La ministra de Seguridad de la Nación encabezó la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con representantes provinciales y los jefes de las cinco fuerzas federales. La agenda incluyó el dispositivo por la visita de León XIV, el bloqueo de celulares en cárceles y la prevención del suicidio entre los efectivos.

San Juan se convirtió este viernes en sede de la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior, con la presencia de autoridades de las distintas jurisdicciones y de los jefes de las cinco fuerzas federales. La apertura estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien planteó la coordinación entre Nación y provincias como uno de los principales instrumentos para abordar los desafíos de seguridad.

La funcionaria llegó a la provincia acompañada por una agenda que tuvo tres asuntos centrales: el dispositivo previsto para la visita del papa León XIV, el control de las comunicaciones desde las cárceles y las políticas de bienestar y prevención del suicidio dentro de las fuerzas de seguridad.

El operativo por la visita papal ocupará un lugar relevante durante las próximas semanas. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. El Gobierno nacional ya dispuso comandos unificados federales para coordinar los despliegues especiales en Córdoba, Buenos Aires, Luján y Claypole. Las resoluciones oficiales contemplan la intervención articulada de organismos nacionales y fuerzas federales con las autoridades locales.

Monteoliva señaló que el dispositivo deberá contemplar el movimiento de personas por rutas, aeropuertos, puertos y pasos fronterizos y remarcó que ninguna jurisdicción puede afrontar por sí sola un operativo de esa magnitud. La coordinación abarcará las etapas previas, el desarrollo de las actividades y el repliegue posterior.

El segundo asunto estuvo vinculado con las comunicaciones desde establecimientos penitenciarios. La ministra reclamó avanzar con la adhesión de las provincias al programa de detección y bloqueo de teléfonos celulares en las cárceles y sostuvo que impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales constituye una herramienta para limitar su capacidad operativa.

Según los datos expuestos por Monteoliva, las requisas realizadas dentro del Servicio Penitenciario Federal aumentaron 330% desde 2023. La funcionaria también planteó que la visita de León XIV a la cárcel de Devoto puede convertirse en una oportunidad para retomar la discusión sobre el futuro del establecimiento y su eventual traslado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El tercer punto de la exposición estuvo relacionado con la salud mental de los integrantes de las fuerzas de seguridad y la prevención del suicidio. Monteoliva sostuvo que el abordaje requiere coordinación entre organismos nacionales, gobiernos provinciales y las áreas de bienestar de cada fuerza.

“Quienes eligen cuidar a los demás también necesitan ser cuidados”, afirmó la ministra, al plantear que la atención de los efectivos, sus familias y sus entornos debe formar parte de las políticas permanentes de seguridad.

El vicegobernador Fabián Martín reivindicó la articulación entre las distintas jurisdicciones y sostuvo que la seguridad constituye un derecho cuya protección requiere coordinación institucional. El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, destacó a su vez la presencia de las autoridades nacionales y provinciales y comprometió la disposición de la provincia para aportar recursos humanos y tecnológicos.

El encuentro incluyó además exposiciones sobre bienestar de las fuerzas, operativos y herramientas para fortalecer la prevención. La agenda fue presentada por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco, junto con representantes de las distintas jurisdicciones.

Al cerrar su intervención, Monteoliva mencionó datos oficiales que muestran una reducción de los homicidios dolosos y de determinados robos durante el primer semestre de 2026. La ministra advirtió, sin embargo, que los indicadores estadísticos deben traducirse en una percepción concreta de mayor seguridad para la población.

El conflicto salarial y presupuestario de las universidades nacionales volvió a escalar después de una nueva reunión paritaria sin acuerdo. El Frente Sindical de Universidades Nacionales rechazó la propuesta oficial y resolvió convocar a un paro nacional para el 18 y el 22 de septiembre, además de fijar 23 jornadas de protestas en distintos puntos del país y una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión fue adoptada luego de que el Gobierno volviera a presentar una actualización salarial del 3%, oferta que las organizaciones gremiales ya habían rechazado. Para el Frente Sindical, ese porcentaje no responde al deterioro acumulado de los ingresos y tampoco contempla, según su interpretación, los alcances de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

El artículo 5 de la Ley 27.795 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas tomando como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de disponer que los aumentos sean remunerativos y bonificables.

Los gremios sostienen que, a partir de esa referencia y de una medida cautelar judicial, existe un retraso salarial del 33,4% y una deuda acumulada que estiman equivalente a unos cuatro salarios. Esas cifras corresponden al cálculo difundido por las organizaciones sindicales y forman parte de su argumentación para rechazar la propuesta oficial.

