El Gobierno subsidiará a empresas privadas que tomen empleados públicos despedidos
La propuesta surge en el marco de los esfuerzos del gobierno para reducir personal y achicar la estructura del Estado. Según Sturzenegger, la intención es que «los empleados que se encuentren en planta permanente pero sean afectados por la restructuración puedan insertarse en el sector privado formal».
El plan contempla que el personal no reubicado en otras áreas estatales reciba capacitación o desarrolle tareas en otro organismo durante 12 meses, con goce de sueldo. Pasado este período, si el trabajador no consigue empleo en el sector privado, será despedido con indemnización. «Vamos a hacer un esquema para que en esos 12 meses el trabajador pueda ir a una empresa privada y le diga: ‘Probame’. Y esa plata, esos 12 meses, se la vamos a dar a la empresa», explicó Sturzenegger en declaraciones a Radio Mitre.
Simultáneamente, Sturzenegger trabaja en la eliminación o reforma de alrededor de 60 organismos públicos, los cuales serán eliminados, reducidos o fusionados con otras áreas. Entre los organismos que podrían ser afectados se encuentran el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Aunque los fundamentos para estas reformas aún no se han oficializado, se basarían en la idea de que estos organismos «no tienen un fin necesario para la función pública» o fueron utilizados de manera irregular durante administraciones anteriores. «En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas», indicó una fuente cercana al Ejecutivo.
La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero como parte de una política «integral» de «desmantelamiento de diferentes institutos» considerados innecesarios. Sin embargo, la implementación de estas medidas está sujeta a la articulación de un decreto y la coordinación con los respectivos ministros o secretarios de las áreas afectadas.
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La Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras y reabrió el debate judicial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y busca evitar eventuales daños ambientales mientras la Justicia define si corresponde admitir el reclamo.
La medida cautelar interina fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto: mantendrá suspendidos sus efectos hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y el pedido de protección judicial.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, cuando Árbol de Pie y otros particulares promovieron un amparo colectivo. Sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 podía comprometer el derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y afectar la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.
El expediente pasó por distintas instancias judiciales sin que se resolvieran esos planteos. El juzgado de Bariloche lo había remitido a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa relacionada con la misma disposición, antes de que llegara al máximo tribunal.
La diferencia con el caso CECIM
La Corte distinguió este reclamo del presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), cuya demanda contra la derogación fue rechazada el 29 de septiembre de 2026 por falta de legitimación activa. En aquel expediente, el planteo se centraba en una presunta afectación de la soberanía nacional; el de Árbol de Pie, en cambio, invoca la protección ambiental.
Ante la falta de una respuesta judicial sobre su presentación, la asociación pidió que se aclarara el alcance del fallo anterior y reiteró la solicitud cautelar. La mayoría entendió que correspondía adoptar una protección provisoria para resguardar el acceso efectivo a la Justicia y prevenir posibles daños irreparables.
Rosenkrantz sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar esa medida en el expediente y consideró que la causa debía regresar a la Justicia federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto.
El fallo posterga la decisión sobre si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no, dejando el debate abierto. Ahora, el juzgado federal tendrá que resolver si los demandantes tienen legitimación y si se debe mantener la medida cautelar durante la tramitación del amparo.
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Descuentos, regalos y premios: la apuesta comercial para el Día de la Madre
Comerciantes Unidos impulsará una campaña con seis premios de $50.000 para quienes compren por más de $30.000, además de descuentos y regalos en locales adheridos. La iniciativa busca fortalecer las ventas tras las fuertes pérdidas que dejó la interrupción del transporte público.
Con las ventas golpeadas por el reciente paro de colectivos, el comercio sanjuanino concentra sus expectativas en el Día de la Madre y prepara una campaña de promociones y premios para incentivar las compras, especialmente en el microcentro de Capital y la Peatonal.
