La pérdida del poder adquisitivo golpea de lleno en el tiempo libre. Un informe privado revela que el 46% de las trabajadoras y trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año, principalmente por motivos económicos, en un contexto de ingresos deteriorados, inflación persistente y creciente desgaste laboral.

Las vacaciones, históricamente concebidas como un derecho asociado a la salud física y mental de los trabajadores, comienzan a desaparecer del horizonte de amplios sectores de la población ocupada. Así lo confirma el estudio Vacaciones 3.0, elaborado por la consultora Bumeran para Jobint, que muestra un dato contundente: casi la mitad de los trabajadores argentinos no pudo tomarse descanso durante el último año.

Según el relevamiento, el 46% de las personas encuestadas no se tomó vacaciones, y dentro de ese grupo, el 56% explicó que la principal razón fue la falta de recursos económicos. El informe expone con claridad cómo la caída del poder adquisitivo obliga a resignar incluso aquello que debería ser una pausa mínima garantizada por el sistema laboral.

“Existe una brecha clara en el acceso al descanso: mientras el 54% logró pausar sus tareas, el 46% no pudo hacerlo. Y esa brecha tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, al presentar los resultados del estudio.

La persistencia de la inflación, los salarios que no logran recomponerse al ritmo del costo de vida y el encarecimiento del turismo interno y externo conforman un combo que vuelve inviables las vacaciones para millones de familias. En muchos casos, el dinero destinado al descanso se redirecciona a cubrir gastos básicos como alimentos, alquiler, transporte o servicios.

Cambian las prioridades: menos vacaciones, más tiempo libre

Uno de los datos más reveladores del informe es el cambio en las preferencias de los trabajadores frente a este escenario. El 29% manifestó que, ante la imposibilidad de viajar o tomarse vacaciones, preferiría una reducción de la jornada laboral antes que días formales de descanso. La respuesta refleja una adaptación forzada: si no hay dinero para vacacionar, al menos se busca recuperar algo de tiempo personal en la rutina diaria.

En la misma línea, el estudio indagó qué beneficios valorarían más los trabajadores por sobre las vacaciones tradicionales. El 44% priorizó un mejor salario, el 21% eligió la posibilidad de trabajar de manera remota y el 15% se inclinó por incentivos económicos adicionales. El descanso, así, queda subordinado a la necesidad urgente de recomponer ingresos.

Viajes más cortos y destinos más cercanos

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones, el patrón de consumo también muestra señales de ajuste. El 24% eligió la Costa Atlántica bonaerense, una opción relativamente cercana y tradicional, mientras que el 22% viajó a otros destinos, con el Caribe como alternativa destacada. Brasil concentró el 16% de las preferencias, aunque en muchos casos con estadías más cortas o modalidades más económicas.

La elección de destinos evidencia una búsqueda de equilibrio entre descanso y presupuesto, en un contexto donde incluso salir unos pocos días implica un esfuerzo financiero considerable.

La imposibilidad de tomarse vacaciones no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del deterioro del mercado laboral argentino. A la pérdida del poder adquisitivo se suman altos niveles de estrés, sobrecarga y burnout, configurando un escenario donde el descanso deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio.

En un país donde el trabajo ya no garantiza bienestar ni previsibilidad, la renuncia al descanso anual expone una crisis más profunda: la de un modelo económico que obliga a los trabajadores a sacrificar su salud y su tiempo libre para llegar a fin de mes. Las vacaciones, lejos de ser un lujo, funcionan como un termómetro social que hoy marca alerta.

Tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, gremios universitarios, científicos y estatales alertaron sobre un ajuste sin precedentes que, aseguran, pone en riesgo el desarrollo productivo, el sistema educativo y la investigación nacional.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación encendió una fuerte reacción en amplios sectores gremiales y sindicales, que cuestionaron duramente el rumbo fiscal elegido por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto fue sancionado este viernes con 46 votos a favor, una abstención y 25 en contra, en una votación que marcó un hecho político relevante: el peronismo de la Cámara alta se mostró dividido por primera vez desde la asunción del nuevo oficialismo.

Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al Gobierno en la votación en general, lo que desató críticas de organizaciones sindicales y del arco opositor, que los señalaron por convalidar un esquema presupuestario considerado regresivo.

El Presidente celebró el resultado como “un hecho histórico”, al destacar que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con una mayoría tan amplia. El texto aprobado prevé gastos totales por 148 billones de pesos, un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Además, proyecta para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Sin embargo, detrás de esos números macroeconómicos, los gremios advierten un fuerte retroceso en áreas estratégicas. El Presupuesto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el sector, mantiene congelado el bono para jubilados y reduce un 28,9% la ayuda alimentaria destinada a comedores comunitarios.

El artículo 30 y la alarma en el sistema educativo y científico

Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30, que suprime los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Para los sindicatos, esta modificación habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo no solo el próximo ciclo lectivo, sino también la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo productivo.

Desde CTERA, CONADU Histórica y organismos como el INTA coincidieron en que la medida sienta las bases para una virtual desarticulación del sistema científico-tecnológico nacional. “El objetivo es la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, advirtieron en comunicados conjuntos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación denunció además la inconstitucionalidad de la eliminación de los pisos de inversión. En la misma línea, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, recordó que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes. “Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Con salarios de 250 mil pesos no se puede vivir. Ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, afirmó.

El mapa del ajuste: cifras que preocupan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron el alcance del recorte en distintas áreas del Estado. Según el gremio, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación sufre una caída del 48,8%; el CONICET, del 39%; la Agencia Nacional de Discapacidad, del 27%; Educación y Cultura, del 47,3%; y las asignaciones familiares, un 87,5%.

También se registran fuertes recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión de becas estudiantiles, que prácticamente desaparecen con una reducción del 76,6%.

ATE subrayó además que la única partida con crecimiento real es la correspondiente a la ex SIDE, que aumenta un 19%. “Algún día tendrán que explicar a dónde va a parar y qué hacen con tanta plata”, señalaron desde el sindicato.

Una advertencia sobre el futuro

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, sintetizó el rechazo gremial con una definición contundente: “Se acaba de sancionar el atraso de la Argentina. Hoy la riqueza está en el conocimiento, y por eso se disputan el liderazgo global China y Estados Unidos. Lamentablemente, hemos decidido ser ignorantes”.

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico, los gremios advierten que el costo del ajuste recae sobre las bases mismas del desarrollo nacional y anticipan un año de conflicto creciente en defensa de la educación, la ciencia y el trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.