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La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma expresaron que el Consejo Nacional del Salario (CNS) reveló «una maniobra concertada» entre el Gobierno y empresarios para fijar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en $ 254.000 para el corriente y en $ 271.500 en octubre. Incluso la CTAA refrendó que de ajustarse ese valor por la inflación desde 2011 el mismo debería alcanzar el monto de $600.133 a la fecha.

Más allá de los cálculos económicos respecto al piso salarial, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que este incremento, aplicado por laudo como en las dos versiones anteriores del CNS de la era Milei «es la demostración de que la secretaría de Trabajo se convirtió en una oficina de `personal de las grandes corporaciones».

Durante el debate tripartito ambas CTA como también la CGT propusieron $482.000 en julio para recuperar con ese número parte de lo perdido desde que asumió la gestión de La Libertad Avanza. La oferta de las patronales fue de $245.094 para julio y la Casa Rosada solo modificó una mínima cantidad de dinero para llegar a los $254.000 que decretaron.

Una decisión en paralelo a datos oficiales que señalan que una familia tipo necesitó $393.319 en junio sólo para alimentarse. Las centrales no sólo coincidieron en el monto a requerir, también ofrecieron la misma lectura política del debate. El triunviro de la CGT Héctor Daer resumió las deliberaciones en el foro que las centrales comparten con los empresarios y el Gobierno en una severísima reflexión: «Los empresarios que ofrecieron $264.000, fueron a pedir que la agenda sea la destrucción de derechos individuales, colectivos y sindicales».

Bajón desde 2011 según la CTAA

Yasky por su parte ironizó que el Gobierno «no sólo seguirá batiendo récords de trabajadores en blanco bajo la línea de pobreza, sino que la economía se seguirá hundiendo en la recesión». El titular del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, quien participó como integrante de esa central en el CNS, consideró que «una vez más el Gobierno laudó y fijó un monto que es a todas luces insuficiente».

Ante la consulta de BAE Negocios al respecto el analista dijo que en términos reales, esto implica consolidar uno de los valores más bajos del piso salarial de las últimas décadas. «En comparación con noviembre el haber mínimo perdió un 30% en términos reales y con respecto a fines de 2019 estamos cerca de un 40% abajo». «La postura del Gobierno estuvo coordinada con los empresarios, que habían ofrecido apenas $ 264.000 para octubre, lo que fue calificado como una provocación por la representación de la CTA», mientras que las centrales sindicales habían reclamado $ 502.000 para agosto, que insuficientes al menos implicaban una recuperación en términos reales.

«De esta manera, se profundiza una política de Estado iniciada en 2012 que destruyó el valor del SMVM en términos reales. Tan solo para tener un punto de comparación, si desde 2011 se hubiera actualizado este valor por inflación hoy sería de $ 600.133», dijo Campos.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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Judiciales rechazó el aumento salarial y ratificó el paro para este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) rechazó el aumento salarial del 2,2% otorgado por la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro nacional de 24 horas para este viernes 13 de junio.

La UEJN, liderada por Julio Piumato, consideró que el aumento salarial del 2,2% es insuficiente y no responde a las necesidades de los empleados judiciales. El gremio denunció que, con este incremento, «nos siguen ajustando» y ratificó el paro nacional como medida de protesta.

Un Plan de Lucha que Continúa

La UEJN viene sosteniendo un plan de lucha en el sector desde el año pasado, y advierte que, desde la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, la Justicia atraviesa un fuerte ajuste en sus partidas presupuestarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios alcanzó más del 32%. El gremio ya había realizado un paro el viernes pasado y una serie de actividades durante esta semana, incluyendo banderazos en todo el país y un acto de apoyo a la Justicia del Trabajo.

Rechazo al Traspaso del Fuero

Además, la UEJN expresó su rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que consideran un ataque a la Justicia del Trabajo. El gremio busca defender los derechos de los trabajadores y garantizar la independencia del Poder Judicial.

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