La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió una alerta amarilla por viento Zonda para la tarde de este viernes 2 de octubre en todo el territorio provincial.
De acuerdo con el Alerta Meteorológica N° 48/26, el viento tendrá velocidades de entre 30 y 40 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar puntualmente los 60 km/h. El fenómeno estará acompañado por un marcado descenso de la humedad relativa, un aumento repentino de la temperatura y posibles reducciones significativas de la visibilidad.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron asegurar puertas y ventanas, retirar o sujetar objetos que puedan desplazarse y prestar atención a posibles ramas o cables caídos. También pidieron evitar permanecer debajo de árboles o cerca de carteles, marquesinas, toldos y otros elementos sujetos a edificios.

Para quienes deban circular, Protección Civil aconsejó manejar con extrema precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y utilizar las luces bajas.

Alto riesgo de incendios

El Zonda también incrementa el peligro de incendios forestales debido a la combinación de altas temperaturas, sequedad y baja humedad. Por ese motivo, pidieron a la población no arrojar colillas en zonas de vegetación, no tirar residuos en campos y evitar fogatas o cualquier tipo de quema cerca de áreas agrícolas.

Protección Civil recordó además que la quema de hojas y basura está prohibida por ley y solicitó denunciar al 911 a quienes provoquen fuego en lugares de alta inflamabilidad.

En las zonas rurales, se recomienda mantener despejado el entorno de las viviendas mediante callejones de tierra de más de cinco metros de ancho, como medida preventiva frente a la propagación de un incendio.

Ante la detección de humo, la indicación es dar aviso inmediato a Bomberos y contar con un plan de evacuación, especialmente para las familias que viven en áreas rurales.

Números de emergencia

911: emergencias.
103: Protección Civil.

La advertencia busca reducir los riesgos asociados a un fenómeno que, además de generar ráfagas y cambios bruscos de temperatura, puede favorecer la propagación rápida de incendios en sectores con vegetación seca.

La oposición pidió formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que vuelve a colocar en el centro del debate el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares. El pedido reúne 32 firmas de ocho bloques y deberá superar ahora el primer obstáculo: alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el recinto.

La convocatoria fue suscripta por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los firmantes figuran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

El punto de mayor impacto político es el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La oposición pretende que Diputados rechace el decreto y, de ese modo, avanzar hacia la restitución del régimen que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El tratamiento parlamentario tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el DNU 70/23. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del decreto. Por lo tanto, si Diputados consigue el quórum y también vota en contra, el Congreso completaría el procedimiento legislativo previsto para dejarlo sin efecto.

La ofensiva legislativa se produjo después del reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal centró su decisión en la falta de legitimación del CECIM para promover aquella demanda y no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo. El efecto práctico fue mantener vigente la derogación de la Ley de Tierras.

La norma de 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% del territorio nacional para la titularidad extranjera de tierras rurales, con topes equivalentes en provincias y municipios. También fijaba límites individuales y prohibiciones específicas para determinadas zonas de frontera y áreas vinculadas con grandes cuerpos de agua.

En simultaneo, el Senado recibió un proyecto de José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino para derogar el artículo 154 y restablecer la legislación sobre tierras rurales. Esa iniciativa deberá seguir su propio recorrido parlamentario.

El segundo punto de la sesión será el proyecto sobre endeudamiento familiar, incorporado al temario como Orden del Día 433. La iniciativa reúne propuestas destinadas a establecer herramientas frente al sobreendeudamiento de los hogares y ya cuenta con dictamen de comisión.

El tercer asunto será la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplada en el Orden del Día 350. También se trata de un proyecto que cuenta con dictamen y que los bloques opositores buscan llevar al recinto en la misma jornada.

La fecha elegida coincidirá además con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, lo que podría concentrar frente al Congreso una movilización vinculada con el financiamiento de las universidades mientras en el recinto se discuten los tres proyectos.

La convocatoria todavía no garantiza la sesión. El primer desafío será reunir los 129 diputados requeridos para el quórum; después, cada iniciativa deberá alcanzar las mayorías correspondientes. En el caso del DNU, el dato determinante será la votación de Diputados: con el rechazo ya expresado por el Senado, una decisión negativa de la Cámara baja completaría el trámite previsto por la legislación vigente.

El Gobierno provincial abonará tres cuotas de $800.000 los días 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre. El beneficio se suma a los salarios habituales y al medio aguinaldo, que será pagado el 22 de diciembre. También habrá refuerzos para beneficiarios de tarjetas sociales y planes de emergencia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Elías Suárez y surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con las organizaciones sindicales. El esquema fue acordado con representantes de la CGT y UPCN, contemplando un refuerzo adicional a los haberes ordinarios.

La provincia aclaró que el bono no reemplazará ningún componente salarial ni el medio aguinaldo. Los sueldos continuarán abonándose de manera habitual y el Sueldo Anual Complementario será depositado el martes 22 de diciembre, sin descuentos, según informó el Ejecutivo santiagueño.

El cronograma implica que un empleado público que reúna las condiciones establecidas percibirá $1,6 millones adicionales entre octubre y noviembre, mientras que completará los $2,4 millones con la tercera cuota de diciembre, antes del pago del aguinaldo.

La asistencia también alcanzará a beneficiarios de distintos programas. Quienes reciben tarjetas sociales percibirán un bono total de $300.000, distribuido en tres cuotas de $100.000. Para los beneficiarios de tarjetas destinadas a personas celíacas, el adicional será de $165.000, en tres pagos de $55.000.

A su vez, las personas incorporadas a planes sociales de emergencia recibirán un complemento de $330.000, dividido en tres cuotas de $110.000. De esta manera, el esquema diseñado por la provincia extiende el beneficio más allá de la administración pública.

Desde las organizaciones sindicales respaldaron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. José Gómez, referente de la CGT santiagueña, valoró el funcionamiento de la mesa de diálogo y señaló el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia. En la misma línea, Gerardo Montenegro, titular de UPCN, consideró que el bono representa un alivio adicional para las familias de los trabajadores.

La medida de Santiago del Estero refleja un debate clave en las provincias: cómo proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos ante la inflación sin comprometer permanentemente los presupuestos salariales.