La propuesta de Comerciantes Unidos contempla $300.000 en premios, distribuidos en seis vouchers de $50.000 cada uno. Según explicó Carlos Iramain, referente de la entidad, quienes realicen compras superiores a $30.000 podrán obtener un cupón para participar de una ruleta. Los premios no serán canjeables por efectivo y deberán utilizarse para adquirir mercadería en los negocios adheridos.
La iniciativa también permitirá que cada local sume descuentos, bonificaciones o regalos propios. El objetivo es ampliar los incentivos para los consumidores y favorecer que el gasto permanezca dentro del circuito comercial local.
La promoción llega después de dos jornadas especialmente adversas para los negocios. como fue la falta de transporte público que provocó caídas de hasta el 70% en las ventas, con establecimientos que incluso cerraron el día sin concretar operaciones. La recuperación de la circulación será determinante para aprovechar el movimiento previo a la celebración.
Entre los rubros que suelen concentrar las compras aparecen perfumería, calzado, indumentaria y marroquinería. También se espera movimiento en electrónica y telefonía, aunque las operaciones pueden extenderse a otros comercios a medida que se acerque la fecha.
Por ahora, la mayoría de los establecimientos mantiene su horario habitual, de 9 a 13 y de 17 a 21. Sin embargo, algunos podrían abrir de corrido durante los días de mayor demanda.
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La UTA y las empresas destrabaron el conflicto y se normaliza el servicio de colectivos
La UTA, las empresas nucleadas en ATAP y funcionarios provinciales acordaron el restablecimiento inmediato de los servicios de corta y media distancia tras una audiencia que se extendió durante más de siete horas. La decisión se produjo el mismo día en que la Justicia había ordenado levantar la medida de fuerza.
Los colectivos de corta y media distancia volverán a circular de inmediato en San Juan, luego de una extensa reunión entre dirigentes de la UTA, empresarios nucleados en ATAP y funcionarios provinciales que se prolongó durante más de siete horas en la Subsecretaría de Trabajo.
El restablecimiento fue confirmado al término del encuentro por Ricardo Salvá, representante de ATAP, quien señaló que las partes acordaron priorizar la recuperación del servicio para los usuarios de toda la provincia.
La definición llegó después de una jornada marcada por la intervención de la Justicia. Cerca de las 13, el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó levantar la medida de fuerza que mantenían los choferes.
La resolución judicial dispuso la restitución del transporte público, aunque su cumplimiento efectivo quedó condicionado a las notificaciones correspondientes y a las instancias de negociación que se desarrollaban en paralelo. Finalmente, el acuerdo alcanzado en Trabajo permitió concretar el regreso de las unidades a las calles.
El conflicto se había iniciado durante las primeras horas del miércoles, cuando la UTA dispuso retenciones de servicio en reclamo por el cumplimiento de las condiciones salariales acordadas con anterioridad. La medida afectó tanto recorridos urbanos como servicios interurbanos y dejó a miles de usuarios sin una prestación regular durante más de un día.
La intervención de la Subsecretaría de Trabajo permitió concentrar la negociación entre las partes involucradas, mientras las autoridades provinciales procuraban garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el traslado cotidiano de trabajadores, estudiantes y usuarios.
“Se priorizó que el servicio vuelva a funcionar de manera normal para todos los sanjuaninos”, sostuvo Salvá al confirmar el resultado de la audiencia.
Con la decisión adoptada en la mesa laboral, la protesta queda formalmente superada y el transporte comienza a recuperar su funcionamiento habitual. El reclamo salarial que originó la medida, sin embargo, permanece vinculado a las negociaciones entre los trabajadores y las empresas, que deberán continuar por los canales institucionales correspondientes.
El desenlace pone fin a una interrupción que alteró durante más de 30 horas la movilidad provincial y que obligó a la intervención sucesiva de Trabajo, la Justicia, la UTA y las empresas concesionarias. El objetivo inmediato pasa ahora por recuperar la regularidad de las frecuencias y normalizar progresivamente el servicio en toda la RedTulum.
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