente dependiente del crédito. El consumidor compró, pero lo hizo con cautela, concentrando decisiones, comparando precios y apostando casi exclusivamente a la financiación.

Más que una señal de recuperación plena, los datos confirman un consumo defensivo, sostenido por herramientas financieras y no por una mejora estructural del poder adquisitivo. Un patrón que, lejos de ser excepcional, parece consolidarse como la nueva normalidad del mercado interno argentino.

Diputados nacionales presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025, que reforma la Ley de Inteligencia sin intervención del Congreso. Denuncian que la norma habilita prácticas de espionaje, elimina controles democráticos y otorga a la Side facultades que vulneran garantías constitucionales.

Un grupo de legisladores nacionales presentó este lunes una acción de amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo modificó de manera sustancial la Ley Nacional de Inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

La presentación fue realizada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, quienes advirtieron que el decreto configura un grave retroceso institucional al alterar el sistema de inteligencia sin debate parlamentario y habilitar un entramado de acciones que, según sostienen, carecería de controles efectivos.

“Junto a Mónica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, expresó Ferraro a través de la red social X, donde además remarcó la gravedad del avance del Ejecutivo sobre facultades que corresponden al Congreso.

Cuestionamientos al uso del DNU

En el escrito judicial, los legisladores sostienen que no existieron ni existen razones de necesidad y urgencia que justifiquen el dictado del decreto. Subrayan que el Congreso se encuentra en condiciones de sesionar y que una reforma de esta magnitud requiere un debate democrático profundo.

“Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, señalan, y remarcan que la modificación del sistema de inteligencia es una materia sensible que exige deliberación, equilibrio institucional y control parlamentario, principios que —afirman— fueron deliberadamente soslayados.

El amparo sostiene que el DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que limita el uso de decretos de necesidad y urgencia, así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar prácticas que podrían afectar derechos y libertades fundamentales.

Facultades controvertidas y alarma institucional

Entre los puntos más cuestionados del DNU 941/2025 se encuentra la habilitación a los agentes de la Side para realizar detenciones, una facultad que hasta ahora estaba expresamente prohibida por la Ley 25.520 y que corresponde exclusivamente a fuerzas policiales, siempre bajo orden judicial.

Además, el decreto establece que todas las actividades del organismo de inteligencia pasen a ser consideradas “encubiertas”, lo que, según los diputados, elimina de hecho los mecanismos de supervisión y control previstos por la legislación vigente.

Otro aspecto central es la autorización para que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas produzcan información sobre “organizaciones no estatales de interés”, una redacción amplia y ambigua que, advierten, podría derivar en tareas de espionaje interno sobre actores sociales, políticos o sindicales.

Argumentos jurídicos del amparo

En su presentación, los legisladores enfatizan que el decreto cuestionado invade materias expresamente vedadas para los DNU, como las de carácter penal o procesal penal. En particular, destacan que la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia constituye una violación directa a los límites constitucionales.

“La disposición del Poder Ejecutivo no cumple con los presupuestos para el dictado de un DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna”, afirman en el escrito, al tiempo que alertan sobre el riesgo de un uso discrecional del aparato de inteligencia sin control judicial ni parlamentario.

La presentación del amparo reabre un debate de fondo sobre el alcance del poder presidencial y el uso recurrente de decretos para modificar marcos normativos sensibles. En particular, el sistema de inteligencia ha sido históricamente un área atravesada por cuestionamientos, abusos y reformas orientadas a limitar su opacidad.

La ampliación de facultades de la Side por vía de un DNU, sin control legislativo y con habilitaciones que rozan el terreno penal, despierta alarmas no solo en la oposición política, sino también en sectores especializados en derechos humanos e institucionalidad democrática.