La justicia cuestiona la política intervencionista de la Secretaria de Salud contra las Obras Sociales Sindicales
La Obra Social del Personal Mosaísta (OSPM), consiguió un fallo a favor de la Cámara del Trabajo, que cuestionó el procedimiento de intervención realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) donde entienden que hay “indicios de ilegitimidad”, ya que no se cumplió con “el procedimiento sumarial previo a la aplicación de la sanción», ni se garantizó «el derecho de defensa», ya que según esta resolución del fuero laboral, la intervención sólo se basó en «una auditoría integral», sin contemplar instancias sancionatorias previas.
La SSS, que seguramente buscará llevar el caso a otra instancia de pleito judicial, fundamentó su accionar en el hecho de haber detectado “irregularidades” relacionadas a las prestaciones por discapacidad, en cuanto a la “documentación exigida”. Y omisiones que alega cometió la OSPM referidas a seguimientos o auditorías sobre estos servicios, adeudando la presentación de papeles” que avalen estos movimientos. Aunque históricamente se reconoce de manera extraoficial, que estas faltas usualmente no se castigan con una intervención.
En paralelo a la compulsa judicial, se abre también una incógnita desde el campo sindical, sobre el respaldo que conseguirá en su accionar, el organismo de Salud, oficializado ya su manejo en la figura de Mario Lugones, de dilatada trayectoria en estas áreas y de muy buena llegada a los principales referentes de las coberturas de salud tanto de las empresas de medicina privada, y sus prestadores, como con las Obras Sociales Sindicales de más peso.
También se espera un rol más activo de la CGT, para que ponga a disposición de otras obras sociales de los trabajadores, todos los vínculos de diálogo con lo que cuentan varios integrantes del Consejo Directivo de la central y la llegada a distintos interlocutores de la actual administración de gobierno.
Más aún, teniendo en cuenta que el caso de la Obra Social del Personal Mosaísta, es parte de una larga lista de coberturas de salud sindicales intervenidas por diferentes procedimientos (OSPRERA, Fósforo, Ladrilleros y Vareadores, entre otras), sumado a muchas otras que se encuentran siendo observadas con una intensidad pocas veces vista durante presidencias nacionales anteriores y obligadas a ejercer su defensa o enfrentar el procedimiento de manera unilateral, sin conseguir que otras confederaciones afines acompañen sus reclamos y pongan en superficie estas prácticas, que ahora cuentan con un fallo judicial que cuestiona al menos, la forma en que se está ejerciendo este procedimiento desde del área que encabeza Lugones.
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Otro golpe al bolsillo: nuevo aumento en el precio de las garrafas
La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por hogares que no contaban con gas de red. El ajuste estableció que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de $8.500 a $10.500.
La medida se implementó a través de la Resolución 394/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el organismo, la decisión tenía como principal objetivo que “el precio de la garrafa reflejara los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”.
El incremento es un golpe para los bolsillos de los argentinos, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación y la crisis económica. La medida también generó preocupación entre los usuarios que dependen del GLP para su uso cotidiano.
La decisión del gobierno de aumentar el precio de las garrafas es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los ciudadanos. En un momento en que la inflación y la crisis económica están golpeando duramente a los argentinos, esta suba en el precio de las garrafas es un golpe adicional que puede tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Es hora de que el gobierno reconsidere sus prioridades y busque soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, no solo a los intereses de unos pocos.
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Médicos argentinos en la lucha por una remuneración justa
En el Día del Médico, la atención se centra en la situación precaria de los profesionales de la salud. Los bajos salarios y la creciente tendencia al pluriempleo son solo algunas de las dificultades que enfrentan estos trabajadores.
La remuneración insuficiente es un problema que afecta no solo a los médicos, sino también a la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes. Cuando los profesionales de la salud están obligados a trabajar en múltiples lugares para poder llegar a fin de mes, se corre el riesgo de que la atención médica se vea comprometida.
El pluriempleo no solo afecta la calidad de vida de los médicos, sino que también puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La fatiga, el estrés y la falta de concentración pueden ser algunos de los efectos del pluriempleo en la atención médica.
Es necesario que se tomen medidas para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales. La salud de los argentinos depende de ello.
La situación de los médicos en Argentina es un reflejo de la crisis del sistema de salud en el país. Es hora de que se tomen medidas para garantizar que los profesionales de la salud reciban una remuneración justa y puedan brindar una atención médica de calidad a los pacientes.
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La evaluación que genera polémica: 40 mil empleados públicos en la mira»
El gobierno avanza con la evaluación de competencia para 40 mil funcionarios, pese a la oposición de las organizaciones gremiales.
La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte polémica en el sector público. Las organizaciones laborales han expresado su oposición a la medida, argumentando que se trata de un intento de despedir a trabajadores sin justa causa.
La medida forma parte de un plan del gobierno para reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia en el sector público. Sin embargo, las organizaciones sindicales argumentan que la medida es injusta y que no se ha realizado un análisis adecuado de las necesidades del sector.
La evaluación de competencia para 40 mil funcionarios ha generado una fuerte reacción en el sector público. Los gremios anticipan que seguirán luchando para defender los derechos de los trabajadores y evitar que se produzcan despidos injustos. La situación sigue siendo tensa y se espera que haya nuevas movilizaciones en los próximos días.
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