El ajuste llega hasta el INTA con un plan de retiros voluntarios
La Secretaría de Agricultura publicará en el Boletín Oficial un plan de retiro voluntario para el INTA ofrecido es de 1,25 sueldos por año para empleados con hasta 18 años de antigüedad y de 0,5 haberes bruto para mayor antigüedad.
Con fecha 28 de agosto empezó a circular la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta semana se daría a conocer en forma pública a través del Boletín Oficial en una Resolución emitida por la Secretaría de Agricultura
La convocatoria estará vigente para “personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad” en todas las estaciones del país.
Según un informe del portal Bichos de Campo, quienes se acojan al régimen de retiro voluntario “recibirán una compensación indemnizatoria de 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado para el personal con hasta 18 años de antigüedad, y de 0,5 haberes bruto por cada año trabajado para los agentes con más de 18 años de antigüedad”. En ambos casos serán incluidos en esta indemnización el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.
Para calcular el monto de esta compensación se tomarán “los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente”, sin tener en cuenta “los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni pagos extraordinarios, gastos de movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, y cualquier otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual”.
La convocatoria involucrará tanto a profesionales e investigadores como personal administrativo y auxiliares, pero no podrán solicitarlo empleados con sumario en trámite o en proceso penal activo, ni quienes ya iniciaron trámite jubilatorio, presentaron su renuncia, se encuentran en disponibilidad o tengan 61 años o más.
El INTA cuenta actualmente con más de 6.800 empleados y no son las primeras presiones que atraviesan. Tras los rumores de ajuste y despidos, ahora enfrentan la venta de tierras del organismo para viviendas sociales, como se denunció hace unos días en Salta, la caída del presupuesto y la presión a trabajadores organizados que recae sobre estatales en general.
“El martes nos reuniremos todos los secretarios generales del país para evaluar este anuncio. No quiero adelantarme, pero seguramente habrá un rechazo mayoritario porque es un nuevo intento de achicar la planta disfrazando despidos como retiros voluntarios”, informó Roberto Maldonado, titular de Apinta Anguil. En diálogo con el portal La Arena recordó que el personal atravesó “procesos similares durante la década menemista y en 2018 con la gestión de Mauricio Macri” y reveló que a partir de diciembre de 2023 “han intimado a muchos compañeros a jubilarse aunque no hubieran completado los años necesarios de aportes”.
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ASIJEMIN acordó con Vicuña un aumento salarial del 10% para el personal jerárquico minero
El entendimiento fue firmado en San Juan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Contempla una recomposición del 6% retroactiva a octubre de 2026 y otro incremento del 4% desde enero de 2027, con bases de cálculo correspondientes a los salarios de septiembre y diciembre, respectivamente.
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) y Vicuña Argentina S.A. alcanzaron un acuerdo paritario que establece una mejora salarial acumulada del 10% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. La conformidad se firmó este miércoles 18 de noviembre y contempla dos etapas de aplicación, con incrementos distribuidos entre el último trimestre de 2026 y el comienzo del próximo año.
La primera recomposición será del 6%, con vigencia desde el 1 de octubre de 2026 y calculada sobre los salarios básicos de septiembre. El retroactivo correspondiente será abonado junto con los haberes de noviembre, según lo establecido en el acuerdo.
La segunda actualización alcanzará el 4% y comenzará a regir el 1 de enero de 2027. En este caso, la base de cálculo será el sueldo básico correspondiente a diciembre de 2026. De esta manera, las partes definieron un esquema de actualización escalonado que extiende sus efectos sobre las remuneraciones del personal jerárquico, profesional y técnico alcanzado por el convenio.
Por ASIJEMIN participaron de la negociación el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano.
La representación de Vicuña Argentina estuvo integrada por Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.
El pacto constituye un nuevo resultado de la negociación entre la organización sindical y la compañía minera, en una actividad donde la evolución de los proyectos y la incorporación de personal mantienen en primer plano las discusiones sobre condiciones laborales y remuneraciones. La aplicación de los dos tramos acordados marcará la pauta salarial para los trabajadores alcanzados durante los próximos meses.
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El FreSU reclamó un salario mínimo de $3,25 millones y convocó a profundizar la unidad sindical
El planteo fue presentado durante el 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario. El frente sindical sostiene que ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales previstas en la legislación argentina y denunció una pérdida de poder adquisitivo superior a los $78,5 billones desde la asunción de Javier Milei.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil alcance los $3.251.462, una cifra que, según el cálculo de las organizaciones que integran el espacio, permitiría cubrir las necesidades esenciales de un trabajador y su familia. La propuesta fue presentada durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, realizado en Rosario, donde distintos referentes gremiales también plantearon la necesidad de coordinar un plan de lucha nacional frente a las políticas económicas del Gobierno.
El monto corresponde a una estimación para octubre y supera ampliamente el salario mínimo vigente. Su fundamento se encuentra en las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.
El cálculo contempla partidas de $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda y $397.377 para salud. También incorpora $295.463 destinados a educación y cultura, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social. Para el FreSU, la distancia entre esta estimación y el ingreso mínimo actual refleja la magnitud del deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores.
Un frente sindical que busca ampliar su capacidad de acción
Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, convocó a construir un paro nacional y sostuvo que la respuesta al rumbo económico requiere mayor organización del movimiento obrero. Además, manifestó la disposición del FreSU a incorporar nuevas organizaciones y ampliar su representación.
