Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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La Justicia frena la reforma laboral en San Juan
Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo estableció que los cambios introducidos por las leyes 27.742 y 27.802 no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia. La sentencia reconoció indemnizaciones a tres trabajadoras no registradas y declaró inconstitucional una de las disposiciones de la nueva normativa para el caso concreto.
La decisión judicial, adoptada en una causa promovida por tres trabajadoras de un establecimiento gastronómico y bailable de Angaco, incorpora un antecedente de relevancia en una discusión que comienza a desplegarse en distintos tribunales del país.
La sentencia abordó el reclamo de tres mujeres que desempeñaban tareas de limpieza, atención al público, expendio de bebidas y servicio de barra durante los fines de semana.
Según quedó acreditado en el expediente, las empleadas desarrollaban sus funciones sin registración formal, sin recibos de sueldo y sin los aportes previsionales correspondientes.
Para reconstruir la relación laboral, el tribunal otorgó especial valor a pruebas digitales y testimoniales. Conversaciones mantenidas a través de servicios de mensajería, sumadas a las declaraciones de testigos, permitieron corroborar la efectiva prestación de servicios. A ello se añadió un elemento de fuerte peso procesal: los demandados no exhibieron la documentación laboral cuya conservación exige la legislación vigente.
Antes de extinguir el vínculo, las trabajadoras habían intimado a los empleadores mediante cartas documento para que regularizaran la registración, abonaran diferencias salariales y reconocieran las fechas reales de ingreso. La ausencia de respuesta derivó en la configuración del despido indirecto, figura que el magistrado consideró plenamente justificada frente a los incumplimientos atribuidos a la parte patronal.
Sin embargo, el aspecto más trascendente de la resolución excede el conflicto individual. Al analizar qué normativa debía regir el caso, el juez concluyó que los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo quedaron incorporados al patrimonio jurídico de las partes desde el inicio de la relación laboral. Bajo esa interpretación, una ley posterior no puede alterar retroactivamente las consecuencias ya generadas por ese vínculo.
La decisión descartó así la aplicación de las modificaciones introducidas por la reforma laboral y mantuvo la vigencia de las disposiciones anteriores para el cálculo de las indemnizaciones y sanciones. En consecuencia, el tribunal reconoció, entre otros conceptos, las multas previstas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013 por empleo no registrado, además de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
Otro de los puntos destacados fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 para este caso particular. El magistrado entendió que correspondía apartarse del nuevo esquema previsto por esa norma y ordenar que los intereses fueran liquidados conforme a la doctrina legal vigente en la provincia de San Juan.
La resolución adquiere relevancia porque aborda uno de los interrogantes centrales abiertos tras la sanción de la reforma: hasta dónde pueden proyectarse sus efectos sobre relaciones jurídicas preexistentes. Aunque se trata de una sentencia de primera instancia, su fundamentación se incorpora a una discusión que promete seguir ocupando a la justicia laboral en los próximos años, especialmente en aquellos expedientes donde se debata el alcance temporal de las nuevas reglas de contratación y protección del trabajo.
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Los gremios sellan una alianza y crean una nueva Intersindical en San Juan
Más de veinte organizaciones sindicales y sociales conformaron un espacio común para coordinar acciones en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales. El lanzamiento reunió a dirigentes de distintas centrales obreras y recibió respaldo de referentes nacionales.
La fragmentación quedó al margen. En una muestra de unidad poco frecuente en el mapa sindical sanjuanino, más de veinte organizaciones gremiales y sociales formalizaron este sábado la creación de la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que buscará articular posiciones y promover acciones conjuntas frente al deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de distintas actividades productivas.
La presentación se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson, donde dirigentes, delegados y trabajadores de distintos ámbitos coincidieron en la necesidad de construir una herramienta común capaz de trascender pertenencias sectoriales y consolidar una voz colectiva para el movimiento obrero provincial.

El nuevo espacio reúne a sindicatos de la industria, los servicios, el transporte, la administración pública, la educación, la minería, la seguridad privada y la economía popular, además de organizaciones sociales y comunitarias. La amplitud de la convocatoria constituyó uno de los rasgos más destacados del lanzamiento y reflejó la búsqueda de una representación transversal dentro del universo laboral sanjuanino.
Durante el encuentro se difundió el documento fundacional de la Intersindical, en el que se expresa preocupación por la evolución del empleo, la caída de los ingresos, la paralización de la obra pública y las dificultades que atraviesan numerosas ramas de la economía. Los dirigentes sostuvieron que la defensa de las conquistas laborales debe complementarse con una agenda orientada a recuperar la producción, fortalecer la industria nacional y generar puestos de trabajo con pleno acceso a derechos.

