Gremios y organizaciones movilizarán por los detenidos en el Congreso
Organizaciones gremiales, sociales y políticas se suman a la marcha convocada a Plaza de Mayo por familiares y amigos de las 16 personas que continúan privadas de su libertad desde la represión del miércoles en el Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) no participará, pero hay sindicatos que convocaron a movilizar para exigir la liberación de las y los detenidos durante la protesta contra la Ley Bases.
La convocatoria es para este martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Allí está previsto que familiares detenidos lean un petitorio con los nombres de los detenidos. De acuerdo a lo que informaron a El Destape desde la organización, los ejes del acto serán «Libertad a los detenidos», «desprocesamiento y anulación de las causas» y «protestar no es delito”. La decisión de movilizar se definió este lunes en una reunión en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) a la que asistieron organismos de Derechos Humanos, abogados, familiares de detenidos, detenidos liberados, asambleas, organizaciones sociales políticas y diputados.
La presencia de figuras y organizaciones le darán peso al reclamo. Sin embargo, la CGT confirmó a este portal que no convocará a marchar, aunque se espera que algunos sindicalistas que integran la confederación marchen, como es el caso de Pablo Moyano (Camioneros). Los gremios que ya confirmaron su presencia son: los metrodelegados, los trabajadores estatales de ATE, los docentes de CTERA y La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y organismos de derechos humanos también reclamaron la inmediata libertad de los detenidos en Congreso. “Acá estamos con las distintas organizaciones por la liberación de los detenido”, expresó Ricardo Peidro, secretario General Adjunto de la CTA durante la asamblea, y apuntó contra la ministra de seguridad, Patricia Bullrich: “Ocurrió por decisión de la ministra Bullrich que ordenó una represión indiscriminada, inventando causas penales contra manifestantes, con la complicidad del fiscal Stornelli”.
Peidro también advirtió que frente a la violencia del ajuste y las consecuencias de la aplicación de la ley Bases, “la movilización va a ir en aumento y es de esperar que la actitud violenta del gobierno también se profundice. Necesitan las cárceles llenas de compañeros y compañeras porque este ajuste cada vez va a provocar el levantamiento de otros compañeros en todo el país
En este marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, también convocó a la marcha y apuntó que «el gobierno muestra un autoritarismo creciente que no es compatible con la democracia” y “en este momento todos los ciudadanos estamos en libertad condicional”. El dirigente afirmó que «hay un proceso de disciplinamiento y persecución en marcha que cuenta con la complicidad del Poder Judicial”. Y agregó: “La división de poderes casi no existe. Cuesta mucho encontrar jueces y fiscales independientes. La mayoría recibe órdenes desde la Casa Rosada”.
Durante la represión fueron detenidas 33 personas por su supuesta participación en disturbios, entre ellas trabajadores estatales. Hasta el momento, sólo 17 fueron liberados y quedan aún 16 encarcelados. En tanto, el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, es decir volver a detener a los liberados, y a su vez, decidió imputarlos por los delitos de «terrorismo» y «sedición». «No podemos aceptar que en la Argentina se vuelvan a suspender derechos y suprimir garantías constitucionales. Ese es un horror y una época trágica que ya vivimos como sociedad. Todos los manifestantes fueron detenidos de manera ilegal y se están violando todas las leyes para mantenerlos encerrados. Exigimos su inmediata libertad”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) formó parte de la asamblea en la sede de la organización social Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) y también convoca a la movilización de este martes. «La brutal represión y las arbitrarias detenciones ordenadas por la Ministra de Seguridad Nacional Patiricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei, son una clara demostración de impedir la libertad de protestar y de criminalizar la protesta social», apuntaron.
«Estas detenciones y la gravedad de las imputaciones son acciones que contradicen la Constitución y el derecho a peticionar en democracia, tienen por objetivo aterrorizar a la población para que no se manifieste», denunciaron y llamaron a movilizarse este martes.
En esta línea, metrodelegados del Subte apoyaron la convocatoria y llamaron a movilizarse este martes por las y los detenidos. «Ninguna persona debe estar presa por manifestarse. Libertad ya para los detenidos.Democracia para todxs!!!», apuntaron y convocaron a movilizarse a partir de las 16.30 a Plaza de Mayo.
Familiares y amigos de los detenidos denunciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran: duermen esposados en los patios de las comisarías, fueron recluidos en penales comunes y sufren todo tipo de hostigamiento de parte de la Policía. Según corroboró El Destape, continúan detenidos David Sica, Patricia Calarco Arredondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Mayorga, Sasha Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Facundo Ezequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.
