La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

El Gobierno nacional confirmó el inicio de las obras correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa 11 provincias. Sumadas las tres etapas del programa, las rutas concesionadas superan los 9.000 kilómetros y conectan centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

La finalización de la firma y el traspaso de esta etapa completa una nueva instancia del programa de concesiones viales impulsado por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el proceso continuará con nuevos corredores.

La tercera etapa abarca rutas ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Se trata de corredores que cumplen un papel central en el traslado de producción, el acceso a puertos y la conexión con pasos internacionales.

Dentro de esta etapa quedaron incluidos ocho corredores. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. El Mesopotámico suma 276 kilómetros de las RN 12 y 18 en Entre Ríos, mientras que el Centro-Norte incorpora 536 kilómetros de la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero.

El Tramo Noroeste, con 596 kilómetros, alcanza las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 y conecta Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Litoral comprende 547 kilómetros de las RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, mientras que el Noreste suma 456 kilómetros de las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones.

Completan la etapa el Tramo Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la RN 11, y el Tramo Cuyo, que incorpora 329 kilómetros de la RN 7 en Mendoza. En conjunto, esta fase extiende el modelo de concesiones hacia algunos de los principales corredores de circulación del país.

La RFC ya había incorporado en sus dos primeras etapas otros corredores de importancia. La Etapa I incluyó el Tramo Oriental, integrado por las RN 12, 14, 135, A015 y 117, además del puente Rosario-Victoria, correspondiente a la RN 174.

La Etapa II, en tanto, comprendió el Tramo Pampa, con las RN 5 y 35, y el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las RN 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Entre las tres etapas, el programa alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión. El Gobierno sostiene que el esquema permitirá trasladar al capital privado parte de las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y modernizar una red fundamental para el transporte de cargas y la integración territorial.

Caputo planteó que la política continuará con nuevas concesiones y una mayor participación privada en infraestructura. La definición abre ahora una nueva etapa para los corredores transferidos, con obras cuya ejecución quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La magnitud del programa convierte a la Red Federal de Concesiones en una de las principales transformaciones de la administración nacional sobre la red vial: más de 9.000 kilómetros pasan a administrarse mediante contratos con privados, con impacto directo sobre las rutas utilizadas para la producción, el comercio y la logística interprovincial.

Miles de usuarios quedaron afectados este miércoles en San Juan por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que comenzó durante la madrugada en reclamo por la demora en el pago de un aumento salarial acordado para los trabajadores del transporte.

La protesta alcanza a servicios urbanos e interurbanos y se instrumenta mediante retenciones en distintos momentos de la jornada. Por ese motivo, la circulación de colectivos no quedó suspendida de manera permanente, aunque la salida de unidades se vio interrumpida en diferentes empresas y franjas horarias.

La demanda está concentrada en la acreditación del incremento salarial que los trabajadores consideran ya acordado. Los choferes sostienen que fueron informados en reiteradas oportunidades sobre fechas de pago que finalmente no se cumplieron.

En la empresa El Triunfo, uno de los delegados de la UTA, expresó el malestar de los conductores y cuestionó la modalidad con la que, según afirmó, se vienen cancelando los compromisos salariales. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, señaló.

La falta de una respuesta concreta llevó a los trabajadores a resolver la interrupción del servicio hasta obtener certezas sobre la cancelación del incremento. En algunos casos, las unidades directamente no fueron retiradas de las bases durante las primeras horas del día.

El gremio aguardaba una convocatoria que permitiera reunir a representantes de las empresas y autoridades para encontrar una salida. Hasta el momento, los trabajadores aseguraban no haber recibido una propuesta formal que permitiera levantar las retenciones.

La UTA dejó abierta la posibilidad de prolongar la protesta si el pago reclamado no se concreta. La continuidad del servicio, por lo tanto, quedó atada a la evolución de las negociaciones y a la acreditación efectiva de las sumas adeudadas.