La CGT sale a la calle y desafía a Milei
La primera expresión callejera será la marcha del 7 de agosto. «Pegar y salir», es la táctica elegida y el plan se definirá en un plenario de regionales. La conducción del PJ.
La CGT abandona la pasividad en la que había ingresado tras el paro general del 9 de mayo. Y es que los sectores más dialoguistas finalmente se convencieron de que las charlas que había abierto el gobierno de Javier Milei no iban a ninguna parte. O peor, la Casa Rosada ignoró todo lo conversado para profundizar el ajuste y destruir la legislación laboral. Los datos son funestos: el consumo cayó casi 10 por ciento respecto a mayo, la pobreza crece sin freno y el desempleo despega. En este contexto, durante la última reunión del consejo directivo, se concluyó que «el gobierno hizo todo para que volvamos a la calle» y se acordó elaborar un nuevo plan de acción. La primera actividad será la marcha del 7 de agosto, el día de San Cayetano, donde confluirá con las dos CTA y los movimientos sociales. El resto deberá ser aprobado en un plenario de regionales, pero algunos integrantes de la conducción ya hablan de aplicar la táctica de «golpear y retirarse» a ver qué hace la Rosada porque, como coincidieron todos los integrantes del consejo directivo, «estamos solos sin conducción política (partidaria)».
En el principio
A pocos días de asumir, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una devaluación del 118 por ciento. La economía sufrió frenazo que se sintió de inmediato en los bolsillos de los trabajadores. El inicio del ajuste en el Estado no se hizo esperar y tampoco las protestas y movilizaciones de los sindicatos. De inmediato la CGT, la más grande del país, reaccionó. Primero fue a la justicia, con movilización incluida, con un amparo para frenar el capítulo laboral del DNU 70/2023. Luego, y junto a las dos CTA, anunció un paro con movilización cuando solo habían transcurrido 44 días de gobierno libertario. Fue el 24 de enero.
No terminó allí. Luego se sucedieron otras grandes movilizaciones donde la central participó, como las del 8 y 24 de marzo y la de la universidad en abril y el segundo paro general del 9 de mayo. Sin embargo, a partir de ahí se produjo una especie de calma chicha cegetista que no se correspondía con lo que sucedía en las calles. El gobierno supo en ese momento tocar esa fibra interna del sector mayoritario de la CGT, la del diálogo antes que la acción, y los grupos conocidos como «gordos» e «independientes» se sentaron con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a ver si la nueva ley Bases no se las agarraba con la legislación laboral y, además, con las obras sociales.
Cordero se mostró receptivo y predispuesto a las reclamos de los dirigentes sindicales. Mientras, como si fuera un especie de tábano, el triunviro y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, les decía que era «una pérdida de tiempo». Que nada bueno iba a salir de esas conversaciones. Pero pudo más el gen «dialoguista» hasta que se sancionó la ley Bases sin que el peronismo en el Congreso pudiese evitar la reforma laboral que la UCR se había incorporado al proyecto.
Ese cambio de táctica por parte de «gordos» e «independiente» hizo que el intento de movilizar que llevó adelante Moyano cuando se sancionó la ley Bases no surtiera el efecto deseado.
Regreso a la calle
A pesar de la diferencia de tácticas utilizadas, tanto Héctor Daer como el propio Moyano reconocen que la unidad de la CGT no estuvo en peligro. «Estos tres giles hablan todos los días», le dijo a los periodistas el día que se reunió el consejo directivo y hacía referencia a él, Moyano y Carlos Acuña que forman el triunvirato.
Antes de concluir en la necesidad de recuperar la iniciativa, en la reunión del consejo directivo se habló mucho de los problemas propios de cada gremios, también de la responsabilidad del gobierno ante su sordera frente a los reclamos sociales. Lo señalaron como la principal causa del retorno a las protestas, pero también se podría decir que hubo una especie de autocrítica. Algunos de los dirigentes allí presentes reconocieron que es preciso actuar con mucha intensidad para «no perder la confianza de los trabajadores de nuestros sindicatos o quedaremos pintados».