El nuevo cronograma tendrá alcance a nivel nacional. Las jornadas de lucha se extenderán durante las próximas semanas y buscarán mantener la discusión sobre salarios, financiamiento y funcionamiento de las universidades hasta la movilización prevista para octubre.

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre, será la principal expresión colectiva del nuevo ciclo de medidas. El Frente Sindical vinculó la convocatoria con la defensa de salarios, becas estudiantiles, recursos para docencia, investigación y extensión y financiamiento de los hospitales universitarios.

En San Juan, los gremios docentes y no docentes de la UNSJ se suman al paro nacional previsto para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

El Frente Sindical reúne a organizaciones docentes y no docentes como FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, que resolvieron sostener una acción conjunta frente a la falta de acuerdo en las negociaciones.

La disputa combina así dos planos que los gremios consideran inseparables: la recomposición de los ingresos del personal universitario y el financiamiento de las instituciones. Con dos nuevas jornadas de paro inmediatas, 23 días de movilización y una Marcha Federal ya fijada, la discusión salarial vuelve a ocupar el centro de la agenda universitaria nacional.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 2,1% en agosto, contra 0,8% en julio, y acumuló 19,1% en los primeros ocho meses del año. El registro quedó 0,4 puntos por encima del IPC y estuvo impulsado principalmente por petróleo y gas, productos agropecuarios e importados.

El sistema de precios mayoristas volvió a acelerar con fuerza en agosto. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba mensual del 2,1%, frente al 0,8% de julio, según informó el INDEC. El incremento fue de 1,3 puntos porcentuales en un solo mes y llevó al indicador a superar nuevamente la inflación minorista, que en agosto había sido del 1,7%.

La variación de agosto también interrumpió la desaceleración que el índice había mostrado después del máximo de 5,2% registrado en abril. Con el nuevo dato, los precios mayoristas acumularon un aumento del 19,1% entre enero y agosto y del 29,8% en los últimos doce meses.

El resultado tuvo dos componentes diferenciados. Los productos nacionales aumentaron 2,1%, mientras que los importados avanzaron 2,9%. Dentro de los primeros, el principal aporte correspondió a petróleo crudo y gas, con una incidencia de 0,71 puntos porcentuales sobre el índice general. Le siguieron los productos agropecuarios, con 0,25 puntos; alimentos y bebidas, con 0,17; productos refinados del petróleo, con 0,14; y vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,10.

El componente energético tuvo, además, uno de los mayores movimientos mensuales: petróleo crudo y gas aumentó 8% en agosto. Los productos agropecuarios subieron 2,2%, alimentos y bebidas 1,4%, refinados del petróleo 1% y vehículos automotores, carrocerías y repuestos 1,6%. En este aspecto, los productos primarios registraron un incremento del 4,6%, muy por encima del 1,3% correspondiente a manufacturas y energía eléctrica dentro del índice de precios básicos del productor.

La evolución internacional del crudo aportó una referencia relevante para explicar la presión sobre los precios energéticos. El Brent promedió US$91,08 por barril en agosto, frente a US$83,76 en julio, una diferencia cercana al 8,7%.

La comparación anual muestra una concentración todavía mayor de los aumentos en energía. Los productos refinados del petróleo acumularon una suba del 52,8% en doce meses; petróleo crudo y gas, 51,9%; y energía eléctrica, 48,8%. En cambio, otros medios de transporte aumentaron 6,9% y máquinas y equipos 13,9%.

El dato mayorista adquiere relevancia porque refleja la evolución de los precios de los bienes que productores e importadores colocan en el mercado interno y, por esa vía, constituye una referencia para los costos de las empresas. Sin embargo, el salto de agosto no implica por sí mismo que toda esa variación vaya a trasladarse de manera automática al consumidor: la magnitud y velocidad de ese eventual traslado dependerán de los márgenes, la demanda, el tipo de cambio y la evolución de los costos en los meses siguientes.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en el comportamiento de las manufacturas y señaló que sus precios aumentaron 1,3% en agosto, según difundió en sus redes sociales, y que se trató del menor incremento para ese mes desde 2016. Esa lectura convive con un dato más amplio: el índice general avanzó 2,1% y quedó por encima del IPC.

La aceleración mayorista introduce así una nueva variable para la evolución de la inflación argentina. Después de un julio particularmente moderado, agosto mostró que la desaceleración de los precios no avanza de manera lineal y que los movimientos de las materias primas, los bienes importados y los costos energéticos continúan teniendo capacidad para modificar el comportamiento general de los precios.