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Organizaciones gremiales, sociales y políticas se suman a la marcha convocada a Plaza de Mayo por familiares y amigos de las 16 personas que continúan privadas de su libertad desde la represión del miércoles en el Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) no participará, pero hay sindicatos que convocaron a movilizar para exigir la liberación de las y los detenidos durante la protesta contra la Ley Bases. 

La convocatoria es para este martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí está previsto que familiares detenidos lean un petitorio con los nombres de los detenidos. De acuerdo a lo que informaron a El Destape desde la organización, los ejes del acto serán «Libertad a los detenidos», «desprocesamiento y anulación de las causas» y «protestar no es delito”. La decisión de movilizar se definió este lunes en una reunión en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) a la que asistieron organismos de Derechos Humanos, abogados, familiares de detenidos, detenidos liberados, asambleas, organizaciones sociales políticas y diputados.

La presencia de figuras y organizaciones le darán peso al reclamo. Sin embargo, la CGT confirmó a este portal que no convocará a marchar, aunque se espera que algunos sindicalistas que integran la confederación marchen, como es el caso de Pablo Moyano (Camioneros). Los gremios que ya confirmaron su presencia son: los metrodelegados, los trabajadores estatales de ATE, los docentes de CTERA y La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma. 

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y organismos de derechos humanos también reclamaron la inmediata libertad de los detenidos en Congreso. “Acá estamos con las distintas organizaciones por la liberación de los detenido”, expresó Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA durante la asamblea, y apuntó contra la ministra de seguridad, Patricia Bullrich: “Ocurrió por decisión de la ministra Bullrich que ordenó una represión indiscriminada, inventando causas penales contra manifestantes, con la complicidad del fiscal Stornelli”.

Peidro también advirtió que frente a la violencia del ajuste y las consecuencias de la aplicación de la ley Bases, “la movilización va a ir en aumento y es de esperar que la actitud violenta del gobierno también se profundice. Necesitan las cárceles llenas de compañeros y compañeras porque este ajuste cada vez va a provocar el levantamiento de otros compañeros en todo el país

En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también convocó a la marcha y apuntó que «el gobierno muestra un autoritarismo creciente que no es compatible con la democracia” y “en este momento todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”. El dirigente afirmó que «hay un proceso de disciplinamiento y persecución en marcha que cuenta con la complicidad del Poder Judicial”. Y agregó: “La división de poderes casi no existe. Cuesta mucho encontrar jueces y fiscales independientes. La mayoría recibe órdenes desde la Casa Rosada”.

Durante la represión fueron detenidas 33 personas por su supuesta participación en disturbios, entre ellas trabajadores estatales. Hasta el momento, sólo 17 fueron liberados y quedan aún 16 encarcelados. En tanto, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, es decir volver a detener a los liberados, y a su vez, decidió imputarlos por los delitos de «terrorismo» y «sedición». «No podemos aceptar que en la Argentina se vuelvan a suspender derechos y suprimir garantías constitucionales. Ese es un horror y una época trágica que ya vivimos como sociedad. Todos los manifestantes fueron detenidos de manera ilegal y se están violando todas las leyes para mantenerlos encerrados. Exigimos su inmediata libertad”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) formó parte de la asamblea en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) y también convoca a la movilización de este martes. «La brutal represión y las arbitrarias detenciones ordenadas por la Ministra de Seguridad Nacional Patiricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei, son una clara demostración de impedir la libertad de protestar y de criminalizar la protesta social», apuntaron.

«Estas detenciones y la gravedad de las imputaciones son acciones que contradicen la Constitución y el derecho a peticionar en democracia, tienen por objetivo aterrorizar a la población para que no se manifieste», denunciaron y llamaron a movilizarse este martes.

En esta línea, metrodelegados del Subte apoyaron la convocatoria y llamaron a movilizarse este martes por las y los detenidos. «Ninguna persona debe estar presa por manifestarse. Libertad ya para los detenidos.Democracia para todxs!!!», apuntaron y convocaron a movilizarse a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo.

Familiares y amigos de los detenidos denunciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran: duermen esposados en los patios de las comisarías, fueron recluidos en penales comunes y sufren todo tipo de hostigamiento de parte de la Policía. Según corroboró El Destape, continúan detenidos David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Fuente: Linea Sindical

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La crisis universitaria suma otra semana de protesta por salarios y presupuesto

La medida se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre y exige el pago de la deuda salarial y presupuestaria derivada del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios también anticiparon nuevas protestas durante el debate del Presupuesto 2027 y no descartan afectar los exámenes de diciembre.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales iniciaron una nueva semana de paro para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y la transferencia de los fondos adeudados al sistema público. La medida, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre, profundiza un conflicto que amenaza con proyectarse sobre el cierre del ciclo académico y el funcionamiento de las instituciones durante 2027.

La decisión de la CONADU Histórica fue aprobada por amplia mayoría durante su Congreso Extraordinario del 6 de noviembre, con la participación de 81 representantes de asociaciones de base de todo el país. Allí se resolvió sostener el plan nacional de lucha ante la falta de respuestas oficiales y reclamar la regularización de los compromisos salariales y presupuestarios.

