La morosidad en los créditos de los hogares alcanzó su nivel más alto desde que existen registros del Banco Central. La combinación de salarios atrasados, inflación persistente y tasas que no bajaron acompasadamente convirtió al crédito en un mecanismo de supervivencia cada vez menos sostenible. Con el Estado compitiendo por financiamiento, las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y cuotas que se vuelven imposibles de pagar.

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en 15 años. Según el economista Christian Buteler, la morosidad familiar alcanzó un nivel “históricamente alto”, fenómeno que —subraya— no responde solo a un mayor endeudamiento, sino a un deterioro profundo en la capacidad de pago de las personas.

En diálogo con Splendid AM990, Buteler planteó que la deuda familiar en sí misma no es un problema si existe un contexto socioeconómico que permita gestionarla. El problema en Argentina es otro: una parte sustancial del endeudamiento se destina a cubrir consumo básico, consecuencia directa de ingresos que no logran acompañar los aumentos de precios.

Según el especialista, aun durante la desaceleración inflacionaria de la primera mitad del año, las tasas de interés total por créditos personales se ubicaron entre 140% y 150% anual, mientras que los salarios avanzaban apenas entre 20% y 25%. La brecha, asegura, volvió insostenible cualquier esfuerzo por mantener las cuotas al día, incluso para clientes con historial intachable. “Nunca las tasas acompañaron la baja de la inflación”, afirmó.

El rol del Estado y el efecto contagio en el sistema financiero

Buteler también apuntó contra la política financiera del Gobierno. A su juicio, la demanda constante de financiamiento por parte del sector público absorbe buena parte de los recursos que los bancos podrían destinar a crédito productivo o al consumo de los hogares. Esa competencia por el dinero disponible termina consolidando tasas elevadas: si el Estado sigue pagando intereses altos, las entidades no tienen incentivos para reducirlas.

“Mientras el Ejecutivo sea un demandante de dinero, no va a haber presión real para que las tasas bajen”, sintetizó. Para el economista, una menor necesidad de financiamiento estatal permitiría liberar fondos hacia el sector privado, generar competencia entre bancos y fintechs y, en consecuencia, abaratar costos financieros.

Los números que confirman la preocupación

Los últimos datos del Banco Central refuerzan el diagnóstico. Según el Informe sobre Bancos de septiembre:

La morosidad de los hogares trepó a 7,3%, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

Los créditos personales muestran la situación más delicada, con 9,1% de mora, en línea con la advertencia de Buteler.

Las tarjetas de crédito alcanzan un 7,4%, también en ascenso.

El endeudamiento empresarial, en cambio, revela un deterioro menor, con un ratio de irregularidad del 1,7%.

Estos datos muestran una tendencia clara: el peso del ajuste cae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente las de menores ingresos, quienes dependen en mayor medida del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

El récord de morosidad no es un dato técnico: es el reflejo de un deterioro profundo en el poder adquisitivo y en la estabilidad financiera de millones de hogares argentinos. El crédito, que en teoría debería funcionar como una herramienta para ordenar y proyectar gastos, se transformó para muchos en un mecanismo de supervivencia que termina ahogándolos.

Buteler sostiene que el Estado tiene margen para intervenir reduciendo su propia demanda de financiamiento, generando así condiciones para que las tasas bajen y se alivie la presión sobre los hogares. Pero mientras eso no ocurra, y los salarios continúen lejos de la recomposición real, la deuda seguirá siendo una mochila cada vez más pesada.

La advertencia es clara: la crisis de morosidad no es solo un problema financiero; es un síntoma más de la fragilidad económica que atraviesan las familias en Argentina.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.

En vísperas de la renovación parlamentaria que ampliará la representación de La Libertad Avanza tanto en Diputados como en el Senado, el Gobierno nacional encara una nueva ola de reclamos y denuncias por inconstitucionalidad. Se trata de la decisión del Ejecutivo de promulgar pero suspender la aplicación de tres leyes claves: la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan.

El argumento oficial, según plantearon los funcionarios ante la Comisión de Presupuesto, es que las normas “no contaban con fuentes de financiamiento definidas”. Sin embargo, desde distintos sectores —académicos, sanitarios y sociales— se sostiene que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender la ejecución de una ley ya sancionada y promulgada por el Congreso, lo que configura una vulneración del principio de división de poderes y del Estado de Derecho.

Universidades en pie judicial

Durante la última reunión de la Comisión de Presupuesto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron que el Presupuesto 2026 prevé un aumento nominal del 17,6% en inversión educativa, lo que implicaría un incremento real del 7%, con una inflación proyectada del 10,1%. En el caso del sistema universitario, anticiparon un incremento “del 10% en términos reales” y aseguraron que “las universidades podrán cubrir sus necesidades básicas”.

No obstante, ambos funcionarios ratificaron que el Gobierno mantendrá suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, al considerar “ilegal” aplicar una norma sin respaldo presupuestario explícito.

Frente a esa postura, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —junto a 49 universidades nacionales— presentó un amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal, solicitando el cumplimiento inmediato de la ley y una medida cautelar que obligue al Ejecutivo a destrabar los fondos.

El abogado patrocinante, Pablo Manili, calificó la situación de “inédita en la historia argentina” y advirtió:

“Es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada. El presidente tiene una sola facultad: promulgar y cumplir. No puede suspender ni revisar el contenido de la ley”.

Según el reclamo judicial, las universidades públicas operan con presupuestos congelados desde 2023, lo que implicó una pérdida del 80% de poder de financiamiento y del 40% en los salarios docentes, generando una crisis funcional sin precedentes en el sistema educativo superior.

Discapacidad: una emergencia postergada

Una situación similar atraviesan las organizaciones de discapacidad. Tras suspender la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno buscó descomprimir el conflicto con un aumento del 30 al 35% para los prestadores del sector, escalonado hasta diciembre. La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, con participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Pese a ello, gremios, familiares y entidades de atención directa sostienen que el incremento es insuficiente frente a la inflación acumulada y el atraso del nomenclador nacional, congelado desde diciembre pasado. Las protestas se multiplicaron en todo el país con pedidos de cumplimiento integral de la ley y actualización real de los aranceles.

Salud: parches y reasignaciones

En el área sanitaria, el Gobierno aplicó la misma lógica: mientras mantiene suspendida la Ley Garrahan, dispuso por Decisión Administrativa 29/2025 un refuerzo presupuestario de 196 mil millones de pesos para hospitales de alta complejidad —entre ellos el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce, el Néstor Kirchner y el Hospital de Cuenca Alta—. Sin embargo, esos fondos provienen de reasignaciones internas, lo que implica recortes en otras áreas y no un aumento genuino de la inversión en salud.

El conflicto alcanzó un punto crítico este viernes, cuando trabajadores del Hospital Garrahan ocuparon la Dirección del establecimiento en protesta por descuentos salariales considerados ilegales y exigieron la renuncia del interventor Mariano Pirozzo y del Consejo de Administración.

“Son lo peor que le pasó al Garrahan. Cada minuto que siguen al frente, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, denunciaron los trabajadores en un comunicado.