Alertan que la deuda familiar es “insostenible” por salarios rezagados y tasas prohibitivas
La morosidad en los créditos de los hogares alcanzó su nivel más alto desde que existen registros del Banco Central. La combinación de salarios atrasados, inflación persistente y tasas que no bajaron acompasadamente convirtió al crédito en un mecanismo de supervivencia cada vez menos sostenible. Con el Estado compitiendo por financiamiento, las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y cuotas que se vuelven imposibles de pagar.
La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en 15 años. Según el economista Christian Buteler, la morosidad familiar alcanzó un nivel “históricamente alto”, fenómeno que —subraya— no responde solo a un mayor endeudamiento, sino a un deterioro profundo en la capacidad de pago de las personas.
En diálogo con Splendid AM990, Buteler planteó que la deuda familiar en sí misma no es un problema si existe un contexto socioeconómico que permita gestionarla. El problema en Argentina es otro: una parte sustancial del endeudamiento se destina a cubrir consumo básico, consecuencia directa de ingresos que no logran acompañar los aumentos de precios.
Según el especialista, aun durante la desaceleración inflacionaria de la primera mitad del año, las tasas de interés total por créditos personales se ubicaron entre 140% y 150% anual, mientras que los salarios avanzaban apenas entre 20% y 25%. La brecha, asegura, volvió insostenible cualquier esfuerzo por mantener las cuotas al día, incluso para clientes con historial intachable. “Nunca las tasas acompañaron la baja de la inflación”, afirmó.
El rol del Estado y el efecto contagio en el sistema financiero
Buteler también apuntó contra la política financiera del Gobierno. A su juicio, la demanda constante de financiamiento por parte del sector público absorbe buena parte de los recursos que los bancos podrían destinar a crédito productivo o al consumo de los hogares. Esa competencia por el dinero disponible termina consolidando tasas elevadas: si el Estado sigue pagando intereses altos, las entidades no tienen incentivos para reducirlas.
“Mientras el Ejecutivo sea un demandante de dinero, no va a haber presión real para que las tasas bajen”, sintetizó. Para el economista, una menor necesidad de financiamiento estatal permitiría liberar fondos hacia el sector privado, generar competencia entre bancos y fintechs y, en consecuencia, abaratar costos financieros.
Los números que confirman la preocupación
Los últimos datos del Banco Central refuerzan el diagnóstico. Según el Informe sobre Bancos de septiembre:
La morosidad de los hogares trepó a 7,3%, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.
Los créditos personales muestran la situación más delicada, con 9,1% de mora, en línea con la advertencia de Buteler.
Las tarjetas de crédito alcanzan un 7,4%, también en ascenso.
El endeudamiento empresarial, en cambio, revela un deterioro menor, con un ratio de irregularidad del 1,7%.
Estos datos muestran una tendencia clara: el peso del ajuste cae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente las de menores ingresos, quienes dependen en mayor medida del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.
El récord de morosidad no es un dato técnico: es el reflejo de un deterioro profundo en el poder adquisitivo y en la estabilidad financiera de millones de hogares argentinos. El crédito, que en teoría debería funcionar como una herramienta para ordenar y proyectar gastos, se transformó para muchos en un mecanismo de supervivencia que termina ahogándolos.
Buteler sostiene que el Estado tiene margen para intervenir reduciendo su propia demanda de financiamiento, generando así condiciones para que las tasas bajen y se alivie la presión sobre los hogares. Pero mientras eso no ocurra, y los salarios continúen lejos de la recomposición real, la deuda seguirá siendo una mochila cada vez más pesada.
La advertencia es clara: la crisis de morosidad no es solo un problema financiero; es un síntoma más de la fragilidad económica que atraviesan las familias en Argentina.