Desde los sindicatos advierten que el deterioro de los ingresos acumulado equivale, según sus estimaciones, a haber trabajado sin cobrar durante un año de los últimos tres. A esa pérdida se suma la preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, cuya asignación para las universidades consideran insuficiente y contraria a las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

La protesta no será la única medida prevista. La federación resolvió convocar a otra jornada de huelga de 24 horas cuando el Congreso trate el Presupuesto 2027 y someter a consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre. También comenzará a debatir nuevas acciones para el inicio del próximo ciclo lectivo si persiste el incumplimiento de la ley.

La advertencia gremial coincide con los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su presidente, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades enfrentarán serias dificultades para funcionar el próximo año si no se modifica sustancialmente la previsión presupuestaria durante el debate parlamentario. El rector reclamó a los legisladores y al Poder Judicial celeridad para resolver la controversia sobre la aplicación de la norma.

Bartolacci también retomó el mensaje del papa León XIV en defensa de la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. Consideró que las palabras del pontífice sobre las dificultades de los jóvenes para construir su futuro en el país deben traducirse en decisiones concretas y políticas públicas que fortalezcan las oportunidades educativas.

El conflicto vuelve a colocar a la universidad pública en el centro de la disputa presupuestaria nacional. Para los gremios, la recomposición salarial y el financiamiento institucional son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento académico, mientras que las autoridades universitarias advierten que la falta de recursos compromete la continuidad de actividades esenciales.

Con una semana de huelga en marcha y nuevas medidas en evaluación, la negociación entre el Gobierno y la comunidad universitaria enfrenta un momento decisivo. La discusión ya no se limita a la recuperación de los ingresos docentes y nodocentes: también involucra la capacidad del sistema para sostener sus actividades, preservar la investigación y garantizar el acceso a la educación superior durante el próximo año.

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La inflación volvió a acelerarse: fue del 2,2% en octubre y acumuló 33,1% en un año

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,2% respecto de septiembre y acumuló una variación interanual del 33,1%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezaron los incrementos mensuales, con un 4,2%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses alcanzó el 26,3%.

La inflación volvió a acelerarse en octubre y alcanzó el 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro representó un incremento respecto del 1,9% de septiembre y llevó la variación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 al 26,3%. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 33,1%.

El principal impulso provino del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó las variaciones mensuales con un aumento del 4,2%. Le siguió Recreación y cultura, con un 3,3%. En el extremo opuesto, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor incremento, con 0,8%, mientras que Educación avanzó 1,3%.

Al observar las categorías del índice, los precios estacionales mostraron la mayor variación, con un 5,5%, impulsados principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres. Los precios regulados subieron 2,9%, con incidencia de los ajustes en gas y combustibles para vehículos. Por su parte, el IPC Núcleo avanzó 1,5%, con incrementos vinculados, entre otros componentes, a los alquileres y los servicios de restaurantes.

La evolución mensual muestra que, después de alcanzar el 3,4% en marzo, la inflación inició una trayectoria descendente que llegó a su registro más bajo en agosto, con 1,7%. Sin embargo, desde julio comenzaron a alternarse períodos de aceleración y moderación. La secuencia fue de 2,1% en julio, 1,7% en agosto, 1,9% en septiembre y 2,2% en octubre, lo que evidencia una nueva presión sobre el índice.

El dato vuelve a poner en discusión la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria y su impacto sobre el poder adquisitivo. Aunque el acumulado de 2026 se ubica en 26,3%, la variación mensual de octubre muestra que los precios todavía no consolidan un sendero descendente y que los gastos vinculados con la vivienda y los servicios continúan ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.

El desempeño del próximo trimestre será clave para confirmar si el aceleramiento de octubre respondió a un fenómeno transitorio o a un cambio de tendencia. En este escenario, la dinámica inflacionaria se mantiene como el principal condicionante del poder adquisitivo, el nivel de consumo y la estabilidad financiera de los hogares.

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La carpa VIP para la misa papal costó el equivalente a casi 800 salarios anuales del CONICET

Una investigación periodística estimó en $20.477 millones el costo de ocho contrataciones directas realizadas para organizar las actividades vinculadas con la visita de León XIV. La cifra equivale, según el cálculo difundido, a los ingresos anuales de 788 investigadores asistentes del CONICET. El contraste volvió a poner bajo discusión las prioridades del gasto público en medio de los reclamos por el financiamiento de la ciencia y las universidades.

El costo de la organización de las actividades oficiales por la visita del papa León XIV quedó en el centro de la controversia luego de que una investigación periodística estimara en más de $20.477 millones el monto comprometido por el Gobierno nacional mediante ocho contrataciones directas. Una parte de esos recursos estuvo destinada a montar un espacio VIP para autoridades, empresarios, figuras del espectáculo e invitados especiales durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La dimensión del desembolso adquirió mayor repercusión al compararse con los ingresos del sistema científico nacional. De acuerdo con los cálculos difundidos, la suma total representa el equivalente al salario anual de aproximadamente 788 investigadores asistentes del CONICET o de unos 392 profesionales ubicados en la categoría de investigadores superiores, tomando como referencia las escalas salariales consideradas en el relevamiento y doce meses de remuneraciones, sin incluir el aguinaldo.