Entre los principales lineamientos aparecen la protección del mercado interno, el impulso a la contratación de mano de obra local, el combate a la precarización, el acceso a la vivienda y la preservación de la educación pública, la salud y la seguridad social. Los organizadores plantearon además la necesidad de incorporar a los trabajadores en las discusiones vinculadas al desarrollo económico y la planificación estratégica de la provincia.
«La unidad no se espera, se construye», fue una de las consignas que atravesó la jornada y sintetizó el espíritu de una iniciativa que busca transformarse en un ámbito permanente de coordinación sindical. En la misma línea, los referentes remarcaron que la generación de riqueza tiene como protagonista central al trabajo y reivindicaron el papel histórico de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos sociales.
La constitución formal de la Intersindical profundiza un proceso de acercamiento que había comenzado semanas atrás. Una de sus primeras expresiones públicas ocurrió a fines de mayo, cuando varias de las entidades que hoy integran el espacio participaron de un abrazo simbólico a la sede local de la UOM en rechazo a la intervención judicial del sindicato a nivel nacional.

El lanzamiento también recibió respaldo de dirigentes sindicales de alcance federal. Entre los saludos enviados se destacaron los de Abel Furlán, Octavio Argüello, Rodolfo Aguiar, Hugo «Cachorro» Godoy, Roberto Baradel, Graciela Aleñá y Luis Cáceres, quienes coincidieron en valorar la construcción de ámbitos de unidad para enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.
La nueva organización está integrada por la UOM, UTEP, Unión Ferroviaria, AJEPROC, ADICUS, Sindicato Químico, Trabajadores Viales Nacionales, UOLRA, APA, SATSAID, SAMC, SAMEL, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SiDUNSJ, UPSRA, SUTCA, ASEC, UOYEP, Amas de Casa del País, SITRAVIAP, ASIJEMIN, y Asociación Bancaria, entre otras entidades.
Con su puesta en marcha, el sindicalismo sanjuanino inaugura una instancia de coordinación inédita en los últimos años. El desafío será transformar esa convergencia en una agenda común capaz de incidir en el debate público y ofrecer respuestas a las demandas de un universo laboral atravesado por incertidumbres económicas, transformaciones productivas y crecientes exigencias sociales.
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Comenzó la repavimentación de calles en el micrcentro sanjuanino
Los trabajos forman parte del Plan de Pavimentos Urbanos y abarcan una de las áreas con mayor circulación de San Juan. La intervención prevé la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada y alcanzará a las principales arterias del casco céntrico.
La renovación vial llegó al corazón de San Juan. El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, inició esta semana las tareas de repavimentación sobre calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia, dando inicio a una intervención de gran escala destinada a mejorar la transitabilidad en una de las zonas más concurridas de la provincia.
La obra integra el Plan de Pavimentos Urbanos y contempla la recuperación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada dentro del denominado Grupo 5, que comprende los departamentos Capital, Chimbas y Rivadavia. El objetivo es optimizar la circulación en corredores estratégicos que diariamente concentran un intenso movimiento vehicular y peatonal.
La ejecución fue diseñada por etapas para minimizar las molestias derivadas de los trabajos. La planificación busca compatibilizar el avance de las tareas con el funcionamiento habitual de comercios, instituciones educativas, organismos públicos y servicios ubicados en el área céntrica.
Uno de los aspectos que obligó a reformular el proyecto original fue la presencia predominante de pavimentos de hormigón en numerosas calles incluidas en el programa. Esa característica demandó incorporar labores de demolición y reconstrucción de losas antes de avanzar con las nuevas carpetas de rodamiento, adecuando la intervención a las condiciones estructurales existentes.
El alcance del plan excede ampliamente a calle Caseros. También están previstas mejoras sobre Aberastain, Jujuy, Rioja, Tucumán, Rivadavia, Mitre, Santa Fe, Alem, Sarmiento, Entre Ríos, Mendoza, General Acha y Laprida, un conjunto de arterias clave para la movilidad urbana y la conexión con centros educativos, áreas comerciales, dependencias estatales y establecimientos sanitarios.
La importancia de estas calles radica en que funcionan como vías de acceso a puntos neurálgicos de la vida cotidiana sanjuanina, entre ellos el Centro Cívico, el Hospital Rawson y numerosos espacios de atención pública que reciben a miles de personas cada semana.
La intervención se suma a los trabajos ya ejecutados en avenida España, entre Maipú y avenida Ignacio de la Roza, y forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de la infraestructura vial urbana que se viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.
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