El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.

Salarios y pérdida del poder adquisitivo

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.

Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.

La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

Un conflicto que volvió a las aulas

La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.

Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.

La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.

Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.

El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.

La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse el jueves 20 de agosto y esta vez llevará al Ministerio de Economía un reclamo centrado en el endeudamiento de los trabajadores y sus familias. La medida fue resuelta por la mesa de conducción de la central durante una reunión realizada en la sede de Azopardo, donde se analizaron informes sobre el deterioro de los ingresos y las dificultades crecientes para afrontar gastos cotidianos.

Los datos evaluados por la conducción cegetista estiman que alrededor de 5,3 millones de personas tienen problemas para pagar sus deudas, contraídas en numerosos casos para cubrir consumos básicos. La central sostiene que el financiamiento dejó de ser utilizado únicamente para compras extraordinarias y pasó a convertirse, para una parte de los hogares, en una herramienta para sostener el consumo esencial.

A esa advertencia se suma un relevamiento de Management & Fit citado por la CGT, según el cual más de la mitad de las familias argentinas declara atravesar dificultades vinculadas con sus ingresos. En más de la mitad de esos hogares, esa pérdida de capacidad económica se traduce en problemas para llegar a fin de mes. El mismo estudio señala que el 71,9% de esas familias recurre al endeudamiento, ya sea mediante entidades financieras o mecanismos informales.

La protesta será encabezada por la conducción nacional de la CGT, integrada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, y forma parte del esquema de movilizaciones escalonadas que la central comenzó a desplegar para llevar distintos reclamos a organismos públicos y ámbitos institucionales.

La marcha del 20 de agosto tendrá además como antecedente inmediato otras acciones acompañadas por la central, entre ellas la movilización del 7 de agosto bajo las consignas de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo y las concentraciones de jubilados que se realizan cada miércoles frente al Congreso.

La CGT también proyecta nuevas intervenciones para las próximas semanas. Entre ellas figura una eventual movilización durante la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, cuya fecha todavía no fue definida, además de su participación en la Semana Social de la Iglesia y una protesta prevista para el 2 de septiembre, Día de la Industria.

La agenda sindical podría extenderse hasta noviembre, cuando la central prevé acompañar las actividades vinculadas con la visita del papa León XIV a la Argentina. La conducción cegetista anticipó su participación en la misa prevista en Luján y buscará mantener una audiencia privada con el pontífice.