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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elaboró un informe que indica que el salario mínimo para una familia tipo debe ser de $1.309.303 de bolsillo para no caer debajo de la línea de la pobreza y que, en este contexto, el 75% de los estatales son pobres.

«Cuesta encontrar registros sobre un deterioro tan acelerado de los ingresos en el sector público. El programa económico del Gobierno en pocos meses destruyó todos los salarios. El superávit fiscal que se muestra como un logro, en realidad se asienta sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de los estatales y los jubilados”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General del sindicato.

En esta línea, agregó: “El nivel de endeudamiento de la mayoría de las familias es alarmante. Se están utilizando las tarjetas o tomando créditos para comprar alimentos. En este momento más del 75% de los estatales son pobres”. Cabe destacar que los ingresos de los provinciales y municipales son los más bajos dentro de la administración pública.

«Se deben convocar de manera urgente a las paritarias en todos los niveles del Estado y definir estrategias que permitan una rápida recuperación del poder adquisitivo. El incremento en la administración pública nacional no debiera ser inferior al 80% y liquidarse en una sola cuota, como única posibilidad de compensar la caída del salario real que hemos sufrido a partir del 10 de diciembre”, indicó el dirigente estatal.

«Los trabajadores municipales siguen siendo los más postergados y la precariedad laboral es grave en la mayoría de las comunas del país. El precepto constitucional que asegura que por igual tarea debe existir igual remuneración, no se cumple. Hoy un trabajador municipal cobra dos o hasta tres veces menos que un provincial y en muchos casos hasta cinco veces menos que alguien que se desempeña en un organismo nacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Informe sobre el salario estatal

El valor de la canasta para una familia tipo (dos adultos y dos hijos en edad escolar), elaborado por la Junta Interna de ATE en Indec en base a los últimos datos oficiales del organismo correspondientes al mes de mayo, se compone de la Canasta Básica Alimentaria, cuyo monto es de $468.811, y de la Canasta de Consumos Mínimos, que es de $840.492.

Sin embargo, este valor varía según la zona geográfica del país: región noroeste $1.139.575; noreste $1.165.651; cuyo $1.133.917; patagonia $1.282.830; Gran Buenos Aires $1.309.303; y pampeana $1.202.350

Cabe destacar que de los 3 millones y medio de estatales en el país, son los trabajadores municipales (casi medio millón) los que reciben ingresos considerablemente menores al resto, seguido de los provinciales (2,3 millones).

Estos datos se condicen con el informe lanzado recientemente por Unicef, en el que da cuenta que el 23% de los hogares debió endeudarse para cubrir sus gastos en los últimos meses, y que los mismos pertenecen en su mayoría a las franjas sociales más vulnerables. Además, el 45% de los hogares en Argentina utiliza más que antes la tarjeta de crédito para la compra de alimentos.

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Médicos de cabecera del PAMI paralizan servicios por 72 horas en todo el país

Los profesionales de cabecera iniciaron una medida de fuerza de tres días en rechazo a cambios en el esquema de pagos que, según denuncian, reducen sus ingresos. Solo se atenderán urgencias, lo que afecta a millones de afiliados y expone las dificultades estructurales del sistema.

La atención médica de millones de jubilados y pensionados ingresó en una fase de fuerte incertidumbre tras el inicio de un paro nacional de 72 horas por parte de los médicos de cabecera del PAMI. La medida, impulsada por la APPAMIA, limita la asistencia a casos de urgencia y pone en evidencia un conflicto que trasciende lo salarial para instalar interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.

El eje de la protesta radica en una reciente resolución del organismo que modifica el esquema de remuneración. Aunque formalmente se presenta como una actualización de la cápita —que se eleva a $2.100—, los profesionales sostienen que el nuevo modelo implica una reducción efectiva de ingresos. La principal objeción apunta a la eliminación del pago por consulta presencial, una herramienta clave para sostener la actividad diaria en consultorios.

