Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.

Alberto Biglieri, designado interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica a fines de mayo, estaría próximo a abandonar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su eventual salida abriría una nueva etapa en la intervención del gremio, atravesada por cuestionamientos internos tras la firma de acuerdos paritarios.

El futuro de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría cambiar en las próximas semanas. Alberto Biglieri, designado al frente del gremio a fines de mayo, estaría próximo a dejar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la renovación prevista para octubre.

La eventual salida se produce después de que el abogado recibiera un fuerte respaldo a su postulación durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado recientemente en Rosario bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

Durante el encuentro se destacó su trayectoria como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su experiencia como asesor del organismo nacional.

Biglieri llegó a la UOM por decisión de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, con un mandato inicial de 180 días. Su tarea incluía revisar las cuentas del sindicato y avanzar en el proceso de normalización dispuesto judicialmente.

Sin embargo, durante su breve gestión adoptó una decisión que excedió la revisión administrativa: la intervención participó en las negociaciones salariales y firmó acuerdos paritarios para las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La determinación provocó resistencias dentro de la organización. Algunas regionales expresaron su rechazo y cuestionaron que una intervención judicial asumiera facultades vinculadas con la representación sindical, en una disputa que sumó tensión a un proceso ya atravesado por fuertes diferencias internas.

La eventual designación de Biglieri en el Consejo de la Magistratura también vuelve a poner en primer plano sus vínculos dentro del ámbito judicial porteño. El abogado mantiene una relación política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la Justicia de la Ciudad, quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019, en un acuerdo con Emiliano Yacobitti.

Ahora, la posible salida de Biglieri obligaría a definir un nuevo nombre para continuar al frente de la intervención de la UOM y resolver el rumbo de una administración que todavía tiene pendiente completar el proceso de normalización del principal gremio industrial del país.

El cambio, además, podría repercutir sobre las negociaciones salariales y sobre la relación entre la intervención judicial y las distintas regionales metalúrgicas, que ya manifestaron reparos frente a algunas decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.

La definición del sucesor de Biglieri será, por lo tanto, una pieza relevante para determinar cómo continuará la intervención y qué grado de participación tendrá la Justicia en la reorganización de la UOM durante los próximos meses.