Un error severo en la red de distribución de contenidos de Cloudflare provocó este martes un apagón digital sin precedentes, dejando fuera de servicio a redes sociales, plataformas de streaming, portales informativos y herramientas de monitoreo en distintos países. La compañía trabaja para determinar el origen del incidente, mientras los servicios comenzaron a restablecerse de manera lenta y parcial.

Un fallo técnico en Cloudflare, la empresa que opera una de las redes de distribución de contenidos (CDN) más grandes y críticas del planeta, dejó a millones de usuarios sin acceso a redes sociales, medios de comunicación y servicios digitales esenciales durante la mañana de este martes. La compañía, que canaliza una porción sustancial del tráfico mundial, reconoció el incidente y activó un protocolo de emergencia para intentar normalizar la situación.

La interrupción se manifestó a través de errores como “500 Internal Server Error” y “502 Bad Gateway”, mensajes que indicaban que los servidores no podían procesar solicitudes básicas. Entre las plataformas afectadas estuvo X (antes Twitter), cuya caída tuvo impacto global por su centralidad informativa. Numerosos medios de comunicación —tanto internacionales como locales— también quedaron completamente inaccesibles.

La particularidad del episodio fue su efecto en cadena: al depender tantos servicios de la misma infraestructura, el fallo de un proveedor clave como Cloudflare implicó la paralización súbita de segmentos enteros de Internet. Incluso DownDetector —la plataforma que monitorea caídas de sistemas— dejó de funcionar debido a que utiliza los recursos de la propia Cloudflare.

Cronología del incidente

Según los registros públicos de la empresa, la primera alerta se emitió a las 8:17 (hora argentina), cuando Cloudflare reportó anomalías en su red. A las 8:48, un nuevo aviso confirmó que se trataba de un incidente mayor, con impacto global y con múltiples regiones afectadas simultáneamente.

Horas antes, Cloudflare había informado actividades de mantenimiento en nodos estratégicos como Atlanta, Los Ángeles y Tahití, aunque no está claro si esas tareas tuvieron relación directa con el apagón masivo. Hasta ahora, la compañía no aportó precisiones técnicas sobre el origen del fallo, aunque especialistas señalan que una falla en la CDN —ya sea por un error de configuración o un problema de propagación— puede replicarse a velocidades altísimas.

Dependencia, vulnerabilidad y efectos globales

El episodio reavivó un debate recurrente entre especialistas: la dependencia estructural de Internet respecto de un pequeño número de proveedores de infraestructura, entre ellos Cloudflare y Amazon Web Services (AWS). Si bien su contribución resulta esencial para garantizar velocidad, seguridad y estabilidad en la red, su hegemonía también implica que un error aislado puede convertirse en un apagón de escala global.

La naturaleza distribuida de la CDN de Cloudflare, diseñada para acelerar el acceso a millones de sitios en todo el mundo, también amplifica los riesgos: cuando una pieza crítica se desajusta, la caída repercute en cascada.

Restablecimiento lento y diagnóstico en curso

Hacia media mañana, algunos servicios como X y DownDetector comenzaron a reactivarse de manera gradual. No obstante, el restablecimiento fue irregular, con zonas que recuperaron la conectividad antes que otras. Cloudflare informó que sus equipos técnicos continúan trabajando para identificar el origen del problema y garantizar que no vuelva a repetirse.

El apagón deja una de las interrupciones más significativas de los últimos años y vuelve a poner en evidencia la fragilidad de una red global cada vez más concentrada en manos de pocas compañías.

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.

Ante la falta de interlocución con el Gobierno y en medio de fuertes presiones internas, la conducción renovada de la CGT recibe este martes a los diputados nacionales de extracción sindical para consensuar una estrategia parlamentaria contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei. El encuentro, que se realizará en la sede de Azopardo, busca unificar criterios frente a un proyecto que la central considera regresivo y que divide posturas dentro del movimiento obrero.

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) encara su primera acción política de peso desde su asunción: una reunión con los diputados nacionales vinculados al mundo sindical para avanzar en un frente común contra el proyecto de flexibilización laboral del Gobierno nacional. La convocatoria surge ante la ausencia de una mesa de negociación formal con la administración de Javier Milei, que hasta el momento no ha llamado a debatir los aspectos centrales de la reforma en el plano tripartito.

