El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.

La morosidad en los créditos de los hogares alcanzó su nivel más alto desde que existen registros del Banco Central. La combinación de salarios atrasados, inflación persistente y tasas que no bajaron acompasadamente convirtió al crédito en un mecanismo de supervivencia cada vez menos sostenible. Con el Estado compitiendo por financiamiento, las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y cuotas que se vuelven imposibles de pagar.

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en 15 años. Según el economista Christian Buteler, la morosidad familiar alcanzó un nivel “históricamente alto”, fenómeno que —subraya— no responde solo a un mayor endeudamiento, sino a un deterioro profundo en la capacidad de pago de las personas.

En diálogo con Splendid AM990, Buteler planteó que la deuda familiar en sí misma no es un problema si existe un contexto socioeconómico que permita gestionarla. El problema en Argentina es otro: una parte sustancial del endeudamiento se destina a cubrir consumo básico, consecuencia directa de ingresos que no logran acompañar los aumentos de precios.

Según el especialista, aun durante la desaceleración inflacionaria de la primera mitad del año, las tasas de interés total por créditos personales se ubicaron entre 140% y 150% anual, mientras que los salarios avanzaban apenas entre 20% y 25%. La brecha, asegura, volvió insostenible cualquier esfuerzo por mantener las cuotas al día, incluso para clientes con historial intachable. “Nunca las tasas acompañaron la baja de la inflación”, afirmó.

El rol del Estado y el efecto contagio en el sistema financiero

Buteler también apuntó contra la política financiera del Gobierno. A su juicio, la demanda constante de financiamiento por parte del sector público absorbe buena parte de los recursos que los bancos podrían destinar a crédito productivo o al consumo de los hogares. Esa competencia por el dinero disponible termina consolidando tasas elevadas: si el Estado sigue pagando intereses altos, las entidades no tienen incentivos para reducirlas.

“Mientras el Ejecutivo sea un demandante de dinero, no va a haber presión real para que las tasas bajen”, sintetizó. Para el economista, una menor necesidad de financiamiento estatal permitiría liberar fondos hacia el sector privado, generar competencia entre bancos y fintechs y, en consecuencia, abaratar costos financieros.

Los números que confirman la preocupación

Los últimos datos del Banco Central refuerzan el diagnóstico. Según el Informe sobre Bancos de septiembre:

La morosidad de los hogares trepó a 7,3%, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

Los créditos personales muestran la situación más delicada, con 9,1% de mora, en línea con la advertencia de Buteler.

Las tarjetas de crédito alcanzan un 7,4%, también en ascenso.

El endeudamiento empresarial, en cambio, revela un deterioro menor, con un ratio de irregularidad del 1,7%.

Estos datos muestran una tendencia clara: el peso del ajuste cae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente las de menores ingresos, quienes dependen en mayor medida del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

El récord de morosidad no es un dato técnico: es el reflejo de un deterioro profundo en el poder adquisitivo y en la estabilidad financiera de millones de hogares argentinos. El crédito, que en teoría debería funcionar como una herramienta para ordenar y proyectar gastos, se transformó para muchos en un mecanismo de supervivencia que termina ahogándolos.

Buteler sostiene que el Estado tiene margen para intervenir reduciendo su propia demanda de financiamiento, generando así condiciones para que las tasas bajen y se alivie la presión sobre los hogares. Pero mientras eso no ocurra, y los salarios continúen lejos de la recomposición real, la deuda seguirá siendo una mochila cada vez más pesada.

La advertencia es clara: la crisis de morosidad no es solo un problema financiero; es un síntoma más de la fragilidad económica que atraviesan las familias en Argentina.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.