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La sequía, la volatilidad del tipo de cambio, la baja en la cantidad de vacas y la caída en el consumo de leche llevó a que los productores redujeran el stock de elaborados, lo que incidió en el precio.

La industria láctea se ve fuertemente retraída desde el mes de diciembre. En ese marco, los productores se mostraron preocupados por la baja del consumo de elaborados derivados de la leche, lo cual está relacionado con la caída del poder adquisitivo de la población, mientras que la producción se contrae debido a la decreciente cantidad de vacas dedicadas al mercado lácteo.

Los efectos de la sequía de los últimos dos años, la inflación de diciembre y la variación del dólar hicieron que los productores de leche trabajaran a pérdida, lo que determinó que buscaran fabricar en menor escala y achicaran el volumen bovino. Así lo expresó a este diario Daniel Lorenzatti, presidente de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche.

El factor climático y el golpe de la inflación, más allá de las “medidas atenuantes, como la baja de las retenciones”, hizo que todas las ramas derivadas de la actividad agropecuaria se vieran resentidas. La carne, por caso, se vio alterada en su equilibrio de mercado debido a la faena indiscriminada de animales por encima de los niveles usuales, lo que enflaqueció mucho el caudal de vacas madres y por consiguiente de novillos y terneros: menos carne en el mercado, menos animales para maternar y para lactar. La sequía también se llevó puestas las vidas de centenares de cabezas de ganado, reduciendo la cantidad de vacas disponibles para la actividad. 

“Hay un 20% menos de producción láctea en general. Al bajar la producción, toda industria que necesita un mínimo de stock termina levantando el precio del mercado”, sostuvo Lorenzatti en diálogo con Conclusión, e indicó que “hoy el precio de la leche es récord por rebote del faltante de producto. La foto de hoy es la de una baja del consumo que ronda el 20%, especialmente en lácteos. Esto encareció los precios en relación al dólar. El peor momento fue en diciembre”.

A su vez, hay una baja del poder adquisitivo, lo que reduce el consumo y presiona a la baja los precios. “No sirve ni estar en la cresta de la ola ni en el fondo del mar, lo ideal es navegar tranquilos”, reflexionó Lorenzatti y agregó que la sensación de los productores es que el consumo se recuperará gradualmente, “de otra forma se desencadenará una baja del precio del producto por aumento del stock”.

En el caso de las ventas, los productores de alimentos en general y los lácteos en particular, la preocupación radica en la caída del consumo, donde la exportación se mantiene estable, pero al momento de ver los precios internacionales y la falta de capacidad adquisitiva, la restricción se hizo sentir en el sector.

Fuente: Conclusión

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Estatales realizarán una jornada de lucha el último día hábil de junio

La semana próxima, estatales llevarán un plan de protesta el último día hábil de junio, que puede ser el inicio de una nueva ola de despidos masivos en varios organismos y oficinas de la administración pública nacional. Hay gran preocupación entre los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre los trabajadores de organismos descentralizados como el INTI, ya que los sindicalistas alertaron que de cumplirse con las amenazas “sería el cierre total del Estado”.

Por este motivo, el sindicato de trabajadores públicos llevará a cabo un paro y movilización el próximo 26 de junio, el último día hábil antes de la caída de dichos contratos. Al cerrar el acto del Latam Economic Forum a principios de mes, el presidente Javier Milei ratificó que avanzaría con el «plan motosierra» y que el Gobierno va a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos. En este sentido, el 30 de junio es una fecha clave para los trabajadores que se encuentran en situación transitoria ya que se vencen la gran mayoría de los contratos.

«Todos los contratos de artículo 9 y 048 se vencen el 30 de junio. Son estos 50 mil que están planteando. El riesgo no se trata solamente de la pérdida de laburo, sino de la función que queda sin alguien que la cumpla», expresó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, en declaraciones radiales. Según datos del Directorio del Estado, el mayor número de personal contratado se encuentran los ministerios que componen el Estado nacional y los organismos que dependen de ellos directamente.

Contratados

En este sentido, el secretario gremial de ATE y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn, advirtió que, si bien había casi 77 mil contratados al inicio de la gestión, es muy posible que entre los 14 mil despidos, las renuncias y los retiros voluntarios queden alrededor de 50 mil.

«Cuando ves el total del Estado, el 70 por ciento es planta permanente y el 30 por ciento es contratado. Pero cuando vez el personal que trabaja en los ministerios es al revés, el 70 por ciento es contratado y el 30% planta permanente», explicó Lyn en declaraciones periodísticas, quien lleva en situación de contrato desde el año 2003.

En este sentido, los principales organismos que peligrarían en el cumplimiento de sus funciones de ser desvinculada gran parte de su plantilla serían los que responden a la administración central. «Los trabajadores del ex ministerio de Mujeres y Géneros están en riesgo porque los apuntaron para desguazarlos«, indicó el sindicalista.

Datos

Aún así, según los datos en la base de empleo del Estado, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01 por ciento); Economía (76,2 por ciento); Salud (44,2 por ciento) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5 por ciento), Fabricaciones Militares (96 por ciento) ENACOM (81,4 por ciento), Vialidad (78,8 por ciento), SENASA (67,9 por ciento), RENAPER (65,8 por ciento) y Migraciones (55,3 por ciento) si se confirma la amenaza del gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.

Los organismos que más alejados están del Estado central, menos proporción de contratados tienen. En organismos públicos como ANSES, Correo Argentino, etc., tienen otros convenios colectivos específicos que permiten mejores sueldos y autonomía para definir sus propios concursos.

Asimismo, los trabajadores estatales también se encuentran preocupados por la posibilidad de que se apruebe la Ley Bases y la reforma del empleo público que esta conllevaría. En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado. Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que «hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad» en el artículo 53.

Fuente: Data Gremial

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La CGT alertó por la represión del Gobierno y exigió la liberación de los detenidos

La central obrera CGT repudió las detenciones realizadas al voleo en la manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación el pasado 12 de junio con motivo del tratamiento de la Ley llamada ¨Bases¨. En un comunicado firmado por el Consejo Directivo, expresaron su repudio por las detenciones y reivindicaron el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada, señalaron.

El miércoles pasado distintas organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sociales marcharon a la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo a la Ley ómnibus llamada Bases y el paquete fiscal que incluye el regreso del impuesto a las Ganancias a los salarios. Por la tarde, muchos manifestantes autoconvocados recibieron la represión de distintas fuerzas de seguridad y la jornada terminó con 33 detenidos acusados de delitos gravísimos como sedición, traición a la patria, entre otros. A los dos días excarcelaron a 17 de ellos entre los que había estudiantes, vendedores de empanadas, vendedores de choripanes y simples peatones. El fiscal Stornelli pidió que los vuelvan a encerrar.

Desde la CGT agregaron: Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes.

Y reclamaron la libertad de todos los encarcelados, además de la debida investigación por los incendios de autos y bicicletas realizados por «personal profesional infiltrado: En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos. Confiamos en que la Justicia no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa.

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La CTERA rechaza el proyecto de ley que limita el derecho a huelga en el sector docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó sobre un proyecto de ley del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que busca impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial.

La iniciativa para restringir la protesta de docentes obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, con apoyo de los bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la CC. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.

“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.

El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.

El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificaciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.

“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.

El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.

Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.

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