Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.

El comienzo de 2026 llega con una serie de incrementos ya confirmados en servicios clave . Alquileres, transporte público, medicina prepaga, telefonía y combustibles encabezan la lista de ajustes que vuelven a poner presión sobre el ingreso familiar.

El inicio de un nuevo año no traerá alivio para el bolsillo de los sanjuaninos. Desde enero de 2026, distintos servicios y conceptos tarifarios registrarán aumentos que impactarán de lleno en la economía doméstica, en un contexto donde los ingresos continúan ajustándose por detrás de los precios.

Una de las subas más significativas se dará en el mercado de alquileres. Si bien la Ley de fue derogada, numerosos contratos continúan actualizándose bajo ese esquema. En este caso, el aumento previsto alcanza el 36,39%, lo que implica que una vivienda cuyo alquiler era de 500 mil pesos pasará a costar alrededor de 682 mil pesos mensuales, un salto difícil de absorber para muchos inquilinos.

Transporte público: suba confirmada

El transporte urbano de pasajeros también comenzará el año con una actualización tarifaria. El Gobierno de San Juan confirmó que el boleto de colectivo en la primera sección pasará de 810 a 1.070 pesos, lo que representa un incremento cercano al 34%.

La última actualización del pasaje se había aplicado en julio de 2025, y el nuevo aumento vuelve a encender el debate sobre el peso del transporte en el presupuesto de los trabajadores y estudiantes que dependen a diario del servicio.

Salud y servicios privados: ajustes moderados, impacto constante

La medicina prepaga, por su parte, comunicó a sus afiliados que las cuotas sufrirán incrementos de hasta el 2,5% a partir de enero. La suba también alcanzará a los copagos, lo que eleva el costo efectivo de la atención médica privada.

Ante dudas o reclamos, los usuarios pueden consultar la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), donde se detallan las tarifas vigentes, los prestadores y las modalidades de cobertura autorizadas.

En el rubro de las telecomunicaciones, las empresas de telefonía y servicios móviles notificaron con anticipación aumentos que oscilarán entre el 3% y el 4,5%, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que se repite mes a mes.

Combustibles: suba impositiva en puerta

Finalmente, los combustibles volverán a aumentar debido a la aplicación del remanente pendiente de los impuestos correspondientes a 2024 y al primer y segundo trimestre de 2025. Se trata de actualizaciones en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuya aplicación el Gobierno nacional había venido postergando.

De no mediar una nueva dilación oficial, estos incrementos se trasladarán directamente al precio de las naftas y el gasoil, con impacto no solo en los consumidores finales, sino también en los costos del transporte y la cadena de precios en general.

El arranque de 2026 confirma una tendencia que se repite: el año comienza con aumentos en servicios esenciales que tensionan el presupuesto de los hogares. Alquileres, transporte, salud, telecomunicaciones y combustibles vuelven a empujar el costo de vida hacia arriba, en un escenario donde cada ajuste, por más moderado que parezca, se suma a una acumulación que redefine las prioridades del consumo cotidiano.

Lejos de tratarse de una etapa transitoria, el programa de privatizaciones que impulsa el presidente Javier Milei se proyecta más allá de 2026 y alcanza a empresas consideradas estratégicas. La necesidad de reforzar reservas y reducir el gasto público se impone como eje central del modelo libertario, aun a costa de resignar herramientas clave de soberanía económica y control estatal.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar con la venta o concesión de firmas que históricamente cumplieron un rol estratégico para el funcionamiento del Estado y la economía. Entre las compañías ya incluidas en el esquema de desestatización figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A ese conjunto se suman Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y la agencia nacional de noticias Télam, cuya continuidad como empresa estatal también aparece severamente comprometida. En todos los casos, la lógica oficial apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora permanecían bajo control público.

La ofensiva privatizadora incluye además compañías de gran peso económico y social. Entre ellas se destacan Transener, responsable del sistema de transporte eléctrico de alta tensión; las represas hidroeléctricas, claves para la matriz energética nacional; y AySA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más grandes de América Latina.

El cambio societario como paso previo

Como parte de esta estrategia, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso técnico pero determinante para facilitar futuras privatizaciones. La última conversión se formalizó esta semana con la inscripción en el Registro Público de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que todas las empresas con participación estatal —sin importar su forma jurídica— se transformen en sociedades anónimas y queden sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550. El objetivo declarado es eliminar prerrogativas públicas y equiparar su funcionamiento al de cualquier firma privada, allanando el camino para su eventual venta.

Energía y transporte, en el centro del plan

La prioridad del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte, considerados estratégicos tanto por su impacto fiscal como por su potencial atractivo para inversores privados. En ese marco, aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Enarsa, la empresa estatal de energía; Intercargo, prestadora de servicios aeroportuarios que ya despertó el interés de capitales franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, eje central del comercio exterior argentino.

Detrás de esta avanzada se destaca el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se convirtió en una pieza clave del engranaje libertario. Desde su cartera, impulsa una estrategia orientada a desarticular la infraestructura logística estatal y transferirla al sector privado, bajo la premisa de eficiencia, competencia y reducción del gasto público.

La continuidad del programa privatizador más allá de 2026 confirma que no se trata de una política coyuntural, sino de un cambio estructural en la concepción del Estado. Para el Gobierno de Javier Milei, la reducción del sector público y la obtención de recursos frescos prevalecen sobre cualquier consideración vinculada a la soberanía económica o al carácter estratégico de las empresas involucradas.

El debate de fondo, cada vez más visible, gira en torno a qué Estado quedará en pie tras este proceso y cuáles serán los costos sociales, productivos y políticos de una desestatización sin precedentes en las últimas décadas.