Para eso señalaron que es imprescindible que todo lo que se organice deber ser un éxito en convocatoria. En esa línea se inscribe la marcha del próximo miércoles. Por caso, Moyano afirmó, durante una entrevista con el programa radial «Rezá por mí», que será la continuidad de lo que se inició en diciembre pasado: «Vamos con la consigna histórica: paz, pan y trabajo. Y más allá de pedirle a San Cayetano, será una jornada de protesta en paz y multitudinaria. Los reclamos son contra la recesión, los despidos, contra la reforma laboral, en contra que los trabajadores paguen ganancias y para que se entregue los alimentos a los comedores y merenderos”.
Los planes
El fracaso de las conversaciones con el gobierno fue la principal razón para que el sector dialoguista retome la táctica de Moyano de mantener activa la protesta. Según relató uno de los presentes, uno de los principales referentes de los dialoguistas fue el que propuso cómo debían implementarse las futuras medidas de acción directa contra el gobierno: «golpear y salir». La propuesta, afirman, salió de la boca del titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
La idea del líder de gremio de empleados estatales fue aceptada por los integrantes del consejo. Resta definir qué es golpear y que implica salir, porque para muchos la propuesta les hizo acordar a las tácticas de la guerra de guerrillas.
Más allá de esta reminiscencia, lo cierto es que este plan de acción debe ser refrendado antes por un plenario de regionales. La intención es convocarlo para la segunda quincena de agosto. El encuentro será en el salón Felipe Vallese de la CGT y hasta allí deberán llegar los representantes de las casi 75 regionales que tiene la central obrera.
La intención es que todas las acciones propuesta tengan siempre la participación de las dos CTA y también las organizaciones sociales que son las que aglutinan a ese universo de trabajadores no registrados que están fuera del mundo sindical.
Por supuesto que siempre queda entre los dirigentes gremiales la queja quepor ahora no tiene resolución: la ausencia de conducción política desde el peronismo. Lo sintetizan con un lacónico «estamos solos». Otros agregan que «la dirigencia política del PJ se suma a nuestras acciones, están en todos los actos pero no convocan, el partido no convoca». El problema por ahora solo está planteado y la dirigencia política no les dio una respuesta.
Fuente: por Felipe Yapur – Pagina 12
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La Justicia de San Juan reconocerá un nuevo adicional por conectividad
La Unión Judicial San Juan acordó con la Corte de Justicia la incorporación de un ítem de conectividad con una base inicial de $50.000. El adicional alcanzará a trabajadores de distintos escalafones y comenzaría a liquidarse con los haberes de septiembre, que se perciben en octubre. También avanzaron planteos vinculados con la carrera judicial y la ampliación del adicional Zona.
Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan tendrán un nuevo concepto en sus recibos de sueldo. La Unión Judicial San Juan, adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que la Corte de Justicia provincial reconozca el ítem Conectividad, una incorporación que tendrá una base inicial de $50.000 y alcanzará a personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo.
El acuerdo surgió de la mesa de diálogo que la organización gremial mantiene con las autoridades judiciales. Según lo informado por la FJA, el nuevo adicional ya fue acordado y su incorporación está prevista con los haberes correspondientes a septiembre, que se cobrarán en octubre, aunque resta completar las gestiones administrativas necesarias para efectivizar la liquidación.
La conquista se suma a otros avances obtenidos por la organización sindical durante los últimos dos años. El secretario general de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, destacó que se trata de un nuevo resultado de las conversaciones sostenidas con la Corte y recordó que en 2024 se había conseguido el reconocimiento de la bonificación por título secundario, además del reconocimiento de títulos no inherentes y posgrados, beneficios que fueron mejorados durante 2025.
López remarcó que el nuevo adicional tendrá alcance sobre una parte importante del personal administrativo, técnico, de Maestranza y de Ordenanzas. También vinculó el resultado con el respaldo de los afiliados a la conducción sindical y puso de relieve la importancia de la mejora salarial en un período de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
La discusión con la Corte no quedó limitada al nuevo concepto salarial. Durante la reunión, la organización planteó además la creación de un escalafón técnico destinado a incluir profesiones que cumplen funciones especiales dentro del Poder Judicial. La propuesta apunta a adecuar el reconocimiento laboral a las tareas efectivamente desempeñadas y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilidad dentro de los demás escalafones.
Otro de los asuntos abordados fue el ítem Zona, cuya modificación todavía no fue definida. La FJA señaló que la propuesta continúa bajo análisis de la Corte de Justicia y del Fiscal General, con la posibilidad de ampliar el monto para extender su alcance a un universo mayor de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino.
