El incumplimiento en los pagos crece sin pausa desde hace más de un año y alcanza niveles que no se registraban en el período reciente. La dinámica refleja el desgaste del ingreso real, el uso intensivo del financiamiento para sostener el gasto y un mercado crediticio cada vez más restrictivo.

El sistema financiero argentino volvió a exhibir en febrero un deterioro persistente en la calidad de su cartera, con un dato que sintetiza la tendencia: la morosidad de las familias se incrementó por décimo sexto mes consecutivo. La cifra, lejos de estabilizarse, alcanzó el 11,2%, un salto significativo frente al 2,5% registrado apenas cuatro meses atrás. La magnitud del desvío no solo marca un cambio de ciclo, sino que expone las tensiones acumuladas en la economía doméstica.

El último informe del Banco Central confirma que la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 6,7%, con una suba mensual moderada pero un crecimiento interanual contundente. Detrás de ese promedio, sin embargo, se esconde una divergencia clara: mientras las empresas mantienen niveles relativamente acotados, los hogares concentran el mayor deterioro.

La composición de la mora revela con nitidez dónde se localiza la presión. Los préstamos personales encabezan el deterioro con un índice cercano al 14%, seguidos por las tarjetas de crédito, que superan el 11%. Ambas líneas, estrechamente vinculadas al consumo cotidiano, funcionan como termómetro de la capacidad de pago. Su comportamiento sugiere que el financiamiento dejó de ser una herramienta de expansión para convertirse en un recurso de subsistencia.

Otros segmentos también muestran signos de desgaste, aunque con menor intensidad. Los créditos prendarios avanzan hacia niveles más exigentes, mientras que los hipotecarios —tradicionalmente más estables— comienzan a insinuar una tendencia ascendente. En el extremo, las líneas de mayor riesgo exhiben ratios de incumplimiento significativamente elevados, consolidando un cuadro de fragilidad extendida.

En el universo empresarial, la situación es menos crítica, aunque no exenta de señales de advertencia. La mora creció desde niveles mínimos hasta ubicarse en torno al 3%, impulsada por el encarecimiento del financiamiento y la desaceleración de la actividad. Las mayores dificultades se observan en instrumentos de corto plazo, como adelantos y documentos, lo que sugiere tensiones en el capital de trabajo más que problemas estructurales de solvencia.

El comportamiento del crédito añade otra capa de complejidad. Si bien los bancos incrementaron levemente su exposición al sector privado, ese movimiento responde en gran medida a factores contables y no a una expansión genuina del financiamiento. En términos reales, el crédito pierde dinamismo y enfrenta un doble condicionante: condiciones más estrictas para acceder a fondos y una demanda en retroceso.

Las encuestas del propio Banco Central reflejan este cambio de clima. Las entidades endurecieron los criterios de otorgamiento, particularmente para empresas, mientras que los hogares redujeron su apetito por endeudarse, especialmente en productos asociados al consumo y la vivienda. La combinación de mayor selectividad y menor demanda configura un mercado más estrecho, con menor capacidad de tracción sobre la actividad económica.

Este escenario encuentra su correlato en el consumo. Aunque algunos indicadores privados registraron mejoras puntuales en marzo, el balance interanual continúa en terreno negativo. La recuperación aparece fragmentada: los bienes durables y ciertos servicios vinculados al ocio muestran dinamismo, mientras el consumo masivo permanece rezagado. Parte de ese repunte selectivo se explica por el uso del crédito como sostén del gasto.

Economistas advierten que sectores como el automotor o el turismo se expandieron apoyados en financiamiento, lo que introduce un factor de vulnerabilidad adicional. A medida que se deteriora la capacidad de pago, ese impulso pierde consistencia y se traduce en mayores niveles de incumplimiento.

La secuencia es clara: ingresos que no acompañan la inflación, consumo sostenido mediante deuda y, finalmente, dificultades para cumplir con las obligaciones. El resultado es una mora en ascenso que presiona tanto a los hogares como a las entidades financieras.

Con la convocatoria a un plenario nacional que reunirá a más de 1.500 delegados, el Frente de Sindicatos Unidos avanza en la consolidación de un espacio sindical que pretende incidir en el rumbo económico y laboral, en un escenario atravesado por recortes, caída del poder adquisitivo y redefiniciones del rol estatal.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) dio un paso decisivo en su proceso de consolidación al anunciar la realización de un plenario nacional el próximo 1° de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador. La convocatoria, que prevé la participación de alrededor de 1.500 delegados de todo el país, se presenta como una instancia de articulación que busca trascender lo declarativo y avanzar hacia la construcción de una estrategia común dentro del movimiento obrero.

El anuncio se formalizó en el cierre del 15° Plenario de Delegados de Base Aceiteros y Desmotadores, realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde confluyeron dirigentes sindicales de diversos sectores. Allí, el espacio ratificó su decisión de sostener la unidad de acción como principio organizador y definió a la huelga como herramienta central de intervención en el escenario laboral.

Entre los principales referentes, Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica) planteó la necesidad de discutir un modelo de desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores, al advertir que sin articulación colectiva resulta inviable recomponer el salario real. En la misma línea, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, amplió el alcance del debate al incluir la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos y el cuestionamiento a marcos normativos que —según expresó— favorecen la transferencia de activos nacionales.

