El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuestiona las mediciones del Gobierno sobre la inflación y asegura que los trabajadores registrados perdieron en promedio $1.400.000 desde la asunción de Javier Milei.

El año 2024 ha sido particularmente difícil para los asalariados estables en el país. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el poder adquisitivo de estos trabajadores se desplomó un 13,3% en comparación con el año anterior. Esto se traduce en una pérdida promedio de $1.400.000 desde la asunción de Javier Milei.

El economista Hernán Letcher, responsable del CEPA junto a la diputada nacional Julia Strada, aseguró que los salarios medidos por RIPTE perdieron poder adquisitivo en diciembre pasado, ya que aumentaron solo un 2,0% en términos nominales frente a una inflación del 2,7%. Esto significa que los salarios aún no han alcanzado el nivel de noviembre de 2023, cuando finalizó la anterior gestión.

Letcher también cuestionó la forma en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide la inflación, asegurando que la canasta utilizada «no representa la estructura de gasto de los hogares». Si se tomase la canasta 2017/8, los salarios aún se ubicarían un 9,9% por debajo de noviembre de 2023.

La situación es preocupante, ya que los empleados registrados han visto cómo su poder adquisitivo se reduce significativamente en un contexto de alta inflación. Es fundamental que el Gobierno reconsidere sus políticas económicas y busque soluciones para proteger el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores formales.

En una movida estratégica, el Gobierno Nacional otorgó un aumento salarial del 5% a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales, evitando así una escalada de conflictos en el sector. Esta medida, que supera la pauta salarial oficial, beneficiará al personal de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal.

La decisión, adoptada a través del ministerio de Seguridad Nacional liderado por Patricia Bullrich, busca promover el bienestar y la profesionalización de los uniformados. Según la resolución 176/25 publicada en el Boletín Oficial, el aumento se implementará a partir de marzo y se traducirá en un incremento en los haberes básicos equivalente al 5% por encima de la pauta salarial.

En este sentido, la Gendarmería Nacional verá actualizados los importes correspondientes a «Funciones de Prevención Barrial» y «Recargo de Servicio», mientras que el personal de la Prefectura Naval recibirá ajustes en la compensación por «Recargo de Servicio». La Policía Federal, por su parte, experimentará incrementos en los haberes mensuales, el suplemento por «Zona» y el valor del Servicio de Policía Adicional.

Un aspecto destacado de esta medida es la equiparación salarial para el Servicio Penitenciario Federal con las demás fuerzas nacionales. Se detectaron «diferencias arbitrarias en los haberes de este personal», lo que motivó la necesidad de implementar ajustes para garantizar un trato igualitario.

La recaudación estatal crece, pero a qué costo. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en enero la recaudación estatal creció un 151,5% debido al aumento en la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Un millón más de trabajadores se sumó a la lista de contribuyentes, lo que se tradujo en un aumento de 2.570.020 millones de pesos en la recaudación.

Pero detrás de esta cifra se esconde una realidad más sombría. La eliminación del mínimo no imponible que regía desde octubre de 2023 fue el golpe de gracia para los trabajadores. Anteriormente, solo pagaban el tributo quienes superaban un salario bruto de $1.980.000. Sin embargo, con la entrada en vigencia de un nuevo esquema en la primera quincena de 2024, el mínimo no imponible se fijó en 15 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, $2.340.000.

La política fiscal del gobierno es un ataque frontal al poder adquisitivo de los trabajadores. La suba del impuesto a las Ganancias se combina con un aumento en los aportes y contribuciones, lo que puede afectar aún más la capacidad adquisitiva de los asalariados. Esto es especialmente grave en un contexto donde los salarios aún buscan recuperar el poder de compra tras la inflación del año pasado.

La pregunta es: ¿qué pasará con los trabajadores que ya están al límite? ¿Cómo podrán hacer frente a este aumento en la carga impositiva? La respuesta es simple: no podrán. La política fiscal del gobierno es un golpe mortal al bolsillo de los trabajadores, y es hora de que alguien se haga cargo de esta situación.