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La Justicia tendrá que expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional, ante una acción de amparo promovida en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.

El Correo Argentino tenía hasta esa fecha 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional se propone reducir el plantel a 9500 personas en 500 oficinas, en principio con retiros anticipados y, de no alcanzarse la reducción planeada, con despidos.

A la fecha unos 3.500 empleados ya se desvincularon, hubo 377 despidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas en parajes a donde la sucursal local del Correo cumplía muchas más funciones que la administración de correspondencia.

La acción de amparo en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.

La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, y por ese motivo el intendente decidió acudir a la justicia, recordando además en el amparo que en su comuna Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución.

Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, dice la demanda judicial.

Agrega: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina”.

Marcha atrás

En Santa Regina, pueblito bonaerense de 500 habitantes del partido de General Villegas, dieron vuelta la taba y lograron revertir el cierre de la oficina de correos luego de que todo el pueblo se uniera en su defensa. La empresa estatal decidió evaluar la situación y confirmar la continuidad cuando ya le habían notificado al empleado de la sucursal, Diego Mittino, la noticia del cierre del servicio y le habían formulado una propuesta de retiro voluntario o despido.

La oficina de Santa Regina no solo distribuye la correspondencia y la paquetería, todas las compras que los vecinos hacen en plataformas digitales, sino algo crucial: es el domicilio de pago de la jubilación a 105 jubilados y 35 AUH.

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La venta de combustible en junio registró una fuerte caída del 4,6% en todo el país

La venta de combustible al público en todo el país totalizó los 1.357.068 metros cúbicos en junio, lo que representó una baja de 4,6% respecto a mayo previo, según la Secretaría de Energía. Este descenso se atribuye al menor ritmo de actividad, la suba de precios en el surtidor y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El expendio de naftas exhibieron una suba del 5% interanual, explicado principalmente por el incremento en el segmento premium (16,6%) aunque la súper también mostró subas del (1,5%). Por su parte, las ventas de gasoil presentaron alzas del 1,3% interanual con una performance mixta: el combustible premium se acrecentó 13.4% mientras que el común retrocedió 4,6%. Es importante destacar que el consumo de combustibles es un signo claro de la actividad económica.

En junio de este año, 11 de las 24 jurisdicciones subnacionales presentaron subas interanuales: lideraron Buenos Aires (11,5%), San Juan (11,4%) y Chubut (7,3%). En el extremo opuesto, fueron 13 los distritos que registraron caídas interanuales en junio, con La Rioja y Tucumán presentando los descensos más fuertes, llegando al doble dígito en esos casos. La nafta tuvo predominio en las ventas en 20 de las 24 jurisdicciones subnacionales, con picos de concentración en CABA (77,7% del total).

Conclusión: Panorama Complejo de la Venta de Combustible en Argentina

La venta de combustible en Argentina en junio muestra una caída mensual del 4,6%, pero una leve mejora interanual del 3,3%. Las ventas de naftas y gasoil presentan desempeños mixtos, con incrementos en el segmento premium y retrocesos en el común. El desempeño por provincias muestra una gran variabilidad, con algunas jurisdicciones presentando subas interanuales y otras caídas.

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Según el INDEC una familia tipo necesita $1,1 millón por mes para no ser pobre

El INDEC reveló que una familia tipo necesitó ingresos superiores a $1.128.398 en junio para no caer por debajo de la línea de pobreza. El dato refleja un incremento del 1,6% con respecto a mayo y un aumento del 29,2% en comparación con el mismo mes de 2024.

La Canasta Básica Total (CBT) es un indicador clave para medir la pobreza en Argentina. En junio, el valor de la CBT superó los $1,1 millón por mes para una familia tipo, lo que significa que cualquier hogar que no alcance ese ingreso mínimo se encuentra en situación de pobreza. El dato es alarmante y refleja la presión sobre los ingresos de los sectores más vulnerables.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso mínimo necesario para no caer en la indigencia, la suba fue del 1,1% mensual, con un salto del 28,7% interanual. Para una familia de cuatro personas, se necesitaron $506.008 en junio sólo para cubrir la alimentación básica.

Con estos datos, se espera que aumente la presión sobre el Gobierno para actualizar ingresos, reforzar programas sociales y avanzar con paritarias que logren recomponer el poder adquisitivo frente a una canasta básica que sigue marcando el ritmo de la pobreza. La realidad es que la pobreza es un problema complejo que requiere soluciones integrales y sostenibles.

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Jorge Pérez: “La disolución de Vialidad Nacional es un golpe al trabajo y a la infraestructura del país”

El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

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