El espacio también nuclea a referentes como Clara Chevalier, Carlos Minucci, Fabián González, María Fernanda Boriotti y Oscar Martínez, quienes aportaron diagnósticos sectoriales que confluyen en un mismo eje: la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

Uno de los puntos más concretos que emergieron del encuentro fue la propuesta de fijar un Salario Mínimo, Vital y Móvil en 2.802.755 pesos, cifra que el espacio plantea como referencia para recomponer ingresos en un contexto inflacionario persistente. La iniciativa, sin embargo, abre un interrogante sobre su viabilidad en un esquema económico condicionado por restricciones fiscales y tensiones macroeconómicas.

Alertas sectoriales y diagnóstico compartido

El debate no se limitó a las consignas generales. Desde el ámbito universitario y sanitario, representantes de CONADU y FESPROSA advirtieron sobre un proceso de deterioro estructural que, a su entender, responde a una lógica de reducción de costos laborales. La caída del financiamiento en ambas áreas, señalaron, impacta no solo en los trabajadores sino también en la calidad de los servicios.

A su vez, dirigentes de sectores estratégicos como Vialidad y energía pusieron el foco en la situación de las empresas estatales, atravesadas por recortes presupuestarios y redefiniciones de gestión. En ese marco, la necesidad de coordinación intersindical aparece como una condición indispensable para sostener capacidad de negociación frente a decisiones que exceden a cada actividad en particular.

De la consigna a la construcción política

El encuentro realizado en el Club Español, que reunió a unos 200 delegados aceiteros de distintos puntos del país, funcionó como plataforma de lanzamiento para una etapa de mayor estructuración del FreSU. Allí, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, destacó el carácter permanente que busca asumir el espacio y la centralidad de la participación de base en su desarrollo.

“El FreSU vino para quedarse”, afirmó el dirigente, al tiempo que subrayó que la fortaleza del frente dependerá de su capacidad para sostener organización territorial y presencia en los lugares de trabajo. La definición no es menor: en un mapa sindical fragmentado, la construcción de legitimidad requiere algo más que coincidencias discursivas.

En esa línea, el plenario del 1° de mayo será el ámbito donde se presentará un programa integral que articule las demandas de los distintos sectores bajo tres ejes principales: salario, empleo y condiciones laborales. La intención es avanzar hacia un plan de acción que no solo exprese resistencia, sino que también configure una propuesta alternativa.

La prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada, dispuesta por el gobierno de Javier Milei y ejecutada por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, provocó una reacción transversal de sindicatos, entidades periodísticas y legisladores. La medida, sin antecedentes en la etapa democrática reciente, expone un deterioro en el vínculo entre el poder y la prensa.

La decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada irrumpió sin aviso previo y alteró de manera abrupta el funcionamiento habitual de la cobertura presidencial. Más de medio centenar de profesionales quedaron excluidos de su ámbito de trabajo en una jornada sin comunicación formal, lo que profundizó la incertidumbre y alimentó cuestionamientos sobre las motivaciones de fondo.

El episodio no aparece aislado. Se inscribe en una secuencia de acciones que, en pocas semanas, endurecieron el vínculo entre el oficialismo y los medios. Suspensiones de acreditaciones, descalificaciones públicas y acusaciones sin resolución judicial configuran un cuadro que distintas organizaciones interpretan como un deterioro progresivo de las condiciones para el ejercicio del periodismo.

La reacción institucional fue inmediata. La Confederación General del Trabajo, conducida por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, advirtió que la restricción compromete el derecho social a la información. En términos similares se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Foro de Periodismo Argentino, que coincidieron en señalar la gravedad de una decisión que altera las condiciones básicas de cobertura en la sede del Poder Ejecutivo.

Desde el Congreso, el tema escaló con rapidez. Diputados nacionales como Juan Marino, Mónica Frade, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Nicolás Massot y Natalia de la Sota impulsaron la reactivación de la Comisión de Libertad de Expresión, con el objetivo de convocar a periodistas y funcionarios para analizar el alcance de la medida. La heterogeneidad política de los firmantes refleja una preocupación que trasciende alineamientos partidarios.

La justificación oficial, expresada por Lanari, aludió a razones preventivas vinculadas a una denuncia por presunto espionaje ilegal contra periodistas del canal TN. El argumento, sin embargo, fue cuestionado por su carácter generalizado: la sanción alcanzó a la totalidad de los acreditados pese a tratarse de un caso puntual sin resolución judicial firme. Para las entidades periodísticas, esa respuesta resulta desproporcionada y carece de sustento razonable.

A ello se suma un elemento que incrementa las dudas: la medida coincidió con una reunión reservada del Presidente con el empresario tecnológico Peter Thiel, desarrollada bajo un estricto hermetismo. La simultaneidad entre el cierre informativo y un encuentro de alto perfil alimentó interpretaciones sobre una posible intención de limitar la cobertura en momentos sensibles.

El trasfondo político tampoco pasa inadvertido. El vocero presidencial Manuel Adorni atraviesa cuestionamientos públicos, mientras que el asesor Santiago Caputo aparece asociado a la estrategia más confrontativa del oficialismo. En ese entramado, distintas fuentes describen tensiones internas y decisiones adoptadas con fuerte carga táctica, en un clima marcado por investigaciones judiciales y dificultades económicas que presionan sobre la agenda gubernamental.

El resultado es un contexto de creciente precariedad comunicativa. La restricción no solo interrumpe el flujo informativo, sino que también debilita un mecanismo esencial de control democrático: la posibilidad de que los actos de gobierno sean observados, interrogados y difundidos sin obstáculos indebidos.

En ese clima, comenzó a tomar forma la posibilidad de una protesta por parte de los periodistas afectados. La eventual concentración en Plaza de Mayo podría trasladar el conflicto al espacio público y amplificar su impacto político en un momento especialmente sensible.