El reconocimiento de la conectividad había sido analizado previamente por las autoridades del máximo tribunal provincial. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había señalado que el planteo requería una evaluación técnica y financiera antes de determinar su viabilidad.
La incorporación responde también a una transformación concreta en la organización del trabajo judicial. La utilización cotidiana de sistemas digitales, plataformas de gestión y dispositivos informáticos convirtió al acceso permanente a internet en una herramienta indispensable para buena parte de las tareas administrativas y judiciales.
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La UOM cerró la paritaria metalúrgica con una mejora del 23,5% y compensación retroactiva
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró este jueves un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la industria metalmecánica, que contempla una recomposición salarial del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027.
El entendimiento fue alcanzado durante una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, después de varias reuniones entre representantes sindicales y empresarios. La negociación involucró a las principales cámaras de la industria, entre ellas ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC y FEDEHOGAR.
El incremento se instrumentará mediante una combinación de porcentajes y sumas no remunerativas. Según lo acordado, esos conceptos serán incorporados posteriormente a los salarios básicos en abril de 2027.
El convenio también incluye una suma no remunerativa en concepto de retroactividad por mayo, junio y julio, destinada a compensar parte del período transcurrido desde el vencimiento del acuerdo anterior.
La discusión volvió tras vencer en marzo el acuerdo salarial de noviembre de 2025. El objetivo actual es ajustar los sueldos por la inflación y recuperar el poder de compra.
El pacto fue suscripto por los representantes paritarios de la UOM Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Adrián Pérez, Enrique Salinas y Edgardo Holstein, junto con los representantes de las cámaras empresarias.
La resolución llega además un día después de que el sindicato alcanzara otro convenio para los trabajadores de la rama siderúrgica. De esta manera, la UOM logró avanzar en dos de las negociaciones salariales de mayor alcance dentro de la industria manufacturera.
El detalle de los porcentajes correspondientes a cada tramo y los montos de las sumas no remunerativas todavía no fue difundido. El nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta marzo de 2027 y los conceptos no remunerativos pasarán a integrar los básicos a partir de abril de ese año.
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La UTA suspendió el paro y abrió una última instancia de negociación
La Unión Tranviarios Automotor aceptó suspender el paro de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto luego del pedido de la Secretaría de Trabajo. El gremio y FATAP retomarán las negociaciones la próxima semana, aunque la falta de acuerdo mantiene latente un nuevo conflicto.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes 14 de agosto en todo el interior del país, luego de que la Secretaría de Trabajo solicitara al sindicato y a las empresas retomar las conversaciones salariales durante la próxima semana.
La decisión evita, por ahora, una jornada de interrupción total del transporte urbano e interurbano en las provincias. Sin embargo, la tregua será limitada: la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de volver a las medidas de fuerza si no aparece una propuesta que permita cerrar la negociación.
El conflicto lleva más de tres meses sin una resolución y tiene como principal reclamo la equiparación de los salarios de los choferes del interior con la escala acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que la falta de entendimiento con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llevó al gremio a trasladar el reclamo al ámbito nacional. Según señaló, la audiencia terminó con un pedido de la cartera laboral para abrir una nueva instancia de diálogo.
“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo Fernández.
La diferencia salarial entre los trabajadores metropolitanos y los del resto del país constituye uno de los puntos centrales del pugna. La UTA pretende extender a las provincias la grilla vigente en el AMBA, cuyos salarios básicos para los choferes avanzan hacia los $1,74 millones, además de viáticos y adicionales.
FATAP, en cambio, sostiene que las empresas del interior no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa pauta. La entidad empresarial atribuye la brecha a la distribución de subsidios: mientras en el AMBA la asistencia estatal cubriría alrededor del 60% de los costos operativos, en las provincias no superaría el 10%.
Para las empresas, cualquier mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes nacionales y provinciales o un aumento de las tarifas para compensar la diferencia de financiamiento.
Con el paro suspendido, las negociaciones continuarán la próxima semana bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. La UTA espera una propuesta concreta y advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza en el transporte público del interior.La definición tendrá impacto directo en las provincias, donde el servicio de colectivos constituye uno de los principales medios de movilidad cotidiana y donde las diferencias de financiamiento con el sistema metropolitano siguen condicionando la discusión salarial.
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