La comparación también permite dimensionar el volumen de recursos involucrados: el monto global equivale a más de 6.400 salarios mensuales si se utiliza el promedio de las cinco categorías salariales tomadas como referencia. El contraste se produce mientras investigadores, becarios y trabajadores de universidades públicas advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la reducción de recursos para investigación y las dificultades para sostener programas científicos.

Según la investigación publicada por el El Disenso, la Jefatura de Gabinete habría instrumentado ocho procedimientos de contratación directa para cubrir distintos servicios vinculados con la organización de las actividades papales. El expediente de mayor cuantía correspondió a DF Entertainment, con una contratación de $8.690 millones para la producción general del evento, que incluyó el montaje del sector VIP y una carpa acondicionada para alrededor de 250 personas, con climatización, alfombras y servicio de catering.

El resto de las adjudicaciones comprendió prestaciones indispensables para el desarrollo del acto, aunque sus montos también reflejan la magnitud del operativo. Nuevos Aires Producciones SRL recibió una contratación por $4.547,7 millones para estructuras y vallados; Recordvision SA, que opera como MediaHub, por $3.090 millones para servicios de transmisión; PRG Argentina SRL, por $1.979,3 millones para sonido e iluminación; y Fidias Energía SRL, por $1.736 millones para el suministro eléctrico.

A esas cifras se sumaron $225 millones para pantallas LED, contratados a VMG Video Tech SA; $128,08 millones para alfombras y cortinas, a Alfombra Mágica SRL; y otros $81,2 millones por prestaciones similares, adjudicados a Tetramon. La suma de los ocho procedimientos asciende a $20.477.334.664,75, de acuerdo con el detalle publicado.

La polémica no se limita al volumen económico de las contrataciones. También se concentra en las condiciones de acceso al espacio reservado para invitados especiales y en el contraste con la experiencia de miles de fieles que asistieron a la celebración. Mientras personalidades del espectáculo, dirigentes políticos, empresarios y representantes del Poder Judicial contaron con un área cubierta y acondicionada, asistentes y voluntarios señalaron que parte del público debió permanecer al aire libre, expuesto al sol y a considerable distancia del altar. También trascendieron cuestionamientos por las condiciones en las que algunas religiosas, sacerdotes y personas mayores habrían seguido la ceremonia.

Entre los invitados que habrían ocupado el espacio VIP figuraron reconocidas personalidades del espectáculo y los medios, como Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza, Yanina Latorre, Florencia de la V, Analía Franchín, Marcela Tinayre, Claudia Villafañe y Zulemita Menem. También participaron periodistas, empresarios, dirigentes políticos, funcionarios nacionales y representantes de la Justicia.

La nómina incluyó, entre otros, a Jorge Macri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta. En el ámbito empresarial se mencionó a Eduardo Eurnekian, Marcos y Alejandro Bulgheroni, Daniel Vila, José Luis Manzano, Hugo Sigman y Nicolás Caputo. Por el Poder Judicial estuvieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, además de Inés Weinberg de Roca, integrante del Tribunal Superior de Justicia porteño.

La organización del espacio reservado y la convocatoria de invitados habrían involucrado gestiones tanto del Gobierno nacional como de la administración porteña. En ese marco, el debate público se desplazó desde los aspectos protocolares de la visita hacia la utilización de fondos estatales y los criterios aplicados para distribuir los recursos destinados al acontecimiento.

El contraste con la situación del CONICET y las universidades constituye uno de los aspectos más sensibles de la discusión. El sistema científico atraviesa reclamos por la recomposición salarial, el financiamiento de proyectos, la continuidad de becas y las condiciones materiales para desarrollar investigaciones. La pérdida de ingresos y las restricciones presupuestarias también alimentan la preocupación por la emigración de profesionales y el deterioro de las capacidades científicas construidas durante décadas.

La comparación entre el costo del operativo y los salarios de los investigadores no significa que ambos gastos correspondan a partidas presupuestarias intercambiables, pero sí permite dimensionar la escala de los recursos públicos comprometidos. La pregunta que emerge es política y presupuestaria: cuáles son las prioridades que orientan el gasto estatal y qué lugar ocupan la educación, la investigación y el desarrollo en la asignación de fondos.

En un país que necesita fortalecer su capacidad tecnológica, productiva y científica, la magnitud de las contrataciones para un acontecimiento institucional de estas características exige explicaciones sobre sus costos, procedimientos y criterios de ejecución. La discusión no pasa por cuestionar la organización de una celebración religiosa de alcance internacional, sino por establecer si el uso de los recursos públicos respondió a parámetros de austeridad, transparencia y proporcionalidad. Esa es, en definitiva, la dimensión institucional que convierte al operativo VIP en un asunto que excede la polémica por una carpa y pone bajo examen las prioridades del Estado.

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