La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) convocó a una Jornada Nacional de Lucha el 28 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y en apoyo a las demandas salariales y laborales del sector.

La ley vetada abarca no solo al Hospital Garrahan, sino también a 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias con atención pediátrica en todo el país. Además, prevé una recomposición salarial que retrotrae los sueldos a valores de noviembre de 2023, lo que representa un aumento del 20% al 35% en promedio.

La ley también incluye beneficios para los 12.000 residentes del sistema de salud y establece la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores de áreas críticas, guardias y horas extras, beneficiando a cerca de 500.000 empleados del sistema público de salud.

Fesprosa exige la promulgación inmediata de la ley y cuestiona el veto presidencial, considerándolo «un desconocimiento de la voluntad del 85% de la ciudadanía, según todas las encuestas». El plan de lucha incluye paros de 24 horas en varias provincias como Santa Fe, Chaco y La Rioja, coincidiendo con una medida similar en el Hospital Garrahan.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidieron marchar al Congreso si el Senado convoca a sesión este jueves, en el marco de la discusión sobre el decreto DNU 462/25 que afecta al organismo.

En una asamblea realizada este martes 12 de agosto, los trabajadores del INTI definieron su estrategia para defender el organismo frente al decreto que pone en riesgo su existencia y la continuidad de más de mil puestos de trabajo. La decisión de movilizarse al Congreso dependerá de si el Senado decide sesionar este jueves.

En caso de que el Senado no sesione el jueves, los trabajadores realizarán una conferencia de prensa frente a la sede central del INTI, invitando a otros sectores afectados como trabajadores de Vialidad Nacional, del Hospital Garrahan y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La situación del INTI sigue siendo preocupante. Los trabajadores están decididos a defender su organismo y su fuente de trabajo mediante movilizaciones y acciones de visibilidad, dependiendo de las decisiones legislativas.

La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano dispuso la homologación del acuerdo paritario firmado el 4 de junio por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras empresarias del sector, después de un proceso repleto de dilaciones políticas y tensiones con los actores del sector.

La homologación del acuerdo paritario se produjo mediante la disposición oficial correspondiente al expediente EX-2025-60415901, la cual fue emitida por la Secretaría de Trabajo. Este pacto, que había sido objeto de resistencia durante semanas por sectores internos del Gobierno y del empresariado, incluye un incremento salarial del 7,6% para el período abril-agosto, desglosado en cinco etapas consecutivas, junto con 5 sumas fijas no remunerativas de $30.000 para abril y $25.000 en los meses siguientes.

El secretario general de la UOM, Abel Furlán manifestó que la paritaria se desarrolla en medio de un proceso acelerado de «desindustrialización», vía apertura de importaciones y cierre de pequeñas y medianas empresas. El titular de la UOM alertó que en el primer semestre se incrementaron un 60% las importaciones de metales provenientes de China, lo que contribuye al ingreso masivo de «productos terminados» y acelera el cierre de pymes.

Además, el sindicalista cuestionó la política de precios y el tipo de cambio, proponiendo una corrección de precios relativos antes que una nueva devaluación. También reclamó la intervención estatal en los precios de los insumos industriales, que tienen un «impacto significativo» sobre la cadena productiva.

Por último, el dirigente sindical advirtió sobre la falta de agenda nacional frente a los cambios que impone la inteligencia artificial. «Del 100% de los puestos de trabajo que está generando la inteligencia artificial, el 46% se lo está quedando China», aseguró, y lamentó que «la Argentina no tiene estrategia para eso», en un contexto global donde la competencia por el trabajo calificado se vuelve cada vez más intensa.