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Un fallo determinó que la transformación en Sociedad Anónima de la banca pública no puede hacerse, y debe ser autorizada por el Congreso, lo que le pone un freno al ingreso de capitales privados. “Es trascendental”, dijo el titular del gremio Arturo Quiñoa.

El juez Ramos Padilla determinó que cualquier intento de privatización del Banco Nación estará sujeto a la aprobación legislativa.

El Juzgado Federal N° 2 de La Plata, bajo la subrogancia del juez Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que refuerza la protección jurídica del Banco de la Nación Argentina (BNA) frente a intentos de privatización. La decisión se dio en respuesta a una acción legal presentada por trabajadores de la entidad, quienes buscaron frenar lo que consideraban una privatización encubierta, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023 y una resolución del directorio del banco que habilitaba la contratación de asesoría privada para tal proceso.

El juez Ramos Padilla estableció que ni el DNU ni la Resolución 348 del BNA facultan al Poder Ejecutivo a modificar la situación jurídica del Banco Nación, un cambio que solo puede efectuarse mediante la sanción de una ley formal por el Congreso de la Nación. Esta aclaración se basó en la Ley 27.742, conocida como «Ley de Bases», que en su versión original incluía la posibilidad de privatizar la entidad bancaria, pero que finalmente fue modificada para excluir al BNA de dicha medida.

En el fallo, el magistrado destacó que la voluntad del Congreso, reflejada en el debate legislativo, fue clara al decidir que el Banco Nación no debía ser sujeto de privatización. Este proceso involucró la participación de diversos actores políticos, lo que, según Ramos Padilla, excede el ámbito judicial y confirma que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la entidad.

Los artículos del DNU 70/2023, que el Banco Nación interpretaba como base para su transformación en sociedad anónima, fueron rechazados por el juez, quien señaló que esa interpretación no es viable tras la sanción de la Ley de Bases. Además, recordó que el propio Poder Ejecutivo, en actos gubernamentales posteriores, también reconoció que cualquier modificación en la estructura jurídica del BNA debe pasar por el Congreso.

La resolución judicial también revisó la cuestionada contratación de un estudio jurídico privado para avanzar en la privatización del banco. Ramos Padilla observó que, aunque la Carta Orgánica del BNA permite en situaciones excepcionales este tipo de contrataciones, la medida fue prematura y contraria a los principios de austeridad en el uso de recursos públicos establecidos por el DNU. En este sentido, destacó que la entidad tenía la opción de solicitar asesoramiento al Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) y otros organismos públicos, quienes podrían haber corroborado la necesidad de una ley del Congreso para llevar adelante cualquier proceso privatizador.

Por otro lado, el juez concluyó que la controversia sobre la Resolución 348, debido al agotamiento de sus efectos, ya no tiene relevancia judicial, y por ello declaró abstracta la causa en ese punto. Sin embargo, dejó en claro que cualquier intento futuro de avanzar en la privatización del Banco Nación deberá necesariamente ser aprobado por el Congreso Nacional.

La decisión judicial representa un revés para quienes impulsaban la reestructuración del BNA en una sociedad anónima, destacando la centralidad del Congreso en decisiones de tal magnitud. El Poder Ejecutivo, en tanto, a través de su representación legal, había coincidido con la necesidad de una ley específica para modificar el estatus del Banco Nación, posición respaldada por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y el Subprocurador, Marcos Serrano.

Este fallo genera un precedente importante en torno a la preservación del carácter público del Banco de la Nación Argentina, una entidad que ha jugado un rol fundamental en el sistema financiero y económico del país desde su creación. La decisión también arroja luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en políticas de privatización sin el debido respaldo legislativo.

A pesar de la resolución judicial, el debate sobre la gestión y futuro del Banco Nación sigue abierto en el ámbito político. Diversos sectores continúan evaluando posibles reformas, mientras que la intervención del Congreso será clave en cualquier proceso futuro que busque modificar el carácter de la entidad bancaria.

Fuente: Data Clave

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Eduardo Cabello: “El poder adquisitivo cae día a día y la gente ya lo empieza a sentir”

El secretario general de la UOCRA San Juan y referente provincial de la CGT analizó la difícil coyuntura económica, la paralización de la obra pública, la defensa del derecho a huelga y la creciente conflictividad social. “Estamos en una situación caótica, y esto recién empieza”, advirtió.

En una entrevista exclusiva con Mundo Laboral SJ, el dirigente sindical Eduardo Cabello abordó los principales desafíos que enfrenta hoy el movimiento obrero organizado, con especial énfasis en la realidad que atraviesan los trabajadores de la construcción. En un contexto de recesión profunda, ajuste fiscal y paralización de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, Cabello no ocultó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre generalizada que se vive en el sector.

“Yo no sé si esto es libertad o libertinaje. Hoy no hay obra pública, no hay inversión, y a pesar de todo eso logramos cerrar una paritaria. No cubre lo que corresponde, pero al menos ayuda a los compañeros que todavía tienen empleo”, expresó.

El referente gremial señaló que los trabajadores del sector vienen arrastrando una pérdida salarial acumulada que supera el 36% del poder adquisitivo. Aun así, destacó que, con esfuerzo y voluntad de diálogo, se pudo concretar un acuerdo con la patronal, en un contexto donde los márgenes de negociación están cada vez más restringidos por el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

“Nos dijeron que ahora hay libertad, pero hay más trabas que nunca”

Cabello fue categórico al comparar el contexto actual con etapas previas donde las paritarias estaban garantizadas por el marco legal.

“Antes, cuando el Estado acompañaba, las paritarias eran libres. Hoy se habla de libertad, pero los trabajadores tienen menos derechos. Es contradictorio. En nombre de la libertad se cercenan derechos laborales fundamentales”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la firma del último acuerdo salarial fue precedida por la declaración del estado de alerta y movilización por parte del gremio, lo cual obligó a las partes a sentarse a negociar.