En la misma dirección, Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), defendió la coordinación entre distintos sectores de la actividad económica y los servicios públicos. Planteó la posibilidad de articular medidas que involucren puertos, universidades, hospitales, rutas y aeropuertos, y reclamó que cualquier proyecto político futuro presente definiciones concretas sobre el rumbo económico y la recuperación de los derechos laborales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó el impacto del ajuste sobre los ingresos y sostuvo que la recuperación salarial y previsional debe ocupar un lugar central en la agenda sindical. También reivindicó la conformación del frente como una herramienta para coordinar reclamos y acciones entre organizaciones de distintas centrales obreras.
La presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, llamó a profundizar la movilización y avanzar en una propuesta política y social con horizonte en 2027. A su vez, representantes de CONADU, UTA y el gremio de Molineros coincidieron en la necesidad de elaborar un programa común y definir medidas para defender las condiciones laborales.
Las cifras de la pérdida salarial
El FreSU también difundió estimaciones sobre el retroceso de los ingresos desde noviembre de 2023. Según sus cálculos, la pérdida acumulada de los trabajadores asalariados supera los $78,5 billones. El relevamiento distingue una caída real del 21% en los salarios estatales y del 7% en los ingresos del sector privado.
En términos individuales, las organizaciones estimaron que cada trabajador privado perdió, en promedio, $3.342.251, mientras que el deterioro para cada empleado estatal alcanzó los $17.454.606 durante el período considerado.
El planteo salarial retoma los lineamientos del programa «Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria», aprobado el 1° de mayo durante el primer plenario de delegados del frente. La iniciativa busca establecer una agenda compartida entre gremios industriales, estatales, docentes, aeronáuticos, sanitarios y de otros sectores.
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Primer empleo: el 92,5% de los jóvenes busca trabajo, pero solo el 43,3% está ocupado
Un relevamiento de Junior Achievement y ManpowerGroup expuso las dificultades de inserción laboral de las nuevas generaciones en Argentina. La falta de experiencia previa aparece como una de las principales barreras, mientras que los jóvenes reclaman mejores salarios, posibilidades de crecimiento y oportunidades de capacitación.
El acceso al mercado laboral se convirtió en uno de los principales desafíos para los jóvenes argentinos. Aunque la voluntad de incorporarse al mundo del trabajo es ampliamente mayoritaria, las posibilidades concretas de conseguir un puesto siguen siendo limitadas: el 92,5% busca empleo activamente, pero apenas el 43,3% logró insertarse laboralmente, según un estudio de Junior Achievement y ManpowerGroup.
Los resultados exponen una brecha significativa entre las expectativas de quienes intentan iniciar o consolidar una trayectoria profesional y las oportunidades que ofrece el mercado. La dificultad para acceder al primer empleo aparece como uno de los factores centrales, especialmente por la exigencia de antecedentes laborales en los procesos de selección. Para quienes todavía no pudieron incorporarse a una empresa, acreditar experiencia se convierte en una condición difícil de cumplir y, en muchos casos, en un obstáculo que prolonga la búsqueda.
El diagnóstico también permite identificar qué esperan las nuevas generaciones de un puesto de trabajo. El crecimiento profesional encabeza las prioridades, señalado por el 62,6% de los consultados, mientras que el 50,6% considera fundamental alcanzar una remuneración adecuada. La capacitación ocupa un lugar relevante para el 35,4%, en tanto que el 33,7% prioriza contar con condiciones laborales flexibles.
Las respuestas muestran que la demanda juvenil no se limita a conseguir una ocupación. También existe una expectativa de desarrollo, aprendizaje y mejores perspectivas económicas, aspectos que influyen cada vez más en la elección de una oportunidad laboral.
Formación y tecnología, dos herramientas para competir
Frente a las dificultades de contratación, una parte importante de los jóvenes busca fortalecer sus credenciales. El 48,1% afirmó que cursa estudios adicionales o dispone de certificaciones complementarias, una señal de la importancia que adquiere la formación continua para mejorar las posibilidades de inserción.
A ese proceso se suma la incorporación de herramientas digitales. El 91,7% manifestó utilizar inteligencia artificial, un dato que refleja la rápida adopción de estas tecnologías entre quienes buscan empleo y se preparan para responder a las nuevas demandas profesionales.
También cambian los canales de búsqueda. LinkedIn es utilizado por el 75% de los encuestados, seguido por las redes sociales, con el 56,8%, y los portales especializados, con el 50,3%. Sin embargo, la multiplicación de plataformas no garantiza que las postulaciones se conviertan en oportunidades concretas ni resuelve las dificultades que aparecen durante la selección.
La distancia entre las competencias que buscan las empresas y las posibilidades de quienes intentan ingresar al mercado plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transición entre educación y empleo. Las prácticas formativas, los programas de primer trabajo, la capacitación vinculada con perfiles demandados y una revisión de los requisitos de experiencia podrían contribuir a reducir esa brecha.
El relevamiento deja planteado un desafío que involucra tanto al ámbito privado como a las políticas públicas: transformar la disposición de los jóvenes a trabajar y capacitarse en oportunidades reales de contratación. Sin vías efectivas de acceso al primer empleo, una generación que busca desarrollarse profesionalmente corre el riesgo de quedar relegada antes incluso de comenzar su trayectoria laboral.
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