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Comercio cerró una paritaria del 5,7% en tres tramos y sumó un bono de $50.000
La Federación de Comercio y Servicios acordó con las cámaras empresarias un incremento remunerativo del 5,7% sobre los salarios de junio, distribuido en tres cuotas del 1,9%, además de un bono extraordinario de $50.000 y la continuidad del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000 al básico.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo entendimiento paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), mediante el cual estableció una actualización salarial del 5,7% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
El pacto fija un incremento remunerativo y no acumulativo que se calculará sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026, incorporando además las sumas no remunerativas existentes a esa fecha como base de cálculo. La mejora se distribuirá en tres cuotas iguales del 1,9%: la primera con los salarios de julio, la segunda en agosto y la tercera en septiembre.
El convenio también ratificó el mecanismo de incorporación gradual de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Ese proceso comenzará en diciembre de 2026 con una incorporación mensual de $20.000 y continuará de manera consecutiva hasta mayo de 2027, completando así su integración al salario remunerativo.
Asimismo, las partes acordaron que las sumas no remunerativas que permanezcan pendientes de incorporación serán liquidadas conforme a lo previsto en la cláusula tercera del acuerdo paritario firmado el 26 de marzo de 2026, garantizando la continuidad del cronograma previamente establecido.
Como complemento de la recomposición salarial, el acuerdo contempla el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa y no acumulativa de $50.000. El beneficio se abonará en dos cuotas de $25.000: la primera junto con los haberes de julio y la segunda con los salarios correspondientes a agosto.
La vigencia del nuevo convenio rige desde el 1° de julio de 2026. Además, las partes establecieron una nueva instancia de revisión durante octubre para analizar la evolución de las principales variables económicas y determinar si resulta necesario introducir nuevas adecuaciones salariales.
El acuerdo también aclara que las condiciones pactadas no serán de aplicación obligatoria para las negociaciones colectivas que se desarrollen en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. No obstante, una vez homologado, el incremento fijará el piso salarial convencional para la actividad en el resto del país.
La actualización alcanza a uno de los convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores registrados de la Argentina, por lo que su impacto se extenderá a cientos de miles de empleados de comercio, incluidos los afiliados al Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, que percibirán las mejoras conforme al cronograma acordado una vez cumplido el proceso de homologación correspondiente.
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Avanza la licitación del Hotel Provincial con dos ofertas en carrera
El Gobierno de San Juan abrió los sobres de la licitación para la concesión del Hotel Provincial y confirmó que dos empresas presentaron ofertas admisibles. Ahora comenzará el análisis técnico y económico que definirá la adjudicación de un contrato por 20 años.
El proceso para definir el futuro del Hotel Provincial dio un paso decisivo este viernes, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a concesionar y explotar el tradicional establecimiento. El acto, desarrollado a las 9 de la mañana, concluyó con la presentación de dos propuestas que superaron la revisión administrativa inicial y fueron declaradas admisibles.
Concluida esa instancia, la comisión evaluadora iniciará el examen técnico, financiero y económico de ambas ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para asumir la administración del inmueble durante los próximos veinte años.
La convocatoria había sido relanzada luego del fracaso del primer llamado realizado en abril de este año. En aquella oportunidad, las dos firmas interesadas quedaron excluidas por incumplimientos en la documentación exigida, entre ellos la ausencia de certificados fiscales y declaraciones juradas incompletas, por lo que la licitación fue declarada desierta.
El nuevo concurso mantiene un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y establece un canon mensual base de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pliego también contempla un beneficio para quien resulte adjudicatario: durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con las inversiones comprometidas para la recuperación del edificio.
Uno de los objetivos centrales de la concesión es modernizar las instalaciones para que el Hotel Provincial alcance la categoría de tres estrellas superior, mediante obras de infraestructura, renovación de equipamiento y mejoras en la calidad de los servicios.
El proceso licitatorio incorpora además criterios que trascienden la propuesta económica. Entre ellos, el denominado Beneficio Social del Proyecto, que representa 20 puntos sobre un total de 100 en la evaluación final, junto con el compromiso de garantizar la continuidad laboral y la protección salarial de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento.
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Carrefour cerró un local de forma sorpresiva y dejó a más de 30 empleados sin trabajo
La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.
El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.
La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.
Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.
La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.
El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.
La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.
Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.
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