Fuente: Linea Sindical
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Médicos de cabecera del PAMI paralizan servicios por 72 horas en todo el país
Los profesionales de cabecera iniciaron una medida de fuerza de tres días en rechazo a cambios en el esquema de pagos que, según denuncian, reducen sus ingresos. Solo se atenderán urgencias, lo que afecta a millones de afiliados y expone las dificultades estructurales del sistema.
La atención médica de millones de jubilados y pensionados ingresó en una fase de fuerte incertidumbre tras el inicio de un paro nacional de 72 horas por parte de los médicos de cabecera del PAMI. La medida, impulsada por la APPAMIA, limita la asistencia a casos de urgencia y pone en evidencia un conflicto que trasciende lo salarial para instalar interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema.
El eje de la protesta radica en una reciente resolución del organismo que modifica el esquema de remuneración. Aunque formalmente se presenta como una actualización de la cápita —que se eleva a $2.100—, los profesionales sostienen que el nuevo modelo implica una reducción efectiva de ingresos. La principal objeción apunta a la eliminación del pago por consulta presencial, una herramienta clave para sostener la actividad diaria en consultorios.
Según detallan desde el sector, el cambio incorpora un mayor volumen de prestaciones dentro de un monto fijo, al tiempo que elimina incentivos vinculados a la capacitación. La ecuación resultante, advierten, se traduce en un aumento de la carga laboral con una compensación económica inferior. “Más trabajo, menos ingresos” es la síntesis que repiten los profesionales frente a una modificación que altera de manera sustancial el esquema previo.
La preocupación no se limita a la pérdida de poder adquisitivo. Desde la entidad gremial alertan sobre el impacto directo en la viabilidad de los consultorios, cuyos costos operativos —alquileres, insumos, servicios— continúan en alza. En ese sentido, plantean la necesidad de fijar una cápita mínima de $6.500 para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, además de exigir la derogación de la resolución y la recomposición de honorarios.
El reclamo incluye también la reincorporación de médicos desvinculados, en una señal de malestar dentro del sistema. Para los profesionales, la combinación de ingresos deteriorados y exigencias crecientes configura un escenario que compromete tanto el ejercicio de la medicina como la calidad de la atención brindada.
El paro se inscribe en una problemática más amplia que viene afectando al PAMI en los últimos meses. Prestadores de distintos puntos del país vienen señalando demoras en los pagos, cambios contractuales y dificultades para sostener la prestación de servicios. La acumulación de estos factores ha generado un clima de desconfianza que ahora se traduce en una medida de alcance nacional.
El impacto sobre los afiliados resulta inmediato. Si bien se mantienen las guardias y la atención de urgencias, la suspensión de consultas programadas y controles periódicos afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, quienes dependen de un seguimiento continuo. La interrupción de estas prácticas no sólo posterga diagnósticos y tratamientos, sino que también incrementa la presión sobre otros niveles de atención.
En este contexto, desde APPAMIA anticiparon que evalúan avanzar por la vía judicial para frenar la implementación de la medida, al tiempo que convocan a los profesionales a sostener el plan de lucha.
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CAME advierte por la impactante caída del consumo y la falta de incentivos para invertir
Las ventas minoristas volvieron a mostrar una leve contracción en marzo y consolidan una tendencia que preocupa al entramado pyme. Con cinco de siete rubros en baja y una marcada desconfianza para invertir, el sector enfrenta un panorama complejo que condiciona su capacidad de recuperación.
El pulso del consumo sigue sin dar señales de recuperación sostenida y vuelve a impactar de lleno en el entramado de pequeñas y medianas empresas. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas registraron en marzo una caída interanual del 0,6%, con retrocesos en la mayoría de los rubros y un clima empresario dominado por la prudencia.
El informe también refleja un descenso del 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, lo que confirma un esquema de consumo debilitado que se extiende más allá de variaciones puntuales. La persistencia de este comportamiento configura un panorama en el que el comercio minorista enfrenta dificultades para consolidar un piso de actividad.
Uno de los indicadores más elocuentes del momento que atraviesan las pymes es la percepción sobre la inversión. El 59,1% de los empresarios considera que no es un momento adecuado para realizar nuevos desembolsos, una cifra que expone la falta de previsibilidad y las dudas sobre la evolución de la demanda. Apenas un 13,1% identifica oportunidades para expandirse, mientras que un 27,7% se mantiene sin una definición clara, lo que evidencia la fragilidad de las expectativas.