Según detallan desde el sector, el cambio incorpora un mayor volumen de prestaciones dentro de un monto fijo, al tiempo que elimina incentivos vinculados a la capacitación. La ecuación resultante, advierten, se traduce en un aumento de la carga laboral con una compensación económica inferior. “Más trabajo, menos ingresos” es la síntesis que repiten los profesionales frente a una modificación que altera de manera sustancial el esquema previo.

La preocupación no se limita a la pérdida de poder adquisitivo. Desde la entidad gremial alertan sobre el impacto directo en la viabilidad de los consultorios, cuyos costos operativos —alquileres, insumos, servicios— continúan en alza. En ese sentido, plantean la necesidad de fijar una cápita mínima de $6.500 para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, además de exigir la derogación de la resolución y la recomposición de honorarios.

El reclamo incluye también la reincorporación de médicos desvinculados, en una señal de malestar dentro del sistema. Para los profesionales, la combinación de ingresos deteriorados y exigencias crecientes configura un escenario que compromete tanto el ejercicio de la medicina como la calidad de la atención brindada.

El paro se inscribe en una problemática más amplia que viene afectando al PAMI en los últimos meses. Prestadores de distintos puntos del país vienen señalando demoras en los pagos, cambios contractuales y dificultades para sostener la prestación de servicios. La acumulación de estos factores ha generado un clima de desconfianza que ahora se traduce en una medida de alcance nacional.

El impacto sobre los afiliados resulta inmediato. Si bien se mantienen las guardias y la atención de urgencias, la suspensión de consultas programadas y controles periódicos afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de un seguimiento continuo. La interrupción de estas prácticas no sólo posterga diagnósticos y tratamientos, sino que también incrementa la presión sobre otros niveles de atención.

En este contexto, desde APPAMIA anticiparon que evalúan avanzar por la vía judicial para frenar la implementación de la medida, al tiempo que convocan a los profesionales a sostener el plan de lucha.

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CAME advierte por la impactante caída del consumo y la falta de incentivos para invertir

Las ventas minoristas volvieron a mostrar una leve contracción en marzo y consolidan una tendencia que preocupa al entramado pyme. Con cinco de siete rubros en baja y una marcada desconfianza para invertir, el sector enfrenta un panorama complejo que condiciona su capacidad de recuperación.

El pulso del consumo sigue sin dar señales de recuperación sostenida y vuelve a impactar de lleno en el entramado de pequeñas y medianas empresas. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas registraron en marzo una caída interanual del 0,6%, con retrocesos en la mayoría de los rubros y un clima empresario dominado por la prudencia.

El informe también refleja un descenso del 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, lo que confirma un esquema de consumo debilitado que se extiende más allá de variaciones puntuales. La persistencia de este comportamiento configura un panorama en el que el comercio minorista enfrenta dificultades para consolidar un piso de actividad.

Uno de los indicadores más elocuentes del momento que atraviesan las pymes es la percepción sobre la inversión. El 59,1% de los empresarios considera que no es un momento adecuado para realizar nuevos desembolsos, una cifra que expone la falta de previsibilidad y las dudas sobre la evolución de la demanda. Apenas un 13,1% identifica oportunidades para expandirse, mientras que un 27,7% se mantiene sin una definición clara, lo que evidencia la fragilidad de las expectativas.

Las proyecciones para los próximos meses tampoco ofrecen una perspectiva contundente. Si bien el 48% de los consultados estima que la actividad se mantendrá en niveles similares, un 39,7% confía en una mejora y un 12,4% anticipa una profundización de la caída. Esta dispersión en las previsiones refleja la ausencia de señales firmes que permitan delinear una tendencia clara.

El análisis sectorial muestra que la retracción es amplia y heterogénea. Entre los rubros más afectados se destacan Perfumería, con una baja del 9,8%, y Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, que retrocedieron un 8,3%. También se registró una caída en Alimentos y bebidas (-0,9%), un dato particularmente sensible por tratarse de un segmento de consumo básico.