“Tuvimos que salir a la calle para que nos escuchen. Es increíble que hoy, en plena crisis, tengamos que mendigar paritarias. Esto me recuerda a los años más duros de la historia económica del país”, advirtió.

Fallo judicial que reafirma el derecho a huelga

En otro tramo de la entrevista, Cabello celebró el reciente fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, que ratificó la plena vigencia de la legislación actual que protege el derecho a huelga en Argentina. Para el sindicalista, este fallo representa un freno institucional a los intentos por limitar las herramientas de lucha de los trabajadores.

“Sabíamos que la justicia podía actuar con responsabilidad, y gracias a Dios falló a favor de los trabajadores. No se trata solo de sindicalismo, se trata del derecho de cualquier ciudadano a ganarse el pan con dignidad”. Ese fallo nos da la razón. La justicia está reconociendo que no se pueden vulnerar derechos constitucionales, sostuvo.

Clima social: “La temperatura empieza a subir”

El líder de la UOCRA sanjuanina también se refirió al creciente malestar social que empieza a hacerse visible en distintos sectores del país.

“Cuando la gente sale a la calle, no es porque quiere hacerlo, es porque ya no aguanta más. Esta semana habrá marchas de jubilados, de docentes, y de muchos otros sectores. La temperatura social está subiendo porque la crisis golpea fuerte”, explicó.

Cabello alertó que, si no hay un cambio de rumbo económico, el conflicto social tenderá a intensificarse. A su vez, llamó a la dirigencia política –incluyendo a quienes integran el movimiento obrero– a hacer una autocrítica seria.

“Si la gente eligió un gobierno de ultraderecha, es porque algo hicimos mal. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que recuperar la confianza, volver a estar cerca de los compañeros y compañeras que hoy no tienen trabajo o que no llegan a fin de mes”, dijo.

Un mensaje a los trabajadores y a la prensa

La entrevista finalizó con un agradecimiento mutuo. Cabello valoró la posibilidad de expresarse libremente a través de los medios, y resaltó la importancia de que la ciudadanía esté informada sobre lo que ocurre en el mundo laboral.

“Agradezco el espacio. A veces uno siente que no tiene voz, y poder hablar con claridad es fundamental. Hay que seguir trabajando por esa Argentina que nos merecemos”, concluyó.

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La STVyARA denuncia una preocupante obstrucción a la negociación colectiva en Vialidad

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció públicamente la existencia de maniobras obstructivas por parte del Gobierno que impiden el normal desarrollo de la negociación colectiva, en clara violación a la libertad sindical y al derecho a negociar colectivamente.

En un comunicado oficial, la STVyARA, liderada por Graciela Aleña, expresó su profunda preocupación por la falta de respuestas y la obstrucción sistemática a la negociación colectiva, que afecta directamente a los trabajadores viales y compromete su derecho a una remuneración justa y digna. A pesar de los reiterados pedidos formales realizados por el sindicato en el marco del CCT 827/06 “E”, no se han obtenido respuestas satisfactorias, lo que ha llevado a la organización a solicitar judicialmente una medida autosatisfactiva para exigir la resolución urgente del reclamo salarial.

La situación se ha vuelto insostenible, ya que la falta de acuerdo en la negociación colectiva ha generado una gran incertidumbre y preocupación entre los trabajadores viales, que ven cómo su salario ha sido desvalorizado por decisiones políticas y cómo su capacidad para ejercer derechos básicos como la negociación paritaria se ve comprometida. La STVyARA ha denunciado que la Dirección Nacional de Vialidad, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y áreas clave del Estado han incurrido en prácticas obstructivas y omisiones que impiden avanzar en la negociación.

Un llamado a la acción

La STVyARA reiteró su compromiso con la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales y advirtió que toda omisión u obstrucción por parte del Estado en este sentido constituye una violación al principio de legalidad. En este contexto, el sindicato hizo un llamado a la acción para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores viales y para lograr una resolución justa y equitativa en la negociación colectiva.

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Pilotos de Aerolíneas Argentinas van al paro por mejoras salariales y condiciones laborales

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lanzó un paro total de actividades para el próximo martes 10 de junio en Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, en reclamo por mejoras salariales y denunciando incumplimientos convencionales y falta de inversión en la empresa.

La APLA, que conduce Pablo Biró, denunció que la industria aerocomercial en Argentina atraviesa un momento «extremadamente crítico» y que las decisiones tomadas por la empresa «con liviandad no contemplan el impacto negativo de sus consecuencias». Los pilotos señalaron que la pauta salarial está «muy por debajo» de lo que consideran justo y que no hay propuestas de mejora por parte de las autoridades de la empresa estatal.

Entre los principales puntos de conflicto, el gremio denunció «inaceptables incumplimientos convencionales» por parte de la empresa, un «prolongado retraso en la pauta salarial» y la «falta de un plan de desarrollo profesional» para los trabajadores del sector. Además, criticaron la «ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía» y la «continua modificación unilateral de procesos y programaciones» por parte de la administración de la compañía.

Fallas técnicas y desinversión

El gremio también advirtió sobre las «recurrentes fallas técnicas en los aviones que se sostienen en el tiempo, producto de la falta de inversión», lo que impacta negativamente en las condiciones operativas y laborales de los pilotos y en el servicio diario a los pasajeros. El vocero del gremio, Juan Pablo Mazzieri, explicó que la medida llega como «un reclamo integral específicamente de Aerolíneas Argentinas» y ratificó que no hay propuestas de mejora por parte de las autoridades de la empresa estatal.

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