Las proyecciones para los próximos meses tampoco ofrecen una perspectiva contundente. Si bien el 48% de los consultados estima que la actividad se mantendrá en niveles similares, un 39,7% confía en una mejora y un 12,4% anticipa una profundización de la caída. Esta dispersión en las previsiones refleja la ausencia de señales firmes que permitan delinear una tendencia clara.
El análisis sectorial muestra que la retracción es amplia y heterogénea. Entre los rubros más afectados se destacan Perfumería, con una baja del 9,8%, y Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, que retrocedieron un 8,3%. También se registró una caída en Alimentos y bebidas (-0,9%), un dato particularmente sensible por tratarse de un segmento de consumo básico.
En contraposición, algunos sectores lograron sostener una evolución positiva. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró un crecimiento del 2%, mientras que Farmacia avanzó un 1,1% interanual. Ambos rubros se vieron impulsados por demandas específicas que tienden a sostenerse aun en períodos de menor dinamismo general.
El inicio del ciclo escolar aportó cierto movimiento en categorías vinculadas al consumo estacional, aunque ese impulso resultó insuficiente para revertir la tendencia general. La pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos operativos continúan condicionando el volumen de ventas, mientras que la dependencia del financiamiento agrega presión sobre la operatoria cotidiana de los comercios.
En este aspecto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa comenzó a profundizar el seguimiento de los comercios con modalidad mixta, aquellos que combinan canales físicos y digitales. La incorporación de este enfoque permite analizar con mayor precisión el comportamiento del comercio electrónico, considerando como venta digital toda operación iniciada a través de medios online, independientemente de su forma de pago o entrega.
La metodología adoptada se alinea con los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que aporta mayor rigurosidad al análisis y facilita la comparación con tendencias internacionales. Este monitoreo adquiere relevancia en un entorno donde la digitalización aparece como una herramienta clave para sostener la actividad.
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Menos consumo y más rechazos: la carne pierde terreno en la mesa y en el mundo
El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en dos décadas mientras crecen las presioes comerciales con mercados clave como China y Chile. La pérdida de poder adquisitivo y cuestionamientos sobre controles sanitarios configuran un momento crítico para uno de los sectores emblemáticos de la economía argentina.
La carne vacuna, históricamente símbolo de la dieta argentina y motor de exportaciones, atraviesa una de sus coyunturas más complejas de las últimas décadas. La crisis combina factores internos —caída del consumo y precios en alza— con incertidumbres externas que amenazan la inserción internacional del sector.
En el mercado doméstico, los datos reflejan un deterioro sostenido. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), el consumo per cápita cayó en enero de 2026 a 47,9 kilos anuales por habitante, el nivel más bajo en veinte años. La contracción interanual del 13% no responde a una transformación cultural en los hábitos alimentarios, sino a la pérdida de poder adquisitivo, en circunstancias donde el precio de la carne aumentó un 56,8% durante 2025, muy por encima de la inflación general.
El impacto es visible en la sustitución de consumo: carnes aviares y porcinas ganan terreno frente a un producto que, para amplios sectores, se vuelve cada vez menos accesible. Sin embargo, la caída en la demanda interna no logra contener los precios, en parte por la presión del mercado exportador, que sostiene la demanda global y limita la oferta disponible en el país.
Ese equilibrio, no obstante, comienza a mostrar señales de fragilidad. En las últimas semanas, se registraron episodios que encendieron alarmas en el frente externo. La Administración General de Aduanas de China detectó la presencia de cloranfenicol —un antibiótico prohibido— en un embarque de carne argentina, lo que derivó en la suspensión de exportaciones desde una planta frigorífica. El hecho obligó a una rápida intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), junto a Cancillería y autoridades del área agrícola, para intentar contener el impacto.
El caso no es aislado. Previamente, Chile había endurecido sus controles e interrumpido el ingreso de carne argentina, mientras que la Unión Europea rechazó un cargamento de girasol por incumplimientos fitosanitarios. En conjunto, estos episodios configuran un escenario de creciente desconfianza sobre los estándares de control locales.
La situación de la carne vacuna argentina expone una carga estructural entre mercado interno, política económica y posicionamiento internacional. Mientras el consumo local se retrae por la pérdida de ingresos, el frente externo comienza a mostrar fisuras que ponen en riesgo una fuente clave de divisas.
El desafío es doble: recomponer el acceso interno a un alimento central en la cultura argentina y, al mismo tiempo, garantizar estándares sanitarios que sostengan la competitividad global. Sin una estrategia que articule ambos frentes, la cadena cárnica podría enfrentar no solo una crisis coyuntural, sino un deterioro más profundo en su rol histórico dentro de la economía nacional.
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