La decisión fue tomada en la última reunión de la mesa chica cegetista realizada en la sede porteña de UPCN, bajo la conducción del flamante triunvirato compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Allí se resolvió avanzar en una articulación directa con los legisladores sindicales, considerados un eslabón decisivo para condicionar el camino legislativo del proyecto.

Entre los diputados convocados figuran Vanesa Siley (Judiciales Ciudad), Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) —todos ellos con renovación de mandato— y Hugo Moyano (hijo), quien asumirá el 10 de diciembre. También participarán los actuales legisladores gremiales Mario “Paco” Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (Bancarios) y José Gómez (Luz y Fuerza), con mandatos vigentes hasta 2027.

Presiones internas y el pedido de un tono más firme

La previa del encuentro llegó caldeada. Mario Manrique, referente del SMATA y uno de los diputados sindicales más cercanos al kirchnerismo, lanzó una advertencia directa a la conducción cegetista:
“Acá es blanco y negro. No es momento para especular ni para andar por la vereda del medio”, afirmó. El legislador reclamó una postura más contundente frente a lo que considera un avance regresivo del Gobierno y no descartó una escalada en el plano social.
“La calle va a tomar un protagonismo fundamental”, anticipó, recordando que la CGT debe sostener los compromisos que asume si pretende retener la confianza de los trabajadores.

Sus declaraciones evidenciaron las tensiones internas que atraviesa la central obrera: mientras un sector busca sostener un canal de diálogo con el oficialismo, las alas más duras presionan por endurecer la respuesta y activar mecanismos de protesta en caso de que el Gobierno insista en avanzar sin consensos.

Cristian Jerónimo, dirigente del vidrio e integrante del triunvirato, fue categórico:
“No vamos a aceptar ninguna propuesta regresiva que implique quita de derechos: jornada de 12 horas, banco de horas, salario por productividad. Nada de eso tiene viabilidad”, sostuvo. Además, cuestionó el rol del Consejo de Mayo, en el que participa Gerardo Martínez (UOCRA), al señalar que no se observa “ningún tratamiento serio” sobre propuestas concretas.

Un Gobierno confiado en la nueva correlación de fuerzas parlamentaria

Aunque existían versiones sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, hasta el momento no hubo confirmación oficial. En el encuentro que mantuvo con autoridades de la Unión Industrial Argentina la semana pasada, trascendió que Santilli deslizó ante Sola y Jerónimo que habría una convocatoria y que “el contenido de la reforma no es el que trascendió”. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para calmar las dudas dentro de la CGT.

En la central interpretan que el Gobierno apuesta a la nueva composición del Congreso para avanzar sin necesidad de acuerdos amplios. Esa lectura —sumada a filtraciones sobre propuestas como la ampliación de la jornada laboral, la desregulación de horas de trabajo, la disminución de aportes patronales y la facilitación de despidos— encendió todas las alarmas en el movimiento obrero.

Los puntos más conflictivos de la reforma laboral

Entre los aspectos del proyecto que generan mayor rechazo se destacan:

La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos.

La priorización de acuerdos por empresa por sobre los convenios de actividad.

La reglamentación del derecho de huelga en servicios esenciales.

La flexibilización de la jornada laboral, con mecanismos como el banco de horas.

La reducción de aportes patronales y la facilidad para despidos sin causa justificada.

Manrique fue tajante al respecto:
“Ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo. Todas se plantearon en épocas de crisis para abaratar despidos”, sostuvo.

Un escenario dividido y la búsqueda de unificarse

La CGT llega a este encuentro atravesada por dos tensiones simultáneas: por un lado, la estratégica, vinculada a cómo enfrentar la reforma; por otro, la política, donde el kirchnerismo busca influir para empujar a la central hacia una postura más confrontativa. El triunvirato, mientras tanto, intenta sostener un equilibrio entre mantener canales abiertos con el Gobierno y responder al clima de su propia base.

El encuentro de esta tarde en Azopardo 802 es clave para definir el tono que adoptará la CGT en las próximas semanas. Con un Gobierno que avanza sin señales claras de negociación y con sectores internos reclamando firmeza, la central obrera deberá resolver si opta por profundizar la presión política en el Congreso, reforzar la estrategia de movilización o apostar a un equilibrio complejo entre ambos caminos.

Lo cierto es que la reforma laboral se perfila como uno de los debates más tensos del nuevo ciclo político, y la posición que adopte la CGT determinará no solo su peso institucional, sino también el nivel de conflictividad social en los meses por venir.