En contraposición, algunos sectores lograron sostener una evolución positiva. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró un crecimiento del 2%, mientras que Farmacia avanzó un 1,1% interanual. Ambos rubros se vieron impulsados por demandas específicas que tienden a sostenerse aun en períodos de menor dinamismo general.

El inicio del ciclo escolar aportó cierto movimiento en categorías vinculadas al consumo estacional, aunque ese impulso resultó insuficiente para revertir la tendencia general. La pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos operativos continúan condicionando el volumen de ventas, mientras que la dependencia del financiamiento agrega presión sobre la operatoria cotidiana de los comercios.

En este aspecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa comenzó a profundizar el seguimiento de los comercios con modalidad mixta, aquellos que combinan canales físicos y digitales. La incorporación de este enfoque permite analizar con mayor precisión el comportamiento del comercio electrónico, considerando como venta digital toda operación iniciada a través de medios online, independientemente de su forma de pago o entrega.

La metodología adoptada se alinea con los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que aporta mayor rigurosidad al análisis y facilita la comparación con tendencias internacionales. Este monitoreo adquiere relevancia en un entorno donde la digitalización aparece como una herramienta clave para sostener la actividad.

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Menos consumo y más rechazos: la carne pierde terreno en la mesa y en el mundo

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en dos décadas mientras crecen las presioes comerciales con mercados clave como China y Chile. La pérdida de poder adquisitivo y cuestionamientos sobre controles sanitarios configuran un momento crítico para uno de los sectores emblemáticos de la economía argentina.

La carne vacuna, históricamente símbolo de la dieta argentina y motor de exportaciones, atraviesa una de sus coyunturas más complejas de las últimas décadas. La crisis combina factores internos —caída del consumo y precios en alza— con incertidumbres externas que amenazan la inserción internacional del sector.

En el mercado doméstico, los datos reflejan un deterioro sostenido. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita cayó en enero de 2026 a 47,9 kilos anuales por habitante, el nivel más bajo en veinte años. La contracción interanual del 13% no responde a una transformación cultural en los hábitos alimentarios, sino a la pérdida de poder adquisitivo, en circunstancias donde el precio de la carne aumentó un 56,8% durante 2025, muy por encima de la inflación general.

El impacto es visible en la sustitución de consumo: carnes aviares y porcinas ganan terreno frente a un producto que, para amplios sectores, se vuelve cada vez menos accesible. Sin embargo, la caída en la demanda interna no logra contener los precios, en parte por la presión del mercado exportador, que sostiene la demanda global y limita la oferta disponible en el país.

Ese equilibrio, no obstante, comienza a mostrar señales de fragilidad. En las últimas semanas, se registraron episodios que encendieron alarmas en el frente externo. La Administración General de Aduanas de China detectó la presencia de cloranfenicol —un antibiótico prohibido— en un embarque de carne argentina, lo que derivó en la suspensión de exportaciones desde una planta frigorífica. El hecho obligó a una rápida intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), junto a Cancillería y autoridades del área agrícola, para intentar contener el impacto.

El caso no es aislado. Previamente, Chile había endurecido sus controles e interrumpido el ingreso de carne argentina, mientras que la Unión Europea rechazó un cargamento de girasol por incumplimientos fitosanitarios. En conjunto, estos episodios configuran un escenario de creciente desconfianza sobre los estándares de control locales.

La situación de la carne vacuna argentina expone una carga estructural entre mercado interno, política económica y posicionamiento internacional. Mientras el consumo local se retrae por la pérdida de ingresos, el frente externo comienza a mostrar fisuras que ponen en riesgo una fuente clave de divisas.

El desafío es doble: recomponer el acceso interno a un alimento central en la cultura argentina y, al mismo tiempo, garantizar estándares sanitarios que sostengan la competitividad global. Sin una estrategia que articule ambos frentes, la cadena cárnica podría enfrentar no solo una crisis coyuntural, sino un deterioro más profundo en su rol histórico dentro de la economía nacional.

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