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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) salió al cruce del gobierno nacional luego de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara en conferencia de prensa que el Estado realizará un examen de idoneidad a 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados.

El titular del gremio, Rodolfo Aguiar, criticó la medida y remarcó, “¿después de 5, 10 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?” apuntó y agregó, “el examen debería ser para la Vocería. Si a vos Adorni o a tus cientos de trolls les hubieran tomado examen, nunca hubiesen ingresado a parasitar al Estado”, disparó el dirigente en sus redes sociales.

A su vez, a través de un comunicado de prensa, el dirigente estatal de origen rionegrino remarcó que el examen anunciado “es un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”, señaló.

En esa línea, explicó que “los procesos de selección y evaluación del personal ya existen y se aplican en el Estado. Incluso son más exhaustivos que los que se señalan en el anuncio del Gobierno. Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales” y agregó “si alguien lleva tantos años en el Estado no se trata de ninguna designación transitoria. ¿Le van a exigir idoneidad a médicos y especialistas que llevan más de 15 años contratados? Esto es un disparate”, afirmó.

Aguiar también recordó que el convenio colectivo de trabajo 214/06, que rige para la Administración Pública Nacional “se encuentra vigente y, por lo tanto, los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos” indicó y caracterizó el anuncio oficial como “una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”, resaltó.

Con este marco, el gremialista subrayó que el gobierno ataca a los trabajadores estatales desde el inicio de la gestión de Javier Milei, “nos han intentado estigmatizar y desprestigiar pero sin resultado, porque es el Gobierno el que pierde apoyo popular” caracterizó y destacó que, “si hay un rasgo distintivo del Estado argentino es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% tiene título terciario o universitario mientras que en el sector privado ese porcentaje baja a menos del 25%”, ponderó.

Finalmente, Aguiar enfatizó en que ATE rechaza “cualquier posibilidad de rendir un examen que determine como resultado si se sigue o no siendo trabajador del Estado” y que, “el único examen que podemos rendir es para pasar a la Planta Permanente y ese proceso debe contar con las veedurías gremiales porque eso estipula la normativa hoy vigente”, concluyó el líder de ATE.

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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.

Puntos clave de la encuesta:

  • Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
  • Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
  • Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
  • Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.

La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.

Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.

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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.

La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.

Detalles del Acuerdo:

  • Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
  • Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
  • Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.

Mejoras en Asignaciones Específicas:

  • Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
  • Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
  • Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.

En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».

«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».

La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.

La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.

Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.

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