Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual de apenas 0,9% durante junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre. El aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el impulso comercial generado por el Mundial estimularon operaciones específicas, pero no alcanzaron para modificar un consumo que continúa condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.

El mercado interno continúa sin mostrar señales consistentes de recuperación. A pesar de que junio concentró factores tradicionalmente favorables para la actividad comercial, como el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las agresivas promociones por el Día del Padre y el comienzo del Mundial de fútbol, el consumo volvió a exhibir un desempeño insuficiente para revertir la desaceleración que atraviesa el comercio minorista.

El relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% respecto de junio del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con mayo registraron una caída del 1,3%, resultado que profundizó el deterioro acumulado de los primeros seis meses del año, período en el que la actividad ya retrocede un 2,5%.

La entidad explicó que el leve avance interanual respondió a estímulos de carácter transitorio. La liquidez aportada por el aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial favorecieron determinados segmentos del consumo, aunque el efecto resultó acotado. El propio informe concluye que los hogares continúan administrando con prudencia sus ingresos, priorizando compras indispensables y relegando bienes de mayor valor.

La percepción de los comerciantes refleja ese mismo panorama. El 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su situación económica permanece estable en comparación con un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describen un escenario desfavorable descendió del 45,1% registrado en mayo al 43,1% en junio. Si bien la mejora refleja un leve alivio en el clima empresarial, todavía no alcanza para consolidar un cambio de tendencia.

Las expectativas hacia los próximos doce meses mantienen un tono moderado. El 52,3% de los comerciantes considera que su actividad continuará sin modificaciones sustanciales; un 37,7% proyecta una mejora, aunque esa proporción disminuyó 1,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, y el 10% restante anticipa un deterioro de su situación, confirmando que la incertidumbre sigue condicionando las perspectivas del sector.

Ese diagnóstico también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,3% de los empresarios sostiene que el contexto económico continúa siendo desfavorable para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar su capacidad operativa. Apenas un 12,2% entiende que existen condiciones favorables para invertir, mientras que el 28,5% opta por mantener una posición expectante frente a una economía caracterizada por márgenes reducidos y elevada volatilidad.

El comportamiento sectorial volvió a exhibir marcadas diferencias. Perfumería lideró el crecimiento con una expansión interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%. También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con una mejora del 2,9%, y Textil e indumentaria, con un incremento del 1,9%.

En contraste, los rubros asociados a bienes durables continuaron mostrando mayores dificultades. Bazar, decoración y muebles retrocedió 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó 2%; mientras que Calzado y marroquinería registró una disminución del 1%, ratificando que las compras de mayor desembolso siguen siendo las más postergadas por los consumidores.

Una de las excepciones fue el canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con presencia física crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y aumentaron 4,1% respecto de mayo, consolidando un proceso de transformación en los hábitos de compra que continúa ganando protagonismo dentro del comercio minorista.

El informe de CAME deja una conclusión clara: los estímulos extraordinarios siguen generando efectos puntuales, pero carecen de capacidad para modificar la tendencia general del consumo. La demanda permanece concentrada en adquisiciones específicas, fuertemente impulsadas por promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios, mientras las familias administran con cautela cada decisión de gasto.

Del lado de la oferta, el panorama tampoco ofrece señales de alivio definitivo. Los negocios lidian con un aumento persistente en sus costos fijos, rentabilidades cada vez más ajustadas y una competencia más intensa, factores que limitan la capacidad de inversión y consolidan una estrategia de prudencia. En ese escenario, el desafío del sector ya no pasa únicamente por incrementar las ventas, sino por recuperar un nivel de consumo capaz de sostener la actividad de manera estable y devolver previsibilidad al entramado comercial.

El gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley que desconoce la delimitación interprovincial fijada en 1968 y habilita una batería de gestiones ante el Congreso y los tribunales para reivindicar áreas que actualmente integran la jurisdicción sanjuanina. La decisión reabre uno de los litigios federales más sensibles del oeste argentino, donde convergen intereses institucionales, recursos estratégicos y proyectos mineros de escala internacional.

La decisión del Gobierno de La Rioja volvió a colocar en el centro del debate una discusión que permaneció latente durante décadas. Con la entrada en vigencia de la Ley Provincial N.º 10.876, la administración encabezada por Ricardo Quintela dio respaldo legal a una estrategia destinada a cuestionar la delimitación vigente con San Juan y trasladar la discusión a los ámbitos parlamentario y judicial.

La iniciativa, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura riojana, sostiene que la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía en 1968, alteró de manera unilateral la configuración geográfica entre ambas provincias sin la intervención constitucional del Congreso Nacional. Sobre esa interpretación, el Ejecutivo riojano considera que corresponde revisar la situación y recuperar sectores que entiende como propios.

Al anunciar la promulgación, Quintela afirmó que la defensa de la soberanía provincial constituye una política irrenunciable y anticipó que la nueva legislación será el punto de partida para impulsar todas las herramientas institucionales disponibles con el propósito de obtener una redefinición de los límites actualmente reconocidos.

La norma encomienda al Poder Ejecutivo promover iniciativas ante el Congreso de la Nación para procurar una revisión del trazado interprovincial y, paralelamente, instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales que resulten pertinentes. También autoriza la solicitud de medidas cautelares destinadas a impedir cualquier intervención sobre recursos hídricos, mineros, arqueológicos y ambientales comprendidos dentro del área objeto del diferendo.

El trasfondo de la discusión trasciende la cuestión cartográfica. Dentro de la superficie alcanzada por el planteo se encuentran sectores de enorme relevancia económica, entre ellos el entorno del cerro El Potro, donde se desarrolla el proyecto Josemaría, integrado al distrito minero Vicuña, uno de los emprendimientos metalíferos de mayor proyección en la región andina. A ello se suma la histórica reivindicación sobre el área de Ischigualasto, uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

La ofensiva riojana encuentra un antecedente reciente en la resolución dictada por una magistrada de Chilecito, que ordenó la suspensión transitoria de actividades vinculadas al proyecto Vicuña y restringió la utilización de caminos emplazados en territorio riojano utilizados como acceso logístico al campamento Batidero. Aquella decisión judicial fortaleció la posición política del gobierno provincial y revitalizó una discusión que permanecía prácticamente inactiva.

Desde San Juan, la respuesta fue categórica. El gobernador Marcelo Orrego descartó cualquier posibilidad de revisar la delimitación vigente y recordó que el trazado interprovincial cuenta con respaldo normativo desde hace más de medio siglo, además de haber sido ratificado por el Congreso de la Nación en 2014.

El mandatario sostuvo que ninguna jurisdicción puede modificar unilateralmente una cuestión limítrofe mediante legislación local y remarcó que cualquier definición debe ajustarse al procedimiento previsto por la Constitución Nacional, argumento que, incluso, reconoce la propia ley sancionada por la Legislatura riojana al remitir la cuestión a los poderes federales.

La posición sanjuanina recibió además un respaldo político poco habitual. El Partido Justicialista de San Juan, pese a compartir espacio partidario con Quintela, manifestó su acompañamiento a la defensa de los intereses provinciales y afirmó que la preservación del territorio constituye una política de Estado que trasciende las diferencias partidarias.